Piden otra indagatoria para Echegaray, y el Gobierno empuja su salida de la AGN
Debe decidir el juez federal Julián Ercolini
El fiscal Gerardo Pollicita acusa al ex jefe de la AFIP por haber dejado que Cristóbal López retuviera $ 8.000 millones en impuestos, y por su manejo arbitrario de los planes de pago.
Echegaray tampoco logró hacer pie en la AGN, donde el resto de los auditores bloquearon hace un mes el plan de auditar al gobierno de Macri, tal como proponía él.
El fiscal Pollicita pidió ayer su indagatoria en el marco de una vieja denuncia de Carrió sobre una supuesta asociación ilícita en la que estarían involucrados el propio López, Lázaro Báez y el ex presidente Néstor Kirchner.
Como parte de una ampliación de su requerimiento, el fiscal acusó a Echegaray y a una veintena de funcionarios y ex funcionarios de la AFIP de protagonizar, junto a los dueños del Grupo Indalo, una administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
También reclamó la indagatoria de Fabián de Sousa, que quedó a cargo de los medios de comunicación de Indalo y de la petrolera Oil tras la convulsionada separación de López.
La reactivacion de la causa comenzó a gestarse hace un mes, cuando Carrió amplió su denuncia original en base a una investigación del diario La Nación, que reveló la maniobra para favorecer a Oil Combustibles en el pago del impuesto sobre los combustibles líquidos.
Pollicita hizo hincapié en el rol que desplegaron los funcionarios de la AFIP, quienes “no habrían reclamado el pago de la deuda cuando ya era exigible, y a la vez, habrían permitido por acción en algunas oportunidades, y por omisión en otras, un gran número de irregularidades en el tratamiento y otorgamiento de regímenes de asistencia financiera”.
Pollicita describe tres períodos de la maniobra defraudatoria y destaca que por los planes otorgados antes de 2013, Echegaray, López y De Sousa ya fueron sobreseídos, lo que impide otro juzgamiento.
En ese marco, el fiscal destacó que entre mayo 2013 e igual mes del año siguiente la AFIP, con la intervención directa de Echegaray, benefició a la petrolera con dos planes de facilidades de pago por un total de más de 2 mil millones de pesos.
“Ambos planes especiales tuvieron en común que fueron conferidos sin requerir a la empresa que acreditara la situación de crisis económica-financiera, sin tener en cuenta que la empresa desde su inicio y de manera sistemática no había pagado el impuesto ya recaudado, sin observar que ya se había refinanciado deuda ilegítimamente y sin llevar a cabo ningún tipo de estudio contable que hubiera permitido corroborar que la situación de ‘crisis’ reflejaba en realidad una descapitalización autogenerada producto de los incesantes giros de los fondos del ICL a favor de empresas vinculadas con el conglomerado societario INDALO”, detalla el escrito.
Por la deuda con el Estado, que le permitió al Grupo Indalo capitalizar el resto de sus empresas, la AFIP realizó una denuncia ante el fuero penal Económico, pero no incluyó a Echegaray ni al resto de sus funcionarios.
Pollicita apunta a una maniobra más general que habría beneficiado a funcionarios por los supuestos retornos del dinero proveniente de la defraudación.
De hecho, menciona los “alquileres inmobiliarios de propiedades” de los Kirchner al Grupo Indalo.
El fiscal también pidió que se disponga “la formación de una causa separada para la continuación y tratamiento de la maniobra fraudulenta”, e instó al juez Julián Ercolini al “seguimiento y reembolso del total del dinero adeudado en concepto de ICL que hoy día ronda los 8.900 millones de pesos”.
El llamado a indagatoria y el dictamen del fiscal reactivaron la posible salida de Echegaray de la AGN.
El jefe de Gabinete Marcos Peña habló ayer de una posible remoción. “Las autoridades del Congreso lo vinieron discutiendo. No sólo de nuestra fuerza, son varias las fuerzas que lo están discutiendo”, sostuvo Peña.
“El consenso es que si hay procesamiento, se empujaría hacia la discusión de la remoción”.
fuente
"Clarin.com",20.04.2016
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