JUBILACIONES Y…
“MARÍA LA PAZ”
Sistema previsional
De la
esperanza a la decepción: historia de la jubilación
Desparejo. Nació con un fuerte
superávit.
El Estado comenzó a usar sus fondos, y aún lo sigue haciendo, y
quedó desfinanciado.
Los cambios que se hicieron en el sistema fueron para
peor.
Clásico. Largas colas y bajos haberes para jubilados sometidos desde siempre al recorte de sus derechos.
ISMAEL BERMÚDEZ
27.01.2019
Todo régimen de jubilaciones y
pensiones, llámese de reparto o de capitalización colectiva o individual, está
íntimamente relacionado con las cotizaciones de los trabajadores y las
contribuciones de los empleadores.
Ningún régimen público o privado puede
garantizar a largo plazo beneficios generosos ni autofinanciamiento si
hay bajas cotizaciones, producto de la informalidad e inestabilidad laboral o
de políticas que condicionen la cuantía de tales recursos, dado que la
informalidad y el nivel de empleo son problemas del mercado laboral y no del
sistema previsional”, señala el reciente Estudio de la Asociación Argentina de
Presupuesto (ASAP) “Evolución y Financiamiento de la Previsión Social en la
Argentina”, elaborado por Raul Gaya, Sergio Carpenter y Carlos Martínez, bajo
la Coordinación de Graciela La Ruffa.
El
sistema previsional argentino sufre esas inconsistencias y más.
El régimen previsional público se
estructuró como un sistema de capitalización colectivo administrado
por el Estado.
Se financió con contribuciones patronales y
aportes del trabajador calculados como un porcentaje del salario.
A cambio, y
condicionado al cumplimiento de ciertos requisitos preestablecidos —como edad o
años de aportes — el sistema aseguraba el pago de beneficios que se
actualizaban por la evolución de los salarios.
La diferencia se invertía para
capitalizar el sistema.
Se
trata, en síntesis, de un régimen de aportes y contribuciones
definidas (sobre el salario) y beneficios también
definidos (por alícuotas o porcentajes del salario), con independencia de los
rendimientos que hayan tenido o no los fondos ingresados al sistema.
La
magnitud de los aportes y las contribuciones, más los rendimientos de esos
ingresos, se calculan de modo de asegurar los beneficios, que deben
guardar una relación con los últimos ingresos obtenidos en
la actividad, como el otrora “famoso” 82% o la garantía de un piso del 70%,
para mantener el nivel de vida de la etapa activa.
Por esto, la jubilación es
un salario diferido y los fallos de la Justicia reconocen reajustes cuando no
se cumplen esos principios o derechos.
Al
comienzo estos sistemas son fuertemente superavitarios, ya que aporta mucha
gente activa y hay al inicio pocos beneficiarios.
Los excedentes son invertidos
en acciones, bonos y otros instrumentos financieros o productivos cuyos
rendimientos deberían ayudar a capitalizar el sistema para afrontar los pagos a
medida que se va incrementando el número de beneficiarios.
Un
estudio de 1994 de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericana
(FIEL) reconoció que “en la década de 1950, la acumulación de esos títulos
públicos en las ‘Cajas’ de previsión representaba el 47% del Producto Bruto
Interno (PBI)”.
En
tanto otro trabajo elaborado por Oscar Cetrángolo y José L. Machinea (1993)
admite que “desafortunadamente, los superávits de los primeros años no lograron
financiar los déficits posteriores.
La razón de eso debe buscarse en el hecho
de que los excedentes fueron colocados en bonos de la Tesorería con un
rendimiento del 4% anual mientras la inflación oscilaba entre el 15 y 25%
anual.
Por otro lado, el Tesoro hacía sus aportes como empleador en bonos.
En
1970, se dispuso mediante una ley el rescate de los bonos por un monto total de
215 millones de dólares, en 10 cuotas anuales sin ajuste”.
El
Estudio de ASAP dice que “en la etapa de acumulación de excedentes, el Estado
Nacional logró financiarse con ellos a cambio de títulos de deuda a tasas
menores al 8% anual, mientras los guarismos inflacionarios alcanzaban un piso
del 20%”.
En otras palabras, las Cajas fueron vaciadas.
Otro
factor de deterioro fue la tolerancia del Estado con la evasión y
el trabajo no registrado que luego derivaron en moratorias
“generosas” para el pago de aportes retenidos y contribuciones no declaradas de
los empleadores.
“En 1964 se registra el primer antecedente de moratoria… que
desligaba la acreditación de los años de servicio a favor del trabajador del
pago efectivo de las cotizaciones a ser efectuado por el empleador”.
O sea,
jubilaciones sin la contrapartida del pago del empleador de los aportes y las
contribuciones.
“Entre
1974 y 2017, la informalidad ascendió desde un 24% al 33% del total del
empleo”.
En tanto, se aprobaron jubilaciones de privilegio para jueces,
diputados, senadores y concejales, entre otros.
Y, con el argumento de abaratar
la creación de empleo, las constantes reducciones de las
contribuciones patronales que acentuaron el desfinanciamiento del sistema,
agravado porque no evitaron el incremento de la informalidad.
En
esas condiciones, las jubilaciones y pensiones se degradaron y el
sistema debió ser asistido por el Tesoro.
“El haber previsional
promedio observó una tendencia de fuerte caída en términos reales. Entre 1971 y
1991 dicha reducción del haber real alcanzó el 50%”.
Aun así, y ante el
vaciamiento y evasión, se afectaron impuestos al financiamiento previsional .
“Esta afectación promedio fue del 2,1% del PBI, siendo su menor valor en 1995
(1,1%) y alcanzando el máximo en 2016 (3,4%)”, dice ASAP.
Novedades en los 90
En
1994, con el argumento de la “quiebra” previsional se
creó la jubilación privada a través de las AFJP invirtiendo
—previo cobro de comisiones — los aportes también en títulos públicos y
acciones, no sin prometer haberes mediocres.
El
estudio de ASAP calcula que esta transferencia de recursos públicos al sector
privado, “cuyo núcleo controlante fue la industria financiera, resultó una
novedad en la historia económica argentina.
Se estima dicha transferencia
directa en torno a los U$S8.000 millones… Esa experiencia
terminó disminuyendo la cobertura, provocando costos fiscales de magnitud, habilitando
transferencias al sector privado que administraba las AFJP y compañía de
seguros vinculadas, y dejando un estela de promesas incumplidas”.
Además,
a cambio de asistir al sistema con impuestos y el 15% de la coparticipación,
volvieron a bajar los aportes patronales , se transfirieron a la ANSeS cajas
provinciales y los déficits de las cajas no transferidas.
El
trabajo de ASAP dice que “la política económica de los años 90 afectó al
sistema previsional de varias maneras: redundó en la generación de desempleo,
aumentó la precarización laboral y redujo el salario real. Así, resultó una
macroeconomia con un sesgo hacia el desfinanciamiento del
sistema previsional”.
Luego
de la crisis de 2001/2002, hubo aumentos del haber mínimo en detrimento del
resto de los jubilados, lo que fue cuestionado por la Corte Suprema en el caso
Badaro.
También la Justicia cuestionó que no se actualizaran los sueldos que se
toman como base para el cálculo del haber inicial (caso Elliff) y avaló que se
ajustaran por el ISBIC (Índice Salarial Básico de la Industria y la
Construcción), lo que fue ratificado por el fallo de la Corte de fines de 2018
en el caso Blanco.
En
2008 se estatizó el sistema pero se mantuvo la ley de jubilaciones de los 90,
que había reducido el cálculo de los haberes, y se continuó cargando a la ANSeS el pago
de beneficios que no se financiaron con aportes, como
consecuencia de los altos niveles de desempleo, informalidad y evasión
patronal.
Así,
las jubilaciones con moratorias y la PUAM (Pensión Universal al Adulto Mayor)
“representan las formas en que el Estado argentino enfrentó los efectos
previsionales de una realidad caracterizada por la precarización laboral”
(ASAP, pág.154).
También hay que consignar que se otorgaron jubilaciones con
moratoria, sin indagar las condiciones socioeconómicas de los beneficiarios.
Fuente
“Clarín”, 27.01.2019
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