GILS CARBÓ Y PERÓN 677
{Ver las entradas del 09.04.2017 "Gils Carbó x 3"}
Avanza una investigación que complica el futuro de Gils Carbó
13-04-2017
El juez Ercolini ordenó cuatro allanamientos
por la presunta compra irregular de un edificio para la Procuración.
Habilita
otra vía para el juicio político
Los
procedimientos se extendieron a la inmobiliaria que intervino en la operación,
Jaureguiberry y Asociados, y a la casa de un intermediario, que
cobró una comisión de casi 3 millones de pesos y
que es medio hermano de un funcionario de la Procuración
General de la Nación que estaba en el área de contrataciones.
La
sospecha de la Justicia es que la licitación por la que se compró el
edificio de la calle Perón 667 estaba digitada antes de ser pública para que se beneficiaran los
que iban a cobrar la comisión.
Gils
Carbó aparece al final de la operación y en la Procuración sostienen que fue víctima de un empleado
infiel.
No obstante, en tribunales y en el Congreso señalan que
políticamente es responsable de la compra porque aparece firmando la operación y que éste es el camino
más directo al
juicio político que impulsa el Gobierno, y que espera su tratamiento en el
Congreso.
Ercolini,
a pedido del fiscal Eduardo Taiano, que tiene
delegada esta investigación, allanó
el edificio de la Procuración de Perón 667 (el mismo cuya compra se investiga)
para buscar en las oficinas de la Procelac -que es la procuraduría a cargo de los delitos
económicos-, los registros informáticos que hubiera realizado
Guillermo Bellingi, el número dos
del área de contrataciones, el sospechoso ligado a la operación inmobiliaria.
Entre ambos se repartieron los $7,7
millones de comisiones por la operación.
Thill
aparece en medio de la operación como asesorando a la inmobiliaria que intervino en la venta que
hizo la firma Arfinsa.
Pero el contrato por ese asesoramiento que permitió el pago se firmó
antes de que se supiera que existía la licitación.
Se cree que
Thill tenía información privilegiada, indicó el diario La Nación.
La
procuradora, cuando asumió el cargo tras el alejamiento de Esteban Righi en el kirchnerismo anuló una licitación
previa y llamó a
una nueva para comprar un edificio.
El
de Perón al 600 aparecía para la Procuración como el mejor, porque era el más barato,
el más grande, el que ofrecía características que les convenían y que estaba
a buen precio, porque es un edificio
histórico protegido que no se puede modificar.
Se pagaron $43,8 millones y el
fiscal Taiano pidió ahora que la Unidad de Información Financiera (UIF) haga la trazabilidad de ese dinero y del que se pagó en
comisiones.
En la Procuración festejaban
esta decisión porque dicen que el estudio librará de toda sospecha a Gils Carbó
como interviniente en la operación.
El
1º de marzo de 2013, Arfinsa contrató a la inmobiliaria Jaureguiberry para que intervenga como asesora para la venta.
Pero el 4 de
marzo, Jaureguiberry contrató a su vez a Thill, agregó el matutino.
Hubo cinco
ofertas, pero ganó la de Jaureguiberry y Thill. Arfinsa cobró
del Estado y pagó $7,7 millones de comisión.
Gils Carbó está imputada en el
expediente donde se presentó con su abogado, Alejandro Rúa -el mismo que
defiende a Cristina Kirchner en el caso por el pacto con Irán-, y explicó su
actuación en la licitación.
El expediente de la compra ya está en la causa
penal.
Fuente
“iProfesional”, 13.04.2017
No hay comentarios:
Publicar un comentario