ESCLAVOS DE...
SUS PALABRAS
La
inseguridad, una mordaza para los K
Sergio Berni apoyó en su tiempo la utilización de las Taser
y la expulsión de extranjeros que delincan.
EDUARDOVAN
DER KOOY
El empeño
que el Gobierno coloca en la instalación pública de una agenda sobre seguridad
podría reconocer tres
virtudes políticas.
Se trata, en efecto, de una seria
preocupación que atraviesa de modo vertical la pirámide social.
Evitaría el
monopolio, por otra parte, del malestar popular por la crisis económica que los
anuncios oficiales sobre los futuros aumentos de tarifas ayudaron a potenciar.
Incrusta como inicio de campaña electoral, con la fugacidad que todo posee en la Argentina, una
cuestión muy
incómoda para la principal oposición.
De hecho,
casi no se escucharon voces peronistas o kirchneristas a medida que la ministra
de Seguridad, Patricia Bullrich,
comenzó a descubrir su programa.
Antes
de que eso sucediera se registró un estrechamiento de filas en el macrismo.
Condición indispensable para promover una batería de medidas que, con certeza,
abrirá algunas discusiones con los socios radicales y de la Coalición Cívica
que conforman Cambiemos.
Elisa Carrió puso
el grito en el cielo cuando Bullrich anunció la flexibilización del protocolo
policial para el uso de armas de fuego durante la persecución de delincuentes.
La novedad
fue la tregua sellada
entre Horacio Rodríguez Larreta y
la ministra de Seguridad.
Siempre existieron diferencias entre ellos sobre la
rigurosidad para enfrentar las manifestaciones callejeras.
Ese clima fue virando
después de un episodio bisagra: los incidentes que forzaron el 9 de diciembre
la suspensión del partido entre River y Boca por la Copa Libertadores.
Que se
terminó dirimiendo en Madrid.
Esas funciones fueron absorbidas
por el vicejefe de la administración, Diego Santilli.
El funcionario se convirtió
en un nexo directo con Bullrich.
Sin las intermediaciones
que muchas veces sufrió Ocampo.
Propiciadas incluso desde adentro del Gabinete
nacional.
Santilli recibió la venia de Rodríguez Larreta.
El primer examen importante pasó con éxito. El
Gobierno anunció la compra de 300 pistolas Taser.
Un mecanismo de electrochoque para ser utilizado en aeropuertos y estaciones de
trenes.
Difícil
que suceda en el primer caso, por la cantidad de controles naturales
existentes.
Probable que pueda ocurrir en el segundo donde no suelen
verse más que algunos efectivos de la Policía de la Ciudad o bonaerenses.
El
debate sobre las pistolas Taser se había dado en la Ciudad en el 2016.
Santilli habló de la cuestión con
la ministra y con su jefe directo, Rodríguez Larreta.
La idea del vicejefe,
para arrancar, sería lograr ponerlas en uso en las estaciones de subte.
Donde
cotidianamente se cometen delitos.
Los responsables, en medio del gentío,
prácticamente nunca pueden ser reducidos.
El
dilema de las pistolas Taser y la problemática general de la seguridad parece
provocar un vacío
ostensible en el discurso kirchnerista-peronista.
Las
diferencias, en ese sentido, afloraron durante la década pasada.
En 2015 Sergio Berni, por
entonces secretario de Seguridad de Cristina Fernández,
opinó que la manipulación de las Taser es viable en
lugares específicos.
Como ahora propone el Gobierno.
En ese momento mantuvo un
contrapunto con Aníbal Fernández, jefe
de Gabinete, quien se opuso.
Quizás estimulado sólo por el afán de
confrontación política contra quien ejercía la intendencia y apuntaba a la Casa
Rosada: Mauricio Macri.
Desde
que el kirchnerismo pasó a la oposición, Berni ha
quedado casi como la única voz autorizada sobre seguridad.
Su
prédica dista de aferrarse al garantismo que impuso entre los K las tesis del
ex juez de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni.
Berni cuestionó el nuevo protocolo
policial de Bullrich.
“Es
humo”, graficó.
Pero hizo, a la par, admisiones que erizaron la
dócil sensibilidad del kirchnerismo.
Acostumbrado a relatar que durante su
decanato se habían registrado poquísimas víctimas.
O que tuvo que dar esas órdenes
para que la víctima fuera salvada.
Agregó que la prioridad es siempre “salvar a la víctima y defender a la autoridad”.
La
ministra Bullrich, tal vez, no hubiera sido tan eficaz con la misma
explicación.
La Coordinadora Contra la
Represión Policial e Institucional (Correpi), compuesta por nucleamientos
afines a la centro-izquierda, informó que entre el 2003 y el 2015 murieron 3.070 personas por torturas y gatillo
fácil.
Aseguró que 21 militantes sociales resultaron asesinados por fuerzas de
seguridad en actos represivos.
Y que fueron 70 los desaparecidos durante la
década kirchnerista.
Se trata de la misma organización
que ahora sostiene que una
persona desarmada muere en la Argentina cada 22 horas.
Palazo
para el macrismo.
No está claro, sin embargo, cómo sería la metodología para
concluir en esas estadísticas.
Pero revela, en cualquier caso y circunstancia
histórica, de que la violencia es un fenómeno permanente en nuestra sociedad.
Bullrich
completó su menú de los últimos días con otros anuncios.
¿Con qué presupuesto?, valdría interrogar.
Agregó un
asunto de vieja data que suele quedar en la nada: el proyecto para bajar la edad
de la imputabilidad.
El broche estaría a cargo de la expulsión de los extranjeros
descubiertos en situación de delito.
Explicó que en el último tiempo
“sobre todo en drogas, el aumento del delito en manos de extranjeros es
importante”.
Llegaría
al 20% de los detenidos.
El Gobierno quiere crear una fuerza con 10 mil reservistas
De nuevo, el soporte dialéctico
más sólido que podría encontrar el Gobierno emergería del kirchnerismo.
Allí
los sectores que se proclaman progresistas aluden al supuesto riesgo de la
xenofobia.
La carga de culpas sobre los inmigrantes.
Pero no constituye la
única mirada.
Ya en octubre del 2014 Berni aseguró que el país está “infectado” por delincuentes extranjeros.
Dijo,
entonces, que se trataba de un conflicto que tenía, al menos, tres años de
antigüedad (2011).
Que, entre varias razones, obedecía al amparo de la laxitud
judicial.
Su
sinceramiento ocurrió el día en que el fiscal Carlos Stornelli resultó
acorralado por 12 asaltantes colombianos en la Autopista Illía.
A cuadras del
Obelisco.
También blanqueó que la inseguridad “es un problema real, ninguna sensación de nada”.
Otro tiro
por elevación para Aníbal, numen de aquella frase necia y célebre.
A decir
verdad, en esa oportunidad Berni no se estuvo solo.
El entonces ministro de
Seguridad de Daniel Scioli, Alejandro Granados,
ahora de nuevo intendente de Ezeiza, manifestó su “acuerdo total” sobre la
deportación de extranjeros que participen en delitos.
El jefe de la bancada
Argentina Federal, del Senado, Miguel Angel Pichetto hizo
el año pasado una propuesta similar después de los incidentes que rodearon el
tratamiento del Presupuesto.
Pichetto
integra junto a Juan Schiaretti,
de Córdoba, Juan Manuel Urtubey,
de Salta, y Sergio Massa el
espacio que congrega a otros gobernadores pejotistas que hurgan una alternativa
electoral que se diferencie de Cristina.
El ex diputado del Frente Renovador
prefiere por ahora no hablar sobre la agenda de inseguridad del Gobierno.
¿Porque comparte más de lo que disiente?
Difícil saberlo hasta que no se
arranque, como otros, la mordaza
Fuente
“Clarín”,
08.01.2019
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