La noticia pasó de largo en los medios de comunicación y agencias de noticias de la Argentina y el resto de América Latina.
Apenas un par de cables, del 22 de diciembre, informaron que un exejecutivo de la multinacional alemana Siemens se declaró “no culpable” ante una Corte Federal en Nueva York de lavar dinero para pagar coimas en la Argentina y, por tanto, afrontará un juicio oral en Estados Unidos en julio de este año.
O: la justicia de Estados Unidos juzgará lo que la de la Argentina no pudo o no quiso juzgar durante las últimas dos décadas.
Y eso nos lleva a algo más profundo que el “caso Siemens”, algo más sistémico y generalizado que solo un caso en la Argentina.
Porque aún en los contados casos en que un acusado se arrepiente y se declara culpable —como ocurrió con Siemens en 2008 y, más acá en el tiempo con el gigante brasileño Odebrecht—, los poderes judiciales del hemisferio se resisten a aplicar condenas contra el poder político o económico.
Pero también muchos jueces y fiscales forman parte del sistema —del “círculo rojo”, como le dicen en la Argentina— que ellos mismos deberían investigar y condenar.
¿De qué se trata el capítulo argentino del Caso Siemens?
En 1998, unos años después de dos atentados terroristas en Buenos Aires, el entonces presidente Carlos Menem ordenó mejorar los controles fronterizos y modernizar los documentos de identidad y los pasaportes.
Pero aun así, cuando tras el colapso económico de 2001 la clase política comprendió que no podía darse el lujo de apoyar una negociación tan escandalosa, se quedó sin contrato.
Algo similar ocurrió con la corporación Odebrecht durante los últimos tres años, tras una investigación que comenzó en Curitiba se expandió tocando a poderosos y ramificándose por varios países, hasta generar la reacción del Departamento de Justicia estadounidense, que multó a Odebrecht, como en 2008 sancionó a Siemens.
Entre ellos, Eberhard Reichert, un apacible jubilado alemán de 78 años ahora, pero que en los años noventa fue un alto ejecutivo de Siemens Business Services (SBS) que viajó a la Argentina en 1998 para firmar el contrato con el gobierno de Menem y se encargó también de varios contratos ficticios de consultoría para canalizar los sobornos.
Ahora el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo juzgará, a partir del 16 de julio, por esos fraudes.
Por el contrario, el expediente que tramita en Buenos Aires desde 1998 estuvo a un paso de terminar en el archivo o cerrarse por prescripción.
Nada que a un latinoamericano sorprenda demasiado, ¿o sí?
Durante años jueces y fiscales no quisieron investigar, las defensas plantearon todo tipo de apelaciones dilatorias, los políticos evitaron exponerse entre ellos y los empresarios fueron parte del juego.
Por eso, el Caso Siemens es sintomático del cuadro de impunidad que impera en la Argentina y otros muchos países de América Latina, donde la justicia es ciega y dura con los débiles, pero servicial con los poderosos.
No hay una receta universal.
Pero Lava Jato aporta algunos indicios que pueden llenar el vacío y ser imitados en toda América Latina: mejores herramientas legales y más presupuesto, sí, pero también contar con instituciones que seleccionen, promuevan y protejan a jueces y fiscales que tengan, como decía Tom Wolfe, “lo que hay que tener”.
Pero incluso las leyes adecuadas, las mejores herramientas y el contexto ideal de nada sirve si los magistrados si no se comprometen a impartir justicia.
{Recordar también el caso "Skanska", aunque corresponde al "kirchnerato" }
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