JUBILADOS: LA REPARACIÓN Y
LAS
DIFICULTADES
La reparación a los jubilados se anticipó para algunos, pero se demora para otros
Unos 600.000 pasivos están a la espera de la oferta, que les llegaría hacia mitad de año; hay 8000 acuerdos homologados y la Anses pagaría más reajustes anticipados
LA NACION
DOMINGO 19 DE MARZO DE 2017
Expedientes en los juzgados previsionales, la postal que es reflejo de los cientos de miles de reclamos. Foto: Archivo
Algunos vieron rápidamente más dinero en sus bolsillos.
Para otros, lo anunciado y lo dispuesto por ley el año pasado no se tradujo todavía en una mejora del ingreso mensual, y para cientos de miles aún no hay siquiera una propuesta oficial de recomposición del haber, para poder analizarla y evaluar si se la acepta o no.
El plan de reparación histórica, que alcanzará a unos 2 millones de jubilados, corre a diferentes velocidades.
Hay 894.668 personas incluidas en los procedimientos de pago anticipado, que ya cobran la mejora.
En los próximos dos meses se sumarán al menos otros 8000, que son quienes tienen hasta ahora su acuerdo firmado con la Anses y homologado por un juez, según dijo a LA NACION Gonzalo Estivariz, secretario Legal y Técnico del organismo previsional.
Según agregó, algunos verán la mejora en sus haberes de abril, aunque la mayoría percibirá el reajuste en mayo.
Pero además, y según anticipó a este diario el director ejecutivo de la Anses, Emilio Basavilbaso, se evalúa pagar en forma anticipada a un grupo de quienes esperan la homologación de su acuerdo.
Desde el Poder Judicial, en tanto, los magistrados señalan que persisten dificultades para hacer dinámico el trámite de las homologaciones de acuerdos firmados entre jubilados y el Estado (que suponen la renuncia a acciones judiciales presentes o futuras), por falta de estructura y por fallas en el sistema informático.
Además de analizar el anticipo de pagos, la Anses dispuso liberar a un grupo de jubilados de los que ya cobran una suba, de la obligación de firmar el acuerdo transaccional previsto en la ley, al menos por ahora.
Basavilbaso también sostuvo que días atrás se subieron a la web de la Anses las propuestas de pago para 95.000 casos que estaban pendientes.
En total, dijo, hay hasta ahora 1,35 millones de jubilados que conocen cuánto se les ofrece.
Y según estimó, sólo hacia mediados de año la totalidad de quienes están alcanzados por el plan tendrán su oferta correspondiente.
Así, para unos 600.000 jubilados, entre ellos muchos que tienen juicios iniciados -en algunos casos, incluso con sentencia firme-, el plan se demora varios meses respecto de lo que se había previsto.
El grupo de quienes cobran ya el aumento (sin haber firmado acuerdo) está integrado por quienes no habían hecho juicio y, además, cumplen con otras condiciones (una es que el ingreso ya reajustado no supera el equivalente a dos veces y medio el haber mínimo).
Inicialmente se había dispuesto que estas personas tendrían seis meses para aceptar y firmar el acuerdo transaccional, y que de no hacerlo se caería el beneficio.
Para quienes comenzaron a cobrar el reajuste en septiembre, el plazo vencería este mes.
El programa de la ley 27.260 se propone poner en línea los haberes jubilatorios con los criterios dispuestos por la Corte Suprema, principalmente respecto de dos temas: la movilidad de los ingresos por el período de 2002 a 2006 (fallo Badaro) y el cálculo de los haberes iniciales con actualización de los salarios que forman parte de la fórmula (fallo Elliff).
Se contempla no sólo a quienes iniciaron litigios, sino también a quienes no reclamaron pero se les pagó de forma incorrecta en los últimos años, según el plan admite.
Sin embargo, Basavilbaso afirmó que se decidió flexibilizar esa exigencia: según la resolución 17 del organismo, quienes sí quedan obligados a cumplir con tal trámite son los que recibieron una mejora superior a un haber mínimo.
Ese ingreso básico fue de $ 5661 hasta febrero y, por tanto, están exentos del trámite quienes hayan recibido, en concepto de suba por la reparación histórica, una cifra inferior a esa.
Y sí deberían hacerlo los que percibieron más.
Estivariz aclaró, sin embargo, que en todos los casos debería aceptarse la oferta (si así se lo decide) clickeando esa opción en la web, dentro de los 6 meses de recibido el nuevo haber.
De todas maneras, en la Anses analizan prorrogar ese plazo.
Por estos días, la Anses está enviando unas 300.000 comunicaciones (vía mail, mensajes de texto, llamadas telefónicas o correo convencional) a jubilados que reciben el reajuste anticipado, pero que aún no indicaron si lo aceptan o lo rechazan.
El rechazo debería consignarse en caso de que la persona prefiera continuar o iniciar un juicio, por considerar que así obtendría una mejor recomposición.
Para hacer la opción hay que ingresar en la página www.anses.gob.ar con la clave personal de la seguridad social.
Por ahora, según la Anses, hay 450.000 aceptaciones y 165.000 acuerdos firmados que van siendo remitidos al Poder Judicial.
La firma del acuerdo
¿En qué consiste la firma del acuerdo?
Un primer requisito es que se debe haber registrado previamente la huella dactilar, algo que hoy sólo puede hacerse en una oficina de la Anses, con turno previo.
El acuerdo debe ser firmado por el jubilado y un abogado, utilizando la huella.
Puede ser en una oficina de la Anses (con turno) o en alguna sucursal bancaria que disponga de un tótem o terminal que lea datos biométricos.
Entre la firma del beneficiario y su abogado -cuyos honorarios estarán a cargo del Estado- no deben pasar más de 30 minutos.
Ese acuerdo, siempre por vía digital, llega luego a la Anses, donde debe ser suscripto por el director ejecutivo y un abogado.
Y posteriormente es remitido a la Justicia para su homologación.
Los expedientes deberían llegar a un juzgado o a otro según el domicilio de pago de haberes (o, en el caso de quienes tengan juicio, van al juzgado que lo está tramitando).
En la ciudad de Buenos Aires, los acuerdos llegan a la Cámara Federal de la Seguridad Social y se distribuyen entre los diez juzgados de primera instancia.
Según varias fuentes judiciales consultadas por LA NACION, si bien ya hay homologaciones y las condiciones para hacer el trabajo en algo fueron mejorando, persisten dificultades para que los casos se tramiten de manera dinámica y rápida.
"Hay fallas técnicas en el programa y errores en las presentaciones de la Anses", señaló el juez Luis Herrero, de la sala II del fuero previsional.
La jueza Alicia Braghini, del juzgado 7 de primera instancia, explicó que, una vez llegado un acuerdo para su homologación, se notifica a las partes, que tienen tres días hábiles para rectificar eventualmente lo firmado (si no lo hacen, queda ratificado).
En la práctica, y según dijo en coincidencia con otros jueces, existen problemas de capacidad de los juzgados (cantidad de personas, de computadoras, espacio físico) y dificultades con el sistema informático.
Tras un pedido hecho por la cámara, el mes pasado la Corte Suprema habilitó 39 nuevos cargos para la Capital Federal (30 en primera instancia y 9 en las salas de apelaciones) y otros 60 para juzgados del interior que trabajan en la reparación histórica, según consignó Néstor Fasciolo, juez camarista de la sala III.
Pero, según advirtió, hay que tener en cuenta que se requiere adecuar desde los cableados hasta los espacios de trabajo.
Por otra parte, esa cantidad de cargos es inferior a la que el fuero consideraba necesaria.
"El plan de reparación histórica es favorable y su objetivo es fantástico; nosotros tenemos continuamente reuniones con la Anses y con el área de informática de la Cámara [Federal de la Seguridad Social]", sostuvo Braghini, respecto de la voluntad por tratar de solucionar las trabas.
Lo cierto es que, mientras no llegan más recursos, el trabajo que llega se suma al que ya tienen los juzgados: el estudio de los juicios en trámite.
Por ahora no se logró una caída de la litigiosidad.
Según Braghini, una de las razones es que, como ir a la justicia requiere pasar antes por una instancia administrativa (concretamente, hacer el pedido de reajuste en la Anses), hoy todavía llegan causas que dieron su puntapié inicial antes del anuncio de la reparación.
Por otra parte, y según algunos abogados, hay jubilados que pueden decidir iniciar un reclamo tras rechazar la oferta del Gobierno, por considerar que obtendrían por ese camino un ingreso más alto.
La posibilidad de que eso ocurra depende en buena medida de la fecha de la jubilación, porque si bien el plan sigue los criterios de la Corte para el cálculo y la movilidad del haber, no usa los mismos índices para las actualizaciones en juego.
¿Podrían los jueces no homologar un acuerdo por razones como la diferencia entre lo ofrecido en el plan y lo que podría conseguirse en un fallo?
En el Poder Judicial no descartan evaluar tal posibilidad. "Podría haber un llamado a audiencia a las partes", afirmó un juez.
Los expedientes que llevarían más tiempo son los de quienes tienen juicios; en tal caso, con el acuerdo se renuncia al reclamo hecho.
En estos casos (con juicio iniciado antes del 30 de mayo de 2016 y aún en trámite), un dato a tener en cuenta a la hora de evaluar la propuesta oficial es que la reparación histórica contempla el pago de retroactivos (diferencia entre el haber que debió haberse cobrado y el que efectivamente se cobró), pero sólo hasta un tope de 48 meses, lo cual -dependiendo del tiempo que lleve el litigio- puede representar una quita.
Si hay sentencia firme previa a junio de 2016, el retroactivo no tiene límite temporal.
La huella digital y los casos de excepción
El plan de reparación histórica trajo como novedad que se gestiona a través de expedientes digitales.
Y la identidad de la persona que adhiere, de su abogado y de los representantes del Estado queda corroborada con el uso de la huella dactilar, que debe ser previamente registrada; muchos jubilados ya habían hecho ese trámite para el cobro regular de sus ingresos.
La excepción fue dispuesta para el caso de los jubilados que estén incapacitados para hacer ese registro de su huella.
Entonces, quienes acepten el plan podrán suscribir el acuerdo con su firma manuscrita y el trámite deberá realizarse ante un escribano público.
En forma previa debe gestionarse en la Anses el certificado de exención del llamado programa Mi Huella.
Estas situaciones se dan, por ejemplo, con personas que están internadas en instituciones o residencias de adultos mayores o en hospitales
fuente
"La Nación", 19.03.2017
No hay comentarios:
Publicar un comentario