EXTRANJEROS QUE DELINQUEN
La seguridad en el año electoral
El Gobierno se endurece y busca apurar la
expulsión de los extranjeros que delinquen
Ya elaboró un listado con unos 1.000 extranjeros con antecedentes penales, que podrían ser deportados.
Además, se creará un fuero migratorio para agilizar las causas.
Un operativo de las fuerzas de seguridad.
IGNACIO ORTELLI
06.01.2019
En parte porque la economía
todavía no arroja buenas noticias como -entiende- sí ofrecen los resultados en
materia de la lucha contra el delito, en el inicio del año electoral, el
Gobierno parece estar decidido a encarar de
lleno la agenda de la lucha contra la inseguridad.
La
implementación de las pistolas Taser y el anuncio del envío del proyecto para
bajar la edad de imputabilidad a 15 años son algunas de las iniciativas que,
tal como adelantó Clarín, se propone la
Casa Rosada para los próximos meses.
Otra
medida apunta a los controles migratorios: mientras
avanza en la búsqueda de consenso con un sector del peronismo para confeccionar
un proyecto que endurezca la ley de Migraciones 25.871, busca agilizar la expulsión de extranjeros que
delinquen o que ingresaron de forma ilegal al país, para lo que
creará un Fuero Migratorio y una unidad especial de búsqueda de delincuentes
extranjeros.
El control del flujo migratorio
fue trazado como prioridad por Mauricio Macri casi desde que asumió.
Y, luego
de un año de gestión, firmó el decreto 70/2017 que incluyó una serie de
requisitos para los extranjeros que quieren ingresar al país, como la prohibición
para aquellos que cuentan con antecedentes penales en su país de origen; y, al
mismo tiempo, modificó los plazos administrativos para agilizar los procesos de
expulsión, que hasta entonces podían demorar hasta 6 años.
Ese
DNU, sin embargo, fue impugnado por distintos sectores, desde lo político y
también en el ámbito judicial.
Hasta que el año pasado la Sala V de la Cámara
en lo Contencioso Administrativo Federal declaró su “invalidez constitucional”
y frenó su aplicación.
El Gobierno, de todos modos, presentó un recurso ante la
Corte Suprema de Justicia, que ahora debe definir.
Cuando parecía que en el
oficialismo se resignaban a no poder avanzar en el tema, el jefe de la bancada
Justicialista en el Senado, Miguel Pichetto, reavivó la discusión en noviembre,
cuando propuso “echar a patadas a los extranjeros que
delinquen”, luego de que la Policía Federal detuviera a
dos venezolanos, un paraguayo y un turco, durante los incidentes que se
produjeron en los alrededores del Congreso, en medio del debate por el
Presupuesto.
Por esos días, con el aval de Macri, que insistió en “debatir el
manejo de lo migratorio (sic)”, el ministro del Interior, Rogelio
Frigerio, acordó con el senador trabajar en conjunto para endurecer la ley.
En
rigor, la iniciativa que presentó Pichetto es aún más dura que la pretensión
del Gobierno.
Propone, por caso, la expulsión de un extranjero con apenas el
dictado de un procesamiento por parte de un juez de primera instancia.
Según pudo saber Clarín, en el oficialismo
no hay una posición unánime respecto al tema.
Mientras en el ala más dura
coinciden con el planteo del rionegrino y hasta reclaman exigir “reciprocidad”
a los países de origen, en materia de salud y educación, el sector más
garantista y algunos arietes judiciales del Gobierno se oponen a la expulsión
anticipada y advierten que sin una condena firme sería avanzar sobre el
principio de inocencia.
La puja hoy parece inclinarse hacia el sector más duro: allí se ubica el propio
Macri.
“Hay que buscar consenso y debatir con todos los
sectores un tema que los países más serios evalúan con seriedad y sin
demagogia: desde el delito, que es lo más urgente, hasta políticas de largo
plazo, como el ordenamiento del flujo migratorio”, indicaron altas fuentes
oficiales.
El asunto es cuándo: los distintos sectores del Gobierno consultados
al respecto coinciden en que el debate se abrirá este semestre, previo a la
campaña.
Avanzada parece estar la
creación de un Fuero Migratorio, como lo ordena la actual ley.
El borrador oficial ya pasó por los despachos de opositores.
Se trata, entre
otras cuestiones, de la conformación de una Cámara Nacional Migratoria -inspirada
en la estructural de la Cámara Nacional Electoral- que permita unificar la vía
recursiva en la material y pueda sentar jurisprudencia para todos los juzgados
de primera instancia del país y reducir los tiempos de las actuaciones.
Por
lo pronto, este lunes pasará por Casa Rosada el director de Migraciones,
Horacio “Toto” García, quien se reunirá con el jefe de Gabinete, Marcos Peña,
para trazar la hoja de ruta para los próximos meses.
Pero algunas de las iniciativas ya
están en marcha: por un lado, Migraciones confeccionó un listado con
los nombres de 354 extranjeros, con antecedentes penales o
que ingresaron al país ilegalmente, que empezará a buscar para luego
expulsarlos.
Ya cuenta con el aval judicial.
A esto se suma la nómina de 618
extranjeros que presentará ante la Justicia para solicitar su “retención” para
su posterior expulsión.
Serían casi 1000 extranjeros a punto de
ser expulsados por delitos.
Es
la primera vez que Migraciones actúa a esta escala.
Y, parece, este plan se
intensificará hacia adelante: la idea es que la ministra de Seguridad, Patricia
Bullrich, disponga la creación de una unidad especial de búsqueda de
extranjeros, que busque los nombres que Migraciones actualice periódicamente,
de forma online.
Basta con repasar los números de
los últimos años para tomar dimensión de la magnitud de la intención oficial:
según Migraciones, en 2015 hubo sólo 4 expulsados en cumplimiento de lo
previsto en el artículo 70 de la ley 25.871.
En 2016, ya con Macri en el
Gobierno, 33.
En 2017, fueron 75.
Y en 2018, hasta octubre, se habían
contabilizado 150.
Las cifras no incluyen los casos contemplados por la figura
del extrañamiento, es decir, aquellos que son expulsados cuando cumplen con la
mitad de la condena.
Respecto
a esto, Migraciones suscribió un convenio con el ministro de Justicia
bonaerense, Gustavo Ferrari, para agilizar la situación en la provincia:
estiman que hay unos 2.200 extranjeros alojados en los penales de ese
territorio, de los cuales mil ya tienen condena y unos 300 están en condiciones
de ser “extrañados”.
Fuente
“Clarin.com”, 06.01.2019
No hay comentarios:
Publicar un comentario