Mauricio Macri confirmó que Axel Kicillof y Julio De Vido cometieron serias irregularidades en las fabulosas compras de gas por barcos durante los últimos años del gobierno de Cristina Kirchner.
Macri denunció que las operaciones tenían “costos exorbitantes” y que en ellas hubo sobreprecios y pagos por encima del valor de mercado.
La fuerte imputación se encuentra en el documento oficial “El Estado del Estado”, que con pobre divulgación dio la Casa Rosada.
El texto de la acusación se encuentra en el capítulo “Energía y Minería”.
Es la primera vez que el actual gobierno hace una imputación tan seria contra la dupla de ministros.
El “negocio” de la importación de gas fue armado a causa del fracaso de la política energética del kirchnerismo: por eso entraron a la Argentina 530 barcos a un costo de 15.000 millones de dólares.
La AGN dice que hubo sobreprecios del 20%. En otras palabras: por corrupción e inoperancia se dilapidaron 3.000 millones de dólares.
En el documento de Macri acusa directamente a Kicillof y a De Vido.
La importación se hizo a través de un convenio de Enarsa con YPF y el informe sostiene que las decisiones eran “bifrontes” entre el Ministerio de Economía y el de Planificación.
Para encubrir las irregularidades “no existía ningún proceso de control” y a pesar de que ambos manejaban cifras millonarias, las “adjudicaciones provenían de ordenes verbales, la mayoría del Ministerio de Planificación.”
La Justicia investiga la maniobra, pero la causa se frenó.
Involucra a muchos ex funcionarios y hay irregularidades que complican a Cristina.
Ahora se espera que la Casa Rosada –después del informe oficial– aporte las pruebas del negociado al juez Claudio Bonadio y al fiscal Stornelli.
Pero el Gobierno no está cómodo con el tema: el propio Stornelli imputó ayer al ministro José Aranguren por la cara y reciente importación de gas de Chile.
Aranguren está pasando su peor momento: entre la pésima instrumentación del tarifazo y las acciones de Shell en su patrimonio, se le acumulan enemigos incluso dentro del Gobierno.
Macri lo respaldó fuerte.
Pero hay muchos ministros que consideran que sus errores son inaceptables y les generan un desgaste al Presidente.
Tuvo un encontronazo duro con Rogelio Frigerio y nadie entiende por qué desde la fundación macrista Pensar, de Río Negro, se impulsaron las acciones judiciales contra el tarifazo.
También la UCR atacó a Aranguren desde Santa Cruz.
Encima hay holdings petroleros locales que aprovechan para empujarlo.
Existen empresarios que no lo quieren en el ministerio.
En la Unión Industrial se sigue todo en silencio, pero con preocupación.
Los hombres de negocios saben que no hay gas en Argentina y que eso va a congelar aún más la actividad en el invierno.
También en la UIA reclaman porque –después de un semestre– no existe un Plan de Energía para convocar inversiones y superar la crisis que dejó De Vido.
Por eso no pasó inadvertida la designación de Ricardo Darré en YPF. El flamante CEO tendrá que revertir la actual parálisis de la petrolera y enfrentar un serio problema que hereda: la deuda de YPF supera el valor de la compañía.
En el camino dejó atrás las aspiraciones de Daniel González, quien era CEO interino”.
González tenía el padrinazgo del poderoso Mario Quintana, pero estaba objetado por dos cuestiones: fue autor de la oscura trama financiera del acuerdo con Chevron y responsable de sobreendeudar a YPF.
Existe una desobediencia a la Corte Suprema por el tema Chevron.
Pero en tribunales la atención ahora está vinculada a un pedido formal de Washington que involucra a Julio De Vido.
Clarín confirmó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos remitió en forma secreta y confidencial un pedido a los juzgados federales de Argentina.
El texto fue firmado por la directora de Asuntos Internacionales Mary Rodríguez y su segunda Teresita Mutton.
Tiene fecha del 21 de enero y su categoría es “ultra confidencial.”
El requerimiento ingresó a través del Ministerio de Justicia y en su texto de ocho carillas incluye pedido de información, testimonios y documentos referidos a la investigación judicial sobre De Vido, la firma British Petroleum, su socio PAE y la sociedad de Bolsa Epsilon. EE.UU. también solicita que la Justicia argentina haga nuevas acciones de investigación.
Todas están centradas en la financiera Epsilon.
La investigación, como adelantó Clarín el 29/03/14, la inició la Securities and Exchange Commission y supone un eventual pago de coimas por parte de la inglesa BP a través de Epsilon al ex ministro de Planificación.
Por eso el reclamo se titula “Investigación de BP PLC”.
Este diario consultó a la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de EE.UU. No hubo comentarios desde Washington El pedido de información se hace en el marco del acuerdo bilateral sobre el Convenio de Lucha contra la Corrupción.
Es de la sección Fraude del Departamento de Justicia, junto a la SEC y el FBI.
Los tres exigen absoluta confidencialidad.
El urticante reclamo provocó este miércoles un encuentro secreto entre el ministro de Justicia, Germán Garavano, y juez Rodolfo Canicoba Corral Canicoba sostiene que la SEC no llegó aún a ninguna conclusión en su investigación y por eso quiere los datos de Argentina para mantener abierta la pesquisa.
También le comunicó al ministro que es difícil cumplir con el pedido.
Canicoba aduce una cuestión: cada acción que exige EE.UU. él debe incorporarla a la causa y en ese acto dejaría de ser confidencial como lo plantea el Departamento de Justicia.
La brasa arde. Y Garavano debe dar una respuesta.
fuente
"Clarin.com", 10.06.2016
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