En Concepción, Tucumán, el intendente está atrincherado y "sitiado por punteros kirchneristas"
"Tengo la municipalidad sitiada por el fuego", denunció esta mañana Roberto Sánchez, del espacio opositor Cambiemos, quien cargó contra "punteros kirchneristas" que responderían a la gestión anterior. Concepción cuenta con casi 50.000 habitantes y está a 74 kilómetros de San Miguel de Tucumán.Sánchez asumió el sábado pasado y ayer decidió frenar la designación en planta de cientos de personas que habrían sido contratadas por su antecesor, Osvaldo Morelli. Según denunció, en los últimos años la planta municipal llegó a 1070 personas, casi el doble de las que había.
"Algunos trabajaban como contratados y otros fueron netamente punteros. Trabajaban un día y cobraban todo el mes.
Nosotros les propusimos que sólo le renovaremos a los que realmente trabajaban, pero están muy intransigentes", contó Sánchez en diálogo con radio Continental.
Culpó por los incidentes a "una barra brava mandada por el ex intendente [Osvaldo] Morelli, dirigida por él" y dijo que anoche también se quemaron neumáticos en la puerta de la casa de su familia.
Tucumán ya vivió episodios de violencia en las últimas elecciones provinciales. El 23 de agosto pasado se quemaron urnas en las localidades de Sargento Moya, Los Ralos y San Pablo que obligaron a suspender el recuento de los votos en unas 40 meses. En la provincia gobierna desde el 29 de octubre pasado el ex ministro kirchnerista Juan Manzur, quien reemplazó a José Alperovich.
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"La Nación", 10.11.2015
- Martes, 10 de noviembre de 2015
Suman datos clave a la denuncia contra Lobos
Una auditoría revela contrataciones irregulares de empresas para obras. Piden imputación y detención del intendente y funcionarios.
Es un informe que llegó “por debajo de la puerta” a manos del concejal Federico Telera, querellante en la causa iniciada hace ya un año en la Fiscalía de Delitos Complejos que conduce Daniel Carniello, en el cual se detalla una auditoría para el ciclo 2014-15 elaborada por el Tribunal de Cuentas, donde se corroboran irregularidades “por más de $5,5 millones”.
Según el informe, en Guaymallén se hicieron este año contrataciones, a través de licitaciones, de forma ilegal. “Se hicieron con 4 o 5 empresas, entre las que se destacan Da Passano y Freeway”, resaltó Telera, que reconoció que esas empresas trabajan “desde hace muchos años” con el municipio, pero como el dato es de este último año, “se puede pensar en un rojo de decenas de millones de pesos”, del que no hay muchos más detalles.
Uno de los abogados del FIT, Carlos Varela, dijo que junto a Lobos hay varios integrantes de su gabinete involucrados en los actos desleales, que conforman “una verdadera asociación ilícita”.
Entre ellos se menciona al secretario de Obras, Federico Sampieri, uno de los principales apuntados. También aparecen la contadora general de la comuna, Matilde Musotto; el director de Servicios Públicos, Rubén Carrera; el de Espacios Verdes, Carlos González; el de Obras Municipales, Daniel Adobe, y su subdirector, Daniel Magallanes.
“Son los responsables que nombra la auditoría”, dijo Varela, añadiendo que también aparecen la esposa de Lobos, Claudia Sgró; el secretario de Gobierno, Juan Kohn, y el jefe de Compras, Enrique Giordano, y los empresarios Natalio y Sergio Da Passano, de Freeway.
El abogado explicó que el Tribunal de Cuentas, con ese informe, encarará un “juicio parcial de cuentas”, instancia relacionada con lo administrativo que puede ser llevada a lo penal. Pero a su entender, eso derivaría el proceso “recién para enero de 2016”, es decir, cuando Lobos y su equipo ya no sean funcionarios. “Por eso pedimos ahora la imputación y detención, para evitar la eliminación de pruebas o que se fuguen”, añadió.
Otro abogado, Lucas Fallet, explicó las faltas que la auditoría develó. “La primera es la ausencia de un comité de preadjudicación”, dijo, en relación a la formación de un cuerpo para transparentar cualquier proceso licitatorio. “Sólo Sampieri era el filtro”, denunció.
También se habla de falsificación de firmas. “Se presentan empresas con nombres de fantasía diversos, en donde firma siempre la misma persona, que es Da Passano”, indicó Fallet, que denunció además “eliminación de comprobantes”, lo que se corrobora en la auditoría “con lo dicho por personas que eliminaron las pruebas”. Finalmente “hubo sobrefacturación”, aseguró.
Más allá de esta ampliación de denuncia, Telera y los abogados se mostraron contrariados con la actitud de Carniello, quien a su entender “ha obstaculizado” la causa. El fiscal reconoció demoras de una investigación “farragosa”, pero señaló que con esta auditoría “se ve algo distinto” y por eso aseguró que “se abrirá una causa nueva”, aunque en principio desestimó la posibilidad de que Lobos y su equipo puedan ser privados de libertad por el momento.
Mientras tanto, Los Andes, que intentó comunicarse con Lobos y sus funcionarios infructuosamente, confirmó que además de esta nueva causa, hay otro pedido de imputación contra el intendente y Sampieri “por fraude y enriquecimiento ilícito”, que los involucra con una empresa constructora y que se suma a las causas en su contra.
Todos contra “la cooperativa”
“Sabemos que esta asociación ilícita viene de hace años y en ella están involucrados los partidos principales como el PJ, la UCR y el PD”, resaltó el diputado Héctor Fresina (FIT), que acompañó a Telera en la presentación. Ambos coincidieron en llamar al grupo “la cooperativa de beneficios mutuos de Guaymallén”.
También lo hablaron con el futuro intendente, el radical Marcelino Iglesias. “Él ha dicho estar en contra de la cooperativa”, aseguraron e informaron que han pedido datos antiguos: “Queremos conocer los documentos contables de años anteriores”.
Iglesias, que ha hecho públicas sus denuncias contra Lobos, no sólo coincidió con las imputaciones de Telera, sino que también le pidió premura a Carniello: “El fiscal no ha hecho mucho hasta ahora. Es hora de que la Justicia actúe”.
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"Los Andes", 10.11.2015
Sube la tensión en Luján: votan interpelar al intendente López Puelles
Intentan que el jefe comunal y varios de sus funcionarios expliquen por qué se llegó al descalabro de la actualidad. Desde Hacienda del Municipio dicen que son $30 millones lo que debe Mendoza por coparticipación.Aunque les explicó una y otra vez que Mendoza no enviaba la coparticipación como correspondía –suma $30 millones lo que deberían haber recibido para hacer frente a sueldos y pago de otros servicios–, los trabajadores no se calmaban. Entre gritos, las acusaciones cruzadas sobre quién era el más ñoqui de todos los presentes perduraron hasta pasadas las 13.
La protesta comenzó a primera hora de la mañana del jueves con quemas de gomas y basura, más un intento de cortar todos los accesos al edificio municipal para impedir que el resto de los empleados cumplieran sus funciones.
Pero con el músculo atento por los hechos de los días anteriores, las autoridades acudieron a la policía para impedir el corte y todo el grupo de manifestantes se encerró en el edificio que ocupa Hacienda, dejando sin atención al público.
Mientras tanto, en el Concejo los ediles acababan de votar la interpelación para el intendente, y no faltó quien relacionara este hecho con la falta de pago de los sueldos.
Daniel Prado, secretario de Concejo para el bloque PD-PRO, explicó que “hace tres meses que no cobramos, y no fuimos incluidos en la partida de los salarios abonados el martes supuestamente porque el Concejo debería tener autonomía con su partida presupuestaria, pero eso no sucede así”.
Valeria Gatica, asesora del bloque, explicó que “en el mes de setiembre nos pagaron julio. Agosto, septiembre y octubre, todavía no. Pero ya cobraron todos los del Ejecutivo. Lo que no podemos entender es por qué no cobramos cuando acá en Rentas se recaudan todos los días 60 mil pesos. ¿Y cómo es que nos emiten el bono de sueldo y no nos pagan. Será para mostrar que no tienen rojo?”.
Silvana Garritano, del bloque PD, indicó: “Tengo alquileres atrasados, tarjeta, seguro del auto, de la casa, a los niños que no se les puede pagar el jardín, hay gente que ya ha sufrido desalojos. Todo esto es porque se ha votado en el Concejo la interpelación al intendente para que dé explicaciones sobre la situación del Municipio”.
“El intendente sale a los medios diciendo que no hay problemas, que se recolecta, que no hay tantas deudas y no es esa la realidad de Luján, lo vemos todos los días los que vivimos acá”, dijo Carina Sosa, otra de las empleadas el Concejo.
En tanto, el “invisible” intendente Carlos López Puelles partió a Casa de Gobierno, donde buscaba alguna respuesta, y ahí la dura realidad le dio otro portazo. Hasta el lunes no habrá noticias concretas de cómo y cuándo zanjar toda la deuda o parte de ella.
Desde la Secretaría de Gobierno de la Comuna detallaron que la nómina de planta permanente es la que cubre como agente financiero el banco Superville, es decir aquellas categorías que van de la A a la I. Esto suma $20 millones, mientras que los funcionarios requieren $800 mil entre todos, y otros $3, 5 millones los empleados del Concejo Deliberante. Como se ve, no era tanto el dinero que iba a solicitar el intendente, pero por ahora desde la Provincia no hay plata para nadie.
La interpelación votada es para que el intendente y varios funcionarios respondan por qué no salen los camiones y por qué no pagan el resto de los servicios. Los afectados aseguran que desde hace meses bregan para que se diga la verdad de lo que sucede.
{Ver entrada del 13.10.2015 "Temblores y crujidos por el Oeste}
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