GOBIERNO – DOCENTES
VÍSPERAS DE CONFLICTO
-I-
17-01-2018
El decreto fija un piso salarial automático
en todo el país, en reemplazo de la mesa de discusión que existía por ley.
Además, se alteró la proporción de los representantes gremiales para discutir
otros puntos, disminuyendo el peso de CTERA
Por Juan Manuel Barca
El Gobierno
desactivó la paritaria nacional docente.
Lo hizo a través de un decreto 52/2018
publicado este miércoles en el Boletín Oficial, que garantiza que el piso
salarial docente deberá ser como mínimo un 20% superior al salario mínimo vital
y móvil, el argumento que utilizó el año pasado el Ministerio de Educación para no convocar
a una instancia de negociación nacional.
El
decreto, que lleva la firma del presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos
Peña, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca y el de Educación, Alejandro
Finocchiaro, modifica el
inciso C del artículo 10 de la
Ley de Financiamiento (N°
26.075), que antes contemplaba la discusión de un convenio marco con pautas
generales, entre otras cosas, para definir el salario mínimo.
Pero
además el DNU altera
la proporción de la representación entre las
organizaciones gremiales en las mesas de negociaciones, en desmedro de CTERA,
la confederación mayoritaria en el ámbito educativo, que ostentaba 5 de los 9
delegados y que es liderada entre otros dirigentes por Roberto Baradel, el
secretario general del sindicato de maestros bonaerenses Suteba que el año
pasado encabezó huelgas y protestas contra el Gobierno.
La
normativa sustituye el artículo 2° del Decreto N° 457 del 27 de abril de 2007
por uno que indica ahora que "la representación de los trabajadores
docentes del sector público de gestión estatal, de las provincias y de la
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, en el convenio marco, será ejercida por UN (1) miembro de
cada asociación sindical de primer, segundo y tercer grado
con personería gremial y ámbito geográfico de actuación en materia docente en
todo el territorio nacional".
De ese modo, CTERA tendrá la misma representación que gremios
de menor peso, a la hora de discutir el resto del convenio marco, que seguirá
vigente.
Se trata de las condiciones de ingreso a la carrera docente, régimen
de vacantes, trámites de reincorporaciones, jornadas de trabajo, derechos sociales
y previsionales, formación docente y capacitación en servicio, representación y
actuación sindical, y títulos.
Con estos cambios, el Gobierno refuerza su
plan para descentralizar
la paritaria docente nacional en las provincias y
debilitar el poder de los gremios educativos, en particular el de CTERA.
A
la vez que otorga un mayor margen de maniobra
-si bien acotado a los capítulos no salariales- a
los otros cuatro sindicatos nacionales -AMET, SADOP, UDA y CEA, todos alineados
con la CGT.
El año pasado, el entonces ministro de Educación, Estebal
Bullrich, anuló la convocatoria a una instancia nacional de negociación, a
partir del acuerdo alcanzado en febrero de 2016, que fijaba que el piso
salarial docente debía ser al menos un 20% superior al mínimo vital y móvil.
El Gobierno argumentó que desde
entonces el salario docente se actualizaba en
forma "automática".
El Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil
fijó en junio pasado el piso salarial en $9.500 a partir de enero.
Por ende, el
mínimo a partir del que se negociará en las jurisdicciones es de $11.400.
En
tanto, en julio cuando aumente a $10.000 el SMVM tal como está previsto, pasará
a ser $12.000.
Ahora,
el decreto amenaza con disparar otra vez un fuerte conflicto docente
a nivel nacional.
El año pasado las protestas llegaron hasta el Congreso, donde Mauricio Macri apuntó en plena apertura
de sesiones contra los docentes y en particular contra Baradel, cuya familia
recibió amenazas de muerte y estuvo bajo custodia policial.
En la provincia de Buenos Aires se
dio uno de los rounds más duros de la pelea, con fuertes acusaciones cruzadas y
la convocatoria por parte de la gobernadora María Eugenia Vidal a que "voluntarios" reemplazaran
a los maestros de paro dentro de las aulas.
Los docentes presentaron denuncias
en la Justicia contra de esas medidas, que
incluyeron descuentos
salariales aplicados a los huelguistas.
fuente
"iProfesional", 17.01.2018
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