HOLDOUTS: CAPÍTULO CERRADO
Legales
Jueves 31 de Marzo de 2016
Fue 54 a 16:
Macri logró un aplastante aval del Senado para pagarle a los buitres y dejar atrás el default
31-03-2016 El proyecto impulsado por el Gobierno recibió la media sanción que faltaba.
La mitad de los legisladores kirchneristas avaló la iniciativa que habilita el pago a los fondos buitre para salir del default y tomar deuda externa.
Fue fundamental el apoyo de los gobernadores
El Senado aprobó con 54 votos a favor y 16 en contra la ley que habilita el pago a los holdouts que
no entraron a los canjes de deuda por una amplia mayoría.
Hablaron cerca de 48 legisladores y la sesión duró más de 13 horas.
El plenario comenzó a las 10:50 y tuvo como eje central de los argumentos a favor la existencia de una sentencia judicial firme en contra de la postura Argentina y la necesidad de volver a los mercados internacionales de crédito para "financiar obras de infraestructura".
En tanto, los senadores que se pronunciaron en contra pusieron el énfasis en la hipótesis de que el Gobierno podría haber seguido negociando para lograr mejores condiciones y en el rechazo a un nuevo endeudamiento externo.
Se trató de la primera victoria legislativa para el presidente Mauricio Macri ya que la negativa a su proyecto hubiese significado un duro golpe a la gobernabilidad y a su plan económico.
El Gobierno le prometió a los gobernadores que, al salir del default, podrán acceder a créditos internacionales en el corto plazo.
Michetti, dio inicio a la sesión luego de que se acordara la autorización al Presidente de la Nación para ausentarse del país durante el 2016, "cuando razones de gobierno así lo requieran" y se leyera el dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Economía Nacional sobre el proyecto de pago.
Quien tomó la palabra en primer lugar fue el senador Julio Cobos, quien aclaró que el acuerdo con los holdouts es un tema que debe ser tratado con suma "celeridad".
Afirmó además que para pagarles a los holdouts no se está "generando nueva deuda" y destacó que "se está haciendo todo lo posible para cumplir con la sentencia judicial" de Estados Unidos y sacar al país del default.
En su calidad de miembro informante del proyecto como vicepresidente de la comisión de Presupuesto, Cobos también afirmó que pese a que está la fecha del 14 de abril para efectuar el pago de 11.684 millones de dólares a los acreedores que no entraron en los canjes de títulos del 2005 y 2010, "los tiempos los ponemos nosotros".
Entre los disidentes, una de las primeras en tomar la palabra fue la senadora santacruceña del PJ - FPV María Ester Labado.
La legisladora reconoció que "hay que arreglar pero éste no es el mejor acuerdo" y acusó al Gobierno de haber negociado en "violación" a las leyes Cerrojo y de Pago Soberano.
"Sabemos que tenemos que arreglar, salir de esta situación, pero este no es el mejor acuerdo para el país", afirmó Labado en defensa de su dictamen minoritario en contra del proyecto.
Apoyos del kichnerismo
El senador peronista por Salta Rodolfo Urtubey fue el primer senador nacional del FPV que adelantó su voto positivo al acuerdo porque permite “devolver a la Argentina su capacidad plena como sujeto de crédito” en el mercado internacional y “superar esta minusvalía que significa el default”.
En este sentido, el hermano del mandatario provincial rechazó la advertencia esgrimida por sus pares kirchneristas de que el acuerdo permitirá al gobierno de Macri iniciar un nuevo proceso de endeudamiento externo perjudicial para el país.
“Podemos apelar a nuestra mayoría (en el Senado) para condicionar” la “tentación del endeudamiento” del Gobierno, avisó el senador del FpV, bloque que cuenta con 39 integrantes y cerca de 4 aliados en un pleno de 72 senadores.
En tal sentido, se mostró a favor de sancionar una ley para que todo endeudamiento pedido por el Poder Ejecutivo sea autorizado por el Congreso.
El entrerriano Pedro Guastavino, quien fue cercano a la ex mandataria Cristina Kirchner, apoyó el acuerdo y sostuvo que tomar nueva deuda es una “herramienta para terminar con el default”. Pero no se privó de criticar al nuevo Gobierno.
El legislador por Entre Ríos sostuvo que el proyecto permite “concretar aquello que inició Néstor Kirchner” con los pagos al FMI, al Ciadi y al Club de París.
Ada Iturrez de Cappellini, del Frente Cívico por Santiago en el Frente para la Victoria, adelantó su “voto de confianza” al acuerdo.
“Siento que estoy eligiendo el mal menor, pero también lo hago con la convicción de que primero está la patria; es decir que por encima de los intereses partidarios, está la Nación. Esto está en las 20 verdades del general Perón y en este sentido estamos actuando”, sostuvo la legisladora de la coalición de gobierno de Santiago del Estero, aliada al kirchnerismo.
En este sentido, Iturrez de Cappellini defendió su “oposición sensata y responsable” al gobierno de Macri frente a “una situación de impostergable resolución" como es el litigio que afronta el país en Nueva York.
En tanto, Liliana Negre de Alonso, del Interbloque Federal, reclamó cambios al acuerdo con los holdouts y además negó que su par Adolfo Rodríguez Saá haya declarado el default cuando asumió como presidente con la crisis de 2001.
En concreto, la puntana insistió en prohibir la prórroga de jurisdicción para los litigios con los tenedores de bonos; y propuso derogar el artículo donde se exime de impuestos a las operaciones que realice nuestro país.
En ese contexto, Negre defendió al fugaz primer mandatario de las críticas que recibió por haber declarado el default.
“No dijo que declaraba el default, dijo que iba a declarar la suspensión de pagos para que decida el Congreso”, aclaró la legisladora.
“Nos quieren vender una crisis para que compremos un endeudamiento caro y en malos términos. Nos están llevando derechito al infierno”, protestó Sagasti.
La legisladora justificó su voto negativo al acuerdo basándose en “tres pilares: el sentido común, la memoria colectiva y la coherencia”.
En tanto, García recordó que “muchos senadores presentes acompañaron el proceso de desendeudamiento llevado adelante por Néstor y Cristina” Kirchner, y sentenció: “No nos vamos a dejar extorsionar”.
Otro de los senadores kirchneristas que esgrimió su rechazo al proyecto fue el propio presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Juan Manuel Abal Medina, quien planteó la “incertidumbre sobre la sustentabilidad jurídica del acuerdo” y recordó que “ni los especialistas ni el Procurador del Tesoro pudieron afirmar que los riesgos de litigiosidad fueran nulos”.
“Coincido en que debemos cerrar este capítulo, pero tengo serias dudas de que este proyecto lo haga”, reconoció el bonaerense.
En términos más duros, el sanjuanino Ruperto Godoy advirtió que “este proyecto es una claudicación para la Argentina” y pidió una “una negociación que mantenga la dignidad”.
Su par chubutense Nancy González denunció que “los gobernadores sufrieron una presión tremenda del Gobierno nacional” para impulsar el voto a favor de sus representantes en el Congreso.
El jefe del bloque de senadores del FPV, Miguel Pichetto, admitió que, de no acordar con los holdouts, “la deuda se podría acelerar y viralizar”, al justificar su respaldo al proyecto de ley.
Clave para el oficialismo
El proyecto ratifica los acuerdos que selló el gobierno de Macri con los holdouts, entre ellos los denominados fondos buitre.
Así, se autoriza un pago en efectivo de 11.864 millones de dólares antes del 14 de abril para cerrar el litigio que afronta el país en tribunales internacionales y que obstaculiza el pago a los bonistas que entraron a las reestructuraciones de 2005 y 2010.
Para eso la iniciativa deroga la Ley Cerrojo y modifica la de Pago Soberano, normas sancionadas durante el kirchnerismo que impiden mejores ofertas de pago a los bonistas que no entraron a los canjes previos.
En tanto, se autoriza un endeudamiento por 15.500 millones de dólares, que el Gobierno espera pagar en 5, 10 y 15 años y con una tasa de interés del 7,5 por ciento aproximadamente, es decir, una tasa más baja a la que se ofrece actualmente para el país.
Entre otras cuestiones, se prorroga la cesión de jurisdicción para dirimir futuros litigios y se crea una comisión bicameral para seguir el pago de deuda externa.
Se trata de un paso clave para el cometido del programa económico de Gobierno, que apuesta al endeudamiento para financiar el déficit fiscal -a su juicio responsable de la inflación-, obras públicas para mejorar la competitividad de los productos argentinos y, a su vez, refinanciar nueva deuda.
La propuesta cuenta con apoyo de la mayoría de la oposición y de los gobernadores, quienes buscan emitir deuda a tasas más bajas para reactivar las economías provinciales.
Para la oposición kirchnerista y de izquierda, en cambio, existe el riesgo de que los bonistas que entraron a los canjes demanden mejores condiciones de pago y de que el nuevo ciclo de endeudamiento sea para financiar nuevo endeudamiento (“bicicleta financiera”).
fuente
"iProfesional", 31.03.2016
Hablaron cerca de 48 legisladores y la sesión duró más de 13 horas.
El plenario comenzó a las 10:50 y tuvo como eje central de los argumentos a favor la existencia de una sentencia judicial firme en contra de la postura Argentina y la necesidad de volver a los mercados internacionales de crédito para "financiar obras de infraestructura".
En tanto, los senadores que se pronunciaron en contra pusieron el énfasis en la hipótesis de que el Gobierno podría haber seguido negociando para lograr mejores condiciones y en el rechazo a un nuevo endeudamiento externo.
Se trató de la primera victoria legislativa para el presidente Mauricio Macri ya que la negativa a su proyecto hubiese significado un duro golpe a la gobernabilidad y a su plan económico.
El Gobierno le prometió a los gobernadores que, al salir del default, podrán acceder a créditos internacionales en el corto plazo.
La sesión comenzó con un homenaje al radical Raúl Alfonsín, en línea con el aniversario de su fallecimiento.
Quien tomó la palabra en primer lugar fue el senador Julio Cobos, quien aclaró que el acuerdo con los holdouts es un tema que debe ser tratado con suma "celeridad".
Afirmó además que para pagarles a los holdouts no se está "generando nueva deuda" y destacó que "se está haciendo todo lo posible para cumplir con la sentencia judicial" de Estados Unidos y sacar al país del default.
En su calidad de miembro informante del proyecto como vicepresidente de la comisión de Presupuesto, Cobos también afirmó que pese a que está la fecha del 14 de abril para efectuar el pago de 11.684 millones de dólares a los acreedores que no entraron en los canjes de títulos del 2005 y 2010, "los tiempos los ponemos nosotros".
Entre los disidentes, una de las primeras en tomar la palabra fue la senadora santacruceña del PJ - FPV María Ester Labado.
La legisladora reconoció que "hay que arreglar pero éste no es el mejor acuerdo" y acusó al Gobierno de haber negociado en "violación" a las leyes Cerrojo y de Pago Soberano.
"Sabemos que tenemos que arreglar, salir de esta situación, pero este no es el mejor acuerdo para el país", afirmó Labado en defensa de su dictamen minoritario en contra del proyecto.
Apoyos del kichnerismo
El senador peronista por Salta Rodolfo Urtubey fue el primer senador nacional del FPV que adelantó su voto positivo al acuerdo porque permite “devolver a la Argentina su capacidad plena como sujeto de crédito” en el mercado internacional y “superar esta minusvalía que significa el default”.
En este sentido, el hermano del mandatario provincial rechazó la advertencia esgrimida por sus pares kirchneristas de que el acuerdo permitirá al gobierno de Macri iniciar un nuevo proceso de endeudamiento externo perjudicial para el país.
“Podemos apelar a nuestra mayoría (en el Senado) para condicionar” la “tentación del endeudamiento” del Gobierno, avisó el senador del FpV, bloque que cuenta con 39 integrantes y cerca de 4 aliados en un pleno de 72 senadores.
En tal sentido, se mostró a favor de sancionar una ley para que todo endeudamiento pedido por el Poder Ejecutivo sea autorizado por el Congreso.
El entrerriano Pedro Guastavino, quien fue cercano a la ex mandataria Cristina Kirchner, apoyó el acuerdo y sostuvo que tomar nueva deuda es una “herramienta para terminar con el default”. Pero no se privó de criticar al nuevo Gobierno.
El legislador por Entre Ríos sostuvo que el proyecto permite “concretar aquello que inició Néstor Kirchner” con los pagos al FMI, al Ciadi y al Club de París.
Ada Iturrez de Cappellini, del Frente Cívico por Santiago en el Frente para la Victoria, adelantó su “voto de confianza” al acuerdo.
“Siento que estoy eligiendo el mal menor, pero también lo hago con la convicción de que primero está la patria; es decir que por encima de los intereses partidarios, está la Nación. Esto está en las 20 verdades del general Perón y en este sentido estamos actuando”, sostuvo la legisladora de la coalición de gobierno de Santiago del Estero, aliada al kirchnerismo.
En este sentido, Iturrez de Cappellini defendió su “oposición sensata y responsable” al gobierno de Macri frente a “una situación de impostergable resolución" como es el litigio que afronta el país en Nueva York.
En tanto, Liliana Negre de Alonso, del Interbloque Federal, reclamó cambios al acuerdo con los holdouts y además negó que su par Adolfo Rodríguez Saá haya declarado el default cuando asumió como presidente con la crisis de 2001.
En concreto, la puntana insistió en prohibir la prórroga de jurisdicción para los litigios con los tenedores de bonos; y propuso derogar el artículo donde se exime de impuestos a las operaciones que realice nuestro país.
En ese contexto, Negre defendió al fugaz primer mandatario de las críticas que recibió por haber declarado el default.
“No dijo que declaraba el default, dijo que iba a declarar la suspensión de pagos para que decida el Congreso”, aclaró la legisladora.
No faltaron las críticas las camporistas Anabel Fernández Sagasti (Mendoza) y Virginia García (Santa Cruz); cuñada de Máximo Kirchner.
“Nos quieren vender una crisis para que compremos un endeudamiento caro y en malos términos. Nos están llevando derechito al infierno”, protestó Sagasti.
La legisladora justificó su voto negativo al acuerdo basándose en “tres pilares: el sentido común, la memoria colectiva y la coherencia”.
Y pidió encarar nuevas negociaciones con los tenedores de bonos en default: “negociar con soberanía, cuidando los intereses de la Argentina”.
En tanto, García recordó que “muchos senadores presentes acompañaron el proceso de desendeudamiento llevado adelante por Néstor y Cristina” Kirchner, y sentenció: “No nos vamos a dejar extorsionar”.
Otro de los senadores kirchneristas que esgrimió su rechazo al proyecto fue el propio presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Juan Manuel Abal Medina, quien planteó la “incertidumbre sobre la sustentabilidad jurídica del acuerdo” y recordó que “ni los especialistas ni el Procurador del Tesoro pudieron afirmar que los riesgos de litigiosidad fueran nulos”.
“Coincido en que debemos cerrar este capítulo, pero tengo serias dudas de que este proyecto lo haga”, reconoció el bonaerense.
En términos más duros, el sanjuanino Ruperto Godoy advirtió que “este proyecto es una claudicación para la Argentina” y pidió una “una negociación que mantenga la dignidad”.
Su par chubutense Nancy González denunció que “los gobernadores sufrieron una presión tremenda del Gobierno nacional” para impulsar el voto a favor de sus representantes en el Congreso.
El jefe del bloque de senadores del FPV, Miguel Pichetto, admitió que, de no acordar con los holdouts, “la deuda se podría acelerar y viralizar”, al justificar su respaldo al proyecto de ley.
El proyecto ratifica los acuerdos que selló el gobierno de Macri con los holdouts, entre ellos los denominados fondos buitre.
Así, se autoriza un pago en efectivo de 11.864 millones de dólares antes del 14 de abril para cerrar el litigio que afronta el país en tribunales internacionales y que obstaculiza el pago a los bonistas que entraron a las reestructuraciones de 2005 y 2010.
Para eso la iniciativa deroga la Ley Cerrojo y modifica la de Pago Soberano, normas sancionadas durante el kirchnerismo que impiden mejores ofertas de pago a los bonistas que no entraron a los canjes previos.
En tanto, se autoriza un endeudamiento por 15.500 millones de dólares, que el Gobierno espera pagar en 5, 10 y 15 años y con una tasa de interés del 7,5 por ciento aproximadamente, es decir, una tasa más baja a la que se ofrece actualmente para el país.
Entre otras cuestiones, se prorroga la cesión de jurisdicción para dirimir futuros litigios y se crea una comisión bicameral para seguir el pago de deuda externa.
Se trata de un paso clave para el cometido del programa económico de Gobierno, que apuesta al endeudamiento para financiar el déficit fiscal -a su juicio responsable de la inflación-, obras públicas para mejorar la competitividad de los productos argentinos y, a su vez, refinanciar nueva deuda.
La propuesta cuenta con apoyo de la mayoría de la oposición y de los gobernadores, quienes buscan emitir deuda a tasas más bajas para reactivar las economías provinciales.
Para la oposición kirchnerista y de izquierda, en cambio, existe el riesgo de que los bonistas que entraron a los canjes demanden mejores condiciones de pago y de que el nuevo ciclo de endeudamiento sea para financiar nuevo endeudamiento (“bicicleta financiera”).
fuente
"iProfesional", 31.03.2016
