LOS MOYANOS…
¿APRETADOS?
El Gobierno arrincona a los
Moyano: todos los detalles de la megadenuncia por supuesta evasión y lavado de
más de $4.000 millones
13-01-2018
La presentación cobró impulso en las últimas
horas, en un contexto de cruces con el sindicalismo por detenciones de
dirigentes involucrados en casos de corrupción.
Según las autoridades, hubo
"múltiples operaciones y movimientos financieros" efectuados por un
grupo de empresas
Por Juan Manuel Barca
La
familia sindical más poderosa del país fue denunciada este viernes ante la Justicia por supuesta evasión de impuestos y
posible lavado de
dinero, operaciones que totalizarían $4.100 millones entre diversas
empresas, entre las que se incluye OCA, además del sindicato de Camioneros, que lideran
Hugo y Pablo Moyano.
La
denuncia penal fue iniciada por el titular de la Procuraduría de Criminalidad
Económica y Lavado de Activos (Procelac), Gabriel Pérez Barberá, a partir de un
informe de inteligencia de la Unidad de Información Financiera (UIF), encabezada por
Mauro Federicci, que fue elevado al organismo del Ministerio Público Fiscal el
21 de diciembre pasado.
La
presentación cobró impulso en las últimas horas, en un contexto de cruces con
el sindicalismo por
detenciones de dirigentes involucrados en casos de corrupción y
extorsión.
A
esto se suma el inicio de
las paritarias del
2018, en las que el Gobierno busca fijar una pauta del 15% y la intención
oficial de avanzar con varias iniciativas legislativas, entre ellas la reforma laboral,
trabada por los Moyano.
La causa fue sorteada en el
juzgado N°3 del fuero penal económico, encabezado por Rafael Caputo, quien
delegó la investigación en la Fiscalía Nº8, a cargo de Alicia Sustaita.
Ahora,
el próximo paso que aguardan en el Gobierno es el inicio de la instrucción. "Lo
más probable es que empiece la investigación y que no sea rechazada",
señaló a iProfesional una
fuente oficial.
En el
documento al que pudo acceder este medio, la Procelac apunta contra Hugo y Pablo Moyano, el empresario Patricio Farcuh -titular
del Grupo Rhuo, el Grupo Damasco y de la empresa de correo postal OCA-, así
como Alejandro Ginevra y
Ernesto Améndola,
todos ellos investigados por hechos que "podrían resultar constitutivos de
lavado de activos de origen ilícito y evasión tributaria".
Según la denuncia, se trata de
"múltiples operaciones y movimientos financieros, comerciales y
societarios" efecutados por un grupo de empresas que conformaron un
entramado a través del cual habría circulado un volumen de fondos significativo
desde 2008 en adelante.
En
paralelo, OCA,
la principal empresa del Grupo Rhuo, es investigada por la presunta evasión
fiscal de $4.000 millones en
concepto de contribuciones patronales.
A
esto se suman donaciones efectuadas
por 6,6 millones a la Asociación Mutual de Trabajadores de Camioneros 15 de
diciembre y al Club Atlético, Social y Deportivo Camioneros, y el vínculo de la
compañía con Pablo y Hugo Moyano.
"En
tal sentido, no
resulta razonable el hecho de que $2,85 millones de
esas donaciones (todas
referidas al club) se realizaran entre los meses de julio y octubre de 2016,
momento en que la firma atravesaba serias
dificultades financieras y fiscales que atentaron incluso
contra el pago en tiempo y forma de los salarios de sus empleados", señala
la Procelac.
Por
otra parte, las empresas Guía Laboral y Pertenecer, del Grupo Rhuo,
"evidenciaron un crecimiento
patrimonial exponencial al menos hasta el año 2013, pese a
lo cual, al año siguiente, habrían entrado en concurso preventivo de
acreedores".
La
sospecha radica en que, en sólo cuatro años, se expandieron un 1.000% por medio
de operaciones con
empresas pertenecientes al mismo
holding.
En
cuanto al Grupo
Damasco, la UIF detectó inconsistencias en los estados
contables, los movimientos financieros y la compra de acciones del hotel de
Pinamar Raviens.
Fue a través de
una compleja
operación en la que las acciones pasaron primero a manos
de Beldora, cuyo presidente sería Ginevra, para luego ser
transferidas a Damasco.
"Ante
tales circunstancias, no pueden dejar de ser tenidos en cuenta los estrechos vínculos comerciales e
incluso personales observados y que diversas fuentes públicas le atribuyen al
presidente y principal accionista del grupo económico investigado, Patricio
Farcuh, con las personas que conducen las instituciones sindicales vendedoras
(Hugo y Pablo Moyano)", precisa la denuncia de Barberá.
El futuro del líder camionero
La sospecha de las autoridades gira en torno al crecimiento patrimonial de las empresas a través de la retención inapropiada de impuestos y la recurrente creación y uso de sociedades (con mismos domiciolios (sic) y accionistas de aquellas nuevas).
Este
accionar -razonan-, tendría la finalidad de registrar operaciones
inconsistentes o inexistentes para eludir embargos
judiciales, reclamos de acreedores y limitaciones crediticias.
La investigación judicial deberá resolver además si hubo lavado
de dinero y si las personas denunciadas recurrieron a esa
maniobra para aparentar un origen legal de los fondos utilizados.
"Hay
indicios de lavado de dinero porque la mutual y el club de Camioneros
recibieron fondos
millonarios de OCA en un momento crítico de
la empresa", explicaron a este medio fuentes cercanas a la causa.
El
delito de evasión
tributaria tiene una pena de dos hasta 6 años de prisión,
mientras que en el lavado es de 3
a 9 años, según su gravedad.
Pero
cerca de Moyano minimizan la posibilidad de que
las denuncias afecten al camionero.
El
abogado del sindicalista, Daniel Llermanos, aseguró que hay "cero posibilidades"
de que el referente gremial o su hijo Pablo "vayan presos o
sean procesados" en una causa por presunto lavado de dinero en
Independiente.
El
barra Pablo "Bebote" Álvarez, que se encuentra procesado y detenido,
apuntó esta semana contra Hugo y Pablo Moyano al reconstruir un
circuito que incluía una cuenta en
una guarida fiscal,
operaciones en una mesa de dinero y la compra de jugadores lesionados en
el club de Avellaneda, en donde el camionero fue reelecto el 18 de diciembre
pasado.
En
el entorno del gremialista ven la mano del Gobierno detrás de las denuncias en
contra de la familia
sindical.
"Se
han ganado el odio del poder económico por defender a los trabajadores",
dijo Llermanos el miércoles, antes de que se conociera la presentación hecha
por la Procelac en la Justicia penal.
Tensión gremial
En la CGT perciben un intento de disciplinar al sindicalismo en su conjunto frente a los próximos reclamos salariales y el plan de reformas macristas.
La
central obrera viene de realizar un paro en diciembre en rechazo a la reforma
jubilatoria, una medida que si bien fue parcial por la negativa de varios
sectores gremiales a acatarla, provocó furia en los funcionarios del
macrismo.
El
líder gastronómico Luis Barrionuevo alertó en los últimos días
sobre el "ataque al sindicalismo" y
recordó que los expresidentes Raúl Alfonsín y Fernando De la Rúa no terminaron su mandato.
"Por
eso digo, cuidado, no sigan pisando la cola al león, porque no todos somos
iguales y no se puede generalizar con las mafias sindicales", dijo Barrionuevo.
La
denuncia contra los Moyano surge en medio de la detención y
la investigación de otros sindicalistas. Humberto Monteros, jefe de la UOCRA de
Bahía Blanca, fue apresado el jueves junto con otros nueve integrantes del
gremio acusados de extorsionar a empresarios del sector.
Lo encontraron con
bolsas de billetes, armas y droga.
Con
su encarcelamiento, Monteros se sumó a la lista engrosada por el extitular del
sindicato de empleados municipales, Marcelo Balcedo, quien fue
detenido el 4 de enero pasado en una chacra de la costa uruguaya, donde la
policía halló varias armas de fuego y municiones, u$s 500.000 en
efectivo y autos de lujo.
También
están presos Juan Manuel "Pata"
Medina, exlíder de la UOCRA-La Plata, y Omar "Caballo" Suárez, del sindicato
marítimo SOMU.
"La
denuncia penal no
tiene la contundencia de un caso como el de Balcedo o el
"Pata" Medina, no
es lo mismo", señaló un funcionario a iProfesional.
En rigor, hasta ahora no hubo
allanamientos ni operativos policiales, con excepción del ocurrido en
Independiente, que concluyó con la detención del vicepresidente Norai Nakis y
20 barras, entre ellos el "Polaco" Petrov, cercano a los camioneros.
La nueva denuncia contra
la familia sindical nació en la UIF y fue concretada por la Procelac, dos
organismos formalmente independientes del Gobierno pero en la práctica sus
intervenciones suelen ser más estrictas con aquellas instituciones o
personalidades que están en la vereda opuesta al poder de turno.
Así
ocurrió durante el kirchnerismo, cuando la gestión de Macri en la Ciudad o los empresarios
enfrentados al "modelo nacional y popular" fueron objetos de
denuncias por parte de dichos organismos.
O al menos, forzarlo a que modere sus reclamos y mantenga a sus
afiliados lejos de las calles por un buen tiempo.
Fuente
“iProfesional”,
13.01.2018
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