ESPAÑA
SUBSIDIO Y JUBILACIÓN
DESEMPLEO
Los beneficiarios
del subsidio de mayores de 52 años ya no tendrán que jubilar anticipadamente.
. No verán
recortada su pensión y podrán cobrar la ayuda hasta la edad legal de retiro.
Raquel Pascual
Cortés
Interior de una oficina pública de empleo de Castilla y León. Cinco Días
El Gobierno ha
incorporado las nuevas condiciones del subsidio para desempleados mayores de 52
años en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019.
Por lo tanto, si finalmente resultan aprobadas estas cuentas públicas, los
nuevos beneficiarios de esta ayuda deberán cumplir otros requisitos y tendrán
nuevos derechos.
Los dos principales
cambios son la edad de acceso, que pasa de los 55 a los 52 años y el requisito
de rentas, que dejaría de calcularse con la unidad familiar y volvería a usarse
como referencia las rentas individuales solo del beneficiario.
Si bien, esta
última exigencia no deberá esperar a que se aprueben los Presupuestos porque ya
se está aplicando por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) desde julio,
cuando el Tribunal Constitucional dictaminó la
inconstitucionalidad de evaluar las rentas familiares en lugar de solo las del
solicitante de la ayuda.
Estos son el resto de cambios:
La jubilación. Actualmente, los
beneficiarios de este subsidio deben jubilarse tan pronto alcancen la edad
y los requisitos para recibir una pensión contributiva en cualquiera de
sus modalidades.
Esto les obliga en la mayoría de los casos a jubilarse de
forma anticipada, con el consiguiente recorte de la pensión para el resto
de su vida (la cuantía se reduce alrededor de un 6% por cada año que se
anticipe la edad de jubilación respecto a la legal ordinaria).
El nuevo
redactado de la ley, sin embargo, precisa que el subsidio para mayores de
52 años “se extenderá, como máximo, hasta que el trabajador alcance la
edad ordinaria que se exija en cada caso para causar derecho a la pensión
contributiva de jubilación”.
De este texto se desprende que el
beneficiario podrá estar cobrando el subsidio y cotizando hasta que se
pueda jubilar de forma ordinaria y no anticipada, con lo que se retirarían
sin merma de su prestación.
Tiempo cotizado. Mientras un trabajador
recibe el subsidio para mayores de 52 años el Estado es el encargado de
cotizar por él a la Seguridad Social.
Ahora, este tiempo
cotizado sirven para ampliar la base reguladora y el porcentaje aplicable
de la pensión de jubilación.
La novedad en este punto será que con la
nueva ley el tiempo de cobro del subsidio computará para calcular la
pensión “en cualquiera de sus modalidades, así como para completar el
tiempo necesario para el acceso a la jubilación anticipada”.
Cuantía cotizada. La cotización que
efectúa el Estado por los perceptores de este subsidio se elevará del 100%
al 125% de la base mínima de cotización en cada momento.
Cuantía de la ayuda. Otro cambio
introducido en el proyecto de Presupuestos que afecta a este subsidio es
el aumento del 2% del Indicador Público de Rentas Múltiples hasta los
548,60 euros al mes.
La ley fija que la cuantía de esta ayuda para parados
de más edad será del 80% del Iprem que se fije cada año.
Por ello, el
aumento de este indicador incrementa también este subsidio desde los
actuales 430 euros al mes hasta los 438,8 euros mensuales.
Modificaciones. La normativa actual
permite al Gobierno, sin modificar la ley, cambiar el tiempo de cobro de
este subsidio o su cuantía en función de la tasa de desempleo o las
posibilidades de financiación de la ayuda.
Pero la nueva normativa que se
aprobará si las cuentas públicas de 2019 reciben luz verde, elimina
directamente esta potestad del Gobierno de modificar la cuantía o el
tiempo de cobro de este subsidio, sin necesidad de cambiar la legislación.
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INFORMACIÓN
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En la actualidad,
casi 270.000 desempleados mayores de 55 años cobran esta ayuda.
Según las
cifras barajadas por el Gobierno, con las nuevas condiciones se podría extender
a unas 114.000 más, sobre todo por la rebaja de la edad de acceso.
Asimismo,
según la dotación presupuestaria de esta medida, pactada entre el Gobierno
y Podemos en su acuerdo parlamentario, las
nuevas condiciones exigirán el desembolso de uno 330 millones de euros este
año.
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Fuente
“EL PAÍS”, España, 16.01.2019
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