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Legales
Jueves 19 de Noviembre de 2015
La revancha ya empezó: la Justicia embiste contra Cristina y en el fin de ciclo ya le pasa "diez facturas" clave
19-11-2015 Desde que concluyó la primera vuelta de las presidenciales, el Gobierno viene sufriendo varios traspiés en los Tribunales en causas consideradas "sensibles" para el kirchnerismo. Además, hay demandas que aguardan pronta resolución y que podrían generar un impacto negativo para la Presidenta
La exigua victoria de Daniel Scioli sobre Mauricio Macri y la
creciente ventaja que -según sondeos de consultoras- está logrando el
candidato de Cambiemos de cara al balotaje del domingo, “volaron todos
los papeles” de la agenda kirchnerista.
Las noticias que le llegan al Gobierno desde el Poder Judicial no son las mejores. Durante las últimas dos semanas, los tribunales -en distintas instancias- declararon inconstitucional la ley de subrogancias, avalaron pedidos de informes de la oposición, imputaron a funcionarios kirchneristas por “incumplimiento de deberes”, extendieron tres cautelares a favor del Grupo Clarín y recibieron cuestionamientos de diversos sectores por nombramientos en órganos de control y postulaciones para la Corte Suprema.
La intranquilidad en el oficialismo radica en que las causas contra el Gobierno y la Presidenta, que venían avanzando muy lentamente, luego de las elecciones tomaron envión.
Para coronar una semana difícil, la Policía Metropolitana allanó el Banco Central por orden del juez Claudio Bonadio, en el marco de la investigación contra Alejandro Vanoli y el resto del directorio de la entidad por presunta defraudación pública.
Tras conocer esta decisión, la Presidenta cuestionó el accionar de la Justicia, en especial de Bonadio. Además, la mandataria volvió a hablar de un "Partido Judicial" que buscaba perjudicarla, una referencia que ya había utilizado tras la muerte de Nisman.
Luego de cargar contra los magistrados que promueven algunas causas y tildarlos de "desestabilizadores y destituyentes", Cristina hasta se permitió dudar de la salud mental de Carlos Fayt.
En definitiva, la jefa de Estado cargó contra esa misma Justicia que, bajo su óptica, avanza con ánimos de "revancha" en un contexto marcado por el fin de ciclo y que ya le está pasando "diez facturas":
1. Inconstitucionalidad de la integración del Consejo de la Magistratura
Por una demanda del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, la sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal declaró inconstitucional la actual integración de 13 miembros del Consejo de la Magistratura.
La modificación surgió a instancias de un proyecto del 2005 de Cristina Kirchner, cuando era senadora nacional, y por el que se pasó de 20 a 13 miembros.
Para los jueces, la norma habilita a que los representantes de los órganos políticos (cinco de trece) puedan sesionar y decidir sin el aval de los integrantes que provienen de los demás estamentos, lo que es inconstitucional.
El Gobierno apelará la sentencia ante la Corte Suprema.
2. Procesamiento del titular del PAMI
El juez Bonadio procesó a Luciano Di Cesare, titular del PAMI, en la causa que investiga por qué ese organismo utilizó fondos de su presupuesto para financiar al Tesoro mediante la compra de letras del Estado en lugar de aplicarlos a garantizar la calidad de las prestaciones para jubilados.
A Di Cesare, el magistrado lo considera "penalmente responsable por el delito de defraudación a la administración pública".
3. Caso Chevron-YPF
Hace dos años, la recién estatizada YPF y la firma norteamericana Chevron firmaron un contrato para avanzar en el desarrollo conjunto de un yacimiento en la formación Vaca Muerta.
El acuerdo exigía la confidencialidad de sus términos. Pero la Corte Suprema hizo lugar a una demanda presentada por el senador socialista Rubén Giustiniani, quien consideraba que el convenio debería estar disponible por tratarse de una empresa con participación estatal mayoritaria.
Scioli y el Jefe de Gabinete Aníbal Fernández cuestionaron la decisión, pero la firma se comprometió a brindar esa información dentro del plazo de 30 días.
4. Jueces subrogantes
Las malas noticias desde el ámbito judicial contra el Ejecutivo tras las elecciones comenzaron cuando la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de ley de subrogancias, al tiempo que fijó un nuevo régimen transitorio para así dar marcha atrás con la ley 27.145 aprobada en junio por el Congreso, que dejaba en manos del Consejo de la Magistratura la designación de jueces.
Los jueces, unánimemente, justificaron la medida al considerar que la ley "rompe el orden de prelación a favor de los magistrados" ya que permite que los subrogantes "sean elegidos sin sorteo ni parámetro objetivo alguno". La norma permitía al Consejo designarlos por mayoría de miembros presentes en la sesión en lugar de la totalidad.
5. Hotesur y Lázaro Báez
Este caso empezó hace un año luego de una denuncia penal que radicó la diputada Margarita Stolbizer contra la Presidenta, por supuestas irregularidades fiscales y societarias a través de la sociedad Hotesur, que maneja el Hotel Alto Calafate, propiedad de la familia Kirchner.
El caso recayó en el juzgado de Bonadio, quien luego fue desplazado por utilizar a la policía metropolitana en un allanamiento en Santa Cruz.
El hotel Alto Calafate es el que utilizó el empresario Lázaro Báez, también investigado, para una maniobra de alquiler de habitaciones.
El empresario garantizó el pago de 935 plazas por mes, durante 2010 y 2011, sin importar si sus empleados usaban esas reservas o no, ni si se trataba de temporada alta o baja.
El juez federal Sebastián Casanello, quien ahora lleva la causa, admitió que la diputada nacional Margarita Stolbizer actúe como "amicus curiae" (amiga del tribunal), que le abrió la posibilidad de actuar como una tercera ajena al litigio y, por consiguiente, presentar escritos proponiendo testimonios y medidas de prueba.
En esta causa, Casanello procesó por supuesto lavado de dinero al personaje mediático Leonardo Fariña, que está detenido en el penal de Ezeiza por otra causa, y al ex financista Federico Elaskar.
6. Cautelar a favor de Clarín por la ley de medios
La Corte Suprema confirmó una medida cautelar a favor del Grupo Clarín para frenar el plan de adecuación de oficio que impulsa el AFSCA para que el multimedio se adecue a lo establecido en la Ley de Medios.
Luego de la declaración de constitucionalidad de la ley, el multimedio presentó una propuesta de adecuación mediante la cual transfería las licencias a firmas que estaban vinculadas con el conglomerado empresarial, lo que fue rechazado por el organismo que conduce Martín Sabbatella, que intentó la "adecuación de oficio".
Ante ello, los abogados del holding presentaron una acción de amparo y obtuvieron una medida cautelar, que venció el 6 de junio pasado, pero luego solicitaron una prórroga hasta la definición de fondo y ahora vencerá el 16 de enero de 2016.
7. Otra cautelar a favor de Clarín por Cablevisión
Tras el fallo del máximo tribunal, la sala 1 de la Cámara Federal en lo Civil y Comercial porteña rechazó una cautelar pedida por la AFSCA para que se le impida a Cablevisión la suscripción de más abonados.
"El Partido Judicial, ese gran agujero negro de la Democracia, se metió de lleno en las elecciones y acelera fallos a favor del Grupo Clarín y en contra de la libertad de expresión", lamentó el presidente de la AFSCA, Martín Sabbatella.
Sucede que el funcionario entiende que debe impedirse la suscripción de más abonados para Cablevisión, ya que en todas las instancias judiciales se determinó que esa empresa excede el límite del 35% de cuota de mercado establecida por ley de Servicios Audiovisuales.
Y concluyó: " La Justicia no nos permite achicarlos, pero sí les permite a ellos seguir agrandándose y ampliando su incumplimiento".
8. Cautelar por Papel Prensa
En 2012, el Congreso sancionó una nueva Ley de Mercado de Capitales, que le daba a la Comisión Nacional de Valores (CNV) un papel protagónico, ya que sería el único organismo que podría controlar la oferta pública de acciones y títulos.
Entre otras facultades, dicho organismo ahora podría de designar veedores con facultad de veto de las decisiones de los órganos de administración de una sociedad o la separación de estos últimos.
El año pasado terminó de ser reglamentada y ahora la sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal hizo lugar a un pedido de la empresa Papel Prensa, revocó un fallo de primera instancia y suspendió cautelarmente la aplicación de dichas facultades.
En concreto, el multimedio Clarín recibió tres avales de la Justicia en las últimas dos semanas.
El primero vino de la Corte Suprema, que extendió la cautelar para que no se inicie la adecuación de oficio por la Ley de Medios.
El segundo, de Cámara Federal en lo Civil y Comercial porteña, que hizo lugar a un pedido de Cablevisión para permitir su expansión y el tercero de Papel Prensa, para que se le impida designar a la CNV veedores con facultad de veto de las decisiones de los órganos societarios de empresas que cotizan en la Bolsa.
9. Causa contra Vanoli por venta de dólar futuro
El titular del Banco Central, Alejandro Vanoli, fue imputado por el fiscal Eduardo Taiano por "presunta defraudación de la administración pública" a raíz de las operaciones que realizó el BCRA en el mercado de dólar futuro. La causa está en manos del juez Claudio Bonadio, quien ayer ordenó allanamientos en la entidad monetaria.
La presentación judicial había sido realizada dos semanas atrás por los diputados nacionales Federico Pinedo y Mario Negri, jefes de los bloques del PRO y UCR. Ellos acusan a Vanoli de permitir contratos por miles de millones de dólares a precios muy por debajo de los de mercado. En números: vendió dólares a entregar el 31 de marzo de 2016 a precios que van de $10,50 a $10,60, mientras que el mismo contrato, en el mercado de futuros de Nueva York, se vendía a cerca de 15 pesos.
La gran apuesta del mercado es que el dólar a marzo de 2016 va a valer bastante más que $10,60. Por eso todo el mercado está comprado y el único que está vendido es el BCRA. De ahí que se calcula que por los u$s12.000 millones el BCRA enfrenta una deuda potencial que algunos calculan, de mínima, en $30.000 millones.
Por cada dólar vendido, el Central, si la cotización oficial es de por ejemplo 13,60 pesos al 31 de marzo, deberá poner 3 pesos. De modo que no están en riesgo los dólares de las reservas.
10. Impugnación a camporistas propuestos para la AGN
Otra de las causas está vinculada al nombramiento de los "camporistas" Julián Álvarez y Juan Ignacio Forlón como auditores generales de la Auditoría General de la Nación (AGN).
El Frente Renovador pidió que la Justicia declare "la nulidad absoluta e insanable" de la resolución de la Cámara de Diputados y que "se restituya el status quo anterior a la mencionada resolución" y cuestiona la posible "sobrerrepresentación" del Frente para la Victoria, si es derrotado en el balotaje, ya que tendría cinco de siete auditores.
Otras causas que complican al Ejecutivo
Más allá de ese largo listado, hay otras causas judiciales que fueron promovidas por particulares o por la oposición.
A través de una resolución, la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) obligó a las aseguradoras a vender sus bonos en dólares.
Las empresas se presentaron en los tribunales para que se declare inconstitucional esa medida.
Hasta que se resuelva la cuestión de fondo, pidieron medidas cautelares para evitar desprenderse de sus activos dolarizados.
Un juez de Rosario hizo lugar al pedido y benefició a la Cooperación Mutual Patronal Sociedad Mutual de Seguros Generales. Habrá que esperar la resolución de fondo, pero por el momento, dichas empresas conservan sus bonos dolarizados. Ahora, el Gobierno los intimó, pero las firmas se resisten.
Paralelamente, la Justicia hizo lugar a la medida cautelar pedida por el Gobierno porteño contra la Secretaría de Comercio de la Nación por demorar el ingreso de 28 coches al país que serán destinados a renovar la flota de la línea C del subte porteño.
La jueza Liliana Heiland, del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 10, secretaría 20, por los coches demorados en la Aduana desde principios de año ya que la Secretaría de Comercio no firmó los certificados de importación de bienes usados necesarios para liberarlos.
Para el Gobierno porteño, “el Estado nacional dilató los trámites y puso trabas arbitrarias, afectando así al millón de pasajeros que utilizan el subte a diario".
Por otra parte, el fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Raúl Pleé, presentó un recurso ante la Corte para que se suspenda la remoción del juez Juan Carlos Gemignani en el caso que debe definir la validez del tratado con Irán.
La constitucionalidad del memorándum estuvo a punto de resolverse a mediados de año. Sin embargo, cuando los jueces estaban por pronunciarse, la Magistratura dio por terminada la subrogancia de Luis María Cabral. Gemignani reservó su voto en una caja fuerte y dejó sentado en un acta que él ya se había expedido.
El Gobierno lo consideró como una muestra de parcialidad y la Sala II, con el voto de los camaristas Norberto Frontini y Roberto Boico - designados como subrogantes por la mayoría kirchnerista del Consejo de la Magistratura- decidió remover a Gemignani por “parcialidad”.
Ahora, la Corte deberá resolver.
Por otro lado, Cristina Kirchner no podrá ver cumplido su sueño de completar la Corte Suprema con personas designadas por ella.
Al fracaso de principios de año de erigir a Roberto Carlés como miembro del tribunal, se suman las impugnaciones y el rechazo de la oposición a los nuevos candidatos, Domingo Sesín y Eugenio Sarrabayrouse.
Uno de los cuestionamientos más fuertes es que aún no se produjo la vacancia por la renuncia de Carlos Fayt, que se hará efectiva el 11 de diciembre, el día siguiente al de la asunción del nuevo presidente. Y además señalan que la nueva composición del Senado es la que tiene que brindar su aval.
fuente
"iProfesional", 19.11.2015
Las noticias que le llegan al Gobierno desde el Poder Judicial no son las mejores. Durante las últimas dos semanas, los tribunales -en distintas instancias- declararon inconstitucional la ley de subrogancias, avalaron pedidos de informes de la oposición, imputaron a funcionarios kirchneristas por “incumplimiento de deberes”, extendieron tres cautelares a favor del Grupo Clarín y recibieron cuestionamientos de diversos sectores por nombramientos en órganos de control y postulaciones para la Corte Suprema.
La intranquilidad en el oficialismo radica en que las causas contra el Gobierno y la Presidenta, que venían avanzando muy lentamente, luego de las elecciones tomaron envión.
Para coronar una semana difícil, la Policía Metropolitana allanó el Banco Central por orden del juez Claudio Bonadio, en el marco de la investigación contra Alejandro Vanoli y el resto del directorio de la entidad por presunta defraudación pública.
Tras conocer esta decisión, la Presidenta cuestionó el accionar de la Justicia, en especial de Bonadio. Además, la mandataria volvió a hablar de un "Partido Judicial" que buscaba perjudicarla, una referencia que ya había utilizado tras la muerte de Nisman.
Luego de cargar contra los magistrados que promueven algunas causas y tildarlos de "desestabilizadores y destituyentes", Cristina hasta se permitió dudar de la salud mental de Carlos Fayt.
En definitiva, la jefa de Estado cargó contra esa misma Justicia que, bajo su óptica, avanza con ánimos de "revancha" en un contexto marcado por el fin de ciclo y que ya le está pasando "diez facturas":
1. Inconstitucionalidad de la integración del Consejo de la Magistratura
Por una demanda del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, la sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal declaró inconstitucional la actual integración de 13 miembros del Consejo de la Magistratura.
La modificación surgió a instancias de un proyecto del 2005 de Cristina Kirchner, cuando era senadora nacional, y por el que se pasó de 20 a 13 miembros.
Para los jueces, la norma habilita a que los representantes de los órganos políticos (cinco de trece) puedan sesionar y decidir sin el aval de los integrantes que provienen de los demás estamentos, lo que es inconstitucional.
El Gobierno apelará la sentencia ante la Corte Suprema.
2. Procesamiento del titular del PAMI
El juez Bonadio procesó a Luciano Di Cesare, titular del PAMI, en la causa que investiga por qué ese organismo utilizó fondos de su presupuesto para financiar al Tesoro mediante la compra de letras del Estado en lugar de aplicarlos a garantizar la calidad de las prestaciones para jubilados.
A Di Cesare, el magistrado lo considera "penalmente responsable por el delito de defraudación a la administración pública".
3. Caso Chevron-YPF
Hace dos años, la recién estatizada YPF y la firma norteamericana Chevron firmaron un contrato para avanzar en el desarrollo conjunto de un yacimiento en la formación Vaca Muerta.
El acuerdo exigía la confidencialidad de sus términos. Pero la Corte Suprema hizo lugar a una demanda presentada por el senador socialista Rubén Giustiniani, quien consideraba que el convenio debería estar disponible por tratarse de una empresa con participación estatal mayoritaria.
Scioli y el Jefe de Gabinete Aníbal Fernández cuestionaron la decisión, pero la firma se comprometió a brindar esa información dentro del plazo de 30 días.
4. Jueces subrogantes
Las malas noticias desde el ámbito judicial contra el Ejecutivo tras las elecciones comenzaron cuando la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de ley de subrogancias, al tiempo que fijó un nuevo régimen transitorio para así dar marcha atrás con la ley 27.145 aprobada en junio por el Congreso, que dejaba en manos del Consejo de la Magistratura la designación de jueces.
Los jueces, unánimemente, justificaron la medida al considerar que la ley "rompe el orden de prelación a favor de los magistrados" ya que permite que los subrogantes "sean elegidos sin sorteo ni parámetro objetivo alguno". La norma permitía al Consejo designarlos por mayoría de miembros presentes en la sesión en lugar de la totalidad.
5. Hotesur y Lázaro Báez
Este caso empezó hace un año luego de una denuncia penal que radicó la diputada Margarita Stolbizer contra la Presidenta, por supuestas irregularidades fiscales y societarias a través de la sociedad Hotesur, que maneja el Hotel Alto Calafate, propiedad de la familia Kirchner.
El caso recayó en el juzgado de Bonadio, quien luego fue desplazado por utilizar a la policía metropolitana en un allanamiento en Santa Cruz.
El hotel Alto Calafate es el que utilizó el empresario Lázaro Báez, también investigado, para una maniobra de alquiler de habitaciones.
El empresario garantizó el pago de 935 plazas por mes, durante 2010 y 2011, sin importar si sus empleados usaban esas reservas o no, ni si se trataba de temporada alta o baja.
El juez federal Sebastián Casanello, quien ahora lleva la causa, admitió que la diputada nacional Margarita Stolbizer actúe como "amicus curiae" (amiga del tribunal), que le abrió la posibilidad de actuar como una tercera ajena al litigio y, por consiguiente, presentar escritos proponiendo testimonios y medidas de prueba.
En esta causa, Casanello procesó por supuesto lavado de dinero al personaje mediático Leonardo Fariña, que está detenido en el penal de Ezeiza por otra causa, y al ex financista Federico Elaskar.
6. Cautelar a favor de Clarín por la ley de medios
La Corte Suprema confirmó una medida cautelar a favor del Grupo Clarín para frenar el plan de adecuación de oficio que impulsa el AFSCA para que el multimedio se adecue a lo establecido en la Ley de Medios.
Luego de la declaración de constitucionalidad de la ley, el multimedio presentó una propuesta de adecuación mediante la cual transfería las licencias a firmas que estaban vinculadas con el conglomerado empresarial, lo que fue rechazado por el organismo que conduce Martín Sabbatella, que intentó la "adecuación de oficio".
Ante ello, los abogados del holding presentaron una acción de amparo y obtuvieron una medida cautelar, que venció el 6 de junio pasado, pero luego solicitaron una prórroga hasta la definición de fondo y ahora vencerá el 16 de enero de 2016.
7. Otra cautelar a favor de Clarín por Cablevisión
Tras el fallo del máximo tribunal, la sala 1 de la Cámara Federal en lo Civil y Comercial porteña rechazó una cautelar pedida por la AFSCA para que se le impida a Cablevisión la suscripción de más abonados.
"El Partido Judicial, ese gran agujero negro de la Democracia, se metió de lleno en las elecciones y acelera fallos a favor del Grupo Clarín y en contra de la libertad de expresión", lamentó el presidente de la AFSCA, Martín Sabbatella.
Sucede que el funcionario entiende que debe impedirse la suscripción de más abonados para Cablevisión, ya que en todas las instancias judiciales se determinó que esa empresa excede el límite del 35% de cuota de mercado establecida por ley de Servicios Audiovisuales.
Y concluyó: " La Justicia no nos permite achicarlos, pero sí les permite a ellos seguir agrandándose y ampliando su incumplimiento".
8. Cautelar por Papel Prensa
En 2012, el Congreso sancionó una nueva Ley de Mercado de Capitales, que le daba a la Comisión Nacional de Valores (CNV) un papel protagónico, ya que sería el único organismo que podría controlar la oferta pública de acciones y títulos.
Entre otras facultades, dicho organismo ahora podría de designar veedores con facultad de veto de las decisiones de los órganos de administración de una sociedad o la separación de estos últimos.
El año pasado terminó de ser reglamentada y ahora la sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal hizo lugar a un pedido de la empresa Papel Prensa, revocó un fallo de primera instancia y suspendió cautelarmente la aplicación de dichas facultades.
En concreto, el multimedio Clarín recibió tres avales de la Justicia en las últimas dos semanas.
El primero vino de la Corte Suprema, que extendió la cautelar para que no se inicie la adecuación de oficio por la Ley de Medios.
El segundo, de Cámara Federal en lo Civil y Comercial porteña, que hizo lugar a un pedido de Cablevisión para permitir su expansión y el tercero de Papel Prensa, para que se le impida designar a la CNV veedores con facultad de veto de las decisiones de los órganos societarios de empresas que cotizan en la Bolsa.
9. Causa contra Vanoli por venta de dólar futuro
El titular del Banco Central, Alejandro Vanoli, fue imputado por el fiscal Eduardo Taiano por "presunta defraudación de la administración pública" a raíz de las operaciones que realizó el BCRA en el mercado de dólar futuro. La causa está en manos del juez Claudio Bonadio, quien ayer ordenó allanamientos en la entidad monetaria.
La presentación judicial había sido realizada dos semanas atrás por los diputados nacionales Federico Pinedo y Mario Negri, jefes de los bloques del PRO y UCR. Ellos acusan a Vanoli de permitir contratos por miles de millones de dólares a precios muy por debajo de los de mercado. En números: vendió dólares a entregar el 31 de marzo de 2016 a precios que van de $10,50 a $10,60, mientras que el mismo contrato, en el mercado de futuros de Nueva York, se vendía a cerca de 15 pesos.
La gran apuesta del mercado es que el dólar a marzo de 2016 va a valer bastante más que $10,60. Por eso todo el mercado está comprado y el único que está vendido es el BCRA. De ahí que se calcula que por los u$s12.000 millones el BCRA enfrenta una deuda potencial que algunos calculan, de mínima, en $30.000 millones.
Por cada dólar vendido, el Central, si la cotización oficial es de por ejemplo 13,60 pesos al 31 de marzo, deberá poner 3 pesos. De modo que no están en riesgo los dólares de las reservas.
10. Impugnación a camporistas propuestos para la AGN
Otra de las causas está vinculada al nombramiento de los "camporistas" Julián Álvarez y Juan Ignacio Forlón como auditores generales de la Auditoría General de la Nación (AGN).
El Frente Renovador pidió que la Justicia declare "la nulidad absoluta e insanable" de la resolución de la Cámara de Diputados y que "se restituya el status quo anterior a la mencionada resolución" y cuestiona la posible "sobrerrepresentación" del Frente para la Victoria, si es derrotado en el balotaje, ya que tendría cinco de siete auditores.
Otras causas que complican al Ejecutivo
Más allá de ese largo listado, hay otras causas judiciales que fueron promovidas por particulares o por la oposición.
A través de una resolución, la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) obligó a las aseguradoras a vender sus bonos en dólares.
Las empresas se presentaron en los tribunales para que se declare inconstitucional esa medida.
Hasta que se resuelva la cuestión de fondo, pidieron medidas cautelares para evitar desprenderse de sus activos dolarizados.
Un juez de Rosario hizo lugar al pedido y benefició a la Cooperación Mutual Patronal Sociedad Mutual de Seguros Generales. Habrá que esperar la resolución de fondo, pero por el momento, dichas empresas conservan sus bonos dolarizados. Ahora, el Gobierno los intimó, pero las firmas se resisten.
Paralelamente, la Justicia hizo lugar a la medida cautelar pedida por el Gobierno porteño contra la Secretaría de Comercio de la Nación por demorar el ingreso de 28 coches al país que serán destinados a renovar la flota de la línea C del subte porteño.
La jueza Liliana Heiland, del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 10, secretaría 20, por los coches demorados en la Aduana desde principios de año ya que la Secretaría de Comercio no firmó los certificados de importación de bienes usados necesarios para liberarlos.
Para el Gobierno porteño, “el Estado nacional dilató los trámites y puso trabas arbitrarias, afectando así al millón de pasajeros que utilizan el subte a diario".
Por otra parte, el fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Raúl Pleé, presentó un recurso ante la Corte para que se suspenda la remoción del juez Juan Carlos Gemignani en el caso que debe definir la validez del tratado con Irán.
La constitucionalidad del memorándum estuvo a punto de resolverse a mediados de año. Sin embargo, cuando los jueces estaban por pronunciarse, la Magistratura dio por terminada la subrogancia de Luis María Cabral. Gemignani reservó su voto en una caja fuerte y dejó sentado en un acta que él ya se había expedido.
El Gobierno lo consideró como una muestra de parcialidad y la Sala II, con el voto de los camaristas Norberto Frontini y Roberto Boico - designados como subrogantes por la mayoría kirchnerista del Consejo de la Magistratura- decidió remover a Gemignani por “parcialidad”.
Ahora, la Corte deberá resolver.
Por otro lado, Cristina Kirchner no podrá ver cumplido su sueño de completar la Corte Suprema con personas designadas por ella.
Al fracaso de principios de año de erigir a Roberto Carlés como miembro del tribunal, se suman las impugnaciones y el rechazo de la oposición a los nuevos candidatos, Domingo Sesín y Eugenio Sarrabayrouse.
Uno de los cuestionamientos más fuertes es que aún no se produjo la vacancia por la renuncia de Carlos Fayt, que se hará efectiva el 11 de diciembre, el día siguiente al de la asunción del nuevo presidente. Y además señalan que la nueva composición del Senado es la que tiene que brindar su aval.
fuente
"iProfesional", 19.11.2015
Julio por lo visto los jueces van a trabajar a full. Espero que por fin la verdad salga a la luz, aunque siempre me reservo algo de desconfianza.
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