ECHEGARAY Y EL CASO...
DE LOS CONTENEDORES "GUACHOS"
Negro y Tata: reyes del contrabando de contenedores para Buenos Aires
El diario de un contrabandista
Son dos hermanos que, en connivencia con la Aduana de Ricardo Echegaray, administraban el ingreso al país de cientos de contenedores con mercadería prohibida.
Clarín accedió a documentación que exhibe con lujo de detalles esos ilícitos.
A Miguel Paolantonio, de 44 años, lo llaman “Negro”. A su hermano menor de 36 años, Alejandro Paolantonio, se lo conoce como “Tata”.
Conocer esos dos apodos resultará clave de ahora en más para entender una suerte de diario íntimo de la más importante banda de contrabandistas que operó en Buenos Aires en los últimos años.
Clarín pudo acceder y comprobar la veracidad de ese y muchos otros documentos que describen con lujo de detalles como, al amparo de las principales autoridades de la Aduana durante el kirchnerismo, funcionaba un negocio ilegal que movilizó cientos de millones de dólares y afectaba seriamente a la industria nacional.
La firma fue creada por los tres hermanos en mayo de 2011 con un capital de 80.000 pesos y el objetivo de prestar servicios de transporte de contenedores y logística para el comercio.
Tiene domicilio en Balcarce 871, en San Telmo, a solo ocho cuadras de la Casa Rosada, y ya cuenta con una flota de varios vehículos.
Pero se trata, en realidad, de una máscara, la pantalla formal para que desde las sombras se pueda hacer otra cosa: este grupo de contrabandistas, según registros en poder de este diario que incluyen minutas de actividad diaria, asientos contables y documentos de movimiento aduanero, movilizó en 2014 por lo menos 180 contenedores repletos de mercadería prohibida, que se elevaron a más de medio millar el año pasado.
Frente a la sede legal de Transportes DTM SRL, en el edificio de Balcarce 880, hay otra oficina desde la que el Negro y el Tata administran el verdadero negocio del grupo.
Allí arman la logística necesaria para introducir al país artículos “made in China” que se cargan en Hong Kong y se descargan en Buenos Aires, generalmente en la terminal de BACTSSA.
Según surge del "diario", los Paolantonio cotizan cada contenedor a entre 40.000 y 85.000 dólares.
Ese es el dinero necesario para “aceitar” todo el circuito de controles de la Aduana.
Al contrabando, y no al transporte, se dedicaron en realidad los
Paolantonio en los últimos cuatro o cinco años, al menos hasta diciembre
de 2015.
Desde el cambio de gobierno, el nuevo titular de la Aduana, el
militar retirado Juan José Gómez Centurión, comenzó a bloquear ese circuito ilegal
con diversas medidas.
La más elemental fue que todas las "latas” que
despertasen sospechas por su menor peso fueran derivadas inevitablemente
hacia el Canal Rojo.
Es decir, debían ser abiertas
para verificar la carga.
Esto provocó que una gran cantidad de
contenedores quedaran en los puertos y depósitos fiscales sin que nadie
los reclamase.
Fuentes oficiales calcularon que unos 200 pertenecerían a las operaciones de estos tres hermanos.
“18 de septiembre: Chuan vino a la ofi y le pasamos la nueva cotización: US$ 45.000. Chuan nos dejó usar sus DJAI aprobadassssssss”, celebra quien tomó nota, día por día durante casi todo 2014 y el primer bimestre de 2015, de las operaciones que cerraban Negro y Tata con diversos comerciantes interesados en traer de China telas, repuestos, artículos eléctricos y todo tipo de baratijas en medio del fenomenal cerrojo a las importaciones que había montado la AFIP, a cargo entonces del ex aduanero Ricardo Echegaray.
Este “diario de un contrabandista” a veces no ahorra detalles e incluye las negociaciones de los hermanos con diversos funcionarios que, en vez de controlar, recibían sobornos para hacer la vista gorda frente al ilícito evidente.
"Tata habló con Lucas de valoración ramo 8, que pidió por 21 despachos de Different (una de las firmas importadoras) el 20%, o sea US$ 36.000. HDPPP", se enfurece el anónimo redactor de ese diario ante la desmesura aparente de un sector de la Aduana.
Era el 13 de junio de 2014. La ubicación en el tiempo también es un dato clave.
Esta larga investigación de Clarín sobre los desmanejos en el control aduanero se inició luego de la sorpresiva aparición pública, el año nuevo de 2014, en un lujoso hotel de Copacabana, de Jorge “El Uruguayo” Lambiris en compañía nada menos que de Echegaray, uno de los más importantes funcionarios del anterior gobierno.
Con ellos estaba Sergio González, otro viejo amigo de Echegaray que participaba del negocio de los precintos electrónicos para contenedores.
Según diversas fuentes, Lambiris era hasta ese momento el mayor proveedor de mercadería prohibida al circuito informal porteño, pero esa exposición vacacionando junto a quien debía controlarlo lo forzó a dar algunos pasos al costado.
A partir de ahí cobraron mayores bríos los negocios de Negro y Tata. Pasaron de suplentes a titulares.
Para traer la mercadería los hermanos Paloantonio se valían de una estructura de empresas importadoras que también están claramente identificadas.
La ya mencionada Different Imports SA, Corport SA, Vocasser SRL, Oslona SRL, Las Cortaderas SRL, Sicem BA SRL, Candozar SA y New Unique Import SA son las principales razones sociales utilizadas por el grupo desde 2011 como importadora de los productos que le solicitaban sobre todo los comerciantes locales.
“18 de septiembre: Chuan vino a la ofi y le pasamos la nueva cotización: US$ 45.000. Chuan nos dejó usar sus DJAI aprobadassssssss”, celebra quien tomó nota, día por día durante casi todo 2014 y el primer bimestre de 2015, de las operaciones que cerraban Negro y Tata con diversos comerciantes interesados en traer de China telas, repuestos, artículos eléctricos y todo tipo de baratijas en medio del fenomenal cerrojo a las importaciones que había montado la AFIP, a cargo entonces del ex aduanero Ricardo Echegaray.
Este “diario de un contrabandista” a veces no ahorra detalles e incluye las negociaciones de los hermanos con diversos funcionarios que, en vez de controlar, recibían sobornos para hacer la vista gorda frente al ilícito evidente.
"Tata habló con Lucas de valoración ramo 8, que pidió por 21 despachos de Different (una de las firmas importadoras) el 20%, o sea US$ 36.000. HDPPP", se enfurece el anónimo redactor de ese diario ante la desmesura aparente de un sector de la Aduana.
Era el 13 de junio de 2014. La ubicación en el tiempo también es un dato clave.
Esta larga investigación de Clarín sobre los desmanejos en el control aduanero se inició luego de la sorpresiva aparición pública, el año nuevo de 2014, en un lujoso hotel de Copacabana, de Jorge “El Uruguayo” Lambiris en compañía nada menos que de Echegaray, uno de los más importantes funcionarios del anterior gobierno.
Con ellos estaba Sergio González, otro viejo amigo de Echegaray que participaba del negocio de los precintos electrónicos para contenedores.
Según diversas fuentes, Lambiris era hasta ese momento el mayor proveedor de mercadería prohibida al circuito informal porteño, pero esa exposición vacacionando junto a quien debía controlarlo lo forzó a dar algunos pasos al costado.
A partir de ahí cobraron mayores bríos los negocios de Negro y Tata. Pasaron de suplentes a titulares.
Para traer la mercadería los hermanos Paloantonio se valían de una estructura de empresas importadoras que también están claramente identificadas.
La ya mencionada Different Imports SA, Corport SA, Vocasser SRL, Oslona SRL, Las Cortaderas SRL, Sicem BA SRL, Candozar SA y New Unique Import SA son las principales razones sociales utilizadas por el grupo desde 2011 como importadora de los productos que le solicitaban sobre todo los comerciantes locales.
Todas estas sociedades tienen pocos años de vida, fueron creadas
con personas que generalmente viven en barriadas humildes del conurbano y
la mayoría ni siquiera tiene empleados a su cargo.
Según las fuentes
consultadas, este tipo de sociedades generalmente dedicadas a la “venta
por mayor de artículos de bazar” eran compradas a una red de estudios contables,
que con frecuencia alteran a sus directivos y cambian el domicilio
legal, para complicar los controles.
En estos casos era poco necesario,
pues nadie las controlaba.
El volumen de negocios en los que han participado los Paolantonio a
través de estas importadoras es inabarcable.
En la documentación obtenida hay registro del ingreso de más de 400 contenedores en 2015 solamente a manos de cuatro de esas firmas.
Pero eso sería solo una parte. El buque portacontenedores “Valence”, que suele pasar por los puertos chinos y luego atraca en Buenos Aires, en su viaje de junio de 2015 traía la cifra exacta de 23 contenedores cargados de “porquería”, como los hermanos llaman muchas veces en sus notas a la mercadería ingresadas de contrabando.
Esposa y aduanera
Las fuentes consultadas para esta investigación identifican con claridad al "Negro" Miguel Paolantonio como el jefe de esta organización dedicada al contrabando a gran escala.
Desde hace años, La pareja de Paolantonio es una mujer llamada Silvia Patricia Borrescio, que conoce al dedillo los circuitos del comercio exterior pues trabajó en la Aduana hasta 1994 y después fue empleada regular de la AFIP entre 1999 y 2007.
INVESTIGACIÓN DE CLARÍN
Los hermanos Paolantonio declaraban en Aduana la importación de contenedores llenos de "piedra pómez" u otros productos permitidos.
Ocultas, detrás, venían telas, chucherías, medias, repuestos y hasta artefactos electrónicos.
"Mala" y "buena" eran las palabras usadas por los Paolantonio para separar la paja del trigo.
En el primer grupo, lo permitido, figuraban cepillos, tender, ceniceros, esponjas, jaboneras y, especialmente, piedras de afilar de origen chino.
Al menos de eso eran los 153 bultos que se declararon a la Aduana traía aquel contenedor.
La “mala” nunca se declaró, pero figura en esta contabilidad paralela: eran 1.203 paquetes de CD, DVD, encendedores, controles remotos, fichas Sica, medias, termos, despertadores, alicates, pincitas corta uñas, calculadoras, alarmas y cámaras.
Esta investigación periodística pudo identificar varias decenas de contenedores donde esta lógica se repite.
Declarar una cosa y traer en realidad otra cosa es el recurso más habitual entre quienes realizan maniobras de contrabando a gran escala.
Los dueños de Transportes DTM SRL, la máscara de esta organización, utilizaron ese sistema a destajo y en clara connivencia con las autoridades de la Aduana, que a lo sumo les pedían que de vez en cuando armaran un contenedor “testigo”, es decir que trajera dentro lo que en realidad se declaraba por las dudas se decidiera una inspección extemporánea.
Según las fuentes, nunca sucedía. Era por si acaso.
Un remito con una inusual importación de piedra Pómez. ¿La pantalla para traer otra mercadería?
Otro ejemplo concreto: El 22 de diciembre de 2015, Corport SA, una de las empresas importadoras más utilizadas por los Paolantonio, ingresó una supuesta carga compuesta por 3.383 kilogramos de “piedra pómez y otros abrasivos naturales”, dentro de la posición arancelaria 2513.10.00.000Q, que está habilitada por tratarse de una “manufactura especial no fabricada en el país”.
El valor declarado de esa carga fue de solo 6.447,60 dólares (Ver facsímil).
No hay que preguntrarse cuánta piedra pomez se consume en el país: va de suyo que dentro de ese contenedor venía otra cosa.
fuente
"Clarin.com", 18.05.2016
Poder y corrupción
Están en el Mercado Central, en depósitos fiscales que se atribuyen a empresarios amigos de Ricardo Echegaray.
La Aduana obliga a vaciarlos, pero sus dueños no aparecen.
Se sospecha que están repletos de artículos de contrabando.
El
último 4 de marzo, el nuevo jefe aduanero, el ex comando Juan José
Gómez Centurión, ordenó la clausura de varios depósitos
fiscales, incluidos Carestiba SA y Censer SA, que se
habilitaron entre gallos y medianoche en tierras del Estado frente a la
estratégica autopista Richieri.
También dispuso un plazo de 60 días corridos para que dichos depósitos queden "a plan barrido", es decir totalmente vacíos.
El vencimiento de ese plazo se aproxima y nadie reclama por la propiedad de los contenedores que quedaron atrapados.
En total serían unos 600 distribuidos en seis depósitos.
La especulación oficial es que están repletos de telas, artículos electrónicos, juguetes y muchas otras bagatelas que ingresaron al país al margen de la ley, al amparo de una evidente complicidad de las anteriores autoridades de la AFIP.
Mientras Gómez Centurión se frota las manos a la espera del momento de ingresar a esos depósitos fiscales y expropiar la mercadería (incluso en su entorno se piensa en el regreso de las subastas públicas del Banco Ciudad para recuperar dinero para el Estado), una investigación de Clarín permitió saber que las sospechosas empresas radicadas en el Mercado Central forman parte de un mismo grupo económico.
Es el que históricamente se atribuye al apodado "rey del bagayeo", Jorge "El Uruguayo" Lambiris.
¿De quién se trata? Del empresario que compartió los festejos de fin de 2013 junto a Ricardo Echegaray en un lujoso hotel de Copacabana, en Río de Janeiro.
También estuvo con ellos en aquel viaje Sergio González, titular de la firma RSI Group.
Es una de las únicas dos empresas habilitadas por la Aduana de Echegaray para prestar el servicio de prescintos para controlar, vaya casualidad, el tránsito de contenedores hasta los depósitos fiscales.
En los papeles, sin embargo, Lambiris ni aparece.
El depósito fiscal que siempre se le atribuyó es Carestiba SA, que históricamente funcionó en Boulogne y recién en 2009 logró un increíble contrato de alquiler para ocupar por 30 años un playón de 21.300 metros cuadrados en el Mercdao Central, a un precio de regalo.
Actualmente está cerrado. Es allí donde están almacenados la mayor cantidad de contenedores que ahora nadie se anima a reclamar.
Carestiba SA tiene varios socios, como Julio Motta, Alberto Néstor Suárez y Catalina Beraja, una mujer de 79 años.
Esta misma persona forma parte también del directorio del laboratorio Biotenk, uno de cuyos fundadores es Héctor Salomón Saieg, alias "Johny".
Es esta persona quien actualmente se presenta ante las autoridades del Mercado Central como director de Censer SA, el otro depósifo fiscal clausurado por la Aduana el mes pasado.
En este caso, ocupa 88.300 metros cuadrados alquilados por 30 años a partir de 2013, también a precios ridículos.
La inversión para levantar esos galpones fue de varios millones de dólares.
Ese moderno depósito contrasta con el estado de abandono que se percibe en el resto del Mercado Central.
Los accionistas formales que dieron vida a Censer SA son dos. Uno de ellos se llama Carlos Rios y fue por muchos años a la vez empleado de Carestiba SA.
Actualmente tiene oficinas en Puerto Madero, aunque a nombre de otras empresas de logistica aduanera y courier, como Bussines & Bussines (B&B) y Loginport.
El otro socio original de Censer SA se llama Pablo Sccasso y también estuvo vinculado por mucho tiempo a firmas importadoras ubicadas en el barrio de Once.
Sccaso también aparece como empleado de Logimport y B&B, pero a la vez es socio de un haras de caballos raza Silla Argentino en Escobar.
Comparte ese negocio con los hermanos Gustavo y Mariana Echegaray, que llevan el apellido del ex titular de la AFIP pero no serían sus parientes.
Con Gustavo, además, Sccasso inscribió varias empresas en Miami.
Recientemente, al directorio de Censer SA se incorporó una mujer llamada Adriana Nora Zella, que es la esposa de Luis Alvarez, dueño de una imprenta llamada New Press, ubicada en Avellaneda y que tiene como uno de sus principales clientes al Estado.
Este personaje también tiene una ligazón evidente con Lambiris, ya que fue auspiciante por mucho tiempo del auto de carreras con que compite en el TC Mauricio, el hijo de "El Uruguayo" y quien también viajó con Echegaray a Río de Janeiro.
fuente
"Clarin.com", 21.04.2016
En la documentación obtenida hay registro del ingreso de más de 400 contenedores en 2015 solamente a manos de cuatro de esas firmas.
Pero eso sería solo una parte. El buque portacontenedores “Valence”, que suele pasar por los puertos chinos y luego atraca en Buenos Aires, en su viaje de junio de 2015 traía la cifra exacta de 23 contenedores cargados de “porquería”, como los hermanos llaman muchas veces en sus notas a la mercadería ingresadas de contrabando.
Esposa y aduanera
Las fuentes consultadas para esta investigación identifican con claridad al "Negro" Miguel Paolantonio como el jefe de esta organización dedicada al contrabando a gran escala.
Desde hace años, La pareja de Paolantonio es una mujer llamada Silvia Patricia Borrescio, que conoce al dedillo los circuitos del comercio exterior pues trabajó en la Aduana hasta 1994 y después fue empleada regular de la AFIP entre 1999 y 2007.
La fórmula del contrabando: mercadería "buena" delante, para ocultar la "mala"
INVESTIGACIÓN DE CLARÍN
Los hermanos Paolantonio declaraban en Aduana la importación de contenedores llenos de "piedra pómez" u otros productos permitidos.
Ocultas, detrás, venían telas, chucherías, medias, repuestos y hasta artefactos electrónicos.
El contenedor identificado como “EISU 9104449” es
apenas uno de los cientos que ingresaron a Buenos Aires mediante la red
que lideraban los hermanos Paolantonio.
En la contabilidad paralela que
llevaban esos contrabandistas sobre dicha “lata” había identificadas
dos tipos de mercaderías: una “buena” y otra “mala”.
La primera hacía
referencia a la que se habría declarado ante las autoridades: productos permitidos de escaso valor y mucho volumen, para hacer bulto.
Detrás venía la carga prohibida, mucho más cara.
En el primer grupo, lo permitido, figuraban cepillos, tender, ceniceros, esponjas, jaboneras y, especialmente, piedras de afilar de origen chino.
Al menos de eso eran los 153 bultos que se declararon a la Aduana traía aquel contenedor.
La “mala” nunca se declaró, pero figura en esta contabilidad paralela: eran 1.203 paquetes de CD, DVD, encendedores, controles remotos, fichas Sica, medias, termos, despertadores, alicates, pincitas corta uñas, calculadoras, alarmas y cámaras.
Esta investigación periodística pudo identificar varias decenas de contenedores donde esta lógica se repite.
Declarar una cosa y traer en realidad otra cosa es el recurso más habitual entre quienes realizan maniobras de contrabando a gran escala.
Los dueños de Transportes DTM SRL, la máscara de esta organización, utilizaron ese sistema a destajo y en clara connivencia con las autoridades de la Aduana, que a lo sumo les pedían que de vez en cuando armaran un contenedor “testigo”, es decir que trajera dentro lo que en realidad se declaraba por las dudas se decidiera una inspección extemporánea.
Según las fuentes, nunca sucedía. Era por si acaso.
Un remito con una inusual importación de piedra Pómez. ¿La pantalla para traer otra mercadería?
Otro ejemplo concreto: El 22 de diciembre de 2015, Corport SA, una de las empresas importadoras más utilizadas por los Paolantonio, ingresó una supuesta carga compuesta por 3.383 kilogramos de “piedra pómez y otros abrasivos naturales”, dentro de la posición arancelaria 2513.10.00.000Q, que está habilitada por tratarse de una “manufactura especial no fabricada en el país”.
El valor declarado de esa carga fue de solo 6.447,60 dólares (Ver facsímil).
No hay que preguntrarse cuánta piedra pomez se consume en el país: va de suyo que dentro de ese contenedor venía otra cosa.
fuente
"Clarin.com", 18.05.2016
La insólita historia de los containers que nadie se anima a reclamar
Poder y corrupción
Están en el Mercado Central, en depósitos fiscales que se atribuyen a empresarios amigos de Ricardo Echegaray.
La Aduana obliga a vaciarlos, pero sus dueños no aparecen.
Se sospecha que están repletos de artículos de contrabando.
En el Mercado Central de Buenos Aires todos miran hacia los sospechosos depósitos fiscales que se habilitaron allí en los últimos años y que se atribuyen a empresarios amigos del ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray.
Están repletos de contenedores que -se presume- contienen mercadería de
contrabando valuada en millones de dólares.
Pero nadie aparece a
reclamarlos para no quedar expuesto frente a las nuevas autoridades de la Aduana.
También dispuso un plazo de 60 días corridos para que dichos depósitos queden "a plan barrido", es decir totalmente vacíos.
El vencimiento de ese plazo se aproxima y nadie reclama por la propiedad de los contenedores que quedaron atrapados.
En total serían unos 600 distribuidos en seis depósitos.
La especulación oficial es que están repletos de telas, artículos electrónicos, juguetes y muchas otras bagatelas que ingresaron al país al margen de la ley, al amparo de una evidente complicidad de las anteriores autoridades de la AFIP.
Mientras Gómez Centurión se frota las manos a la espera del momento de ingresar a esos depósitos fiscales y expropiar la mercadería (incluso en su entorno se piensa en el regreso de las subastas públicas del Banco Ciudad para recuperar dinero para el Estado), una investigación de Clarín permitió saber que las sospechosas empresas radicadas en el Mercado Central forman parte de un mismo grupo económico.
Es el que históricamente se atribuye al apodado "rey del bagayeo", Jorge "El Uruguayo" Lambiris.
¿De quién se trata? Del empresario que compartió los festejos de fin de 2013 junto a Ricardo Echegaray en un lujoso hotel de Copacabana, en Río de Janeiro.
También estuvo con ellos en aquel viaje Sergio González, titular de la firma RSI Group.
Es una de las únicas dos empresas habilitadas por la Aduana de Echegaray para prestar el servicio de prescintos para controlar, vaya casualidad, el tránsito de contenedores hasta los depósitos fiscales.
En los papeles, sin embargo, Lambiris ni aparece.
El depósito fiscal que siempre se le atribuyó es Carestiba SA, que históricamente funcionó en Boulogne y recién en 2009 logró un increíble contrato de alquiler para ocupar por 30 años un playón de 21.300 metros cuadrados en el Mercdao Central, a un precio de regalo.
Actualmente está cerrado. Es allí donde están almacenados la mayor cantidad de contenedores que ahora nadie se anima a reclamar.
Carestiba SA tiene varios socios, como Julio Motta, Alberto Néstor Suárez y Catalina Beraja, una mujer de 79 años.
Esta misma persona forma parte también del directorio del laboratorio Biotenk, uno de cuyos fundadores es Héctor Salomón Saieg, alias "Johny".
Es esta persona quien actualmente se presenta ante las autoridades del Mercado Central como director de Censer SA, el otro depósifo fiscal clausurado por la Aduana el mes pasado.
En este caso, ocupa 88.300 metros cuadrados alquilados por 30 años a partir de 2013, también a precios ridículos.
La inversión para levantar esos galpones fue de varios millones de dólares.
Ese moderno depósito contrasta con el estado de abandono que se percibe en el resto del Mercado Central.
Los accionistas formales que dieron vida a Censer SA son dos. Uno de ellos se llama Carlos Rios y fue por muchos años a la vez empleado de Carestiba SA.
Actualmente tiene oficinas en Puerto Madero, aunque a nombre de otras empresas de logistica aduanera y courier, como Bussines & Bussines (B&B) y Loginport.
El otro socio original de Censer SA se llama Pablo Sccasso y también estuvo vinculado por mucho tiempo a firmas importadoras ubicadas en el barrio de Once.
Sccaso también aparece como empleado de Logimport y B&B, pero a la vez es socio de un haras de caballos raza Silla Argentino en Escobar.
Comparte ese negocio con los hermanos Gustavo y Mariana Echegaray, que llevan el apellido del ex titular de la AFIP pero no serían sus parientes.
Con Gustavo, además, Sccasso inscribió varias empresas en Miami.
Recientemente, al directorio de Censer SA se incorporó una mujer llamada Adriana Nora Zella, que es la esposa de Luis Alvarez, dueño de una imprenta llamada New Press, ubicada en Avellaneda y que tiene como uno de sus principales clientes al Estado.
Este personaje también tiene una ligazón evidente con Lambiris, ya que fue auspiciante por mucho tiempo del auto de carreras con que compite en el TC Mauricio, el hijo de "El Uruguayo" y quien también viajó con Echegaray a Río de Janeiro.
fuente
"Clarin.com", 21.04.2016
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