GOBIERNO – GREMIOS
PERSECUCIÓN O AUDITORÍA
Con Triaca cuestionado, el
Gobierno avanza con "mega auditoría" de 50 gremios, paritarias
austeras y la búsqueda de un nuevo aliado sindical
22-01-2018
Los controles comienzan en febrero.
El
endurecimiento hacia los sindicatos se da en medio de un clima de tensión, con
filtraciones y una escalada de causas judiciales contra dirigentes gremiales.
El futuro de la reforma laboral
Por Juan Manuel Barca
El trato
con los sindicatos volvió a foja cero.
Esa es la orden que bajó Mauricio Macri a sus
funcionarios, convencido de que el triunvirato de la CGT y el propio
Hugo Moyano representan
un obstáculo para
reordenar las relaciones laborales.
Es
en ese terreno donde las autoridades siguen sin encontrar la colaboración esperada
y se preparan para una nueva etapa de “modernización”
del sindicalismo peronista, con la búsqueda de nuevos aliados.
El Gobierno decidió a avanzar en varios frentes.
El
abanico de iniciativas contempla un cambio en la estrategia de cara a las
paritarias del 2018, en las que el Ejecutivo busca fijar una pauta del 15%, un mayor control
de los libros
contables de los gremios, y una reforma laboral en partes.
El
endurecimiento hacia los gremios se da en medio de un clima de tensión, agitado por el
caso "Sandra", que puso al ministro de Trabajo Jorge Triaca en el ojo
de la tormenta.
Pero también, en plena escalada de causas judiciales contra
sindicalistas acusados de corrupción.
El funcionario se tomó
vacaciones la semana pasada, luego de que se filtrara un audio en el que
insultaba a la casera de la quinta familiar, Sandra Heredia, quien denunció
maltrato y su despido sin causa.
El escándalo destapó designaciones irregulares
en el sindicato SOMU y una pelea por la caja del gremio.
En ese
escenario, el viceministro de Trabajo, Horacio Pitrau, autorizó la convocatoria
de un cuerpo de contadores y abogados para que, a partir de febrero,
realicen inspecciones en 50 sindicatos para
revisar sus cuentas, un terreno inexplorado hasta ahora por el macrismo.
Se
trata de una iniciativa que profundiza la etapa abierta tras las elecciones
legislativas y contrasta con aquel breve período de diálogo durante el primer
año de gestión de Macri, que reunió a funcionarios, empresarios y gremialistas en
una misma mesa.
"Siguen
todos los procesos iguales, en
febrero va a haber novedades", aseguraron a iProfesional
en el Ministerio de Trabajo.
La
primera señal en esa dirección llegó con un decreto la semana pasada, que anuló la paritaria nacional
docente y licuó el poder de CTERA, cuyo secretario adjunto
es el titular del Suteba, Roberto Baradel.
El preceptor figura en la lista
negra de Cambiemos.
En tanto, en el sector
financiero, los bancos se mantienen en su oferta de un 9% de aumento.
El gremio
liderado por Sergio Palazzo, quien le disputa el título de
"combativo" a Hugo Moyano, ve detrás de esa propuesta -inferior
incluso a la pauta oficial- la mano del Ministerio de Trabajo.
Más controles
Con ocho gremios intervenidos, los controles de las cuentas de las entidades laborales representa un salto en el combate de Macri contra la “mafia sindical”.
“Queremos
ver si cierran los balances porque si no, hay que esperar que salte el alerta en la
Unidad de Investigación Financiera”, explicó a este medio un funcionario de la
cartera laboral.
Así,
por ejemplo, los hombres de Triaca podrían anticipar casos como el de Marcelo Balcedo,
el ex titular del Sindicato de Municipales, quien fue detenido recién el 4 de
enero pasado en una chacra de Uruguay, donde se hallaron armas, fajos de dinero
y un zoológico ilegal con animales exóticos.
La
UIF detectó que el dueño del diario platense HOY sacó $53 millones del sindicato,
que podrían tener un origen en el narcotráfico.
Se
trata del mismo organismo que semanas atrás impulsó una megadenuncia contra
la familia Moyano por
supuesta evasión
impositiva y presunto lavado de dinero por unos $4.000 millones.
Entre
otras cosas, investiga el cruce de fondos millonarios entre Camioneros y OCA, a
cargo de Patricio Farcuh.
El organismo además denunció el blanqueo u$s1,1 millones de
actividades vinculadas al gremio por parte de los hijastros del sindicalista.
Ellos serían los próximos blancos de la Justicia.
La diputada Graciela Ocaña y
Elisa Carrió también colaboran con la misión de "democratizar" el
mundo sindical, y de paso doblegar a su dirigencia.
Las dos denunciaron en su
momento el traspaso de uso de fondos de Camioneros para financiar a
Independiente, el club que preside Hugo Moyano.
Ocaña,
a su vez, tiene en carpeta un proyecto para que los titulares de los sindicatos
y obras sociales presenten declaraciones
juradas y balances
públicos, ahora amenaza con ir a la Justicia.
En
tanto, cerca de Triaca sostienen que el control de las cuentas sindicales no
es nada nuevo.
En
rigor, está contemplado en el artículo 24 de Ley de Asociaciones Sindicales (23.551), que
obliga a dichas organizaciones a remitir o comunicar a las autoridades los
estatutos y sus modificaciones; la integración de los órganos directivos y sus
cambios; la memoria, balance y nómina de afiliados dentro de los 120 días de
cerrado el ejercicio; la convocatoria a elecciones; y los libros de
contabilidad y registros de afiliados.
La
iniciativa -que había adelantado Perfil semanas atrás- recoge el espíritu de
las cuatro recomendaciones publicadas en el Boletín Oficial en abril del año
pasado por el propio Pitrau, no por casualidad el mismo día que la CGT lanzó un paro general.
Las
disposiciones apuntan a transparentar las elecciones sindicales mediante
el uso del voto electrónico, el cupo femenino, la inhibición de candidatos con
antecedentes judiciales y la adecuación de los estatutos.
El voto electrónico se empleó por primera vez el ámbito gremial
el 18 de diciembre pasado. Fue en el Sindicato de Marítimos (SOMU), intervenido
desde 2016 y cuyo titular, Omar “Caballo” Suárez, volvió ayer a la prisión,
luego de que la Justicia le revocara el arresto domiciliario.
Pero
el cambio de reglas le
jugó una mala pasada al Gobierno: la nueva conducción electa
tiene estrechos
vínculos con los Moyano.
Clima "bélico"
En el entorno de la familia sindical ven un claro trasfondo político detrás de las causas judiciales y el giro del Gobierno.
Es
que las denuncias en contra de Hugo y Pablo Moyano explotaron tan solo un día
después de la inauguración del Sanatorio Antártida hace una semana y media
atrás.
Allí el líder sindical festejó su cumpleaños junto a Triaca; el vicejefe
de Gobierno, Diego Santilli; el titular de la
AFA, Claudio “Chiqui” Tapia y el triunviro Carlos Acuña.
En
su extenso discurso, Moyano defendió su gestión, dijo que “no todos los dirigentes son malos” y que nunca le
gustó “estar atrás de ningún gobierno”.
Fue la escenificación de un
acercamiento, en el que el camionero reconoció que se viven “momentos especiales”.
“Por eso, aprovechando la
presencia del compañero ministro, estamos haciendo el esfuerzo y lo vamos a
seguir haciendo”, se comprometió.
Triaca,
en tanto, lo felicitó
tres veces al camionero, una de ellas “de parte del Presidente”.
Pero el
clima de reconciliación duró
poco.
En los días siguientes, la familia Moyano apareció en tapa de los
diarios, denunciada por diversos casos de corrupción.
“El
informe de la UIF es una operación y
tiene datos del blanqueo, es la primera vez que filtran algo así. Es una ofensiva del Gobierno”, aseguraron fuentes
vinculadas a la defensa del camionero.
Cerca
de los Moyano creen la movida oficial responde a motivaciones múltiples,
que van desde la preocupación por moderar las paritarias hasta el encono
personal de Macri con Pablo Moyano.
El
secretario adjunto de Camioneros y secretario gremial de la CGT fue el único de los hijos de Moyano
que se ausentó por estar de vacaciones a la inauguración del sanatorio la
semana pasada.
En cambio, estuvieron Facundo y "Huguito", el abogado
de la familia.
Pablo
es visto en la Rosada como el principal
responsable de "torpedear" la reforma laboral y fogonear el paro de la CGT contra la previsional.
Y aunque su
padre sostiene que no lo puede controlar, los funcionarios ya no le creen.
“¿Qué nos aportó Moyano a la política
laboral? Hizo quilombo cuando se discutió la reforma
jubilatoria y contradijo a su hermano Hugo con la reforma laboral”, repasan fuentes oficiales.
Recalculando
En ese escenario, el Gobierno decidió fragmentar la reforma laboral en "varias leyes".
El jefe de Gabinete, Marcos
Peña, aseguró que el macrismo no convocará a sesiones extraordinarias para
tratar el tema, ante la falta de acuerdo con el peronismo.
Sin
embargo, dejó en claro que el macrismo "no aceptará" que "no
haya cambios en un sistema laboral injusto
y obsoleto".
Su
decisión tuvo su impacto en la CGT: el triunviro Héctor Daer salió a
respaldar la decisión.
Lo hizo en medio del endurecimiento de Moyano y Luis
Barrionuevo, quienes difundieron un duro documento contra Cambiemos tras su
tradicional asado en Mar del Plata.
En
medio de la preocupación por los efectos del "caso Sandra", desde la
cartera que conduce Triaca dejaron en claro que, independientemente de la
normativa, el "trabajo
fino" ya comenzó.
Así
se refieren al decreto
de desburocratización firmado
por Macri que, entre otras cosas, reduce las multas por “empleo en negro” y
los tiempos de permanencia en el Registro Público de Empleadores con Sanciones
Laborales (Repsal), creado en el 2014 por el kirchnerismo.
La
otra pata del plan oficial en materia laboral es la búsqueda figuras para
ocupar el cargo de interlocutores “friendly” del
macrismo.
La
propia Cristina Kirchner alentó al camionero para conducir la CGT y servir de faro en las negociaciones
salariales.
La
sociedad duró hasta 2010 cuando, fruto de sus diferencias internas, cayó en
desgracia y entonces la exmandataria apostó por el metalúrgico Antonio Caló como reemplazante, pero con
una central dividida en tres partes.
Ahora,
el macrismo
sondea a diferentes
sectores, pero no parece un desafío fácil de resolver sin un
Moyano anotado en la lista de candidatos que confecciona la mesa chica del
Ejecutivo.
De todos modos, hay una idea: "Podrían estar todos los que no
fueron a Mar del Plata", explican.
Fuente
“iProfesional”, 22.01.2018
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