REFORMA PREVISIONAL:
NO ES LO “MESMO”
CARNICERÍA QUE CIRUGÍA
Jubilaciones: cuánto será
el "ahorro fiscal" y qué incluye la reforma "de fondo" en
la que ya trabaja el Gobierno
04-12-2017
Los funcionarios del equipo económico ya se
preparan para dar la principal pelea de todas las que figuran en la agenda
oficial.
Niegan que pueda ocurrir un quebranto a raíz de la modificación del
calendario de pagos y advierten sobre los problemas de insolvencia estructural
del sistema previsional
Por Claudio
Zlotnik
El mismo funcionario del equipo económico que hasta hace unas
semanas "decoraba" su despacho con la fórmula que le permitía
determinar si había atraso cambiario, ahora cambió de ecuación.
La
pizarra es la misma, también mantuvo el color del marcador (azul), pero en
lugar de sacar cuentas sobre el dólar, hoy día está abocado al tema que más lo
obsesiona: la reforma del sistema previsional.
Esto
va en línea con un Gobierno que está muy focalizado en los cambios que debe
implementar en jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales
para así poder cerrar un poco mejor las cuentas del próximo año.
Muy
lejos quedó el momento en que Nicolás Dujovne presentó la reforma tributaria, como así
también el revuelo que trajeron las modificaciones en los impuestos internos.
Claramente,
ahora el "verdadero" interés del
Palacio de Hacienda es sacar por ley los cambios en
materia jubilatoria,
porque es precisamente en este ítem donde se esconde buena parte del ahorro fiscal.
En
palabras de un miembro del equipo económico, este rubro es la clave del "ajuste estructural" de la
economía.
Además, se trata de erogaciones que se ahorran de acá en más y con
efecto inmediato.
De
acuerdo con la fórmula escrita en el pizarrón del funcionario, ese ahorro alcanzaría
los $60.000 millones,
equivalente al 0,6%
del PBI.
Es un
monto que, al día de hoy, tiene un componente "aspiracional", ya
que el proyecto debe convertirse en ley.
En otras palabras, no descarta que esa
cifra se reduzca cuando sea tratado en Diputados.
Para
el Gobierno, la disminución del desembolso en el rubro jubilaciones y pensiones pasó a
ser un tema prioritario, por una sencilla razón: es el renglón más grande
del gasto
público (57% del total).
Más aun, si se le suma las
erogaciones del PAMI, el número trepa otros tres puntos adicionales para
situarse en un 60%.
La pelea por el método de ajuste
Después de su paso tranquilo por el Senado, en el Gobierno sospechan que la reforma previsional generará resistencias en la Cámara baja.
Por eso
mismo, los funcionarios ya están dándole forma a la defensa de
los cambios.
Saben
que los principales cuestionamientos vendrán por el lado de la nueva fórmula de actualización y,
sobre todo, por el modo en que se hará el "empalme" entre la anterior y actual
propuesta.
El próximo aumento de jubilaciones y pensiones tendrá
lugar en marzo, y para su determinación se tendrá en cuenta la inflación del trimestre y
el RIPTE de
julio-septiembre último.
¿Qué
es el RIPTE?
La sigla significa "Remuneración Imponible Promedio de los
Trabajadores Estables", y da cuenta del total de empleados afiliados
al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.
Su
cálculo surge del cociente entre
los sueldos sujetos
a aportes y
el total de asalariados del
sector privado con más de 13 meses de antigüedad.
En
cuanto al incremento
jubilatorio de marzo, calculado en base de estos dos
parámetros (inflación trimestral y RIPTE), rondará el 5,7%.
El
próximo será en junio y,
de acuerdo con la expectativa oficial, será de una magnitud similar (ya
que el índice inflacionario de octubre fue 1,5%; el de noviembre del mismo orden y el
de diciembre saltaría al 2%).
"En
junio van a recuperar lo perdido en marzo. No hay quebranto ninguno",
asegura la fuente a iProfesional.
Sin embargo, no es lo que argumentan los principales constitucionalistas del
país.
Felix
Loñ y Daniel Sabsay alertan que los cambios podrían
provocar una ola de juicios contra
el Estado,
tal como sucedió otras veces, producto de jubilados que se sintieron
perjudicados.
"La
nueva fórmula prevista en el proyecto oficial no puede ser aplicada
retroactivamente a los actuales beneficiarios. Implica una seria violación al
principio respectivo y a la seguridad
jurídica en la que se asienta el derecho de propiedad",
sentencia Sabsay.
Desde
Hacienda responden con dureza a esos argumentos: "Todos hablan sobre
los derechos adquiridos sin
reparar en la realidad de la economía del
país".
"Los
sistemas jubilatorios sufren serios
inconvenientes para financiarse en todo el mundo, no sólo
en la Argentina. Nosotros, como funcionarios, tenemos el deber de resolver los problemas que
estamos advirtiendo a futuro", insiste.
"No hay magia"
"Gastamos más que Italia. Estamos por encima de España o de Francia. No quiere decir que nuestras jubilaciones sean mejores. Significa que, en términos de recaudación, nosotros destinamos más fondos que ellos", afirma el funcionario.
"No hay magia. Algo hay que hacer", sintetiza, con la
frialdad de quien sigue al pie de la letra lo que manda la ecuación fiscal.
Para
tener una idea más precisa sobre el monto que está en juego, indica que en los
primeros diez meses del año las prestaciones a la Seguridad Social le
significaron al Estado una erogación de $797.000 millones.
Esa
cifra es 39,8% más
elevada que la de un año atrás, de acuerdo con el registro
de la ASAP.
Tal
repunte está directamente relacionado con el costo de la "reparación histórica",
la polémica medida tomada por Macri apenas asumió y que provocó un gran agujero fiscal.
Incluso, fue muy
criticada por quien ahora es su ministro de Hacienda.
El
ahorro con el que se entusiasman Dujovne y equipo equivale, cuanto mucho,
al 7,5% de
lo que se pagó en jubilaciones y pensiones entre
enero y octubre.
Semejante
salto en las erogaciones está provocando un enorme bache en el patrimonio de la
Anses.
Dujovne estimó que ese agujero "supera tres puntos del PBI".
Sin embargo,
los últimos cálculos que llevan en Hacienda se ubican por encima de esa
estimación.
Este
año, la asistencia del Tesoro nacional a la ANSES alcanzará al 4% del PBI,
unos $400.000
millones en números redondos.
Para
2018, ese agujero será más
grande, siempre de acuerdo al borrador que guarda (y preocupa)
a Dujovne: treparía a 4,6%
del Producto.
Esto
significa que, de aprobarse la ley tal como la envió el Gobierno al Congreso,
el "ahorro"
previsto para el próximo año apenas servirá para evitar que
ese agujero fiscal se
siga profundizando.
Tras la fórmula, el cambio de sistema
"Hay una realidad: si la economía no crece, la discusión será a quién le voy a sacar para darle a otro. Sería cómo administrar la pobreza", indica el funcionario.
"Por
eso es tan importante poner las cuentas en orden, para que la
actividad económica sea sustentable a mediano y largo plazo",
afirma el funcionario.
Luego
de esa definición, el integrante del gabinete económico sincera el plan para
los meses que vienen: "Si bien tenemos que lograr un ahorro en el gasto público
del próximo año, el ojo está puesto en los cambios estructurales del sistema previsional".
La
fuente consultada anticipa que eso "implicará la eliminación o
bien cambios
sustanciales en los llamados regímenes especiales, como el de
los jueces y docentes".
Hoy
en día, benefician a 375.000
personas pero al Estado le significa un costo sideral: $79.000 millones,
al menos este año.
Los regímenes contemplan a
asalariados de distintos sectores, desde diplomáticos y judiciales hasta
bancarios estatales, empleados de Luz y Fuerza y, sobre todo, docentes.
Para
tener una idea de esta erogación, la fuente consultada indica que
los judiciales tienen
una jubilación promedio
de $97.000,
que equivale a 13
mínimas.
En el caso de los docentes, la media es $24.000 mensuales.
Los
gremios del sector defienden ese sistema especial argumentando que los maestros tienen
una vida útil menor que la de otros trabajadores.
Y afirman que obtienen
haberes superiores porque realizan aportes
más elevados durante la etapa activa.
Según
la visión oficial, estos regímenes especiales provocan grandes "inequidades" en el
sistema.
Asimismo, los funcionarios consideran injusto que
el desbalanceo que
generan deba cubrirse con el "esfuerzo"
del universo de jubilados y pensionados.
En
el equipo económico no lo admiten abiertamente, pero la sensación es que el
Gobierno trabaja con un esquema de corto plazo y otro
de más largo alcance.
En
lo inmediato, figura la agenda que ya está a la vista: ahorro de $60.000 millones (sólo
en jubilaciones y pensiones) para el próximo
ejercicio y la introducción de una fórmula indexatoria más
sustentable.
Para
el largo plazo, la hoja de ruta es más ambiciosa y está asociada a la comisión bicameral, que analiza
una modificación integral del sistema jubilatorio.
Macri ya advirtió que esta
discusión se dará antes de 2019.
"Tiene
que tomar en cuenta la evolución de
la medicina y
la longevidad,
que es un debate en el mundo", adelantó el Presidente pocos días después
de su triunfo electoral, al tiempo que marcó la agenda de lo que viene.
"Vamos
a instrumentar los cambios con
la mayor velocidad que
podamos", completó.
Hay
algo que va quedando claro: la reforma
previsional ocupa un espacio central en la agenda del
Ejecutivo.
Los funcionarios lo saben, al punto que el cronómetro del largo
plazo, para ellos, ya inició su cuenta regresiva.
Fuente
“iProfesional”, 04.12.2017
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