MENDOZA: LA TUPAC Y LOS JUECES
Por qué Nélida Rojas podría seguir presa
La fiscal Cháves avanzará con el pedido de prisión preventiva para los líderes de la Tupac por asociación ilícita.
Las claves: fondos públicos que terminaron sin control en manos de la organización y cómo una familia que se dice pobre y es monotributista, llegó a comprar cuatro camionetas 0 kilómetro en menos de un mes.
Hay que hurgar demasiado en los archivos judiciales de Mendoza para encontrar una causa con la magnitud y las derivaciones que trajo la investigación de la fiscal Gabriela Chaves por las supuestas irregularidades cometidas por la Tupac Amaru en el manejo de más de $800 millones para la construcción de viviendas sociales en Lavalle.
El trámite del expediente podría volver a tomar velocidad esta semana.
Chaves se encamina a solicitar la audiencia respectiva para solicitar la prisión preventiva de los cuatro detenidos hasta el momento: la referente de la organización kirchnerista local, Nélida Rojas; su pareja Ramón Martínez y dos de sus hijas, Carla y Leonela, todos acusados en distinto grado de asociación ilícita más una veintena de imputaciones que se acumularon el 7 de abril pasado.
La fiscal está decidida a avanzar para ratificar la hipótesis de su acusación, que consiste en que Rojas y Martínez encabezaron una organización para quedarse con recursos nacionales destinados para viviendas sociales.
Y que en esa operación irregular está involucrada además a casi toda su familia y una treintena de personas más, que también fueron imputadas por distintos delitos, entre ellos, coacción agravada, estafa y extorsión.
Pero para eso la causa deberá encontrar antes un juez de garantías que la tome.
Ya fueron al menos dos los magistrados que se sacaron de encima el problema excusándose por diversos motivos y da la sensación de que en Tribunales nadie quiere agarrar la brasa caliente.
La investigación lavallina dejó al desnudo algunos aspectos preocupantes del mundo judicial.
Uno de ellos es la filtración de información sobre los allanamientos y las detenciones dispuestas por Chaves que, si bien todas las sospechas apuntan a que vinieron del Sexto Juzgado de Garantías, no se pudo comprobar nada al respecto todavía.
Pero hay dos cosas de las que pocos dudan.
Una de ellas es que la fiscal tiene un guiño de su superior, el procurador Alejandro Gullé, en una causa que tiene un profundo perfil político y particular interés para el gobierno de Alfredo Cornejo que fue, en definitiva, quien puso al jefe de los fiscales en su cargo.
Las alternativas por las cuáles la jueza Alejandra Mauricio denegó las órdenes de allanamiento aquella noche del 7 son historia aparte.
Estoy trotando ahora, no puedo ocuparme de lo que me pedís", fue lo que le dijo Mauricio a Chaves en la tarde noche de ese viernes mientras todo un cuerpo de policías y ayudantes de la fiscalía aguardaban la orden judicial para proceder con los operativos en Lavalle.
Tras la insistencia de Chaves por teléfono, la jueza pareció acceder.
-Está bien, voy a ver qué puedo hacer ¿Cuántas órdenes son?, preguntó.
-Veinticuatro.
-¿Veinticuatrooooo?, se indignó la jueza. Yo no puedo resolver eso en una hora ¿No ves dónde estoy? Además tengo que llamar a la secretaria del Juzgado, que tiene una hija chiquita.
Tras varias horas de idas y venidas y más conversaciones telefónicas de por medio, Mauricio denegó los pedidos de allanamiento por inconstitucionales y se sacó el problema de encima con una compulsa a la Justicia Federal que desde hace más de un año no mueve un solo expediente en este caso.
A la una de la madrugada, se fueron todos a dormir y dejaron los operativos para un mejor día.
Con el intento de recusar a la fiscal, el abogado presentó como codefensor de Ramón Martínez al padre de ella, Héctor Chaves, en un hecho que sorprendió a todos: fue la historia de un padre buscando perjudicar a su hija.
Guevara cometió un error infantil.
Hizo la presentación formal de la codefensoría de manera manuscrita, en un papel en dónde el que firmaba era el abogado efectivamente.
Pero quien había redactado la nota no: el apellido estaba escrito con z.
La fiscal, al notar un error tan grueso, solicitó que previo a apartarse automáticamente por la incompatibilidad manifiesta, tanto el abogado (su padre) como el imputado comparecieran ante su fiscalía para acreditar identidad.
Pero entre martes y jueves Chaves desistió de defender a Martínez.
Lo que qué pasó en esas 48 horas es parte de la increíble historia de esa familia.
El viejo letrado de más de 80 años arrastra, desde su época como integrante de la agrupación Montoneros, un desapego por los hijos que lo ha llevado a protagonizar episodios notables.
Antes del de esta semana, hubo uno que debió sufrir otro de sus hijos varones, también abogado, y que es representante legal de un hospital público en el Gran Mendoza.
Padre e hijo compartían estudio, pero todo se rompió luego de que el primero decidiera representar legalmente a Roberto Macho, el titular de ATE.
El asunto era que Chaves hijo estaba investigando el mal otorgamiento de licencias gremiales en ese centro asistencial.
El gran interrogante del futuro de esta causa es saber si la fiscal podrá o no sostener su acusación de asociación ilícita.
A decir verdad, Chaves tiene solo un par de puntas para sostener su hipótesis.
Deberá tirar más del hilo si quiere mantener a Rojas, a Martínez y a sus hijas en la cárcel.
Pero en esta etapa acusatoria, muchos entienden que lo que existe es suficiente.
La forma en que Martínez retiraba fondos públicos de una cuenta particular del Banco Nación es una de las claves.
La fiscal ya tiene acreditado, entre otros por el testimonio del gerente del Nación en Lavalle, como fondos federales eran manejados casi en su totalidad por un privado.
Los recursos para el Programa de Integración Socio Comunitaria que bajaban del Ministerio de Planificación Federal que conducía Julio De Vido llegaban al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), y de allí eran transferidos a la Municipalidad de Lavalle.
Era el municipio quien emitía los cheques con los pagos de acuerdo al avance de obra a las cooperativas y luego venía la maniobra ilegal.
Los apoderados de esas cooperativas terminaban endosando esos cheques a la cuenta particular de Martínez, quien era quien disponía de la plata en el ciclo final de esta cadena.
No por nada, ya están acreditados más de mil retiros de efectivo del Banco Nación por parte del propio Martínez.
Chaves tiene en su poder un listado de 24 vehículos adquiridos por hijos y otros familiares de Rojas y Martínez en los últimos años.
Muchos de esos autos ya fueron transferidos.
Pero hay cuatro que son la llave que podría abrir la puerta de la ratificación de la asociación ilícita.
Con el cruce de datos aportados por la AFIP y la Dirección de Investigaciones, está comprobado que tres hijos de la familia Damián, Federico y Facundo, patentaron cuatro camionetas de alta gama, dos Toyota Hylux y dos Ford Cummins, en diciembre de 2015.
Entre octubre y diciembre de ese mismo año, está comprobado que Martínez retiró del Nación casi a diario sumas que iban de los $200.000 a los $500.000, según el día.
El dato es que toda la familia está registrada en la AFIP, como monotributistas clase B con ingresos declarados de $24.000 al año.
La investigación tiene al menos dos patas más.
Una de ellas es la gran cantidad de denuncias que se acumularon luego de la presentación hace casi dos años de Milena Gómez, la primera en presentarse ante la Justicia para contar lo que hacían Nélida y su organización.
Gómez estuvo en soledad durante largos meses y la causa no avanzó.
El vuelco se produjo en noviembre de 2016, tras la presentación de Margarita Stolbitzer y la difusión pública del tema en el programa de Jorge Lanata.
En menos de seis meses ya son más de 100 los denunciantes de la Tupac que se animaron a romper el silencio, independientemente de que, de todas esas denuncias, la Justicia se abocó hasta el momento en poco menos de 30.
De todo lo que allí se dijo, algunas cosas ya son sabidas.
La Tupac en Mendoza obligaba a quienes quería acceder a una vivienda a participar activamente en la organización a través de un reglamento arbitrario que, entre otras cosas, imponía saberse las canciones de la organización, cortar calles, hacer piquetes o participar de marchas para acumular méritos.
Pero hubo más: Rojas y su grupo manejaron con discrecionalidad el otorgamiento de viviendas y decidían, inclusive, desalojos para beneficiarios ya adjudicados.
Se cuentan por decenas los denunciantes que cuentan cómo, durante los fines de semana, feriados o por las noches, muchas familias eran echadas de las casas por no cumplir con las metas de la Tupac.
Varios dijeron que además sus casas eran vendidas a otros.
Entre las denuncias saltan cuestiones impactantes.
Una de ellas es que la Tupac se manejaba con total impunidad: "Yo me tomo un cafecito con los fiscales", les decía Rojas a quienes amenazaban con denunciarla.
Y la otra. Al menos una decena de personas acreditó ante la Justicia que Nélida los forzaba a cumplir prácticamente tareas de servidumbre como plancharle la ropa, cortarle el pasto y hasta recargarle el celular prepago.
De todo este paquete de denuncias, fue que se acumularon las imputaciones por estafa, extorsión y coacción agravada.
La otra pata investigativa todavía está en veremos.
En los allanamientos realizados en la municipalidad de Lavalle se secuestró documentación que podría acreditar otras de las sospechas que apuntan al intendente Jorge Righi: que además de todo, también se pagaron sobreprecios y que los materiales en la construcción de las viviendas que ya están otorgadas no son de la calidad certificada por el municipio.
Cuentan que en uno de los últimos allanamientos realizados en un galpón de la Tupac, Gabriela Chaves se sentó a descansar sobre unas latas metálicas que se apilaban en un rincón.
Un hombre que allí estaba sonrió como burlándose y alcanzó a deslizar por lo bajo: "Esas eran las latas que usaban para enterrar el dinero".
Alguien lo escuchó y la fiscal inmediatamente ordenó el secuestro de las cajas metálicas.
Por si algo le faltaba a esta historia.
fuente
"MDZ", 23.04.2017
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