Denuncian desmanejos de Cattáneo en la Cooperadora
16-11-2015 - Nadie sabe en qué se gastan los $2,5 millones de que dispone para las escuelas de boxeo.
Una auditoria reveló, en 2012, serias irregularidades en la institución asistencialista de la capital.En medio del escándalo nacional por la amenaza de boicot del presidente de la Cooperadora Asistencial de Salta, Eduardo Cattáneo, quien manifestó que el intendente electo, Gustavo Sáenz, no asumiría si él se lo proponía, surgieron denuncias sobre desvíos de recursos de un sector sensible que maneja el funcionario: el boxeo.
Con un presupuesto anual de $2,5 millones, la institución asistencialista se encarga de las escuelas municipales de boxeo.
La falta de claridad en el destino que se le da a ese monto millonario indigna a promotores y entrenadores pugilísticos, quienes ven cómo se retacean recursos para los gimnasios auspiciados por la Cooperadora.
Guantes, guantines, cabezales, protectores inguinales, bolsas de boxeo y otros elementos para la práctica del deporte de los puños llegan a cuentagotas a las escuelas de la comuna y la calidad de los mismos deja mucho que desear, según aseguraron algunos de los habitués de los centros de entrenamiento consultados por este medio.
La concejal Romina Arroyo, quien además es árbitro de boxeo, advirtió, en marzo de este año, sobre la falta de pago de honorarios (de apenas mil pesos) a los entrenadores de los gimnasios municipales y la escasez de elementos para los boxeadores.
¿Adónde van a parar los fondos de las escuelas de boxeo? ¿Cómo se rinden y quién los controla? Fueron los planteos que hizo la edil en un pedido de informe, que se respondió sin precisiones.
Enroque de millones
La iniciativa de las escuelas de boxeo comenzó en 2003 y, paulatinamente, se conformaron 39 de estos centros que funcionan en complejos municipales, centros vecinales y edificios barriales. La Cooperadora estaba a cargo de organizar las actividades en las escuelas hasta octubre de 2014, cuando el Concejo Deliberante, mediante ordenanza, otorgó el manejo y asignó un presupuesto a la Secretaría de Acción Social de la Municipalidad, donde Eduardo Cattáneo también es subsecretario.
Esas condiciones duraron poco. Días después del pedido de informe de la concejal Arroyo, el Ejecutivo municipal devolvió el boxeo, con los fondos de la comuna, a la Cooperadora Asistencial. El convenio quedó ratificado con el decreto 400, publicado el 16 de marzo pasado en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Salta. ¿Fue una maniobra para que el control de los recursos escape de la órbita del Concejo Deliberante? En definitiva, Cattáneo siempre estuvo a cargo de los gimnasios de la comuna.
Una pelea cara
Las luces de alerta sobre manejos oscuros de la Cooperadora Asistencial en el ámbito del boxeo se prendieron tras una pelea que fue considerada un papelón por periodistas especializados.
El 8 de junio de 2012, el peso pesado Fabio "La Mole" Moli enfrentó, en el estadio Delmi, a Ezequiel "Chiquito" Zárate, un rival con un nivel boxístico muy por debajo del mediático cordobés. La velada, que fue organizada por el promotor porteño Alberto Gómez y la Dirección de Escuelas Municipales de Boxeo, tuvo un costo que superó ampliamente los números que se estipulaban en aquel tiempo.
Para llevar adelante la pelea, se desembolsaron $400.000, que la Cooperadora Asistencial y la Provincia dispusieron en partes iguales, según revelaron fuentes cercanas a las escuelas de boxeo, pero, de acuerdo a los mismos testimonios, la organización del evento costó cerca de $100.000.
Con parte de ese dinero se pagó el cachet de La Mole Moli y de su devaluado contrincante, que en un primer momento iba a ser el reconocido boxeador brasileño George Arias, a quien luego se lo reemplazó por Gonzalo "Patón" Basile y finalmente quedó como rival Zárate, quien fue despachado con un nocáut en el octavo round.
El estudio abarca desde el 2007 al 2009, cuando la presidenta de la Cooperadora era Ivette Dousset. Develó un descontrol absoluto en la entrega de ayudas sociales. Se descubrieron faltas en los llamados a licitación y contrataciones directas.
Del mismo modo, se observaron órdenes de pago sin firma de autorización ni datos del beneficiario. Tampoco se llevó un control estricto sobre el uso de los vehículos oficiales. Se entregaron bolsones alimentarios, colchones y cuchetas sin registrar los nombres de los beneficiarios ni la justificación de la ayuda social. La distribución de subsidios presentó, asimismo, sospechosos manejos por la falta de justificación de los mismos.
Con todo, llama la atención que desde el 2009 no se haya realizado otra auditoría, para establecer si es que se corrigieron las irregularidades.
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