ECUADOR:
CONSULTA POPULAR
Alta tensión contra Rafael Correa a una semana de
la consulta popular de Ecuador
Lanzan huevos y
abuchean al expresidente en sus recorridos de campaña por el 'no'
Guayaquil
Rafael Correa se juega todo el próximo domingo 4 de
febrero.
Una papeleta con siete preguntas perfilará su legado y su futuro.
Ese
día el pueblo ecuatoriano volverá a la urnas por tercera vez en menos de un
año, tras las elecciones de 2017, para decidir si permite a su expresidente volver al poder algún día o si le cierra las puertas para
siempre.
La consulta popular, convocada por el presidente Lenín Moreno, se ha
reducido a un pulso entre el líder histórico de la Revolución Ciudadana y su sucesor,
obligando a la población a elegir entre dos padres divorciados.
La tensión ha ido elevándose en la recta final de la campaña entre quienes
apoyan el sí y se declaran seguidores de Moreno y entre los fieles al
correísmo que ven peligrar el regreso de su líder.
A su paso por ciudades y
pueblos, Rafael Correa ha tenido que enfrentar manifestaciones de odio, e
incluso agresiones, que rara vez encaró como presidente de Ecuador.
Le
han llovido huevos e insultos.
También le han bloqueado con manifestaciones las
calles principales de algunas poblaciones para evitar que llegue a zonas donde
era bienvenido por unos y repudiado por otros, como reflejo del ambiente
polarizado con el que cedió el poder a Moreno en mayo de 2017.
Su sucesor, en cambio, respira
en una atmósfera de tranquilidad que ha interrumpido esta semana,
voluntariamente, para dar el impulso final al sí.
Hasta ahora, era la vicepresidenta, María Alejandra Vicuña, quien lideraba la
promoción de la consulta.
Moreno se ha incorporado ya a la caravana para
asegurar la tendencia que muestran las encuestas.
Todas las encuestadoras
—Cedatos, Click y Diagnóstico— le
dan una amplia ventaja al sí en
todas las preguntas, cosechando un respaldo que va desde el 59% al 84%
dependiendo de la cuestión.
La que propone la muerte civil —inhabilitación
vitalicia para ejercer cargo público— para
los funcionarios corruptos es la que cosecha resultados más contundentes, como
respuesta a las incontables investigaciones que han surgido en apenas medio año
contra responsables de la Administración anterior.
La menos convincente se
refiere a la derogación de la ley de plusvalía, aprobada por Correa con fuerte
oposición en 2016, para gravar con impuestos la especulación inmobiliaria.
Ninguna
de las preguntas se inclina, según los sondeos, hacia la posición
correísta, pese a que el exmandatario regresó a principios de enero a Ecuador
para liderar una intensa campaña por el no que
le mantiene desde entonces "gastando suela", como dicen sus aliados.
Correa ha recurrido a casi todas las alternativas para intentar frenar la
consulta popular.
Pese a criticar un “bloqueo mediático”, ha acudido a
entrevistas en radios y televisiones -no, en prensa escrita- a las que siempre
se negó a atender y criticó cuando era presidente de Ecuador.
"No tenemos
publicidad. Recién hace dos días han salido las primeras cuñas por el no,
porque el Consejo Nacional Electoral de Ecuador (CNE) nos tenía bloqueados y
apenas hemos logrado pasar spots de
apenas 20 segundos", denunció.
Con su campaña de rechazo, se
ha convertido en el principal
opositor de Lenín Moreno, de la consulta y del Gobierno.
No
ha dejado de repetir su máxima electoral: no a
las preguntas 2, 3 y 6 y, ya de paso, a todas las demás.
La "número
2" se refiere a la reelección indefinida; la sexta, a la ley de plusvalía;
y la tercera propone retirar de sus cargos a las autoridades de control
nombradas durante el correísmo. Es la más polémica.
Si pasa la consulta, el fiscal
general, el procurador del Estado, el contralor general, el defensor del pueblo
y todos los superintendentes podrán ser sustituidos por un nuevo Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social, que será elegido por la Asamblea a
propuesta del presidente.
Con esta reforma, Moreno pretende depurar los cargos
de responsabilidad de quienes fueron nombrados durante el Gobierno de Correa.
Pero para el exmandatario, se
trata de una artimaña con la que Moreno quiere designar a autoridades afines a
sus propios intereses políticos.
Es uno de los argumentos con los que Correa
acudió a la Organización de Estados Americanos y a la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, denunciando que la consulta representa una "alteración
del orden democrático".
La vicepresidenta Vicuña fue tajante ante la
solicitud de información: "Este proceso está apegado a Derecho, a lo que
establece la Constitución y cuenta con legitimidad porque es el resultado de un
proceso de diálogo nacional.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos no
tiene carácter vinculante".
Correa, que aparece como
votante empadronado en Bélgica, también ha buscado el apoyo de la izquierda
española (Podemos e Izquierda Unida) para convencer a los migrantes
ecuatorianos con la argucia de que si la consulta popular sale adelante, ellos
volverán a ser desahuciados de sus casas por los bancos.
A sabiendas de que en
España, reside el 44% de los votantes
en el exterior y la mayoría votó por Alianza PAÍS en las elecciones
presidenciales del año pasado.
Los demás partidos, incluidos
conservadores y progresistas, se han alineado con la propuesta oficialista pero
manteniendo las distancias.
El movimiento CREO, por ejemplo, recuerda que la
idea de convocar una consulta popular para eliminar, entre otras cosas, la
reelección indefinida fue una propuesta electoral de su candidato, Guillermo
Lasso.
Mientras, la facción correísta de Alianza PAÍS, ahora despojada
de su marca Revolución Ciudadana, está en trámites de crear
un nuevo partido, un logo y un nombre que, sea como sea, llevará las iniciales
RC, de Rafael Correa.
Fuente
“EL PAÍS”, España, 28.01.2019
“EL PAÍS”, España, 28.01.2019
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