GREMIOS - AFIP
Gremios de Moyano,
Barrionuevo y Acuña están en la mira de la Justicia por una denuncia de AFIP
22-01-2018
La Justicia avanza con una causa que
investiga una red de evasión con facturas truchas, por la que ya fueron
procesados 17 sospechosos y hay un prófugo
El sindicalismo
sigue en la mira por dos causas que investigan a dos amplias organizaciones delictivas
dedicadas a emitir documentación
apócrifa, un sistema que posibilitó la evasión de miles
de contribuyentes, entre los que se encuentran decenas de empresas y sindicatos de
todo el país.
La
investigación, que surgió de una denuncia de la AFIP,
compromete a sindicatos de referentes de la CGT, como Hugo Moyano (camioneros), Luis Barrionuevo
(gastronómicos), Carlos Acuña (estaciones de servicios) y Antonio Cassia
(petroleros).
En la
causa que llevan adelante la jueza de San Isidro Sandra Arroyo Salgado y
el juez de Quilmes Luis Armella ya fueron procesadas 17 personas y una se encuentra prófuga.
Además, allanaron una decena de sindicatos que figuran como usuarios de esta
red de evasión.
El
operativo para dar con la facturación
apócrifa alcanzó también al Sindicato de Trabajadores de
Juegos de Azar, la Federación de Sindicatos Unidos Petroleros e
Hidrocarburíferos, el Sindicato de Petroleros Jerárquicos de la Patagonia
Austral, el Sindicato de empleados del Corcho, la Federación
Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos (Supeh), el Sindicato de Empleados, Capataces y Encargados de la
Industria del Cuero y la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses,
entre otros, según publicó el diario La Nación.
Desde la Justicia ahora deberán determinar si la utilización
de las facturas truchas fue "dolosa o culposa" y si la
maniobra incluyó algún otro delito como lavado de dinero.
"Hay
un patrón: son
muchos los gremios que tenían esta documentación apócrifa,
ahora hay que determinar quiénes fueron los responsables de la operación dentro
de los gremios, si fue un acto doloso y culposo y si la documentación se
utilizó, o no, con fines de lavado", indicaron los investigadores a
ese diario, en tanto que los gremios se despegaron de las acusaciones y
aseguraron que desconocían que las facturas eran truchas, ya que estaban
avaladas por la AFIP.
En
las últimas semanas, el juzgado de Quilmes procesó a 16 miembros de la banda de
las facturas truchas y detuvo a 12 personas con prisión preventiva por los
delitos de asociación ilícita y lavado de activos: mientras que sigue
prófugo un integrante de la organización delictiva.
Se trata de Eber Russo, un
monotributista que tiene más de 70 propiedades y una amplia flota de autos de
lujo.
En
tanto, la causa comenzó con una investigación sobre la actividad del contador Ángel Guidoccio, un
hombre cercano a Daniel
Angelici y por eso fue denominada "caso
Guidoccio".
Sin embargo, el contador se despegó de esa operatoria y dijo
que se trataba de una "confusión".
La Justicia lo separó del caso y
puso el foco en quienes le alquilaban oficinas al contador.
La
maniobra incluía la creación
de sociedades en manos de
personas indigentes sin la capacidad económica ni administrativa para llevar a
cabo ese tipo de operaciones y que emitían facturación electrónica falsa para
entregar a terceros, a los fines de que pudieran evadir impuestos.
"Nos allanaron dos veces y
encontraron dos facturas de los CUIT apócrifos.
Una por el mantenimiento del
salón de actos y otra por la compra de un software.
Cuando nosotros detectamos
que eran facturas malas las declaramos en moratoria, como si fuera una salida
en negro, y pagamos el punitorio", explicaron desde el Sindicato de Petroleros (Supeh).
Desde
el gremio de Moyano también indicaron que desconocían
la maniobra y señalaron: "No
le dimos trascendencia más allá del aspecto
político".
Fuente
“iProfesional”,
22.01.2018
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