JUBILADOS EN CHILE
El sistema de pensiones de Chile, modelo de privatización para
muchos, se desmorona
Por
Cientos de miles de personas protestaron en agosto en contra del sistema privado de pensiones chileno.
Xcam/European Pressphoto Agency
SANTIAGO — El descontento sobre las pensiones en Chile se ha
estado acumulando durante años.
La razón: la mayoría de la gente debe seguir
trabajando aún después de su edad de jubilación mientras las empresas privadas
han obtenido enormes ganancias invirtiendo los ahorros de seguridad social de
los chilenos.
El enojo alcanzó su punto máximo en julio, cuando los chilenos
supieron que la exesposa de un dirigente del Partido Socialista recibía
una pensión mensual de casi 7800 dólares (más de 5.000.000 de pesos chilenos)
después de jubilarse de Gendarmería.
La cifra empequeñece la pensión
mensual promedio de 315 dólares, lo cual es mucho más bajo que el salario
mensual mínimo de 384 dólares (poco más de 257.000 pesos chilenos).
En un país ya sacudido por la corrupción política y empresarial
generalizada, esta fue la gota que derramó el vaso.
Cientos de miles de personas marcharon en agosto por Santiago y
otras ciudades para manifestarse en contra el sistema privatizado de pensiones.
Más de 1,3 millones de personas, de acuerdo con los organizadores, asistieron a
la manifestación a lo largo del país, la más grande desde el regreso de Chile
al régimen democrático en 1990.
Luis Montero, de 69 años, un manifestante cuya pensión mensual
es de aproximadamente 150 dólares (unos 100.400 pesos chilenos), participó en
la marcha.
Como muchos, Montero ha trabajado principalmente en
empleos informales sin contrato, con ingresos demasiado bajos para ahorrar
para su jubilación.
Aún realiza trabajos de mantenimiento en una escuela
para que el dinero le alcance.
“He trabajado toda mi vida y me gustaría descansar, pero no
puedo”, dijo Montero. “No tengo idea de qué haré cuando sea más viejo”.
En 1981, la dictadura de Pinochet privatizó el sistema de
pensiones de reparto, en el que los trabajadores, empleadores y el
gobierno contribuían.
Bajo el sistema privatizado, que el presidente George W. Bush
llamó un ejemplo a seguir, los trabajadores deben destinar el 10 por
ciento de sus ingresos a cuentas individuales administradas
por empresas privadas conocidas como Administradoras de Fondos de
Pensiones (AFP).
Las administradoras invierten el dinero y les cobran a los
trabajadores una comisión por las transacciones y otras cuotas.
Los empleadores
y el gobierno no contribuyen a las cuentas de los trabajadores.
A los chilenos se les dio la opción de permanecer en el
antiguo sistema o cambiarse al nuevo.
La mayoría se cambió, pero quienes
entraron a la fuerza laboral después de 1981 deben afiliarse al sistema privado
(las fuerzas armadas y la policía fueron exentas del cambio y hoy disfrutan
pensiones varias veces más altas que las disponibles en el sistema privado).
Los fondos invertidos por las administradoras contribuyeron al
desarrollo de los mercados de capitales en Chile, lo cual estimuló el
crecimiento económico y ha tenido retornos razonables.
Hoy seis AFP —la
mitad de las cuales son propiedad de empresas extranjeras— controlan 171 mil
millones de dólares en fondos de pensiones, el equivalente a cerca del 71 por
ciento del producto interno bruto de Chile, de acuerdo con la superintendencia
de las AFP.
Sin embargo, el sistema privatizado no ha logrado brindar
pensiones dignas para la mayoría de los jubilados.
Si la bolsa de valores se
hunde o las inversiones salen mal, los ahorros de los trabajadores y los
cheques de las pensiones de los jubilados también caen.
“El sistema de pensiones no es justo”, dijo Romina Celis, una
parvularia de 28 años que marchó en agosto.
“No sé qué fórmula podemos
utilizar, pero debe haber más participación del Estado. Debemos seguir con las
protestas. La idea de llegar a vieja de manera tan precaria da susto”.
A las mujeres les va mucho peor que a los hombres porque tienden
a ganar menos, a trabajar de manera intermitente, se jubilan antes (la edad de
jubilación es 65 años para los hombres y 60 para las mujeres) y tienen mayores
expectativas de vida.
Una comisión designada por la presidenta Michelle Bachelet en
2014 para examinar el sistema de pensiones y proponer reformas halló que la
pensión mediana de las AFP era equivalente al 34 por ciento del último
salario promedio de un jubilado (24 por ciento en el caso de las mujeres y 48
por ciento en el de los hombres).
La cifra total se elevó al 45 por ciento con
ayuda de un pilar solidario financiado por el Estado creado durante el primer
gobierno de Bachelet.
Después de advertir de que el sistema de pensiones estaba
“en crisis”, su gobierno introdujo en 2008 una pensión mínima de cerca de 140
dólares, pagada por el Estado, para quienes no han podido ahorrar
para su pensión durante su vida laboral, y fondos adicionales para
los jubilados cuyas pensiones no alcanzaban ese monto.
Más de 1,3 millones de
chilenos (dos terceras partes son mujeres) reciben ese tipo de beneficios.
No obstante, cuando se analizaron las proyecciones para los
siguientes 10 a 20 años, la comisión encontró que la situación “solo
empeora”, dijo David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios
Longitudinales de la Universidad Católica de Chile, quien presidió la comisión.
“La pensión mediana será equivalente al 15 por ciento de los
últimos salarios”, dijo.
“Cuando tengamos a toda una generación que se jubile
únicamente con el sistema AFP, el panorama empeorará. Debemos enfrentar este
problema ahora”.
El informe de la comisión que plantea varias opciones de reforma se quedó
guardado en un cajón durante casi un año hasta que las recientes protestas
captaron la atención del gobierno.
A inicios de agosto, Bachelet anunció una
pauta general para reformar el sistema de pensiones sin regresar al sistema de
reparto, como demandan muchos manifestantes.
“Las propuestas del gobierno son más de lo mismo y no resuelven
el problema de fondo”, dijo Luis Mesina, secretario general de la Confederación
de Sindicatos Bancarios y rostro del movimiento que se opone a las
administradoras privadas de pensiones. “Necesitamos poner fin a las AFP”.
Las AFP descartan las críticas.
Las bajas pensiones no son su
culpa, dijo Rodrigo Pérez, presidente de la Asociación de Administradores de
Fondos de Pensiones, sino que reflejan el mercado laboral.
Incluyen, dijo,
contribuciones insuficientes e irregulares por parte de muchos trabajadores
independientes y quienes tienen empleos inestables, temporales o con salarios
bajos, y una alta evasión de parte de los empleadores.
Un estudio realizado por la asociación halló que solo un cuarto
de quienes se jubilaron el año pasado había contribuido al sistema de pensiones
durante más de 25 años, y que el 62 por ciento de las mujeres habían
contribuido a sus cuentas durante menos de 15 años.
Aproximadamente la mitad de los más de 10 millones de afiliados
en el sistema privado de pensiones contribuyen de manera regular, según datos
de la superintendencia de AFP.
“Las AFP nunca han perdido o robado dinero ni han quebrado”,
dijo Pérez.
“¿Esto significa que las pensiones están bien? No, no lo están. El
sistema necesita cambios importantes. Pero las AFP administran los fondos de
quienes ahorran y lo han hecho muy bien”.
Manuel Riesco, economista del Centro de Estudios Nacionales de
Desarrollo Alternativo, concuerda con que las AFP habían hecho bien su trabajo…
para su propio beneficio.
El dinero que recaudan de las cotizaciones es más del
doble de lo que pagan en pensiones.
“Ese es un excedente gigantesco que jamás devolverán”, dijo
Riesco.
“El Estado está gastando grandes cantidades del presupuesto nacional
para compensar el fracaso del sistema privado. Conforme la población envejece
más, ¿qué hacen las AFP? Reducen las pensiones aún más. Es un sistema perverso
e irracional”.
Bachelet dijo que su gobierno buscaría “un acuerdo nacional” en
torno a la reforma de pensiones, y se reunió con legisladores, líderes de
partidos, representantes empresariales, los fondos de pensiones y miembros del
movimiento de protesta, conocido como No+AFP.
Sin embargo, un regreso al antiguo sistema parece estar
descartado.
Las opciones que se barajan incluyen crear una administradora de
pensiones estatal, elevar la edad de jubilación, instituir una contribución del
5 por ciento pagado por los empleadores y fortalecer regulaciones de las
administradoras de fondos de pensiones.
“Después de pasar de un sistema totalmente público al otro
extremo en 1981, ahora nos estamos yendo hacia un sistema mixto que incorpora
ahorro individual y aportes del Estado y empleadores”, dijo Bravo, de la
Universidad Católica de Chile.
“Otra opción es desmontar el sistema de AFP,
pero eso es demasiado costoso. Ya no tenemos el privilegio de empezar desde
cero”.
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