ECHEGARAY - AGN... DOS VISIONES
A RAÍZ DE UNA CUENTA EN SUIZA
Bonadio procesó a Echegaray y el Gobierno busca removerlo de la AGN
Bonadio consideró que Echegaray instigó al falso
testimonio a dos funcionarios, también procesados, para que involucraran
al ahora ministro de Hacienda.
El juez federal Claudio Bonadio dictó ayer el primer
procesamiento contra el extitular de la AFIP y jefe de la Auditoría
General de la Nación (AGN), Ricardo Echegaray, por considerar que
instigó al falso testimonio a dos funcionarios menores, también
procesados, para que involucraran al ahora ministro de Hacienda, Alfonso
Prat-Gay, con una cuenta bancaria en el exterior.
Bonadio procesó sin prisión preventiva a Echegaray y lo embargó en $ 20 mil por considerarlo instigador de falsa denuncia y responsable de "violación de secreto", al haber ventilado datos tributarios reservados, obtenidos de las autoridades francesas.
La decisión alcanzó a Pedro Roveda y Horacio Curien, entonces subdirector General de Fiscalización de la AFIP y subdirector General de la Subdirección General de Asuntos Jurídicos del organismo, respectivamente.
La resolución de Bonadio será apelada por Echegaray, pero el fallo ya generó reclamos de distintos sectores que piden su remoción como titular de la AGN.
En 2014 Echegaray viajó a Francia y regresó con un informe del Gobierno galo del llamado "Caso Falciani", que destapó la existencia de 4.040 cuentas bancarias de argentinos en el banco HSBC de Suiza, con depósitos por u$s 3.500 millones.
Entre otros titulares de aquellas cuentas figuraba la empresaria Amalia Lacroze de Fortabat, ya fallecida, y su nieta Amalia Amoedo, quienes en 2005 habían designado a Prat-Gay como apoderado ante el HSBC y mandatario para el manejo de los fondos radicados en la cuenta.
Roveda y Curien radicaron una denuncia penal contra Prat-Gay por los supuestos delitos de "asociación ilícita" y "evasión fiscal" ya que, argumentaron, los fondos de Lacroze y Amoedo "no se encontraban declarados en su totalidad" en Argentina.
Sin embargo, Prat-Gay contraatacó denunciando penalmente a Echegaray, Roveda y Curien y alegó que él sólo era apoderado y no tenía "potestades ni facultades en materia impositiva o fiscal", al tiempo que aseguró que los fondos de Lacroze de Fortabat "estaban exteriorizados en Argentina".
Ahora el juez aseguró que, del análisis de las pruebas y testimonios reunidos, surge que Echegaray y sus dos subordinados "realizaron forzadas y engañosas deducciones para incluir a Prat-Gay en la denuncia" de evasión y "soslayaron los datos que tenían".
"Era más importante formular la denuncia penal contra Alfonso Prat-Gay y darla a publicidad, que verificar que los hechos expuestos fueran lo suficientemente serios como para someter al nombrado a una investigación penal", arguyó el magistrado.
Sobre Echegaray, dijo que "fue quien impartió la directiva de efectuar una falaz denuncia contra Prat-Gay, imputándole hechos que sabía inexistentes, e instó a sus consortes a sostenerla y a declarar falsamente ante la Justicia".
El oficialismo, al final, rubricó la remoción
La resolución. Los presidentes del Senado, Gabriela Michetti, y de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, firmaron anoche la resolución por la cual disponen la remoción al frente de la Auditoria General de la Nación (AGN) del ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray.
La decisión. Se tomó a raíz del procesamiento iniciado en su contra por el juez federal Claudio Bonadío.
"No vamos a perder ni un minuto para redactar el decreto que le quita esa responsabilidad", había enfatizado por la tarde la propia Gabriela Michetti.
A través de un escrito redactado por la titular del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados, se solicitó finalmente la renuncia de Echegaray al considerar que su situación judicial viola la Ley de Administración Financiera.
Rechazo.
Desde el entorno de Echegaray adelantaron que rechazará el pedido al considerar que la Ley de Administración Financiera prevé mecanismos de remoción en la Auditoría cuando existe una condena firme en causas penales y, en caso de ser necesario, recurrirá a la Corte Suprema.
fuente
"La Nueva", Buenos Aires, 03.06.2016
Bonadio procesó sin prisión preventiva a Echegaray y lo embargó en $ 20 mil por considerarlo instigador de falsa denuncia y responsable de "violación de secreto", al haber ventilado datos tributarios reservados, obtenidos de las autoridades francesas.
La decisión alcanzó a Pedro Roveda y Horacio Curien, entonces subdirector General de Fiscalización de la AFIP y subdirector General de la Subdirección General de Asuntos Jurídicos del organismo, respectivamente.
La resolución de Bonadio será apelada por Echegaray, pero el fallo ya generó reclamos de distintos sectores que piden su remoción como titular de la AGN.
En 2014 Echegaray viajó a Francia y regresó con un informe del Gobierno galo del llamado "Caso Falciani", que destapó la existencia de 4.040 cuentas bancarias de argentinos en el banco HSBC de Suiza, con depósitos por u$s 3.500 millones.
Entre otros titulares de aquellas cuentas figuraba la empresaria Amalia Lacroze de Fortabat, ya fallecida, y su nieta Amalia Amoedo, quienes en 2005 habían designado a Prat-Gay como apoderado ante el HSBC y mandatario para el manejo de los fondos radicados en la cuenta.
Roveda y Curien radicaron una denuncia penal contra Prat-Gay por los supuestos delitos de "asociación ilícita" y "evasión fiscal" ya que, argumentaron, los fondos de Lacroze y Amoedo "no se encontraban declarados en su totalidad" en Argentina.
Sin embargo, Prat-Gay contraatacó denunciando penalmente a Echegaray, Roveda y Curien y alegó que él sólo era apoderado y no tenía "potestades ni facultades en materia impositiva o fiscal", al tiempo que aseguró que los fondos de Lacroze de Fortabat "estaban exteriorizados en Argentina".
Ahora el juez aseguró que, del análisis de las pruebas y testimonios reunidos, surge que Echegaray y sus dos subordinados "realizaron forzadas y engañosas deducciones para incluir a Prat-Gay en la denuncia" de evasión y "soslayaron los datos que tenían".
"Era más importante formular la denuncia penal contra Alfonso Prat-Gay y darla a publicidad, que verificar que los hechos expuestos fueran lo suficientemente serios como para someter al nombrado a una investigación penal", arguyó el magistrado.
Sobre Echegaray, dijo que "fue quien impartió la directiva de efectuar una falaz denuncia contra Prat-Gay, imputándole hechos que sabía inexistentes, e instó a sus consortes a sostenerla y a declarar falsamente ante la Justicia".
El oficialismo, al final, rubricó la remoción
La resolución. Los presidentes del Senado, Gabriela Michetti, y de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, firmaron anoche la resolución por la cual disponen la remoción al frente de la Auditoria General de la Nación (AGN) del ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray.
La decisión. Se tomó a raíz del procesamiento iniciado en su contra por el juez federal Claudio Bonadío.
"No vamos a perder ni un minuto para redactar el decreto que le quita esa responsabilidad", había enfatizado por la tarde la propia Gabriela Michetti.
A través de un escrito redactado por la titular del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados, se solicitó finalmente la renuncia de Echegaray al considerar que su situación judicial viola la Ley de Administración Financiera.
Rechazo.
Desde el entorno de Echegaray adelantaron que rechazará el pedido al considerar que la Ley de Administración Financiera prevé mecanismos de remoción en la Auditoría cuando existe una condena firme en causas penales y, en caso de ser necesario, recurrirá a la Corte Suprema.
fuente
"La Nueva", Buenos Aires, 03.06.2016
EL PAIS › EL GOBIERNO APUNTA A REMOVER A ECHEGARAY DE LA AGN TRAS EL PROCESAMIENTO DE BONADIO
El fallo que Cambiemos estaba esperando
El juez dictó la medida en la causa iniciada por Prat-Gay y Michetti anunció que procederán a desplazar al ex titular de la AFIP.
Desde el PJ advirtieron que la resolución no está firme y que debe opinar primero la Cámara Federal.
Echegaray encabezó el miércoles la reunión de la AGN, luego de dos meses de parálisis.
“Era la herramienta legal que necesitábamos para poder sacarlo de la Auditoria”, se sinceró una efusiva Gabriela Michetti luego de festejar el fallo y anunciar ayer que el oficialismo no iba a esperar “ni un minuto para redactar el decreto” de la remoción de Echegaray.
El ex titular de la AFIP salió a responderle con el reglamento del Congreso en la mano y sostuvo que para ser removido hace falta un dictamen de la comisión bicameral mixta revisora de cuentas del Congreso, la cual regula el funcionamiento de la AGN y en la que el peronismo -que salió a respaldarlo- tiene mayoría.
Además, el funcionario argumentó que la sentencia de Bonadio, juez de primera instancia, será apelada y por lo tanto no está firme, lo que podría poner un freno institucional a las intenciones del Gobierno.
Echegaray quedó procesado –sin prisión preventiva–, acusado por haber incurrido en los supuestos delitos de “falso testimonio” y “violación de secreto” al involucrar al ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, como apoderado ante el banco HSBC en Suiza de una cuenta no declarada de la fallecida empresaria Amalia Lacroze de Fortabat.
El funcionario había denunciado al ministro por evasión impositiva, tras destapar durante su gestión al frente de la AFIP la existencia de 4.040 cuentas bancarias no declaradas de argentinos en el banco HSBC de Suiza, con depósitos por un total de 3500 millones de dólares.
Antes de ocupar la cartera económica, Prat-Gay contraatacó y le inició a Echegaray una causa en la que lo acusa de encabezar una asociación ilícita para ensuciarlo, que recayó en manos de Bonadio.
El juez le dictó el procesamiento y con el fallo de ayer abrió el grifo para que el Gobierno retomara su arremetida para desplazar al auditor.
Anoche, Michetti anunció que había firmado junto a al presidente de la cámara de Diputados, Emilio Monzó, la resolución para removerlo, aunque al cierre de esta edición no había sido publicada y tampoco el funcionario había sido notificado.
Cerca de Echegaray afirmaron que se presentará mañana a trabajar como cualquier otro día, y que de ser publicada la resolución, denunciará penalmente tanto a Michetti como a Monzó.
Mas allá de las versiones cruzadas que corrieron como pólvora tras el fallo del juez, técnicamente el funcionamiento de la AGN está regulado por la ley 24.156, que establece condiciones para el nombramiento de sus miembros y su titular, pero no especifica el mecanismo para su remoción, que depende de lo que resuelva la comisión mixta revisora de cuentas.
Echegaray se apega a un inciso del reglamento de esa comisión, aprobado en junio de 2004, que establece que sólo un dictamen positivo de sus miembros –seis diputados y seis senadores, más un presidente– puede removerlo del cargo.
La composición de la comisión se terminó de delinear ayer a la mañana, antes del fallo, y la presidencia quedó en manos del senador formoseño José Mayans, del PJ, la vicepresidencia en manos del diputado radical Luis Borsani y la secretaría general del senador del peronismo federal, Juan Carlos Romero.
El bloque de senadores del PJ sostuvo ayer en un comunicado que el procesamiento “no configura un hecho por el cual haya que innovar” en la situación de Echegaray y, en sintonía con el funcionario, señalaron que el Gobierno deberá contenerse hasta que, eventualmente, haya sentencia firme tras la apelación.
La pelea se ata a la interpretación que tanto el Gobierno como Echegaray hacen de la ley de creación de la AGN.
El artículo 126 determina que “no podrán ser designados” auditores que “se encuentren con procesos judiciales pendientes o que hayan sido condenados en sede penal”.
Para Michetti, el procesamiento de ayer fue “la herramienta legal” que el Gobierno esperaba para reemplazarlo “por otro funcionario con mayor ética”.
Echegaray, sin embargo, sostuvo que el procesamiento no está firme, que no hay condena y que, en todo caso, debe decidir previamente la comisión, tras un dictamen favorable y una audiencia en la que pueda defenderse.
“Si me desplazan sin un sumario previo, sin derecho a defensa y sin dictamen de la Comisión, la resolución sería nula, ilegal e ilegítima, y atentaría a contra las instituciones de la república”, respondió Echegaray.
Desde el entorno del funcionario remarcaron que el fallo de Bonadio “esta teñido de política” y que actuó en favor de Prat Gay y del HSBC.
Y señalaron que el fallo responde a las presiones de la diputada Elisa Carrió, quien desde la pantalla de TN acusó a Michetti de “vender su conciencia para llegar a la vicepresidencia” tras firmar en enero la designación de Echegaray, cuando no si (SIC) situación judicial era distinta.
fuente
"Página/12", 03.06.2016
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