LA USINA QUE…
NO FUNCIONA
La usina de u$s1.607 millones inaugurada por Cristina Kirchner que no funciona
29-03-2018
Fue inaugurada en plena campaña electoral sin estar terminada ni apta para funcionar, lo cual ocasionó daños.
Deben aportar u$s200 millones adicionales
Fue inaugurada en plena campaña electoral sin estar terminada ni apta para funcionar, lo cual ocasionó daños.
Deben aportar u$s200 millones adicionales
Septiembre de 2015. La carrera
electoral marcaba los tiempos en la Casa Rosada y la ex
presidenta Cristina Kirchner aceleraba la
sucesión de anuncios de inversión e inauguraciones con la expectativa de que
los cortes de cinta inclinaran la voluntad de los votantes a favor de la fórmula
Daniel Scioli-Carlos Zannini.
Uno de
esos raídes la condujo hasta Santa
Cruz.
El cuarto día de ese mes, la jefa de Estado celebró en la localidad de Río Turbio y rodeada de trabajadores la puesta en marcha de la central termoeléctrica del mismo nombre, que ubicada a sus espaldas significaba, en sus palabras, "más energía para los argentinos" porque permitiría producir 240 MW.
El cuarto día de ese mes, la jefa de Estado celebró en la localidad de Río Turbio y rodeada de trabajadores la puesta en marcha de la central termoeléctrica del mismo nombre, que ubicada a sus espaldas significaba, en sus palabras, "más energía para los argentinos" porque permitiría producir 240 MW.
Dos
años y medio después, la central eléctrica que le costó hasta ahora al Estado u$s1.607
millones requiere de otros u$s200 millones para estar terminada y operativa, algo
que demandará otros 24
meses de trabajo.
En otros términos: la usina inaugurada por Cristina Kirchner posiblemente no entre en operaciones en la gestión de Mauricio Macri.
En otros términos: la usina inaugurada por Cristina Kirchner posiblemente no entre en operaciones en la gestión de Mauricio Macri.
En
parte, las demoras
en su puesta en marcha final se deben al apuro de la ex Presidenta.
Un informe oficial sostiene que la unidad fue "inaugurada" sin estar terminada ni apta para funcionar de acuerdo con su proyecto original.
Ese arranque forzado ocasionó daños en las instalaciones, como la rotura de tubos y problemas en los ventiladores.
Un informe oficial sostiene que la unidad fue "inaugurada" sin estar terminada ni apta para funcionar de acuerdo con su proyecto original.
Ese arranque forzado ocasionó daños en las instalaciones, como la rotura de tubos y problemas en los ventiladores.
Además, faltan sistemas completos que
ni siquiera fueron provistos por Isolux
Corsán, cuyo contrato canceló el Gobierno a principios de
mes.
A
la unidad II le faltan
más de 900.000 horas hombre de construcción y montaje.
Y se le deberán reponer partes que le fueron retiradas para atender las roturas de la unidad I.
Y se le deberán reponer partes que le fueron retiradas para atender las roturas de la unidad I.
Las irregularidades llegan incluso a enfrentar
a la usina con el entorno.
Por caso, no tiene Estudio de Impacto Ambiental (EIA), un requisito fundamental para las etapas de pruebas y operación.
Por caso, no tiene Estudio de Impacto Ambiental (EIA), un requisito fundamental para las etapas de pruebas y operación.
El paso del tiempo también afectó las garantías de los equipos,
que están todas vencidas, incluidas las de los turbogeneradores y las calderas.
Los
más de u$s 1.600
millones que embolsó Isolux-la empresa cambió el gerenciamiento
local por el escándalo de Río Turbio- también ocultan sobreprecios y pagos adelantados por
mediciones falsas de los avances de obra.
Hay
más rarezas.
Las últimas dos adendas al contrato agregaron u$s352 millones al presupuesto inicial y se hicieron los días dos y nueve de diciembre de 2015, en las vísperas del cambio de mando en la Casa Rosada.
Las últimas dos adendas al contrato agregaron u$s352 millones al presupuesto inicial y se hicieron los días dos y nueve de diciembre de 2015, en las vísperas del cambio de mando en la Casa Rosada.
La intención del Gobierno es
terminar la obra para no contabilizar los desembolsos como
un costo hundido.
Eso, requiere que el yacimiento de carbón pueda proveer el insumo de manera sustentable, algo que difícilmente ocurrirá en el corto plazo.
Eso, requiere que el yacimiento de carbón pueda proveer el insumo de manera sustentable, algo que difícilmente ocurrirá en el corto plazo.
Las sospechas de corrupción en
torno a la construcción de la central eléctrica y los fondos públicos que se
utilizaron en la mina de carbón derivaron en una investigación judicial por la
cual están presos el ex ministro de Planificación, Julio De Vido y el intendente de Río
Turbio, Atanacio Pérez Osuna (ex interventor de YCRT).
También obligó a pasar algunos días tras las rejas al ex presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) Juan Carlos Lascurain.
También obligó a pasar algunos días tras las rejas al ex presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) Juan Carlos Lascurain.
En
mayo de 2016, según La Nación, el Gobierno presentó una demanda penal contra De Vido y
otros funcionarios por presunto
fraude contra el Estado mediante movimientos millonarios
de fondos a favor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).
Fue
acompañada de documentación y pruebas según las cuales el proyecto carbonífero
recibió fondos por
$26.000 millones en la década que va desde 2005 a 2015, pero
las instalaciones estaban en un estado evidente de abandono físico y la mina
casi no tenía actividad productiva, a tal punto que en el último año de gestión
kirchnerista se
extrajeron 48.000 toneladas de carbón, un volumen similar al
que se producía en
1951, cuando la actividad se hacía con pico y pala, y el
acarreo del mineral se realizaba en vagones impulsados por los trabajadores.
En
ese contexto, el Gobierno dispuso un plan
de reestructuración que implica el recorte de puestos de trabajo.
En enero fueron despedidos 400 trabajadores.
En los despachos oficiales dicen que es una alternativa para continuar adelante con el proyecto, aunque los gremios no están de acuerdo con la medida.
El 1° de abril vence el plazo que se les dio para aceptarlo.
Si no lo hacen, se aplicará un plan Preventivo de Crisis, que le abre la puerta a medidas más drásticas.
En enero fueron despedidos 400 trabajadores.
En los despachos oficiales dicen que es una alternativa para continuar adelante con el proyecto, aunque los gremios no están de acuerdo con la medida.
El 1° de abril vence el plazo que se les dio para aceptarlo.
Si no lo hacen, se aplicará un plan Preventivo de Crisis, que le abre la puerta a medidas más drásticas.
Fuente
“iProfesional”,
29.03.2018
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