DE CASTA LES VIENE…
{Acá gana el FpV… por afano!!!}
Catorce intendentes del
Conurbano se niegan a entregar su declaración jurada
Infobae requirió la información a
los 33 jefes comunales.
Son los únicos que no están obligados a hacerla pública
en toda la Provincia.
Las excusas recurrentes y las más insólitas.
13 de enero de 2019
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"La información está
en poder de la AFIP". "No la hacemos pública porque hay datos
sensibles". "La estamos subiendo a la web". "Adherimos a la
ley 15.000 pero estamos esperando la aprobación del Concejo Deliberante".
"Ya la mandamos al Tribunal de Cuentas" (desde este organismo
informaron que no reciben esa información).
"Está en la Oficina de
Transparencia", donde nadie atiende o es imposible comunicarse.
"Pone
en riesgo la seguridad y la intimidad de los funcionarios municipales".
"La información la tiene el contador". "Hay que venir a buscarla
personalmente a la Municipalidad". O directamente un "no".
El
ingenio popular se aplica como nunca a la hora de poner excusas.
Un total de 14 de
los 33 intendentes del Conurbano se negaron a entregar su declaración jurada de
bienes ante una iniciativa de Infobae para relevar y hacer pública esa
información.
La resistencia alcanza a todos los sectores políticos.
Once
de ellos están alineados con el kirchnerismo, dos son de Cambiemos y uno del
Frente Renovador.
Durante
tres meses, este medio se comunicó con voceros, jefes de prensa, secretarios,
funcionarios municipales y hasta con los propios intendentes para conocer su
patrimonio.
Sorpresa, resistencia, justificaciones diversas y hasta enojo
fueron las respuestas más habituales.
Fuera de la ley
Los
intendentes fueron excluidos de la ley 15.000,
sancionada en diciembre del 2017, que obligó a todos los funcionarios
de la provincia de Buenos Aires a presentar su declaración jurada.
Se trata de un universo de casi 26.000 personas.
Incluye a la gobernadora María
Eugenia Vidal, funcionarios del Ejecutivo provincial, comisarios de la Policía
Bonaerense, jefes del Servicio Penitenciario y legisladores, que se sumaron
este año.
"Si bien fue una iniciativa de Vidal, es una ley que votó
toda la dirigencia política, entendiendo el cambio de época a partir del
triunfo de Cambiemos", sostuvo Manuel Mosca, presidente de la
Cámara de Diputados bonaerense.
Las
declaraciones tienen una parte pública, que se puede descargar del sitio web
del Ministerio de Justicia bonaerense, y otra privada, con datos sensibles, como
los números de las cuentas bancarias o las patentes de los autos.
"Solo
el escribano general del Gobierno tiene un token (una clave de seguridad) para
acceder a la parte privada ante un requerimiento judicial, y las áreas de
asuntos internos de la Policía y del Servicio Penitenciario",
explicó Luis María Ferella, titular de la Oficina de Fortalecimiento
Institucional (OFI) de la provincia de Buenos Aires.
Por esa
misma ley, este año también deberán declarar sus bienes todos los
candidatos bonaerenses para los cargos de gobernador y vice, diputados y
senadores provinciales.
Privilegio con aval político
Del otro
lado, los 135 jefes comunales de la Provincia nunca estuvieron
obligados a mostrar sus bienes y, hasta el día de hoy, están eximidos de hacer
público su patrimonio.
En el medio, pasaron gobernadores de
todos los signos políticos. Ninguno avanzó contra ese privilegio.
El
gobierno de Vidal amagó con incluirlos en la ley 15.000, aunque terminó
cediendo frente a las presiones y las quejas.
"Cuando se envió el paquete de leyes
sobre transparencia, los intendentes estaban originalmente incluidos en la
obligación de presentar la declaración jurada, pero comenzaron a reclamar que
era una injerencia en la autonomía municipal", admitió una
espada del oficialismo en la Legislatura provincial.
Luego de
tres meses de reclamar información que debería ser pública, este medio se topó
con la
negativa de 14 jefes comunales.
"Son muchos años en el
poder y nunca les habían pedido un solo papel",
admitió el vocero de uno de ellos frente a los sucesivos pedidos de Infobae.
Entre los
que se negaron hay referentes del Frente Para la Victoria (FPV), como Verónica
Magario y Martín Insaurralde, que encabezó la lista de Cristina Kirchner en las
legislativas de 2013.
También aparecen barones del Conurbano como Mario Ishi o
Alberto Descalzo, y hasta dos jefes comunales del mismo color político que el
Gobierno nacional, como Darío Kubar y Mauricio Gómez.
A partir
de la negativa de estos 14 intendentes, Infobae comenzó a investigar su patrimonio
en base a registros oficiales.
Los resultados se conocerán
en los próximos días.
Jorge Ferraresi – Avellaneda
El primer pedido para
acceder a la declaración jurada del intendente Jorge Ferraresi (FPV) fue a
través de la oficina de prensa de Avellaneda, donde prometieron averiguar.
Nunca devolvieron los llamados.
Tras algunos intentos fallidos, la respuesta
oficial fue que el Municipio no adhirió a la ley 15.000 porque tiene su propia
reglamentación, y que la declaración estaba presentada ante la "Oficina de
Transparencia" a cargo Geraldine García. Parecía una buena noticia, pero
terminó siendo todo lo contrario.
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Jorge Ferraresi con Geraldine García, nombrada al frente de la Oficina de Transparencia.
En esa Oficina derivaron
la consulta nuevamente al área de Prensa.
Tampoco respondieron los pedidos
vía mail, pese a que el organismo ya tiene una página web y hasta abrieron una
oficina para hacer denuncias relacionadas con funcionarios o personal
municipal.
Juan Patricio Mussi – Berazategui
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Los voceros del intendente
de Berazategui Juan Patricio Mussi (FPV) se mostraron desde un comienzo reacios
a colaborar.
La jefa de prensa del Municipio dijo que "iba a
averiguar", pero nunca devolvió los llamados.
Ante la reiteración de la
consulta, argumentó que tenía que hablar con el contador, una de las respuestas
dilatorias más comunes recogidas por Infobae.
A partir de
ese momento, nunca más contestó los mensajes de los integrantes del equipo de
investigación.
El
patrimonio de Mussi, quien sucedió a su padre Juan José Mussi en el Municipio
en 2011 y fue reelegido hace tres años, está siendo investigando
por la Justicia a partir de un informe del Tribunal de Cuentas de la provincia
de Buenos Aires, que detectó irregularidades con los fondos públicos del
programa social Argentina Trabaja.
La causa
abierta por malversación de caudales públicos y supuesto
enriquecimiento ilícito la lleva adelante el juez federal
de Quilmes Luis Armella.
El magistrado sigue sumando medidas de prueba, como la
apertura de documentación patrimonial, aunque todavía no hizo un llamado a
indagatoria.
En 2016, Armella allanó un estudio contable, donde encontró
una serie de facturas sospechosas con las cuales el intendente de Berazategui
facturó servicios como abogado a su estudio y otras empresas, como Transportes
Dadi.
Mario Secco – Ensenada
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El intendente de Ensenada
Mario Secco tampoco accedió a entregar información sobre su patrimonio.
Ante
los llamados de este medio, desde la oficina de prensa respondieron que el
intendente "sólo presenta su declaración jurada ante la AFIP".
Hace dos semanas, ante un nuevo pedido para completar el informe, la
respuesta fue la misma.
Secco es
intendente desde 2003. En 2015 logró su tercera reelección con más del 55% de
los votos por el FPV.
Antes de acceder a ese cargo, fue secretario General del
Sindicato de Trabajadores Municipales de Ensenada durante tres períodos
consecutivos, desde 1994.
En
diciembre del 2017, protagonizó un escándalo cuando
ingresó por la fuerza a la Legislatura provincial junto a un grupo de
manifestantes kirchneristas.
Buscaban frenar la sesión en la
que se estaba discutiendo un paquetes de leyes enviado por Vidal, entre las que
estaba la obligatoriedad de presentar declaraciones juradas para los
legisladores.
Por ese
hecho, Secco fue denunciado por el presidente de la Legislatura, Manuel Mosca.
En febrero del 2018 fue citado a indagatoria por
la fiscal Ana Medina por los delitos de coacción agravada, intimidación
pública y entorpecimiento de la labor legislativa.
Darío Kubar – General Rodríguez
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El intendente de General
Rodríguez, Darío Kubar, electo en 2015 por Cambiemos, fue uno de los primeros
en recibir el pedido de Infobae hace tres
meses.
Ante la primera consulta, la respuesta de su vocera fue que estaba
"reclamando la información".
El mismo
argumento se repitió una y otra vez.
La respuesta al último requerimiento, en
diciembre, fue nuevamente infructuosa.
Esta vez, desde la oficina de Prensa
argumentaron que "estaban ocupados atendiendo a las
personas afectadas por las inundaciones de la última tormenta".
Alberto Descalzo – Ituzaingó
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En el caso de Alberto
Descalzo (FPV), que gobierna Ituzaingó desde hace 23 años, en un comienzo hubo
disposición a colaborar.
"Me la mandan hoy", dijo la subsecretaria de
Imagen y Comunicación del Municipio, Valeria Susperreguy.
Ante la reiteración
del pedido, dejó de responder los mensajes.
Ya en diciembre, contestó: "Transmito
el mensaje, pero no me respondieron todavía".
La
negativa de Descalzo a hacer público su patrimonio contrasta
con la imagen que busca mostrar desde la web del Municipio, donde hay una
solapa llamada "Transparencia", en la que está
disponible on line información sobre la ejecución presupuestaria o incluso la
escala salarial de los empleados del Municipio, incluido el del intendente.
Mario Ishii – José C. Paz
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El primer requerimiento
para acceder a la declaración jurada del pintoresco caudillo justicialista de
José C.Paz, Mario Ishii, fue a través de José Pérez, secretario de Gobierno,
quien derivó la consulta a la Secretaría Privada de la Municipalidad.
Allí, una
secretaria informó que la declaración jurada del intendente "estaba en
Hacienda", y que por lo tanto era necesario hablar con el contador a cargo
del área.
Sin embargo, fue imposible encontrarlo disponible.
Finalmente, desde
la misma secretaría privada informaron que "no podían" facilitar la
declaración jurada del intendente a los medios porque "no hay una ley que
los obligue".
Uno de
los principales aliados de Néstor y Cristina Kirchner durante sus presidencias,
"El Japonés", fue reelecto en 2015 y va por su cuarto mandato al
frente de José C. Paz.
Como el resto de los barones del
Conurbano, nunca presentó públicamente su declaración jurada.
En 2010,
cuando Clarín lo
consultó sobre la expansión de sus negocios rurales en Corrientes, lo confirmó
aunque se quejó porque la prensa "lo perseguía".
"Tengo un
pedacito de monte en Santiago, ¿y qué?", fue su respuesta.
Verónica Magario – La Matanza
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"No hay problema, es
un pedido perfectamente normal", fue la primer respuesta del vocero de
Verónica Magario, intendenta de La Matanza, un bastión kirchnerista.
Es más,
hasta se ofreció a enviar el recibo de sueldo.
Sin embargo, desde entonces
todas las respuestas fueron siempre amables, pero evasivas.
Ante el último
reclamo de Infobae, en
diciembre, la respuesta de quien se perfila como una de las candidatas
de Unidad Ciudadana para disputar la gobernación bonaerense fue:
"Le trasladamos el pedido a la intendenta".
En
contraste, el
Municipio publica en su página web que en 2010 creó una Oficina Anticorrupción
a nivel local, "con el objetivo de velar por el
cumplimiento de normativas vinculadas a ética pública e impulsar la aplicación
de prácticas transparentes de gestión administrativa mediante el
establecimiento de un sistema de contralor permanente".
Los matanceros no pueden ejercerlo sobre el patrimonio de quien maneja los
recursos públicos en el principal partido del Conurbano bonaerense.
Martín Insaurralde – Lomas de Zamora
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El intendente de Lomas de
Zamora, Martín Insaurralde, al frente del Municipio desde 2009 -cuando reemplazó
a su mentor Jorge Rossi-, también se negó a hacer públicos sus
bienes.
Reelecto en 2015 con el 47% de los votos, después de haber sido
elegido diputado por el FPV en 2013, es otro de los que suena como potencial
candidato del kirchnerismo para enfrentar a Vidal en la Provincia.
De ser así,
se vería obligado a divulgar sus bienes por la ley 15.000.
Su vocero
nunca dio una respuesta definitiva ante el pedido de Infobae.
Luis Andreotti – San Fernando
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El intendente de San
Fernando, Luis Andreotti, fue el único representante del
Frente Renovador que se negó a facilitar su declaración jurada de bienes.
En 2015 fue reelecto por segunda vez con el 50% de los votos.
Si bien
había dicho que iba a entregarla, finalmente, ante el último requerimiento de Infobae,
su vocero respondió que no lo iba a hacer.
Leonardo Nardini – Malvinas Argentinas
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El intendente de Malvinas
Argentinas, Leonardo Nardini, asumió con 35 años en 2015 como el más joven del
Conurbano.
Ganó por el Frente para la Victoria, desplazando a Jesús Cariglino
(Unión por una Nueva Argentina, de Sergio Massa), el primer y único jefe
comunal que había tenido el municipio por 20 años.
Como el
resto de los jefes comunales contactados por Infobae, Nardini
recibió el primer pedido hace tres meses a través de sus voceros.
La respuesta
llegó recién hace dos semanas, sobre el límite de tiempo establecido para
recibirla: "La declaración jurada fue presentada ante la AFIP y la
declaración jurada de domicilio al Tribunal de Cuentas de la Provincia, los
organismos a los que está obligado a presentarlas".
Walter Festa – Moreno
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El intendente de Moreno,
Walter Festa, aliado de La Cámpora, también rechazó el pedido de este medio
para acceder a su declaración jurada.
Las respuestas de sus voceros fueron
variando con el transcurso del tiempo.
En julio, un vocero dijo que "la
parte informática iba a estar lista para el año que viene", en alusión a
las supuestas trabas para cargar la declaración en la web del Municipio.
Y
aseguró que ya eran "públicas las declaraciones juradas del intendente y
de los funcionarios jerárquicos".
Luego, el
argumento comenzó a ser otro.
"Como no hay normativa provincial al
respecto, debemos esperar la normativa local para sacarlo",
respondió el mismo vocero tiempo después.
En las últimas semanas, ante la
insistencia de Infobae, los voceros
apelaron a una situación personal del intendente: dijeron que "estaba
ocupado" porque su esposa está por dar a luz y que "no
tenía obligación" de hacerlo.
Gustavo Menéndez – Merlo
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El jefe comunar de Merlo,
Gustavo Menéndez, también electo en 2015 por el FPV, es otro de los que se negó
a facilitar su declaración jurada.
Su encargado de prensa se comprometió a
trasladar el pedido, e incluso solicitó "más tiempo" tras asegurar
que estaba "encaminado".
Pero luego dejó de contestar los mensajes.
Menéndez acaba de ser condenado a 2 años y 6 meses de prisión e
inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el faltante de 600.000
pesos.
La Justicia de Mar del Plata lo encontró culpable de fraude a la
administración pública por una serie de irregularidades ocurridas en el Casino
Central y Del Mar de la ciudad Mar del Plata entre 2006 y 2007, cuando el
actual intendente era director de las dos casas de juegos de azar.
Menéndez
anticipó que apelará la medida, tras criticar al juez correccional Luis
Rodríguez y al gobierno provincial de Cambiemos por "escandalosas
operaciones sobre la Justicia".
Aníbal Regueiro – Presidente Perón
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El intendente de
Presidente Perón, Aníbal Regueiro, va por su cuarto mandato consecutivo al
frente del Municipio.
Proveniente de un partido vecinal, se sumó a las filas
del FPV en 2003.
Nunca respondió los mensajes vía Whatsapp ni atendió los
llamados en su teléfono personal.
El vocero del Municipio sorteó las consultas
con evasivas.
Como
otros intendentes del Conurbano, Regueiro tiene una investigación abierta por
corrupción.
Tras un pedido del fiscal Franco Picardi, acaba de
ser indagado por las sospechas sobre la construcción de la
planta de tratamiento de efluentes cloacales de la localidad de Guernica.
La Justicia sospecha que hubo una sobrefacturación de casi 29 millones de pesos
y que de esa manera se "enriqueció el Municipio", y los dueños de la
sociedad comercial a cargo de la obra, la constructora Mako SA.
Según la
denuncia realizada por el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento
(ENHOSA) también había "diferencias entre el avance físico que se asentó
en los certificados de avance de obra -soporte a partir del cual se justifican
y realizan los pagos- y lo constatado durante una inspección".
Mauricio Gómez – San Vicente
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Esteban Mauricio Gómez
llegó a la intendencia de San Vicente en 2015 por Cambiemos, con el 36% de los
votos.
Es el
otro jefe comunal del oficialismo que no quiso hacer público su patrimonio,
pese a su vehemencia en apoyar la gestión de la gobernadora.
A
mediados de este año se vio envuelto en una polémica por la
designación de más de una veintena de familiares en el Municipio.
"Avisé
que mi familia iba a ser parte de mi equipo", sostuvo en una conferencia
de prensa para defenderse.
También fue cuestionado por el aumento de la planta
jerárquica de personal.
Cuando Infobae se
contactó con el área de Comunicación de San Vicente para solicitar su
declaración jurada, no logró obtener una respuesta.
Sobre el cierre del plazo
para este informe, Gómez accedió él mismo a explicar sus motivos: "Las
declaraciones juradas están a resguardo y a disposición del presidente del
Concejo Deliberante. Están lacradas y si hay que abrirlas, se abren. Hacerlas
públicas es un riesgo para las personas. Hay que respetar la seguridad y la
intimidad de las familias", argumentó.
El jefe
comunal de San Vicente no dio vueltas a la hora de justificar su negativa: "Vengo
de una familia de empresarios, no quiero que mi patrimonio lo sepa todo el
mundo".
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Fuente
“infobae”, 13.01.2019
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