- Viernes, 1 de abril de 2016
La Nación pide ser querellante en la causa Hotesur
Redacción LA
La Oficina Anticorrupción (OA) solicitó al juez federal Daniel Rafecas que la admita como parte querellante en la denominada “causa Hotesur”, en que se investiga a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su entorno familiar.
“Es relevante ser querellante en esta causa dado que se investiga la eventual responsabilidad de la ex presidente y al ex ministro de Justicia Julio Alak y otros funcionarios de la Inspección General de Justicia (IGJ)”, consignó el ente que depende del Ministerio de Justicia de la Nación en un comunicado.
Desde la IGJ, agregó, se le habría permitido a Hotesur SA “permanecer sin presentar sus balances de los años 2011 a 2013, y sin registrar ni un solo documento societario en orden a la integración de sus órganos de dirección y demás autoridades desde 2009 a 2013 inclusive”.
La OA hizo foco en las declaraciones juradas de 2011 a 2013 de la ex jefa de Estado porque “justifica parte de sus ingresos mediante créditos de la firma Hotesur, práctica que podría reducirse a una modalidad de autopréstamo, que podría pretender disimular un aumento patrimonial injustificado”.
Puntualizó sus sospechas sobre “omisiones e inconsistencias” en las declaraciones juradas con respecto a “cuatro inmuebles y dos locales en Río Gallegos, y seis terrenos y dos locales en El Calafate y una deuda con Hotesur”.
“En este caso, la investigación no debe limitarse a la verificación de la correspondencia técnica en la declaración y su ajuste formal a la norma, sino que se debe establecer si esas irregularidades no evidencian, en realidad, asientos falsos o sobredimensionados, destinados a justificar un incremento patrimonial ilícito”, destacó.
También subrayó las “relaciones aparentemente comerciales pero sustancialmente ilícitas” -según se denunció- que vincularon a Néstor Kirchner y Cristina Fernández con los empresarios Lázaro Báez, Juan Carlos Relats y Cristóbal López.
“En todos los casos, con sus particularidades, se trata del alquiler total o parcial de los Hoteles Alto Calafate, Las Dunas, La Aldea, y El Retorno a empresas que pertenecen o están vinculadas a empresarios beneficiarios de licitaciones de obra pública”, añadió.
fuente
"Los Andes", 01.04.2016
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