JUSTICIA / CORRUPCIÓN
Ilusión y
escepticismo tras los arrestos por corrupción en Argentina
Por y
El presidente argentino Mauricio Macri en un mitin a favor de los candidatos legislativos de su coalición en Buenos Aires, en 2017
Natacha Pisarenko/Associated Press
BUENOS AIRES – Los argentinos no están acostumbrados a ver a los
poderosos esposados.
Pero en los últimos meses esa ha sido una imagen repetida:
por lo menos seis exfuncionarios influyentes, incluido un exvicepresidente y un
antiguo jefe del ejército, han sido puestos bajo custodia pendientes de juicios
por corrupción.
También han sido acusados de desfalco y detenidos de manera
preventiva varios aliados políticos del sector privado.
Las detenciones coinciden con la promesa del presidente
Mauricio Macri de poner fin a una cultura de impunidad en este tipo de casos
con una reforma del código penal, de que el proceso de contratos y compras
públicas sea más transparente y de que haya un mayor monitoreo de los bienes de
servidores públicos.
Su gobierno no se ha adjudicado el crédito por las detenciones
en proceso, ya que hasta ahora solo han atrapado a opositores políticos, lo
cual ha desatado acusaciones de que Macri está utilizando el sistema judicial
para neutralizar a la oposición.
“Nunca en la historia de la Argentina hubo tantas personas tan
importantes detenidas”, dijo en una entrevista el ministro de Justicia y
Derechos Humanos, Germán Garavano.
“La pregunta que tenemos hacia el futuro es
si esto es un cambio, una reforma profunda o es solo una reacción frente a una
demanda de la ciudadanía a este momento. Esa respuesta la vamos a tener en unos
años”.
Garavano y otros altos funcionarios que encabezan el esfuerzo
por erradicar la malversación describen su tarea como un esfuerzo audaz que
podría fallar por una razón principal: los jueces.
Durante décadas, un grupo de doce magistrados en el circuito
federal de Buenos Aires ha dejado que varios casos de corrupción languidezcan
sin intervenir.
A menudo durante tanto tiempo que los delitos investigados
terminan por prescribir.
Cuando hay avances sustanciales en casos de alto
perfil usualmente se dan después de cambios en el mapa político, lo que
despierta dudas sobre la imparcialidad de las medidas.
Incluso en aquellos
casos en que políticos reconocidos han sido condenados, estos tienden a quedar
fuera de prisión y con sus bienes a salvo.
“Mi conclusión es que los argentinos no podemos confiar en la
justicia argentina”, dijo Laura Alonso, directora de la Oficina Anticorrupción,
una agencia federal que ha pasado de ser poco conocida a tener una mayor
visibilidad y autoridad desde que Macri fue elegido en 2015.
“Se mueve por
espasmos políticos”.
El exvicepresidente Amado Boudou fue escoltado en noviembre pasado a declarar a una corte en Buenos Aires.
Ivan Fernandez/Associated Press
Después
de que los fiscales argentinos abren investigaciones por corrupción y presentan
cargos, los jueces tienen la autoridad de aceptarlos o rechazarlos.
En aquellos
casos que avanzan, los jueces también tienen la responsabilidad principal de
investigar y decidir si el acusado debe enfrentar un juicio.
El
sistema, que data de la era colonial, no prevé plazos para ese trabajo de los
jueces ni una revisión minuciosa de esta labor.
Uno de los doce jueces
federales actualmente en Comodoro Py, que pidió mantener su anonimato, dijo que
buena parte de las críticas eran válidas.
Cada
juez tiene su propio estilo, dijo, y por eso no es justo generalizar, pero
concedió que algunos sí están influenciados por sus preferencias políticas.
El
sistema, añadió, permite que los magistrados manejen las causas con el tiempo
que prefieran sin enfrentar consecuencias específicas por ello.
La
detención del exvicepresidente Amado Boudou en noviembre parece ser muestra de
esta dinámica: un juez federal ordenó su arresto preventivo después de un caso
de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito que llevaba años.
Un video de él descalzo y en pijama en su
apartamento mientras un oficial judicial le leía los cargos dejó conmocionados
a muchos argentinos.
El
arresto de Boudou se dio poco después de que un juez ordenara el arresto del
exministro de Planificación, Julio de Vido, por dos investigaciones
relacionadas con corrupción.
Esa detención, el 25 de octubre, sucedió apenas
días después de que la coalición gobernante de Macri obtuvo una victoria apabullante en
elecciones legislativas.
De Vido, en un aparente intento de evitar que le
tomaran fotografías de estilo paparazzi, se entregó a las autoridades mientras
los investigadores iban a su departamento.
La
expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que fue elegida senadora en esas
mismas elecciones legislativas, enfrenta cinco casos por diversos cargos de
corrupción.
Recientemente, un juez pidió también su arresto por acusaciones de traición a
causa de un presunto encubrimiento del papel que habría jugado el gobierno
iraní en el atentado contra una asociación judía en Buenos Aires que dejó 85
muertos en 1994.
Se
ordenó la detención preventiva para ella y otros funcionarios de alto rango de
su gobierno, incluido el excanciller Héctor Timerman, aunque Fernández de
Kirchner tiene inmunidad por su cargo en el Senado.
Todos han negado las
acusaciones.
“Es
evidente que el gobierno usa a la justicia con fines políticos; en particular,
para domesticar y disciplinar a la oposición”, dijo Alberto Fernández, quien
encabezó el gabinete del presidente Néstor Kirchner y es profesor de Derecho
Penal en la Universidad de Buenos Aires: “Es muy preocupante porque lo que hoy
es utilizado contra la oposición se podría usar algún día en contra de un
ciudadano común”.
Manifestantes afuera del departamento de Julio de Vido, exministro de Obras, quien fue detenido a finales de octubre. Victor R. Calvano/Associated Press
Sin embargo, pocos argentinos
tienen dudas de que haya proliferado la corrupción durante el gobierno
kirchnerista.
José López, un exfuncionario de Obras Públicas, fue capturado con
unos 9 millones de dólares en efectivo que estaba guardado en bolsos.
También
se reveló que Ricardo Jaime, un exsecretario de Transporte, usó un yate y viajó
en aviones privados provistos por líderes empresariales a los que su cartera
otorgó contratos públicos.
Un
caso que demuestra lo arraigada que ha sido la cultura de impunidad de
Argentina es el del expresidente Carlos Menem, quien estuvo en el gobierno de
1989 a 1999.
En una ocasión, cuando fue cuestionado sobre si era apropiado
aceptar una Ferrari que le había regalado un contratista del gobierno, Menem
respondió desafiante: “¡La Ferrari es mía, mía, mía!”.
Varias investigaciones
sobre corrupción que tuvieron origen en su mandato se alargaron durante décadas
hasta que una corte lo sentenció en 2015 a cuatro años de prisión por pago de
sobresueldos.
Sin embargo, las apelaciones y su fuero por ser senador le han
permitido hacer caso omiso de la sentencia.
El
sucesor de Menem en la Casa Rosada, Fernando de la Rúa (presidente entre 1999 y
2001), fue imputado –y absuelto– de cargos por haber sobornado a legisladores
para que aprobaran una reforma laboral.
Los
funcionarios del gobierno de Macri y quienes vigilan la gobernabilidad dicen
que la corrupción alcanzó proporciones épicas durante los gobiernos de Néstor
Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner; ellos gobernaron entre 2003 y 2015,
desde un periodo de auge en los precios de materias primas de exportación a uno
de contracción económica.
“Terminó
viéndose más como una cleptocracia”, dijo Natalia Volosin, abogada argentina de
derechos humanos que ha estudiado la historia de corrupción en el país para su
doctorado en la Universidad de Yale.
Macri
llegó a la presidencia cuando varios escándalos de corrupción habían sacudido a
países de la región, sobre todo en Brasil, donde un equipo de jueces y fiscales
han recuperado miles de millones de dólares y han condenado a decenas de
políticos y empresarios por su papel en el esquema de sobornos conocido
como Lava Jato.
Casos como el de Brasil han logrado
que la corrupción sea una preocupación cada vez más importante para los votantes
latinoamericanos.
La expresidenta y senadora Cristina Fernández de Kirchner saluda a sus simpatizantes a su salida del congreso en diciembre.
Victor R. Calvano/Associated Press
Poco después de asumir la gestión, el gobierno de Macri creó una
medida de acceso a registros públicos e hizo que se pudieran revisar en línea
los documentos sobre compras y contratos públicos.
También aumentó la cantidad
de funcionarios públicos que deben revelar sus bienes en declaraciones.
“Aquí hay una fuerte demanda de integridad pública”, dijo la
exlegisladora Alonso, de la oficina anticorrupción. “No les vamos a perdonar
una”.
En el 2016, a pedido de Macri, el congreso aprobó una ley de
responsabilidad empresarial que prevé que las compañías que paguen sobornos
sean multadas y enfrenten cargos penales, así como un cambio a un procedimiento
penal sobre los acuerdos de colaboración con la justicia.
Este tipo de acuerdos fueron clave para que avanzaran las investigaciones
de Lava Jato en Brasil desde 2014.
Allí, a diferencia de lo que ocurría antes,
los acusados comenzaron a ser detenidos antes del juicio, que ahora duraba
meses en vez de años.
Pero en Argentina solo una persona acusada por corrupción en el
cargo ha intentado tener un pacto de colaboración.
De acuerdo con funcionarios
del gobierno y expertos, eso se debe a que pocos creen que realmente deberán
rendir cuentas o terminar tras de las rejas.
No queda claro hasta qué punto las detenciones recientes cambiarán
esa percepción.
Después de todo, las condenas en casos de corrupción siguen
siendo la excepción y no la regla, e incluso hay casos que parecen ser claros
pero que tardan años en avanzar.
Muchos en el sistema judicial se muestran escépticos respecto de
si habrá cambios fundamentales sin que haya una reforma más amplia del código
penal y del poder judicial.
El juez federal de Comodoro Py que pidió mantener su anonimato
dijo que es evidente que hay conflictos adentro del gobierno, con algunas
personas que sí quieren hacer limpieza y otras que no tienen interés alguno en
cambiar el sistema.
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