LÓPEZ... PERO CRISTÓBAL... INHIBIDO
Un juez inhibió bienes del Hipódromo y de Cristóbal López
Se complica la situación judicial del empresario K.
Lo dispuso el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño Martín Converset.
La medida también habilita a la Ciudad a cobrar impuestos al juego.
El juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño Martín Converset decretó ayer la inhibición general de bienes de las empresas que se unieron durante el kirchnerismo para explotar las máquinas tragamonedas de Palermo y de la UJnión Transitoria de Empresas (UTE) conformada a tal efecto.
Se trata de Hipódromo Argentino de Palermo S.A. (HAPSA) y Casino Club S.A., al menos hasta la semana pasada propiedad en parte del patagónico Cristóbal López, quien dijo que se retiraría del negocio del juego.
La medida fue solicitada por el Gobierno porteño, con intervención de la Procuración General de la Ciudad, y tiene como objetivo garantizar el cobro de casi dos millones de pesos reclamados por el impuesto sobre los ingresos brutos de los últimos cinco años que HAPSA logró evitar pagar a través de una vieja medida cautelar de la Justicia federal.
Converset citó jurisprudencia del Tribunal Superior de la Ciudad y de la Corte Suprema nacional para reivindicar la facultad de la Ciudad para cobrar estos impuestos, además de la Constitución Nacional y la de la Ciudad.
"Las cuestiones atinentes a los juegos de azar resultan ser materia propia y exclusiva de las jurisdicciones locales y, en el caso de examen, de la ciudad de Buenos Aires, quien cuenta con el poder de imposición tributaria sobre dicha actividad", sostuvo Converset.
En esta "·contracautelar" el juez porteño incluyó a la UTE que HAPSA conforma con Casino Club.
La inhibición general de bienes implica que ni la UTE ni las dos firmas que la conforman podrán realizar acciones que signifiquen una disminución de sus patrimonios, como vender propiedades o retirar dinero.
Como los bienes no fueron señalados en la demanda, ahora los abogados del Gobierno porteño deberán identificarlos para eventualmente proceder luego a través de la Justicia para embargarlos.
Una fuente cercana a los dueños del Hipódromo dijo a Clarín que "la UTE no tiene nada" pese a que sí posee Clave Unica de Identificación Bancaria (CUIT), "30-70820805-8", según consta en la resolución conocida ayer de fuentes judiciales.
"A fin de concretar la medida, la Administración deberá individualizar, previamente, los registros respecto de los cuales pretende que ésta se haga efectiva", añadió el juez luego de ordenar la inhibición.
Es decir, la pelota está ahora del lado de los abogados del Gobierno porteño.
Una inhibición general de bienes implica, por ejemplo, el bloqueo de todas las cuentas bancarias que estén a nombre de esa UTE con ese CUIT o de las dos firmas que la conforman.
Una fuente judicial consultada por Clarín pero ajena a la causa dijo que bien se podría haber ordenado embargar las ganancias del Casino de Palermo.
Pero dada la cautelar vigente a favor del Hipódromo y dictada en 2005, seguramente se genere un largo y engorroso conflicto judicial sobre la competencia de qué fuero interviene: si el contencioso porteño o el contencioso federal.
La discusión judicial que dio en 2005 López, uno de los empresarios más identificados con el kirchnerismo y conocido como "el zar del juego", fue, según fuentes del Hipódromo, justamente esa: la incompetencia porteña para cobrarle impuestos dada la inconclusa transferencia de competencias de la Nación a la Ciudad luego de la autonomía de hace dos décadas.
Y los voceros del Hipódromo interpretan en ese sentido que el propio presidente Mauricio Macri les dio la razón al firmar el 3 de junio el decreto 743/16, donde instruyó a los representantes de Lotería a acordar con los del Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad en un plazo de 120 días "un cronograma de trabajo para perfeccionar la asunción de competencias en la materia por parte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
La ofensiva del Gobierno porteño, iniciada con las inspecciones realizadas el mes pasado en las salas de juego relacionadas con López en la Ciudad, es similar a la que desde principios de año llevó a cabo el Gobierno nacional para conseguir, por ejemplo, el cobro de casi 8 mil millones de pesos adeudados por Oil Combustibles en impuestos de ese sector.
El Gobierno nacional, a través de la AFIP, pidió y logró en ese caso una medida cautelar similar, por parte de la Justicia Federal, para evitar el desmembramiento del llamado Grupo Indalo, que nuclea a todas las otras empresas del "zar del juego", y que ello significara un vaciamiento de recursos de Oil.
Esa demanda está ahora en discusión en la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.
fuente
"Clarin.com", 14.06.2016
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