DIVISIÓN DE PODERES, FEDERALISMO... LA LUZ DE UN FOSFORO FUE
- Domingo, 22 de noviembre de 2015
Fuerte enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y la Justicia
Comenzó con la decisión sobre la constitucionalidad de la Ley de Medios. También ayudó el procesamiento del vicepresidente Boudou y la causa Hotesur.
Redacción LA
La vocación hegemónica que tuvo el kirchnerismo en el
ejercicio del poder deja como saldo un país con instituciones envueltas
en un clima de franca confrontación. La tensión más evidente es la que
se da entre el gobierno saliente y la Justicia (con un sector
mayoritario de ella).
Esta pelea comenzó cuando el kirchnerismo empezó a presionar para que se declarara constitucional la Ley de Medios, algo que sucedió en 2013 luego de cuatro años de disputas judiciales.
Pero tomó cada vez más fuerza a partir de los intentos de “democratizar” el Poder Judicial cambiando -por segunda vez en menos de una década- la composición del Consejo de la Magistratura e intentando que los representantes de abogados, jueces y académicos se eligieran por voto popular. La Corte Suprema rechazó esa avanzada con un fallo histórico de junio de ese mismo año, lo que impidió al oficialismo acceder al control total de las decisiones del Consejo de la Magistratura.
Recientemente la Corte declaró también inconstitucional la Ley de Subrogancias, otra maniobra K para poner a cargo de juzgados a conjueces -abogados o secretarios judiciales- amigos de la Casa Rosada.
Además, el Máximo Tribunal obligó a YPF a dar a conocer las causas secretas del convenio que firmó con la norteamericana Chevron para explotar Vaca Muerta.
Es por esto que la integración de la Corte será un tema crucial para el próximo gobierno. Habrá dos vacantes (sobre cinco cargos) a ser llenadas y los nombres que proponga el presidente que hoy sea electo deberán contentar a todos los partidos, en especial al kirchnerismo ya que tendrá poder de bloqueo en el Senado, cámara que controlará holgadamente. Ni Scioli ni Macri dijeron qué harán con los pliegos de
Domingo Sesín y Eugenio Sarrabayrouse, que Cristina Fernández envió hace pocas semanas para incomodar a su sucesor.
La colonización que llevó adelante el kirchnerismo en los últimos cuatro años motivó incluso la creación de una corriente interna dentro del Poder Judicial llamada “Justicia Legítima” que lidera la procuradora Alejandra Gils Carbó. La jefa de los fiscales federales está en la mira de Macri si llega a la Presidencia, pero la abogada tiene intangibilidad en su cargo hasta que se jubile, salvo que se la someta a un juicio político en el Congreso, donde la actual oposición está lejos de reunir los dos tercios necesarios para destituirla.
Al acecho
Tres causas marcan el tenor del enfrentamiento que el kirchnerismo mantiene con el Poder Judicial y que, tras su salida del poder, tendrán -coinciden todas las fuentes tribunalicias- más rápida resolución. La primera es el procesamiento del vicepresidente Amado Boudou, quien está sindicado de haber comprado ilegalmente, a través de testaferros, la calcográfica Ciccone, la única empresa que podía imprimir billetes en Argentina y hacer negocios con el Estado. Se descuenta que Boudou deberá enfrentar el año entrante un complejo juicio oral.
La segunda causa es la que investiga el posible lavado de dinero en la firma Hotesur, que maneja el hijo de la Presidenta y actual diputado electo, Máximo Kirchner.
Por último, es de vital importancia para la mandataria saliente que la Justicia no declare inconstitucional el Tratado de Entendimiento con Irán en torno a la causa AMIA. Si la Cámara de Casación así lo hace y el tema llega a la Corte Suprema, es posible que un sector influyente de la magistratura exija que se reactive la denuncia que realizó el fallecido fiscal Alberto Nisman contra el Gobierno, que fue velozmente archivada a principios de año.
Corrupción y reforma electoral
Los partidos que unidos o por separado enfrentaron al kirchnerismo en las urnas tienen en común una agenda anti-corrupción y la exigencia de que en el próximo año el Congreso se apreste a realizar una reforma del sistema de votación para modernizarlo y hacerlo menos permeable al fraude.
El primero de estos temas será posible de llevar a la práctica sólo si hoy gana Macri, pero el segundo, la reforma política, cuenta con el beneplácito de Scioli quien, tras la crisis política que se desató tras la elección provincial en Tucumán, se comprometió a impulsarlo en su eventual presidencia.
fuente
"Los Andes", 22.11.2015
Esta pelea comenzó cuando el kirchnerismo empezó a presionar para que se declarara constitucional la Ley de Medios, algo que sucedió en 2013 luego de cuatro años de disputas judiciales.
Pero tomó cada vez más fuerza a partir de los intentos de “democratizar” el Poder Judicial cambiando -por segunda vez en menos de una década- la composición del Consejo de la Magistratura e intentando que los representantes de abogados, jueces y académicos se eligieran por voto popular. La Corte Suprema rechazó esa avanzada con un fallo histórico de junio de ese mismo año, lo que impidió al oficialismo acceder al control total de las decisiones del Consejo de la Magistratura.
Recientemente la Corte declaró también inconstitucional la Ley de Subrogancias, otra maniobra K para poner a cargo de juzgados a conjueces -abogados o secretarios judiciales- amigos de la Casa Rosada.
Además, el Máximo Tribunal obligó a YPF a dar a conocer las causas secretas del convenio que firmó con la norteamericana Chevron para explotar Vaca Muerta.
Es por esto que la integración de la Corte será un tema crucial para el próximo gobierno. Habrá dos vacantes (sobre cinco cargos) a ser llenadas y los nombres que proponga el presidente que hoy sea electo deberán contentar a todos los partidos, en especial al kirchnerismo ya que tendrá poder de bloqueo en el Senado, cámara que controlará holgadamente. Ni Scioli ni Macri dijeron qué harán con los pliegos de
Domingo Sesín y Eugenio Sarrabayrouse, que Cristina Fernández envió hace pocas semanas para incomodar a su sucesor.
La colonización que llevó adelante el kirchnerismo en los últimos cuatro años motivó incluso la creación de una corriente interna dentro del Poder Judicial llamada “Justicia Legítima” que lidera la procuradora Alejandra Gils Carbó. La jefa de los fiscales federales está en la mira de Macri si llega a la Presidencia, pero la abogada tiene intangibilidad en su cargo hasta que se jubile, salvo que se la someta a un juicio político en el Congreso, donde la actual oposición está lejos de reunir los dos tercios necesarios para destituirla.
Al acecho
Tres causas marcan el tenor del enfrentamiento que el kirchnerismo mantiene con el Poder Judicial y que, tras su salida del poder, tendrán -coinciden todas las fuentes tribunalicias- más rápida resolución. La primera es el procesamiento del vicepresidente Amado Boudou, quien está sindicado de haber comprado ilegalmente, a través de testaferros, la calcográfica Ciccone, la única empresa que podía imprimir billetes en Argentina y hacer negocios con el Estado. Se descuenta que Boudou deberá enfrentar el año entrante un complejo juicio oral.
La segunda causa es la que investiga el posible lavado de dinero en la firma Hotesur, que maneja el hijo de la Presidenta y actual diputado electo, Máximo Kirchner.
Por último, es de vital importancia para la mandataria saliente que la Justicia no declare inconstitucional el Tratado de Entendimiento con Irán en torno a la causa AMIA. Si la Cámara de Casación así lo hace y el tema llega a la Corte Suprema, es posible que un sector influyente de la magistratura exija que se reactive la denuncia que realizó el fallecido fiscal Alberto Nisman contra el Gobierno, que fue velozmente archivada a principios de año.
Corrupción y reforma electoral
Los partidos que unidos o por separado enfrentaron al kirchnerismo en las urnas tienen en común una agenda anti-corrupción y la exigencia de que en el próximo año el Congreso se apreste a realizar una reforma del sistema de votación para modernizarlo y hacerlo menos permeable al fraude.
El primero de estos temas será posible de llevar a la práctica sólo si hoy gana Macri, pero el segundo, la reforma política, cuenta con el beneplácito de Scioli quien, tras la crisis política que se desató tras la elección provincial en Tucumán, se comprometió a impulsarlo en su eventual presidencia.
fuente
"Los Andes", 22.11.2015
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