MENDOZA: PROFESIONALES TRUCHOS
- Domingo, 5 de junio de 2016
Denuncian a dos profesionales “truchos” en Seguridad
Uno se hacía pasar por ingeniero y manejó datos de Inteligencia Criminal. Otro, decía ser abogado.
Cinthia Olivera
Cuando la gestión radical entró al Ministerio de Seguridad revisó los documentos del personal, muchos de los cuales son de acceso público.
Entre el personal que quedó de las anteriores gestiones, habían dos personas con títulos falsificados y que cumplieron tareas fundamentales.
Se trata de un abogado y un informático “trucho”, que llegaron cuando el justicialista Carlos Aranda era el ministro de Seguridad de la gestión de Celso Jaque.
Ambos se quedaron durante todo el período de Francisco Pérez.
El primero fue un asesor letrado que firmó 1.700 dictámenes legales, los cuales hoy carecen de validez.
El falsificador es acusado de defraudación al Estado por $ 1,5 millón.
El segundo caso (y más preocupante), es el de un supuesto ingeniero que falsificó su título y su analítico, y tuvo en sus manos el sistema informático de la Dirección de Inteligencia Criminal.
En el mejor de los escenarios, podría creerse que este informático fue un típico “acomodado” que, sin título, ejerció una tarea clave.
Pero en el peor de los casos, se podría sospechar de un “delincuente” metido en el corazón del sistema policial, un “topo” encargado de realizar servicios de contrainteligencia.
Los dos casos que hoy se investigan (ambos están denunciados ante la Justicia y con sumarios administrativos) tienen como punto en común que, durante los 5 y 6 años en la función pública, lograron sortear todos los mecanismos de control.
Esto eleva la mirada y hace sospechar que, detrás de ellos, hubo complicidades y finalidades políticas.
El “informático” infiltrado
Cuando la gestión que ahora conduce Gianni Venier asumió, se encontró con que en la Dirección de Inteligencia Criminal (DIC) no habían registros de trabajos anteriores.
Esto, junto con otros indicios, obligó a revisar los papeles de Martín Alejandro Meneo, quien se desempeñó en las tareas de “informatización operativa y diseño de sistemas de la Dirección de Inteligencia Criminal”.
La investigación concluyó con que el supuesto ingeniero en Sistemas Informáticos había falsificado su título, además de no haber dejado registro de su trabajo durante casi 6 años.
Meneo ingresó en marzo de 2010, a partir de la solicitud que firmó el comisario Darío Irrutia, quien se vio salpicado por la tragedia de la ruta 7, cuando un camión condujo en contramano y mató a 17 personas.
La designación de Meneo fue aceptada por Aranda y su contratación sobrevivió a la gestión de Leonardo Comperatore.
Ambos, responden al ex vicegobernador y ex ministro del área, Carlos Ciurca.
Meneo es investigado por haber falsificado su título y su analítico, en el que consignó un promedio de 9,17.
Otra irregularidad es que su contratación fue por $ 1.500, un salario considerado bajo para la contratación de un ingeniero.
Lo que llamó la atención es que, en su currículum, Meneo aseguró haberse recibido en 2004 de ingeniero y, a su vez, de licenciado en Administración de Empresas.
Atentos a esto, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) revisó los documentos e informó que el analítico era falso y que hasta contenía errores.
También constató que su número de matrícula correspondía a una generación que se recibió hace 30 años, que las firmas no pertenecían a las autoridades y que no había registro de su paso por la Casa de Estudios.
Meneo tuvo en sus manos el acceso a la información operativa de todos los agentes de inteligencia y de la Policía, tanto de las gestiones anteriores como de la actual.
Incluso, quiénes son los agentes, cómo están compuestas sus familias, dónde viven y hasta sus caras.
Además, el seguimiento que se hace sobre cualquier persona o banda, la posibilidad de acceder a escuchas y toda la información que hace a la investigación policial.
Pero las irregularidades no sólo están en lo formal por su designación sino en lo funcional.
Según se constató, no había registro de trabajos anteriores en la DIC.
Esto disparó la investigación y las sospechas apuntaron a que hubo una intencionalidad de sostener a una persona que durante 6 años no dejó registro de trabajo.
En este sentido, se cree que fue contratado justamente para realizar operaciones de contrainteligencia o, como suele considerarse en el mundo policial, un “informante blanqueado con un contrato”.
Al momento de iniciarse este sumario, Meneo, que se encontraba contratado y en el cronograma de pase a planta, renunció.
El ex “informático” es acusado por defraudación al Estado por $ 500 mil, en concepto de los sueldos que cobró, aunque la preocupación mayor pasa por la función que pudo haber tenido allí.
“Abogado” flojo de papeles
Este segundo caso implicó una mayor defraudación que la anterior.
Cuando Alfredo Cornejo asumió, quitó las mayores dedicaciones a los estatales.
Sin ese beneficio y con el reclamo en mano, el hasta entonces “Dr.” Ángel Sebastián Cotta solicitó el pago de la dedicación exclusiva, que significa el 50% más de su sueldo.
Pero fue en este trámite que se constató que no consignaba su matrícula de abogado, justamente, porque no la tenía.
Luego se supo que sólo cursó 11 materias en la UNCuyo.
Cotta ingresó a mediados de 2011 para cumplir tareas como “asesor letrado” en el ministerio.
Su cargo requirió la máxima categoría (clase 13) y mayor dedicación.
El entonces “abogado” fue oficializado en el decreto 1.350 de agosto de 2011.
En su paso tanto por la gestión de Jaque como de Pérez, Cotta firmó, sin ser abogado, 1.700 dictámenes en el Ministerio.
Tras ser descubierto el engaño, los documentos quedaron sin validez.
Entre estos hay licitaciones.
Si bien todos estos actos existen a los efectos legales y administrativos, quienes se vean afectados podrían pedir la revisión del acto en cuestión.
A su vez, el número de identificación profesional que usó en alguna oportunidad no le corresponde.
Esto significa que hubo “falsificación de instrumento público”.
La situación ya fue notificada al Colegio de Abogados.
La Universidad de Mendoza certificó que Cotta “realizó, en el ciclo lectivo 2014-2015”, el trámite de ingreso, el cual nunca cumplimentó conforme las normas académicas reglamentarias”.
En el documento de la UM, se dejó constancia que en su inscripción presentó 11 materias aprobadas en la Universidad Nacional de Cuyo, pero que luego de eso no tuvo actividad académica.
A partir de la investigación fue suspendido, sumariado y denunciado.
Por el salario mal percibido, Cotta debería devolver $ 1.500.000.
fuente
"Los Andes", 05.06.2016
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