ESPAÑA: JUBILACIONES ENCRUCIJADA
La Autoridad Fiscal
pide restringir las jubilaciones anticipadas y calcular la pensión con más años
cotizados
El organismo pide que parte de las
cotizaciones por desempleo se destine a pensiones
Madrid
Las pensiones ya no se
revalorizarán más con la única brújula de la situación de las cuentas de la
Seguridad Social.
Eso, apunta la Autoridad Fiscal (Airef), requiere medidas para asegurar la sostenibilidad financiera
a largo plazo.
Sus previsiones apuntan a un horizonte demográfico menos lúgubre
que otros organismos (INE y Eurostat).
Pero eso, según la Airef, no implica que desaparezca el
reto y señala que el déficit estructural de las pensiones es el 1,5% del PIB.
Para cerrarlo, este órgano propone medidas a corto plazo y otras a medio/largo
como restringir al retiro anticipado para aumentar la edad real de jubilación e
incrementar el periodo de cálculo de la prestación, ahora en 22 años a lo
cotizado durante toda la vida laboral.
Protesta de pensionistas vascos, el pasado lunes en Bilbao. LUIS TEJIDO EFE
La mala situación
actual de las cuentas de la Seguridad Social y el
horizonte de envejecimiento demográfico que se dibuja en España para las
próximas décadas exigen medidas para asegurar su sostenibilidad social y
financiera en el corto plazo, en el medio y en el largo, según la Autoridad Fiscal,
que ha presentado este miércoles su análisis sobre el sistema de pensiones.
Los cálculos del
organismo que vela por la sostenibilidad de las finanzas públicas apuntan que
la Seguridad Social tiene un déficit estructural en 2019 que equivale a un 1,5%
del PIB.
Sobre esos números rojos crecerá la presión en las próximas tres
décadas, especialmente por el lado del gasto.
En todos los escenarios que ha
dibujado la Autoridad Fiscal el gasto crece entre 2018 y 2048.
En el más
benévolo, desde el 10,6% del PIB actual al 13,4%; en el menos, hasta el 16,9%,
y eso contando con que el factor de sostenibilidad, que liga la pensión inicial
a la esperanza de vida, no es derogado finalmente (está previsto que entre en
vigor en 2023).
Para situarse en ese
escenario más benévolo, la Airef propone una de cal y una de arena.
En plata,
en el futuro inmediato dar más dinero a la Seguridad Social para pagar las
pensiones; en el más lejano, ajustes sobre las pensiones de quienes se vayan a
jubilar próximamente.
En lo inmediato, en lo que
podía interpretarse como deberes para el Pacto de Toledo (al que ya ha
presentado el documento), los agentes sociales y, sobre todo, para el Gobierno,
la propuesta “es cerrar el déficit estructural existente en la Seguridad Social,
mediante la asunción el Estado de determinados gastos que ahora soportan las
cotizaciones”.
“Es factible y deseable”, justifica, argumentando que si se hace
así se resta “la incertidumbre respecto a la sostenibilidad del Sistema, la
cual genera distorsiones en la toma de decisiones de los agentes económicos,
tanto de los pensionistas como de los cotizantes”
17.400 MILLONES PARA CERRAR EL AGUJERO YA
Cerrar ya el déficit de la Seguridad Social y llevarlo al
Estado central central requiere trasladar unos 17.400 millones de una
administración a otra, según la Airef.
Para hacerlo, este organismo propone que 10.400 millones
salgan de una mayor recaudación de cotizaciones por contingencias comunes.
Esto
se haría llevando ese dinero de la recaudación actual de cuotas para el
desempleo a las pensiones sin aumentar el salgo total que se paga por
cotizaciones.
Justifica ese cambio apuntando que ahora el seguro de paro se
hace cargo de los subsidios no contributivos y paga unos 2.300 millones en
bonificaciones.
Los 7.000 millones restantes se desglosan en los 4.000
millones que consume los gastos de personal y funcionamiento del instituto
previsor, otros 2.000 de medidas de fomento del empleo (tarifas planes y
reducciones de cotizaciones) y 1.000 millones más por subvenciones implícitas a
regímenes de cotización especial que se pagarían con cargo a presupuestos.
Para conseguir ese
dinero (17.400 millones), propone la Airef que el Estado pague con impuestos
gastos que ahora recaen sobre la Seguridad Social (su personal y las
bonificaciones).
También reclama, en consonancia con intervenciones públicas
del secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, que se
destine a pensiones parte de las cotizaciones por desempleo.
Para el futuro más
lejano, la propuesta se traduce en ajustes/recortes que profundizan en la
reforma de 2011, la que retrasó la edad legal de jubilación de 65 a 67 años.
No
defiende la Autoridad Fiscal demorar más este parámetro del sistema, pero sí
que se acoten las excepciones que permiten hacerlo antes.
En la actualidad se
jubila cada año unas 300.000 personas, de ellas más del 40% lo hacen antes de
llegar a su edad legal.
El objetivo es retrasar de 62,4 años la edad real de
jubilación actual (contando a los funcionarios de clases pasivas) hasta 64,5 en
2027 y 65,5 en 2048.
La otra propuesta
es calcular las pensiones con lo cotizado a lo largo de toda la vida laboral.
En 2019 se toman los últimos 22 años y la previsión es que en 2022 se llegue a
25.
La Airef pide que este incremento no se detenga en los 25 años, como prevé
la reforma de 2012.
Todos números se
hacen con unas previsiones demográficas que pueden considerarse muy optimistas
frente a las proyecciones de otros organismos.
Sin omitir el envejecimiento que
va a afrontar la sociedad española a partir de 2022 ó 2023, el vigilante fiscal
cree que llegarán muchos más inmigrantes de lo que pronostican el INE o
Eurostat: 270.000 al año frente a 184.000 y 125.000, respectivamente.
Lo mismo
puede decirse de la natalidad, que sitúa en una tasa de 1,9 hijos por mujer,
muy lejos de los 1,3 actuales y “muy por encima de las proyecciones del INE y
en línea con las cifras de Eurostat”, admite el propio organismo.
Fuente
“EL PAÍS”, España, 09.01.2019
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