ABUELOS Y GERIÁTRICOS
UNA POSTAL DEL AÑO 2000
¿EN LA ACTUALIDAD CÓMO ESTAMOS?
OTRA CARA DE LA DEUDA INTERNA
EQUIPO DE INVESTIGACION CLARIN / ABUSO DE MAYORES: PRIMERA NOTA / UN
NEGOCIO QUE MUEVE MAS DE 1.000 MILLONES AL AÑO
Geriátricos, la dura realidad de un mundo sin reglas ni controles
En la argentina hay 6.000 geriátricos.
Funcionan sin una ley común que exija calidad y establezca controles y penas para los que no cumplen.
Es el espejo de un país que descuida a sus ancianos.
LUCAS GUAGNIN
Geriátricos, la dura realidad de un mundo sin reglas ni controles
En la argentina hay 6.000 geriátricos.
Funcionan sin una ley común que exija calidad y establezca controles y penas para los que no cumplen.
Es el espejo de un país que descuida a sus ancianos.
LUCAS GUAGNIN
El porrazo no pareció tan fuerte. Pero Juana decidió gritar hasta que alguien
se ocupara de ella y sus 75 años.
Consiguió que la llevaran a la guardia del Hospital Garrahan.
Allí tardaron apenas unos minutos en descubrir que ese puñal que se le clavaba en el hombro no era producto del golpe, ni del calor de diciembre, ni siquiera de la vejez: hacía diez días que tenía su clavícula fracturada sin que nadie se hubiera ocupado de sus quejas.
El caso de Juana es uno de los que llegaron a la Unidad de Contralor de la Ciudad de Buenos Aires, un organismo habilitado para controlar pero inhabilitado para castigar.
Cuando fueron a la calle Brasil a inspeccionar el geriátrico descubrieron que, si bien los libros médicos estaban en regla, firmados cada 15 días, los internados llevaban seis meses sin ser controlados.
"Libros voladores" y "médicos de cartel" es el nombre de esta práctica en la jerga de los geriátricos: el libro se firma rutinariamente con un diagnóstico que se repite, pero nadie revisa a los internados.
En la Argentina hay aproximadamente 2 millones de personas mayores de 70 años, casi el 5% de la población.
Ya no trabajan, aunque en estos tiempos sin alma muchas veces deban ayudar a sus propios hijos desocupados.
La mayoría cobra jubilaciones vergonzosas y pasa privaciones que nadie merece.
Son víctimas de una sociedad que descuida a sus mayores.
Que parece no verlos como lo que son: la bisagra entre cinco generaciones, de un lado quienes fueron sus padres y abuelos, y del otro sus hijos y nietos.
Ellos son los portadores de las tradiciones y la identidad. Y sin ellos, algo de nosotros se pierde.
Muchas familias tienen la suerte de poder cobijar a sus viejos.
Pero en muchas otras los abuelos terminan internados en alguno de los 6.000 geriátricos del país.
Es un destino pocas veces agradable: sin leyes que unifiquen exigencias de calidad y atención, sin presupuesto para ejercer un control eficaz y transparente, en demasiados geriátricos los ancianos corren peligro.
"De casualidad, cuando abrí una carpeta, leo: 'Señores médicos, no se olviden de firmar por la cantidad de horas que exige el PAMI'.
Así como lo vi, me llevé el papel y lo incluí en la auditoría del geriátrico, que era de Flores", cuenta una auditora del PAMI.
—¿A ese geriátrico le quitaron el contrato?
—No, todavía sigo yendo a controlarlo.
La Unidad de Contralor de Geriátricos Privados de la Ciudad —creada luego de que en 1997 un incendio en un geriátrico puso en evidencia el descontrol del sistema— puede sugerir pero no obligar.
Desde su creación se abrió una interna con "los municipales", ya que sus funciones se superponen a la Policía Municipal, Higiene y Control Ambiental e Inspección General, que sí tienen poder para sancionar y también deben controlar los geriátricos.
Otra interna de la Ciudad, entre los que sostienen que los geriátricos deben estar en el área de Acción Social y los que dicen que deben estar en la órbita de Salud, traba la aprobación de una ley actualizada en la Legislatura. La que rige es de 1979.
"No le voy a decir que no pase en ningún establecimiento, pero un médico se expone a que lo acusen de mala praxis si firma un libro sin revisar al paciente. Y los inspectores son estrictos, lo que no quita que pueda haber algún corrupto", afirma Alejandro Barros, dueño de dos geriátricos y presidente de la Federación Argentina de Entidades Gerontológicas.
La provincia de Buenos Aires tiene una ley más actualizada que la de la Ciudad (es de 1990), pero con 100.000 mil camas a ser relevadas por apenas 75 inspectores los controles son difíciles.
"Recibimos denuncias que aseguran que los abuelos internados sólo comen caldos o polenta, son higienizados una vez por semana y cuando pueden moverse los obligan a realizar trabajos auxiliares", cuentan en la Asociación de Trabajadores de Sanidad provincial.
En La Rioja hay un solo geriátrico y está a punto de cerrar.
Por el hueco del ascensor ya cayeron dos ancianos: uno murió y otro sobrevivió de milagro.
Funciona en un ex hotel y lleva el nombre de Hogar Geriátrico S.R.L.
En 1997 la auditoría número 115 del PAMI informó: "Faltan luces de emergencia, defensas al vacío, habilitación de bomberos, plan de evacuación, contrato de emergencias médicas, certificado de mantenimiento de ascensores".
Decía que el turno noche quedaba a cargo de una única asistente para 58 residentes, quien además era cocinera durante el día.
También que faltaba higiene y atención a quienes no podían abastecerse por sus medios.
Pero el geriátrico riojano siguió recibiendo pacientes. En 1998 una nueva auditoría informó: "Continúa la falta total de higiene: hay materia fecal en pisos de pasillos de ingreso y fuertes olores nauseabundos".
Había más: se informaron falta de informes médicos de todo el año y utilización de medicamentos vencidos.
Y el geriátrico siguió recibiendo pacientes.
La auditoría del año pasado dijo: "Se mantienen las falencias detectadas, hay pañales sucios en el pasillo, materiales patológicos en una bolsa transparente sin medi das de bioseguridad".
El geriátrico seguía tramitando la habilitación, seguía con graves problemas de higiene y sin tener un plan de evacuación de emergencias ni permiso de uso de ascensores.
Pero nada cambió y la semana pasada había internados allí 33 ancianos en evidente peligro.
De los 33 internados, 21 son del PAMI, la misma obra social que desde su auditoría detectó las irregularidades.
No solo las condiciones de vida son un tema en este establecimiento.
Por ser uno de los geriátricos que habría recibido un ingreso por paciente de 820 pesos por mes, mayor que los 500 que se pagaban en promedio, el caso está incluido en una causa judicial que lleva el juez Claudio Bonadio.
Allí investigan irregularidades en las contrataciones de la Federación de Geriátricos de la República Argentina (FEGERA).
Fue durante la gestión al frente del PAMI del hoy preso Víctor Alderete.
Alicia Trybalski, nueva subgerente de Prestaciones Sociales del PAMI, asegura que están a punto de dar de baja ese geriátrico.
Como es el único de La Rioja, proyectan reubicar a los ancianos alquilándoles una casa para algunos y llevando a Catamarca al resto, lo que además de revelar la impotencia de la provincia para atender a sus ancianos, terminaría siendo un increíble destierro forzado ejercido contra quienes ya sufrieron demasiado.
Paradójicamente, más de un especialista afirmó que "los geriátricos que atienden PAMI tienen más controles que otros".
Algo que sólo es real cuando los geriátricos en falta no son protegidos políticamente.
Hay provincias en las que ni siquiera existe una ley que regule el sector y establezca una rutina de controles.
Es el caso de La Rioja, Formosa, Salta y Santa Cruz, entre otras, donde cualquiera puede abrir un geriátrico si lo considera buen negocio: nadie se preocupará de que un médico esté a cargo ni que los pasillos tengan pasamanos.
Otro caso de impotencia admitida es el de La Pampa.
Allí existe una ley de la Tercera Edad pero durante los últimos diez años nadie ocupó la dirección de Gerontología y Geriatría, encargada de su aplicación.
Recién desde el año pasado está Roberto de Martini al frente.
En su oficina confiesan: "Si salimos a hacer cumplir la ley, tenemos que clausurar todo y generamos más problemas que soluciones".
Cuando Juan (78 años) llegó a su nuevo geriátrico pesaba muy poco.
Apenas unos 60 kilos para su metro setenta y cinco.
Venía de estar internado en el Geriátrico San Cayetano, que queda cerca del asilo de ancianos local, en el centro de Santa Rosa.
Es uno de los tantos que en la última década fue habilitado pero nunca controlado en la capital pampeana.
Durante el año que estuvo internado allí Juan no caminó un paso.
"Porque comía mal y no lo ayudaban", dicen sus familiares. "Su ropa estaba toda sucia.
Parecía que la hubieran usado para limpiar la cocina", cuenta la encargada del hogar que lo recibió.
A los dos meses esa misma ropa, ya limpia, le quedaba chica por todo lo que había engordado.
Hoy pesa 80 kilos. Si bien fue la familia de Juan la que decidió cambiarlo de residencia por los malos tratos recibidos, ni ellos ni los dueños del nuevo hogar hicieron la denuncia. "¿Para qué?", se preguntan.
En San Luis directamente no saben cuántos geriátricos hay, ni donde quedan.
Ningún funcionario jamás los controló y ante la consulta del corresponsal en esa provincia aseguraron que "en unos dos meses" harán el primer relevamiento para ver si es que vale la pena controlarlos.
En este mundo sin control de los geriátricos, los que aplican malos tratos ejercen distintas presiones sobre los internados que se "portan mal".
Desde privarlos de comida y hacerlos dormir con los internos más conflictivos hasta golpes.
Don Zoilo tiene 80 años y mucho miedo de que no le den más nada de tomar.
Denunció malos tratos en el hogar de ancianos de San José La Ciénaga, ubicado en San Pedro, a 63 kilómetros de Jujuy.
El hogar ya fue centro de varios escándalos: las camas no tenían colchones ni sábanas hasta que luego de una denuncia aparecieron algunas colchas.
Pero los que difunden los malos tratos son amenazados con ser echados o directamente les niegan el agua.
Las autoridades del municipio de San Pedro, de quien depende el personal, en lugar de hacer algo, niegan los hechos.
La recorrida provincia por provincia realizada por todos los corresponsales de Clarín demuestra que el país es un mosaico en el que los geriátricos no tienen pautas comunes y, en la mayor parte de los casos, están librados a la buena o mala voluntad de sus dueños.
Mientras algunas provincias delegan el control en el área de Salud, otras lo ponen en el de Acción Social.
En Río Negro admiten que, una vez habilitados, los geriátricos no son controlados por falta de personal.
En Chaco no hay control efectivo sobre los privados.
En Corrientes aseguran que los controlan, pero no hay registro de ninguna sanción en la historia.
En Entre Ríos el control lo hace el área de Salud, pero son poco rigurosos por algo que roza con la incompatibilidad de funciones: los médicos públicos que deberían detectar malos tratos cobran un ingreso extra como directores técnicos de geriátricos privados.
Y no se trata sólo de cuestiones administrativas.
La diferencia entre una denuncia que es escuchada y una que se pierde es equivalente a la diferencia entre salud y enfermedad.
Cuando Rubén, de 82 años, fue internado en el hogar Santa Ana de Villa Mitre, en Salta, sufría cuatro crisis asmáticas por semana y ninguna atención.
Luego de una denuncia por malos tratos físicos, verbales y desatención, cambió el director y tres empleados.
"Es incríble, por el cambio en el trato ahora sólo tengo un ataque asmático por semana y el médico me dijo que me puedo llegar a curar", se alegra.
El mal trato a veces opaca otros temas, vinculados a la falta de leyes:
Consiguió que la llevaran a la guardia del Hospital Garrahan.
Allí tardaron apenas unos minutos en descubrir que ese puñal que se le clavaba en el hombro no era producto del golpe, ni del calor de diciembre, ni siquiera de la vejez: hacía diez días que tenía su clavícula fracturada sin que nadie se hubiera ocupado de sus quejas.
El caso de Juana es uno de los que llegaron a la Unidad de Contralor de la Ciudad de Buenos Aires, un organismo habilitado para controlar pero inhabilitado para castigar.
Cuando fueron a la calle Brasil a inspeccionar el geriátrico descubrieron que, si bien los libros médicos estaban en regla, firmados cada 15 días, los internados llevaban seis meses sin ser controlados.
"Libros voladores" y "médicos de cartel" es el nombre de esta práctica en la jerga de los geriátricos: el libro se firma rutinariamente con un diagnóstico que se repite, pero nadie revisa a los internados.
En la Argentina hay aproximadamente 2 millones de personas mayores de 70 años, casi el 5% de la población.
Ya no trabajan, aunque en estos tiempos sin alma muchas veces deban ayudar a sus propios hijos desocupados.
La mayoría cobra jubilaciones vergonzosas y pasa privaciones que nadie merece.
Son víctimas de una sociedad que descuida a sus mayores.
Que parece no verlos como lo que son: la bisagra entre cinco generaciones, de un lado quienes fueron sus padres y abuelos, y del otro sus hijos y nietos.
Ellos son los portadores de las tradiciones y la identidad. Y sin ellos, algo de nosotros se pierde.
Muchas familias tienen la suerte de poder cobijar a sus viejos.
Pero en muchas otras los abuelos terminan internados en alguno de los 6.000 geriátricos del país.
Es un destino pocas veces agradable: sin leyes que unifiquen exigencias de calidad y atención, sin presupuesto para ejercer un control eficaz y transparente, en demasiados geriátricos los ancianos corren peligro.
"De casualidad, cuando abrí una carpeta, leo: 'Señores médicos, no se olviden de firmar por la cantidad de horas que exige el PAMI'.
Así como lo vi, me llevé el papel y lo incluí en la auditoría del geriátrico, que era de Flores", cuenta una auditora del PAMI.
—¿A ese geriátrico le quitaron el contrato?
—No, todavía sigo yendo a controlarlo.
La Unidad de Contralor de Geriátricos Privados de la Ciudad —creada luego de que en 1997 un incendio en un geriátrico puso en evidencia el descontrol del sistema— puede sugerir pero no obligar.
Desde su creación se abrió una interna con "los municipales", ya que sus funciones se superponen a la Policía Municipal, Higiene y Control Ambiental e Inspección General, que sí tienen poder para sancionar y también deben controlar los geriátricos.
Otra interna de la Ciudad, entre los que sostienen que los geriátricos deben estar en el área de Acción Social y los que dicen que deben estar en la órbita de Salud, traba la aprobación de una ley actualizada en la Legislatura. La que rige es de 1979.
"No le voy a decir que no pase en ningún establecimiento, pero un médico se expone a que lo acusen de mala praxis si firma un libro sin revisar al paciente. Y los inspectores son estrictos, lo que no quita que pueda haber algún corrupto", afirma Alejandro Barros, dueño de dos geriátricos y presidente de la Federación Argentina de Entidades Gerontológicas.
La provincia de Buenos Aires tiene una ley más actualizada que la de la Ciudad (es de 1990), pero con 100.000 mil camas a ser relevadas por apenas 75 inspectores los controles son difíciles.
"Recibimos denuncias que aseguran que los abuelos internados sólo comen caldos o polenta, son higienizados una vez por semana y cuando pueden moverse los obligan a realizar trabajos auxiliares", cuentan en la Asociación de Trabajadores de Sanidad provincial.
En La Rioja hay un solo geriátrico y está a punto de cerrar.
Por el hueco del ascensor ya cayeron dos ancianos: uno murió y otro sobrevivió de milagro.
Funciona en un ex hotel y lleva el nombre de Hogar Geriátrico S.R.L.
En 1997 la auditoría número 115 del PAMI informó: "Faltan luces de emergencia, defensas al vacío, habilitación de bomberos, plan de evacuación, contrato de emergencias médicas, certificado de mantenimiento de ascensores".
Decía que el turno noche quedaba a cargo de una única asistente para 58 residentes, quien además era cocinera durante el día.
También que faltaba higiene y atención a quienes no podían abastecerse por sus medios.
Pero el geriátrico riojano siguió recibiendo pacientes. En 1998 una nueva auditoría informó: "Continúa la falta total de higiene: hay materia fecal en pisos de pasillos de ingreso y fuertes olores nauseabundos".
Había más: se informaron falta de informes médicos de todo el año y utilización de medicamentos vencidos.
Y el geriátrico siguió recibiendo pacientes.
La auditoría del año pasado dijo: "Se mantienen las falencias detectadas, hay pañales sucios en el pasillo, materiales patológicos en una bolsa transparente sin medi das de bioseguridad".
El geriátrico seguía tramitando la habilitación, seguía con graves problemas de higiene y sin tener un plan de evacuación de emergencias ni permiso de uso de ascensores.
Pero nada cambió y la semana pasada había internados allí 33 ancianos en evidente peligro.
De los 33 internados, 21 son del PAMI, la misma obra social que desde su auditoría detectó las irregularidades.
No solo las condiciones de vida son un tema en este establecimiento.
Por ser uno de los geriátricos que habría recibido un ingreso por paciente de 820 pesos por mes, mayor que los 500 que se pagaban en promedio, el caso está incluido en una causa judicial que lleva el juez Claudio Bonadio.
Allí investigan irregularidades en las contrataciones de la Federación de Geriátricos de la República Argentina (FEGERA).
Fue durante la gestión al frente del PAMI del hoy preso Víctor Alderete.
Alicia Trybalski, nueva subgerente de Prestaciones Sociales del PAMI, asegura que están a punto de dar de baja ese geriátrico.
Como es el único de La Rioja, proyectan reubicar a los ancianos alquilándoles una casa para algunos y llevando a Catamarca al resto, lo que además de revelar la impotencia de la provincia para atender a sus ancianos, terminaría siendo un increíble destierro forzado ejercido contra quienes ya sufrieron demasiado.
Paradójicamente, más de un especialista afirmó que "los geriátricos que atienden PAMI tienen más controles que otros".
Algo que sólo es real cuando los geriátricos en falta no son protegidos políticamente.
Hay provincias en las que ni siquiera existe una ley que regule el sector y establezca una rutina de controles.
Es el caso de La Rioja, Formosa, Salta y Santa Cruz, entre otras, donde cualquiera puede abrir un geriátrico si lo considera buen negocio: nadie se preocupará de que un médico esté a cargo ni que los pasillos tengan pasamanos.
Otro caso de impotencia admitida es el de La Pampa.
Allí existe una ley de la Tercera Edad pero durante los últimos diez años nadie ocupó la dirección de Gerontología y Geriatría, encargada de su aplicación.
Recién desde el año pasado está Roberto de Martini al frente.
En su oficina confiesan: "Si salimos a hacer cumplir la ley, tenemos que clausurar todo y generamos más problemas que soluciones".
Cuando Juan (78 años) llegó a su nuevo geriátrico pesaba muy poco.
Apenas unos 60 kilos para su metro setenta y cinco.
Venía de estar internado en el Geriátrico San Cayetano, que queda cerca del asilo de ancianos local, en el centro de Santa Rosa.
Es uno de los tantos que en la última década fue habilitado pero nunca controlado en la capital pampeana.
Durante el año que estuvo internado allí Juan no caminó un paso.
"Porque comía mal y no lo ayudaban", dicen sus familiares. "Su ropa estaba toda sucia.
Parecía que la hubieran usado para limpiar la cocina", cuenta la encargada del hogar que lo recibió.
A los dos meses esa misma ropa, ya limpia, le quedaba chica por todo lo que había engordado.
Hoy pesa 80 kilos. Si bien fue la familia de Juan la que decidió cambiarlo de residencia por los malos tratos recibidos, ni ellos ni los dueños del nuevo hogar hicieron la denuncia. "¿Para qué?", se preguntan.
En San Luis directamente no saben cuántos geriátricos hay, ni donde quedan.
Ningún funcionario jamás los controló y ante la consulta del corresponsal en esa provincia aseguraron que "en unos dos meses" harán el primer relevamiento para ver si es que vale la pena controlarlos.
En este mundo sin control de los geriátricos, los que aplican malos tratos ejercen distintas presiones sobre los internados que se "portan mal".
Desde privarlos de comida y hacerlos dormir con los internos más conflictivos hasta golpes.
Don Zoilo tiene 80 años y mucho miedo de que no le den más nada de tomar.
Denunció malos tratos en el hogar de ancianos de San José La Ciénaga, ubicado en San Pedro, a 63 kilómetros de Jujuy.
El hogar ya fue centro de varios escándalos: las camas no tenían colchones ni sábanas hasta que luego de una denuncia aparecieron algunas colchas.
Pero los que difunden los malos tratos son amenazados con ser echados o directamente les niegan el agua.
Las autoridades del municipio de San Pedro, de quien depende el personal, en lugar de hacer algo, niegan los hechos.
La recorrida provincia por provincia realizada por todos los corresponsales de Clarín demuestra que el país es un mosaico en el que los geriátricos no tienen pautas comunes y, en la mayor parte de los casos, están librados a la buena o mala voluntad de sus dueños.
Mientras algunas provincias delegan el control en el área de Salud, otras lo ponen en el de Acción Social.
En Río Negro admiten que, una vez habilitados, los geriátricos no son controlados por falta de personal.
En Chaco no hay control efectivo sobre los privados.
En Corrientes aseguran que los controlan, pero no hay registro de ninguna sanción en la historia.
En Entre Ríos el control lo hace el área de Salud, pero son poco rigurosos por algo que roza con la incompatibilidad de funciones: los médicos públicos que deberían detectar malos tratos cobran un ingreso extra como directores técnicos de geriátricos privados.
Y no se trata sólo de cuestiones administrativas.
La diferencia entre una denuncia que es escuchada y una que se pierde es equivalente a la diferencia entre salud y enfermedad.
Cuando Rubén, de 82 años, fue internado en el hogar Santa Ana de Villa Mitre, en Salta, sufría cuatro crisis asmáticas por semana y ninguna atención.
Luego de una denuncia por malos tratos físicos, verbales y desatención, cambió el director y tres empleados.
"Es incríble, por el cambio en el trato ahora sólo tengo un ataque asmático por semana y el médico me dijo que me puedo llegar a curar", se alegra.
El mal trato a veces opaca otros temas, vinculados a la falta de leyes:
"Me preocupan los
ancianos que no tienen familia y una vez internados dejan todos sus bienes a
los administradores de los geriátricos. Es algo que se ve y se escucha mucho,
pero está fuera de nuestro alcance", dice un inspector de Capital.
"Me
canso de ver jubilados que le dan el poder para cobrar sus haberes a gente de
los geriátricos y después no reciben nada", dice una auditora de PAMI.La tendencia indica que cada vez más ancianos pasarán sus últimos años en un geriátrico.
Lo que les espera es lo que aquí se contó: un universo casi sin reglas ni controles, donde la lógica del negocio domina sin contrapeso porque la responsabilidad del Estado y la sociedad se diluyen muchas veces hasta la nada.
fuente
Facebook, Norberrto Luxardo, Mar del Plata, 20.04.2016. Tomado de Archivo Tea y DeporTea, ubicación:
BD00234 pdf. Diario Clarín, 17.09.2000
Foto: facebook, Eli Del Podio, San Luis, 21.04.2016
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