Los tiempos de vacas gordas arraigaron la costumbre de los bonos de
fin de año, a esta altura considerados prácticamente como un aguinaldo.
A mediados de noviembre, los diferentes enclaves de la administración
pública comienzan a plantear los pedidos correspondientes y las
jerarquías burocráticas a alegar estrecheces para mermar las
expectativas.
En el Senado, el ex vicegobernador y actual senador
nacional Dalmacio Mera dejó decidido un premio al personal de $2.500 que
su sucesor, Octavio Gutiérrez, puso en revisión para no entrar en
contradicción con el Gobierno provincial, que al parecer no tiene margen
para generosidades.
El sindicato de la Cámara de Diputados requirió un
beneficio similar al que el presidente del cuerpo reelecto, Marcelo
Rivera, accedió siempre y cuando el Poder Ejecutivo colabore.
Varios
intendentes salientes incorporaron el bono en la insostenible herencia
de designaciones, pases a planta permanente e incrementos salariales
legada a sus sucesores. El Gobierno provincial, en tanto, aún no se ha
pronunciado sobre el pedido de los agentes públicos, aunque todo hace
suponer que no habrá esta vez premio.
En este contexto, el vicegobernador Gutiérrez señaló que no está en
condiciones de otorgar los $2.500 de Mera, pero contrapropuso $1.000 en
órdenes de compra.
Por qué no entrega los $1.000 en efectivo es un
misterio.
Ganas de complicarse la vida.
Las órdenes de compra no son
gratis; el Senado igual deberá abonar la suma, con la diferencia de que
no se las dará a los empleados para que la gasten dónde y cómo se les
ocurra, sino a los comercios específicos que entren en el acuerdo, en
los que seguramente podrán adquirirse solo determinados artículos.
Capaz
que la ventaja para la Cámara alta pase por haber conseguido que algún
comerciante le fíe, pero en tal caso sería necesario analizar cuál sería
el costo financiero del crédito a razón de $1.000 por barba, pues no ha
de resultar gratis.
Si Gutiérrez tiene para dar $1.000, lo más
razonable es que los otorgue sin extrañas intermediaciones comerciales.
Y
si no los tiene, o no quiere asumir una medida que pondría incómodo al
Gobierno, pues mejor sería que lo diga. De todos modos, el sindicato ya
anunció que no está de acuerdo y que podría tomar medidas de fuerza.
Esta actitud de Gutiérrez es típica de los jerarcas de la
administración pública local, que se meten a inventar maniobras para no
sincerar el estado de las cuentas que manejan.
Es muy simple: o hay
disponibilidad de fondos o no la hay.
En cualquiera de los dos casos, la
cuestión pasa por la decisión política que se tome, pues incluso si no
hubiera disponibilidad inmediata de dinero podría otorgarse el bono,
aunque asumiendo el costo financiero de un eventual préstamo.
El caso
con las órdenes de compra o tickets canasta es que el agente del Senado
estaría obligado a utilizarlos en comercios específicos.
Vale decir que
habrá beneficiarios ya establecidos del movimiento comercial de los
$1.000, que si le fueran entregados en efectivo el empleado podría
gastar en cualquier lado o no gastar
¿Por qué tendría Gutiérrez que
decidir dónde y cómo gastan el extra los legislativos?
Si se otorgan
órdenes de compra para el almacén Pirulo, ¿por qué no vales de
combustible, o entradas para el cine, o paquetes de fideos?
La idea que
pretende aplicar el titular del Senado podría sentar precedentes y
contribuir así a la anarquía general, habilitando al Poder Ejecutivo, a
los municipios y a los Concejos Deliberantes a otorgar extras salariales
por medio de tickets canasta, con los consecuentes desgastes
administrativos y la apertura del espacio a maniobras poco claras.
Lo
más sensato sería que los diferentes enclaves institucionales de la
Provincia al menos intentaran consensuar un criterio unívoco para este
asunto del bono de fin de año, en lugar de manejarse con hipótesis e
invenciones de apuro para zafar.
EDITORIAL
Imágenes previsibles
Por revanchismo político, por demagogia, por estrategias clientelares y siempre por irresponsabilidad, se ha generalizado...
viernes, 18 de diciembre de 2015
Por revanchismo político, por demagogia, por estrategias
clientelares y siempre por irresponsabilidad, se ha generalizado en los
últimos tiempos la propulsión insensata de los gobernantes en retirada
por profundizar las prácticas de llenar de empleados las oficinas
públicas comprometiendo los acotados presupuestos.
En nuestra provincia el antecedente de mayor impacto es el
nombramiento en planta permanente, en 2011, de más de tres mil empleados
del área de Obras Públicas por parte del entonces gobernador Eduardo
Brizuela del Moral, poco antes de dejar su cargo.
Lo mismo pasó, entonces, con la mayoría de los municipios.
Y el
fenómeno se repitió, según parece en mayor escala, este año en la gran
mayoría –si no en todas- las comunas donde hubo transferencia de poder
de un intendente a otro.
Pocas veces como en esta oportunidad los conflictos escalaron tanto
como generar edificios municipales e intendentes y funcionarios
virtualmente secuestrados, revueltas que, para añadir condimentos
políticos al asunto, estuvieron alentados por los funcionarios
salientes, según las versiones lanzadas por los nuevos oficialismos de
Tinogasta y Fiambalá.
Los nombramientos masivos en las plantillas de los gobiernos
locales logra, a favor de los intendentes salientes, el reconocimiento
político de los beneficiados con la medida y el pago de viejos favores a
punteros.
Pero para las autoridades entrantes es una verdadera bomba de
tiempo, pues las erogaciones que demandan los nuevos nombramientos no
pueden ser afrontadas por los frágiles presupuestos municipales.
Las finanzas de los municipios no solo están exhaustas por la
elefantiásica planta de personal, sino también, en algunos casos y a
juzgar por denuncias que no siempre llegan a formalizarse en los
estrados judiciales, por turbios manejos.
En este punto también se advierte cierta inacción del Tribunal de
Cuentas, que a veces se detiene excesivamente en expedientes donde solo
hay errores de forma y no aborda con toda la responsabilidad y el empeño
en aquellos donde podría haber algún delito contra la administración
pública.
Desde este mismo espacio se ha insistido con la necesidad de
generar instrumentos normativos que impidan expresamente el nombramiento
de personal –salvo en casos rigurosamente necesarios- en el período de
transición política, es decir, el que va desde la elección municipal
hasta la asunción del jefe comunal.
Una iniciativa de este tenor fue enunciada hace cuatro años por el
ex vicegobernador Dalmacio Mera, actual senador nacional.
Sin embargo,
nunca tuvo tratamiento parlamentario.
Otra herramienta útil es la que poseen algunos municipios con
cartas orgánicas, que ponen un tope al gasto salarial respecto del
presupuesto general del que disponen.
En la ciudad Capital ese tope es
del 65%.
La Municipalidad de Tinogasta también fija un techo, pero
parece que el intendente saliente ni siquiera lo consideró al momento de
firmar los decretos de nombramientos el mismo día del traspaso del
cargo.
Tal vez sea el momento de que se generen las leyes necesarias para
impedir que se consumen estos atropellos contra las finanzas públicas.
Muy lamentable sería que las imágenes previsibles que hoy se observan se
repitan dentro de cuatro años.
fuente
"El Ancasti", 18.12.2015
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