SANTA CRUZ TIERRA HOSTIL
Santa Cruz, tierra hostil para investigar
En foco
Guillermo Marijuan debió haberse sentido en su primer día en Santa Cruz como un hincha de fútbol en el lugar equivocado.
En su caso, confeso simpatizante de Racing, observando imaginariamente el clásico de Avellaneda infiltrado entre la hinchada de Independiente.
El fiscal estuvo en el Juzgado Federal de Río Gallegos y allanó, al menos, un par de las grandes estancias que Lázaro Báez posee en la provincia.
Según el testimonio del arrepentido Leonardo Fariña, en alguna de esas u otras fincas podría ocultarse parte del dinero que husmea Sebastián Casanello, quien pretendería comprobar si existieron maniobras de lavado durante la década kirchnerista.
No habría requerido de sensores especiales para advertir el nivel de tensión y hostilidad del poder provincial a raíz de su aterrizaje.
Santa Cruz vive en un estado semejante al colapso con motivo de situaciones que se entrelazan.
Una de ellas, son justamente las derivaciones del caso del empresario patagónico.
La otra, el complicado presente político de Alicia Kirchner.
La gobernadora percibiría que se tiende sobre ella, de modo progresivo, una especie de intrincado cerco.
Hace apenas diez días, por decisión del juez Sergio Torres, la Policía Aeroportuaria allanó la sede de la gobernación.
Un hecho sin precedentes.
El magistrado investiga presuntas anomalías en el mausoleo de Néstor Kirchner en la capital provincial.
Incautó documentación sobre la construcción, administración y mantenimiento de la obra.
Que por deficiencias de origen debió ser reparada. Se hundió una parte de los cimientos.
La obra corrió por cuenta de Báez, amigo y socio del ex presidente.
El mausoleo fue levantado en un terreno perteneciente a la intendencia de Río Gallegos.
A través de un decreto se estableció que su administración correría por cuenta de la Secretaría General del gobierno de la provincia.
A tal efecto, se debía abrir una cuenta bancaria exclusiva. Esa cuenta, según verificó Torres, no existiría.
La causa no está siendo sustanciada por Casanello porque el fiscal Marijuan consideró que la denuncia, efectuada en su momento por la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, no tenía vínculo con la investigación sobre lavado de dinero. Pero el fantasma de Lázaro sobrevuela igual.
Tanto ocurre ese fenómeno que Marijuan habría estado en su paso por
Santa Cruz recogiendo indicios sobre otra historia rara.
Alicia Kirchner
negó cualquier relación comercial y societaria con el empresario K.
Pero el propio Báez se encargó de confirmar que le compró en el 2003 un
departamento a la gobernadora por más de US$ 100 mil.
No sería la única
huella.
Alicia atraviesa otros padeceres. La situación económica y
social de la provincia es pésima.
Las protestas de los gremios estatales se multiplican.
Para colmo, las expectativas sobre la construcción de dos represas, acordadas por Cristina Fernández con China, se han demorado.
Las presuntas inversiones tardarán en llegar.
Primero, porque el gobierno de Mauricio Macri decidió revisar ese proyecto y abrir una nueva ronda de negociación con el gobierno asiático.
Segundo, porque ayer mismo la Corte Suprema le requirió a la administración macrista que informe sobre el impacto en el medio ambiente que detonarían ambas construcciones. Nada que puedan aligerarlas.
El embrollo para la gobernadora creció también con motivo de los fondos disponibles en las arcas provinciales.
Alicia describió al asumir una caja presupuestaria prácticamente vacía.
Pero sectores de la oposición denunciaron la existencia de una cuenta bancaria con un plazo fijo cercano a los $ 1.200 millones.
La mujer se suele mostrar poco en público porque los ánimos están caldeados.
Cuando lo hace, aparece escoltada por las tropas ahora raleadas de La Cámpora.
Prefiere movilizarse en su camioneta. Desde su casa a la sede de la gobernación. Y viceversa.
Marijuan habría comenzado a desarrollar su trabajo en Santa Cruz con expectativas bien acotadas.
Casanello mencionó la posibilidad de recuperar algunos activos, según confió el valijero Fariña, que podrían estar escondidos.
El optimismo del juez sonaría exagerado. “Si el fiscal encuentra ahora algo, Báez merecería una condena por tonto”, ironizó un funcionario judicial.
El operativo de caza comenzó recién 18 días después de la reveladora declaración del arrepentido.
Marijuan no podía hacer otra cosa sin una directiva del magistrado.
Casanello tiene la causa de la ruta del dinero K desde el 2013.
Le dio un llamativo envión después de que se produjeron cuatro motivos convergentes.
El triunfo de Macri, verdaderamente inesperado en Comodoro Py.
La revelación de los videos en los cuales apareció Martín Báez, el hijo de Lázaro, junto a otros compinches contando millonadas de dólares con olor a plata sucia.
Esas imágenes pudieron acentuar la indignación social reflejada en las últimas horas en episodios repudiables.
Carlos Zannini, el ex secretario Legal y Técnico, ex candidato a vicepresidente y del riñón de la familia Kirchner, fue maltratado en la cancha de Boca y cuando se dispuso a viajar a Miami en un avión de línea extranjera. En Washington residen su hija y sus nietos. La mujer es funcionaria de la Embajada que conduce ahora Martín Lousteau.
Casanello contó con otros de estimulantes.
El 2 de abril la Cámara de Casación consideró la causa sobre Báez de “trascendencia institucional”. Lo instó a acelerar los tiempos.
El 16 de abril la Cámara Federal instruyó al mismo magistrado a no establecer ningún límite a la investigación sobre el dinero K. Le advirtió que no debería circuncribirse a los US$ 5,5 millones que surgieron de los videos. Recordó que la denuncia original apunta a la fuga al exterior de 55 millones de euros diseminados, al parecer, por intermedio de una compleja red de sociedades y operaciones financieras.
Casanello recibió una señal desde el Vaticano.
Fue invitado, junto a distintos jueces y fiscales, a participar en junio de un congreso sobre lavado de dinero, narcotráfico, criminalidad y trata de personas que se llevará a cabo en la Real Academia Pontificia. Será inaugurada por el propio Francisco, el Papa.
El protagonismo de aquel juez en el súbito brote de transparencia que sacude al Poder Judicial tendrá hoy mismo un punto de partida.
Intervendrá en un congreso antimafias que se desarrollará en la Universidad de Rosario.
Lo acompañarán, entre otros, Ariel Lijo, que lleva una de las causas que más complica a Amado Boudou: el caso Ciccone.
Ese juez acaba de aceptar al Estado como parte querellante.
Fue por una presentación de la Oficina Anticorrupción, que dirige la macrista Laura Alonso.
También asistirán el juez Torres, el rosarino Enrique Vera Barros y el fiscal Federico Delgado, que sustancia el caso de los Panamá Papers y la muerte de cinco jovenes por consumo de droga en una fiesta en Costa Salguero. Ambas cuestiones golpean al macrismo.
Las claves de la escena no radicarían, sin embargo, en ninguno de esos apellidos.
La apertura de las jornadas estará a cargo del legislador porteño, Gustavo Vera. Colaborador histórico de Jorge Bergoglio.
Pero participará también Marcelo Sánchez Sorondo, obispo argentino en el Vaticano, canciller de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales.
Lugar donde muchos de los jueces argentinos se cruzarán en junio con el Papa.
fuente
"Clarin.com", 28.04.2016
Las protestas de los gremios estatales se multiplican.
Para colmo, las expectativas sobre la construcción de dos represas, acordadas por Cristina Fernández con China, se han demorado.
Las presuntas inversiones tardarán en llegar.
Primero, porque el gobierno de Mauricio Macri decidió revisar ese proyecto y abrir una nueva ronda de negociación con el gobierno asiático.
Segundo, porque ayer mismo la Corte Suprema le requirió a la administración macrista que informe sobre el impacto en el medio ambiente que detonarían ambas construcciones. Nada que puedan aligerarlas.
El embrollo para la gobernadora creció también con motivo de los fondos disponibles en las arcas provinciales.
Alicia describió al asumir una caja presupuestaria prácticamente vacía.
Pero sectores de la oposición denunciaron la existencia de una cuenta bancaria con un plazo fijo cercano a los $ 1.200 millones.
La mujer se suele mostrar poco en público porque los ánimos están caldeados.
Cuando lo hace, aparece escoltada por las tropas ahora raleadas de La Cámpora.
Prefiere movilizarse en su camioneta. Desde su casa a la sede de la gobernación. Y viceversa.
Marijuan habría comenzado a desarrollar su trabajo en Santa Cruz con expectativas bien acotadas.
Casanello mencionó la posibilidad de recuperar algunos activos, según confió el valijero Fariña, que podrían estar escondidos.
El optimismo del juez sonaría exagerado. “Si el fiscal encuentra ahora algo, Báez merecería una condena por tonto”, ironizó un funcionario judicial.
El operativo de caza comenzó recién 18 días después de la reveladora declaración del arrepentido.
Marijuan no podía hacer otra cosa sin una directiva del magistrado.
Casanello tiene la causa de la ruta del dinero K desde el 2013.
Le dio un llamativo envión después de que se produjeron cuatro motivos convergentes.
El triunfo de Macri, verdaderamente inesperado en Comodoro Py.
La revelación de los videos en los cuales apareció Martín Báez, el hijo de Lázaro, junto a otros compinches contando millonadas de dólares con olor a plata sucia.
Esas imágenes pudieron acentuar la indignación social reflejada en las últimas horas en episodios repudiables.
Carlos Zannini, el ex secretario Legal y Técnico, ex candidato a vicepresidente y del riñón de la familia Kirchner, fue maltratado en la cancha de Boca y cuando se dispuso a viajar a Miami en un avión de línea extranjera. En Washington residen su hija y sus nietos. La mujer es funcionaria de la Embajada que conduce ahora Martín Lousteau.
Casanello contó con otros de estimulantes.
El 2 de abril la Cámara de Casación consideró la causa sobre Báez de “trascendencia institucional”. Lo instó a acelerar los tiempos.
El 16 de abril la Cámara Federal instruyó al mismo magistrado a no establecer ningún límite a la investigación sobre el dinero K. Le advirtió que no debería circuncribirse a los US$ 5,5 millones que surgieron de los videos. Recordó que la denuncia original apunta a la fuga al exterior de 55 millones de euros diseminados, al parecer, por intermedio de una compleja red de sociedades y operaciones financieras.
Casanello recibió una señal desde el Vaticano.
Fue invitado, junto a distintos jueces y fiscales, a participar en junio de un congreso sobre lavado de dinero, narcotráfico, criminalidad y trata de personas que se llevará a cabo en la Real Academia Pontificia. Será inaugurada por el propio Francisco, el Papa.
El protagonismo de aquel juez en el súbito brote de transparencia que sacude al Poder Judicial tendrá hoy mismo un punto de partida.
Intervendrá en un congreso antimafias que se desarrollará en la Universidad de Rosario.
Lo acompañarán, entre otros, Ariel Lijo, que lleva una de las causas que más complica a Amado Boudou: el caso Ciccone.
Ese juez acaba de aceptar al Estado como parte querellante.
Fue por una presentación de la Oficina Anticorrupción, que dirige la macrista Laura Alonso.
También asistirán el juez Torres, el rosarino Enrique Vera Barros y el fiscal Federico Delgado, que sustancia el caso de los Panamá Papers y la muerte de cinco jovenes por consumo de droga en una fiesta en Costa Salguero. Ambas cuestiones golpean al macrismo.
Las claves de la escena no radicarían, sin embargo, en ninguno de esos apellidos.
La apertura de las jornadas estará a cargo del legislador porteño, Gustavo Vera. Colaborador histórico de Jorge Bergoglio.
Pero participará también Marcelo Sánchez Sorondo, obispo argentino en el Vaticano, canciller de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales.
Lugar donde muchos de los jueces argentinos se cruzarán en junio con el Papa.
fuente
"Clarin.com", 28.04.2016
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