La Fiscalía analizó las pruebas recolectadas en la causa que iniciara la diputada provincial Ana María Canata y, en función de ello, concluyó que, desde el año 2010 a junio de 2016, Omar Vicente Judis junto a familiares y amigos habrían ideado, organizado y puesto en funcionamiento una estructura administrativa y académica en la UNCAUS destinada a obtener y disponer de recursos para beneficio propio y de quienes lo acompañaron, aprovechándose de los distintos mecanismos implementados en la Universidad Pública y en relación a la gran cantidad de fondos que esa alta Casa de Estudios recibió en concepto de programas y partidas presupuestarias que legalmente le correspondía.
La Fiscalía y la PIA sostuvieron que con estas maniobras y actos administrativos, disfrazados bajo la apariencia de legales, se habilitó una estructura jerárquica administrativa y financiera en la UNCAUS a través de la cual se procuraron los beneficios detallados en el pedido de indagatoria.
En lo que identificó como una primera etapa o fase, el Ministerio Público Fiscal detectó el diseño de la estructura administrativa de la UNCAUS, con la aprobación de actos administrativos y el nombramiento en diferentes cargos de gestión, decisión y control, por parte de las máximas autoridades de la UNCAUS, de personas cercanas y afines entre sí, para lograr un espacio propicio para llevar adelante una serie de decisiones sin que exista control ni oposición por parte de aquellos que debieron hacerlo.
Conformada esta estructura, se implementaron los medios, procedimientos e instrumentos para obtener financiamiento o disponer de recursos, utilizando, por un lado, maniobras como la obra pública a través de contrataciones directas y licitaciones y otros procedimientos en el marco de la ejecución de obras destinadas al mejoramiento de la infraestructura de la universidad; y por otro lado, la creación y utilización de personas jurídicas, más precisamente la Fundación de UNCAUS, para desviar un importante flujo de dinero desde la Universidad hacia allí: el control y administración sólo se encontraba en manos de los funcionarios integrantes de la estructura de la Universidad, siendo el hijo del rector y secretario académico, Enzo Judis, el presidente de dicha Fundación desde su conformación.
Carniel y Eyherabide aseveraron que “se llevó adelante una administración con decisiones arbitrarias e ilegítimas lejos de todo control y auditoría, en total y deliberado incumplimiento de las leyes nacionales, resoluciones ministeriales y normas propias de la Universidad Nacional de Chaco Austral (Estatuto, Resoluciones, etc.), que regulan el funcionamiento de las Universidades Públicas”.
“Estos hechos traducidos en algunos casos en actos administrativos, se llevaron adelante con la aplicación de maniobras tendientes a consolidar la capacidad serial de los órganos colegiados y deliberativos de decisión (Consejo Superior) de emitir resoluciones sin convocatorias, ni actas, dictámenes o actos preparatorios que reflejen las decisiones y resoluciones de dichos órganos de gobierno; convocatorias y sustanciación de elecciones y concursos con maniobras fraudulentas; el abuso de autoridad y violación sistemática de deberes por parte de aquellos con cargos de responsabilidad funcional al interior de la UNCAUS, para consolidar así el entramado generado para sostener la estructura destinada a disponer de manera arbitraria, ilegítima y fraudulenta los recursos de la Universidad Nacional del Chaco Austral que junto a las empresas cuyos titulares mantienen una relación de amistad con las autoridades de la Universidad, fueron favorecidas mediante licitaciones, contrataciones irregulares, actos administrativos y otras maniobras de disposición que desviaron fondos provenientes del Tesoro Nacional que fueran destinados a la financiación y funcionamiento de una Universidad Pública como es la Universidad Nacional de Chaco Austral”, precisaron.
El Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, receptando lo postulado por el MPF, consideró que existían razones suficientes para citar a prestar declaración indagatoria, para la jornada de ayer, a Omar Vicente Judis -rector- por los delitos de proposición y nombramiento ilegal (artículo 253 del Código Penal) y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas (artículo 265); abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público (artículos 248 y 249) y fraude en perjuicio de alguna Administración Pública (artículo 174 inciso 5); por la presunta comisión del delito de peculado (artículo 261) y de cohecho (artículo 256); y a su hijo Enzo Gabriel Judis (Secretario Académico y Presidente de Fundación) por los delitos de aceptación ilegal de cargos públicos (artículo 253); abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público (artículos 248 y 249) y negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas (artículo 265); por la presunta comisión de fraude en perjuicio de la Administración Pública (artículo 174 inciso 5) y de peculado (artículo 261).
En cuanto a Juan Carlos Tymkiw -presidente de las empresas de construcción TRIDELTA S.A. e INTYM S.A-, fue citado a indagatoria por el delito de participación necesaria en el delito de fraude contra de la Administración Pública por las obras llevadas adelante y tramitadas en la UNCAUS, y por cohecho activo; a Luis Sebastián Pugacz -secretario administrativo- por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, por la presunta comisión de fraude en perjuicio de la Administración Pública y de peculado; y a Walter Gustavo López -vicerrector- por hechos que configurarían los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público y fraude en perjuicio de alguna Administración Pública, y por la presunta comisión de peculado.
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