"FALLO" JUDICIAL
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II -
El motivo por el cual
Cristóbal López y Fabián de Souza fueron excarcelados y que
"escandaliza" a la AFIP
16-03-2018
La Cámara Federal decidió este viernes la
liberación de exdueños del Grupo Indalo, investigados por defraudación al
Estado por la evasión de $8.000 a través de Oil Combustibles.
La decisión
estuvo basada en una modificación en la causa que desde el ente recaudador
calificaron como "subrepticia"
La AFIP apelará ante la Cámara de Casación
Penal para que la causa Oil Combustibles, propiedad del Grupo
Indalo, se mantenga
en la Justicia Federal, de modo de evitar que los empresarios
excarcelados, Cristóbal López y Fabián de Sousa, se
vean beneficiados con una disminución de sus deudas con el fisco.
El
motivo que terminó favoreciendo a
los empresarios fue el cambio
de carátula de"administración fraudulenta en perjuicio de
la administración pública" a "apropiación indebida de tributos",
lo que además cambia el fuero que tratará la causa.
Desde el organismo
recaudador, la decisión de los jueces es "escandalosa".
"El
cambio de carátula dispuesta hoy por la Sala I de la Cámara Federal implica que
los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa,
recientemente excarcelados, podrían obtener
una disminución considerable de la deuda con el fisco", en
virtud de que deberían responder ante la Justicia Penal Tributaria en lugar de la Justicia Federal,
explicaron fuentes oficiales.
"La AFIP va a continuar con su estrategia de sostener,
con fundamentos, que tanto López cómo De Sousa defraudaron al Estado por
considerar que cometieron un delito que excede lo meramente tributario y
se trata de una defraudación
al Estado Nacional", destacó una alta fuente de la AFIP a la agencia Télam.
En
esta línea, "llamó
la atención" de las autoridades de la AFIP la "subrepticia" modificación de la carátula de
la causa en la Sala I de la Cámara Federal, con los votos a favor de los jueces Jorge Ballestero y Eduardo Farah,
a diferencia de Leopoldo Bruglia que se mostró en línea con la Cámara Nacional
de Casación.
Con
este fallo, de no prosperar la próxima apelación de la AFIP, la empresa Oil Combustibles podrá acogerse a la
moratoria impositiva, con quitas importantes por la exclusión de intereses y el pago en
numerosas cuotas, indicaron en la máxima autoridad fiscal.
El fallo
La Justicia Federal
porteña decidió este viernes la liberación del
empresario Cristóbal López y su
socio Fabián de
Sousa, detenidos en diciembre en el marco de una causa por una
evasión de $8.000 millones.
La decisión de liberar a
los empresarios, dueños del Grupo Indalo, fue tomada por la Sala I de la Cámara
Federal porteña: el
juez Leopoldo Brugliase expresó en contra, pero sus pares
del tribunal Eduardo Farah y Jorge Ballesteros definieron la excarcelación.
López
está detenido en la cárcel
de Ezeiza tras entregarse el 19 de diciembre en el
edificio Centinela de Gendarmería Nacional, mientras que su socio apresado el
mismo día se encuentra alojado en la cárcel de Marcos Paz.
Ambos
empresarios fueron procesados con prisión preventiva por
"administración
fraudulenta" a raíz del desvío de $8.000 millones del impuesto a la
transferencia de los combustibles recaudados en calidad de agente de retención
por la compañía Oil
Combustibles.
Los
procesamientos con prisión preventiva habían sido dictados por el juez federal Julián Ercolini.
Ahora fueron revisados por la sala I de la Cámara Federal porteña, tribunal que
ordenó liberar a los empresarios.
Ambos empresarios habían apelado la prisión preventiva que
Ercolini les dictó días antes de que terminase el 2017, por fraude al Estado.
Entre
2013 y 2015 habían retenido
indebidamente el pago del mentado tributo -que todos
los clientes de las estaciones de servicio de Oil pagaban cada vez que cargan
nafta- por un monto de $8.000
millones, suma que actualizada alcanza
los $17.000 millones.
Ercolini
había justificado la detención en
las sucesivas maniobras que habían hecho para entorpecer la investigación, entre
las cuales las más notorias fueron la de tratar de dividir Indalo en
dos partes para mandar a concurso de acreedores una de ellas y, tras el fracaso
de ese intento, la supuesta venta del
grupo completo al fondo OP
Investments.
Esta operación estaba prohibida porque Indalotenía una inhibición general
de bienes ordenada por Ercolini.
Como
la sala I solo tiene dos camarsitas y estos diferían sus posturas
(Leopoldo Bruglia votó
en contra de la excarcelación y Jorge Ballestero, a favor) se convocó a
Eduardo Farah para
desempatar.
Integrante de la sala II de la Cámara Federal, el magistrado
coincidió con Ballestero, por lo que los empresarios kirchneristas seguirán a
partir de hoy el proceso en libertad.
Argumentos
Fuentes judiciales informaron a Télam que el intento de venta del Grupo Indalo podía
tener consecuencias en
el concurso de
acreedores de la firma Oil Combutibles,
que se tramita ante el fuero
comercial, pero no
en el juicio que se tramita en los tribunales federales
de Comodoro Py.
"Si
el encierro cautelar fuera
el modo adecuado
de tutelar las acreencias del Estado,
no puedo imaginar cuántos otros
empresarios debieran estar acompañando hoy,
sin juicio de por medio, a Cristóbal López y a
Fabián de Sousa.
No se necesitaría otra cosa que hacer un repaso por los más
voluminosos procesos que transitan en sede comercial", sostuvo Ballestero en
su voto por la liberación de los empresarios.
"Me
veo en el imperativo de revocar los alcances de la prisión preventiva decretada
a Cristóbal López y de Fabián de Sousa,
ordenando su inmediata
libertad, de no mediar otro impedimento", remarcó el mismo
magistrado a cuyo criterio se
sumó luego su colega Farah.
"El encarcelamiento de
los imputados es incoherente con
el criterio adoptado
por el mismo juez al
mantener la libertad ambulatoria del funcionario público consorte de causa, o
el que respecto de ellos mismos se adoptó en otros legajos conexos",
sostuvo Farah.
El delito de "apropiación indebida de tributos"
tiene una pena de dos a seis años de prisión para
los autores (contribuyentes) y se agravaría en el caso de Echegaray por haber
favorecido la comisión del delito desde su posición de funcionario
público.
Según
el procesamiento que les había dictado el juez Ercolini, López y De Sousa se
beneficiaron de "modo sistemático y deliberado" de "facilidades
de pago vinculadas al pago del impuesto a la transferencia de combustibles
líquidos", que les facilitó Echegaray entre
mayo de 2013 y agosto de 2015.
A
los tres procesados, los camaristas les confirmaron embargos por
por $8.945 millones,
según surge del fallo de 110 páginas.
Fuente
“iProfesional”, 16.03.2018
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