DE VIDO - UTN SANTA CRUZ - YCRT
EXCLUSIVO: LA CAJA MILLONARIA DE YCRT
De Vido usó una universidad para desviar fondos públicos sin control
Se habrían girado unos $ 3 mil millones desde la Universidad Tecnológica Nacional hacia proveedores de Yacimiento Carbonífero Río Turbio.
Gastaron $ 400 millones en un tren que no funciona.
Galería de imágenes.
Presunto desvío de fondos públicos implican nuevamente a De Vido. |
Foto: Cedoc
Los funcionarios lo bautizaron “el tren de la alegría”.
Por orden del entonces Ministerio de Planificación, a cargo de Julio De Vido, el Estado destino $ 400 millones para reconstruir el Tren Turístico del Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT).
Dos años después, sólo inauguraron una estación.
Los fondos se desviaron sin licitación ni controles.
El tren turístico es uno de los ejemplos de cómo funcionaba el circuito financiero que montó el kirchnerismo a través de la empresa estatal YCRT, que administra la emblemática mina de carbón subterránea.
El ex interventor de esa compañía estatal, Atanasio Pérez Osuma -hoy intendente de Río Turbio- firmaba contratos con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Santa Cruz para “asistencia técnica” o “capacitación de personal”.
Pero en realidad se usaba a la UTN para pagar a proveedores de forma directa y bajo la discrecionalidad de De Vido y sus funcionarios, como Roberto Baratta, ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión.
El mecanismo fue denunciado ante la Justicia federal por dos ex gerentes que trabajaron bajo la administración kirchnerista en el yacimiento.
El fiscal federal Carlos Stornelli debe decidir si inicia la investigación, que recayó en el juzgado de Luis Rodríguez.
Cada vez que el yacimiento necesitaba comprar insumos, maquinarias, o realizar obras, el ministerio de De Vido enviaba los fondos y ordenaba a Yacimientos que pagara las sumas.
Se habrían garantizado el desembolso de al menos $ 3 mil millones mediante contratos directos gracias a que los pagos se hacían a través de la UTN y su fundación.
Este mecanismo, según los denunciantes, encarecía todos los contratos en un 21 %, que se justificaba como “gastos administrativos” de la UTN y de su fundación.
Por allí, podrían haberse camuflado sobreprecios y pago de sobornos que ahora deberá investigar la Justicia.
En la denuncia a la que accedió PERFIL, De Vido, Baratta y el ex interventor Pérez Osuna son denunciados por los supuestos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación, defraudación y negociaciones incompatibles.
PERFIL accedió a uno de los contratos con la UTN y su fundación.
Es uno de los acuerdos que se hicieron para la reconstrucción del Tren Turístico.
Este caso es un claro ejemplo de cómo funcionaba la sociedad entre la universidad y los funcionarios.
Primero se hacía un contrato marco para la totalidad del proyecto y luego se hacían varios contratos específicos entre la UTN y su fundación para “fraccionar las compras” y evitar la licitación pública en busca del mejor oferente.
Uno de ellos, por ejemplo, fue firmado en marzo de 2014.
La Fundación Regional Santa Cruz recibió casi $ 42 millones para “seleccionar y capacitar al personal que se desempeña en la nueva planta de generación de 240 MW de potencia” de YCRT.
Con este mecanismo operó la empresa estatal desde 2012, según los denunciantes.
Así pasaron miles de millones de pesos sin control ni licitación por uno de los fracasos más significativos del último gobierno.
La mina de carbón de Río Turbio sigue paralizada, no se extrae el carbón para la central termoeléctrica que costó más de $ 2.600 millones y que tampoco funciona.
Las órdenes del ministerio llegaban a YCRT vía e-mail.
En uno de esos correos electrónicos, los funcionarios de De Vido ordenan coordinar “la prioridad de las facturas” de los proveedores con el funcionario Jaime Alvarez, hoy ministro de Alicia Kirchner en la gobernación de Santa Cruz. Entonces, delegado de De Vido en YCRT.
Desde el ministerio también se ordenaba cuánto desembolsar para cada uno de los proveedores o gastos.
“Hoy giramos fondos, de los cuales hay que aplicar 20 millones para el Tren Turístico”, dice uno de los e-mails.
La aventura ferroviaria costó unos $ 400 millones.
Los denunciantes son los gerentes de la Regional Buenos Aires de YCRT, Miguel Larregina y Martha Pérez, suspendidos en sus funciones por la intervención macrista (ver recuadro).
Piden que se investigue la responsabilidad de sus superiores y sostienen que firmaron los cheques por orden del ministerio y del ex interventor.
También acusan al actual interventor
El actual interventor de YCRT, Omar Zeidán, y otros seis funcionarios también fueron denunciados por “incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos”, entre otros hechos.
La intervención macrista está realizando una auditoría de la gestión kirchnerista en el yacimiento.
Hasta ahora suspendió a dos gerentes.
Eso motivó que los funcionarios suspendidos presentaran esta denuncia ante el juez Bonadio y otra ante el juez Rodríguez por el desvío de fondos de la era K.
En la presentación ante Bonadio señalan que el interventor macrista avanzó en su contra pero no contra las máximas autoridades que ordenaron los pagos sin liictación (sic).
Además, los gerentes de YCRT plantean que Zeidán también recurriría a la misma operatoria para “obviar” llamados a licitación pública y poder realizar compras directas.
fuente
"Perfil.com", 15.05.2016
Por orden del entonces Ministerio de Planificación, a cargo de Julio De Vido, el Estado destino $ 400 millones para reconstruir el Tren Turístico del Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT).
Dos años después, sólo inauguraron una estación.
Los fondos se desviaron sin licitación ni controles.
El tren turístico es uno de los ejemplos de cómo funcionaba el circuito financiero que montó el kirchnerismo a través de la empresa estatal YCRT, que administra la emblemática mina de carbón subterránea.
El ex interventor de esa compañía estatal, Atanasio Pérez Osuma -hoy intendente de Río Turbio- firmaba contratos con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Santa Cruz para “asistencia técnica” o “capacitación de personal”.
Pero en realidad se usaba a la UTN para pagar a proveedores de forma directa y bajo la discrecionalidad de De Vido y sus funcionarios, como Roberto Baratta, ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión.
El mecanismo fue denunciado ante la Justicia federal por dos ex gerentes que trabajaron bajo la administración kirchnerista en el yacimiento.
El fiscal federal Carlos Stornelli debe decidir si inicia la investigación, que recayó en el juzgado de Luis Rodríguez.
Cada vez que el yacimiento necesitaba comprar insumos, maquinarias, o realizar obras, el ministerio de De Vido enviaba los fondos y ordenaba a Yacimientos que pagara las sumas.
Se habrían garantizado el desembolso de al menos $ 3 mil millones mediante contratos directos gracias a que los pagos se hacían a través de la UTN y su fundación.
Este mecanismo, según los denunciantes, encarecía todos los contratos en un 21 %, que se justificaba como “gastos administrativos” de la UTN y de su fundación.
Por allí, podrían haberse camuflado sobreprecios y pago de sobornos que ahora deberá investigar la Justicia.
En la denuncia a la que accedió PERFIL, De Vido, Baratta y el ex interventor Pérez Osuna son denunciados por los supuestos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación, defraudación y negociaciones incompatibles.
PERFIL accedió a uno de los contratos con la UTN y su fundación.
Es uno de los acuerdos que se hicieron para la reconstrucción del Tren Turístico.
Este caso es un claro ejemplo de cómo funcionaba la sociedad entre la universidad y los funcionarios.
Primero se hacía un contrato marco para la totalidad del proyecto y luego se hacían varios contratos específicos entre la UTN y su fundación para “fraccionar las compras” y evitar la licitación pública en busca del mejor oferente.
Uno de ellos, por ejemplo, fue firmado en marzo de 2014.
La Fundación Regional Santa Cruz recibió casi $ 42 millones para “seleccionar y capacitar al personal que se desempeña en la nueva planta de generación de 240 MW de potencia” de YCRT.
Con este mecanismo operó la empresa estatal desde 2012, según los denunciantes.
Así pasaron miles de millones de pesos sin control ni licitación por uno de los fracasos más significativos del último gobierno.
La mina de carbón de Río Turbio sigue paralizada, no se extrae el carbón para la central termoeléctrica que costó más de $ 2.600 millones y que tampoco funciona.
Las órdenes del ministerio llegaban a YCRT vía e-mail.
En uno de esos correos electrónicos, los funcionarios de De Vido ordenan coordinar “la prioridad de las facturas” de los proveedores con el funcionario Jaime Alvarez, hoy ministro de Alicia Kirchner en la gobernación de Santa Cruz. Entonces, delegado de De Vido en YCRT.
Desde el ministerio también se ordenaba cuánto desembolsar para cada uno de los proveedores o gastos.
“Hoy giramos fondos, de los cuales hay que aplicar 20 millones para el Tren Turístico”, dice uno de los e-mails.
La aventura ferroviaria costó unos $ 400 millones.
Los denunciantes son los gerentes de la Regional Buenos Aires de YCRT, Miguel Larregina y Martha Pérez, suspendidos en sus funciones por la intervención macrista (ver recuadro).
Piden que se investigue la responsabilidad de sus superiores y sostienen que firmaron los cheques por orden del ministerio y del ex interventor.
También acusan al actual interventor
El actual interventor de YCRT, Omar Zeidán, y otros seis funcionarios también fueron denunciados por “incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos”, entre otros hechos.
La intervención macrista está realizando una auditoría de la gestión kirchnerista en el yacimiento.
Hasta ahora suspendió a dos gerentes.
Eso motivó que los funcionarios suspendidos presentaran esta denuncia ante el juez Bonadio y otra ante el juez Rodríguez por el desvío de fondos de la era K.
En la presentación ante Bonadio señalan que el interventor macrista avanzó en su contra pero no contra las máximas autoridades que ordenaron los pagos sin liictación (sic).
Además, los gerentes de YCRT plantean que Zeidán también recurriría a la misma operatoria para “obviar” llamados a licitación pública y poder realizar compras directas.
fuente
"Perfil.com", 15.05.2016
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