LÓPEZ / INDALO…
¿INTERVENIDOS?
Horas decisivas para el ex
Grupo Indalo: con sus bienes inhibidos y al borde de una intervención, se
acerca a un "punto de no retorno"
26-12-2017
Una versión llegó a los ejecutivos de la firma: se espera un fallo judicial basado en un pedido de la AFIP que ordenaría la designación de interventores en el holding, lo que abriría la posibilidad de que el Estado pase a controlar las operaciones.
Este podría vender empresas para evitar la quiebra
Una versión llegó a los ejecutivos de la firma: se espera un fallo judicial basado en un pedido de la AFIP que ordenaría la designación de interventores en el holding, lo que abriría la posibilidad de que el Estado pase a controlar las operaciones.
Este podría vender empresas para evitar la quiebra
Las opciones para que los supuestos
nuevos dueños del ex Grupo Indalo puedan sostener a
flote el conglomerado de empresas creado por Cristóbal López son cada vez
menos.
Casi están agotadas y los próximos
días podrían ser cruciales para
el futuro del rebautizado Grupo Ceibo debido a todos
los problemas judiciales que enfrenta, a la falta
de fondos para sostener la caja diaria y a un supuesto bloqueo
financiero al que, según los propietarios del holding, han
comenzado a sufrir en las últimas semanas.
De hecho, sus ejecutivos los saben
y anticipan que de no encontrar variantes que les permitan financiar la caja
diaria, en pocos días se encontrarán en una situación que
califican de “no retorno”.
Incluso, la posibilidad de que el
propio presidenteMauricio Macri firme un decreto para
ordenar la intervención de todas las empresas es
considerado como una posibilidad cada vez más
cierta.
En este
sentido, desde el Gobierno aclaran que no están evaluado ese camino y
lo califican como algo “imposible” de concretar.
“No nos metemos” fue el mensaje que enviaron desde el entorno de Jefe de Estado ante una consulta de iProfesional.
“No nos metemos” fue el mensaje que enviaron desde el entorno de Jefe de Estado ante una consulta de iProfesional.
De
todos modos advierten que de haber un
fallo judicial en ese sentido, entonces otro sería
el escenario.
Lo mismo creen los ejecutivos del fondo OP Investment, actualmente a cargo de las operaciones de las empresas del Grupo Ceibo.
Lo mismo creen los ejecutivos del fondo OP Investment, actualmente a cargo de las operaciones de las empresas del Grupo Ceibo.
Entre los ejecutivos
resuena la versión de
un inminente fallo judicial
basado en un pedido de
la AFIP que
ordenaría la designación de interventores en
el conglomerado, lo cual abriría la posibilidad a que el propio Estado pase
a controlarlas operaciones y
decida vender varias
de las empresas para evitar la quiebra y obtener fondos frescos
para hacer frente al día a día.
Si
bien este fondo inversor creado por el financista Ignacio Rosner y sus
socios Santiago Dellatorre y
Damián Burgio oficializó
su desembarco en Indalo, hasta ahora no han logrado convertirse en los dueños
legales de este conglomerado empresario.
Esto
se debe a que la justicia
mantiene la inhibición sobre
los todos los bienes
y activos del holding, lo cual hace que el Gobierno tampoco reconozca el cambio
accionario.
La misma postura adoptó
la AFIP,
que sigue insistiendo en que Cristóbal López y Fabián De Sousa son
los reales
propietarios de Indalo y no reconoce el traspaso del
capital.
Ni siquiera luego de una reunión que el propio Rosner mantuvo con Alberto Abad hace unas semanas en la sede del ente recaudador de impuestos.
Ni siquiera luego de una reunión que el propio Rosner mantuvo con Alberto Abad hace unas semanas en la sede del ente recaudador de impuestos.
“Pasamos
la Navidad pero no
creo que, en el actual estado de situación podamos llegar
a sobrevivir mas
allá de los primeros
días de enero”, anticipan desde el Grupo Ceibo donde actualmente trabajan casi 15.000 personas de
manera directa e indirecta.
De
hecho, reconocen que la decisión de investigar la operación de venta del paquete
accionario del Grupo Indalo
a OP Investment afectó el giro comercial de
todas las empresas.
La
determinación está incluida en el último fallo del juez federal
Julián Ercolini del
19 de diciembre pasado en la causa “AFIP y otros imputados: Cristóbal López y otros”, que se tramita
en la Justicia en lo Criminal y Correccional Federal.
En
su fallo, el magistrado puso
en duda la validezdel contrato de compraventa de acciones y
la legitimación de los actuales administradores del Grupo Ceibo, y reclamó la apertura de una
investigación de la operación a
la cual consideró como dudosa.
De hecho, la usó para justificar la orden de prisión para López y De Sousa, catalogados como partícipes necesarios del delito de defraudación al Estado que les imputó por haberse quedado con $8.000 millones del impuesto a la transferencia de combustibles que no giraron a la AFIP durante por lo menos cuatro años.
Esa deuda, actualizada ya supera los $10.000 millones.
De hecho, la usó para justificar la orden de prisión para López y De Sousa, catalogados como partícipes necesarios del delito de defraudación al Estado que les imputó por haberse quedado con $8.000 millones del impuesto a la transferencia de combustibles que no giraron a la AFIP durante por lo menos cuatro años.
Esa deuda, actualizada ya supera los $10.000 millones.
En la causa,
Ercolini identifica a Ricardo Echegaray, ex titular de
la AFIP,
como el autor
intelectual de este delito.
Sin embargo, en este caso lo imputó sin orden de detención.
Sin embargo, en este caso lo imputó sin orden de detención.
“El mercado reaccionó en forma
negativa a esta decisión, por temas más que nada de reputación, lo cual nos
generó un grave problema en el giro comercial de las empresas de nuestro
grupo”, admiten las fuentes de Ceibo ante iProfesional.
Es
más, agregan que esta “incertidumbre” pone en riesgo la
marcha de las empresas y
consecuentemente los puestos
de trabajo.
Y, al entender que la investigación pedida por Ercolini será tramitada en otro juzgado y recién empieza, admiten que la situación no se dirimirá en el corto plazo.
Y, al entender que la investigación pedida por Ercolini será tramitada en otro juzgado y recién empieza, admiten que la situación no se dirimirá en el corto plazo.
Como
los plazos se agotan y desde OP
Investment insisten en que pretenden quedarse gerenciando
las empresas del ex Grupo Indalo, tanto el directorio del grupo
como sus administradores y asesores legales están analizando el escenario
para realizar las acciones que
permitan revertir esta situación en un plazo breve y lograr la reapertura
del concurso de acreedores de Oil Combustibles.
La petrolera es
la punta del
iceberg de todo el caso que está llevando al ocaso y a una eventual quiebra de conglomerado empresario.
Es la compañía que usaron López y De Sousa para quedarse con los $8.000 millones de la AFIP y luego comprar otras sociedades que colocaron bajo el paraguas de Indalo.
Entre estas empresas, se destacan los medios de comunicación que eran propiedad de Daniel Hadad pero que, por orden del gobierno de Cristina Kirchner, pasaron a manos de la dupla empresaria K.
Es la compañía que usaron López y De Sousa para quedarse con los $8.000 millones de la AFIP y luego comprar otras sociedades que colocaron bajo el paraguas de Indalo.
Entre estas empresas, se destacan los medios de comunicación que eran propiedad de Daniel Hadad pero que, por orden del gobierno de Cristina Kirchner, pasaron a manos de la dupla empresaria K.
Hace
unas semanas, desde OP
Investment se presentó un pedido judicial para la apertura
del concurso preventivo de acreedores de C5N, Radio 10, POP, Mega, Ámbito
Financiero, Ideas del Sur, entre otras sociedades.
Hasta ahora, no hubo novedades sobre la decisión que adoptarán los jueces.
Hasta ahora, no hubo novedades sobre la decisión que adoptarán los jueces.
En
cuanto a Oil, el caso derivó en una denuncia presentada por
la AFIP tras
la llegada al ente de Abad que,
a su vez, disparó varias investigaciones más y toda la crisis que ahora
envuelve al ex Grupo Indalo.
A
fines de noviembre, el juez
Héctor Vitale, que entiende en la causa de Oil Combustibles, rechazó reabrir el concurso preventivo de acreedores,
profundizando los problemas.
Además
de pedir que el magistrado de marcha atrás, en OP también reclaman ser legitimados como
los nuevos inversores de
Indalo para poder inyectar fondos al grupo que permitan recomponer el capital
de trabajo.
También
le piden a
la AFIP que acepte la
última propuesta de
pago de la deuda presentada
el 15 de diciembre que contempla un pago inicial de $2.250 millones que cancela
el 35% de la deuda y el remanente a través de un plan de pago conforme a la ley
aplicable.
Sin embargo, la respuesta del
ente fue la de comenzar a ejecutar la deuda post concursal generada por Oil
antes del 20 de octubre pasado, fecha de cambio del directorio.
A
esto se le suma la inhibición general
de bienes por $15.000 millones que
alcanza a algunas empresas del Grupo Ceibo por
responsabilidades de las personas encausadas y que no son de las empresas.
El
viernes pasado, el holding hizo
público un mensaje en el cual pide “descomprimir y
realizar acciones que permitan el sostenimiento de
las empresas y
de los puestos de
trabajo”.
En el informe se llamó “a la conciencia de las partes intervinientes -Justicia, AFIP y gobierno nacional y sus organismos deudores Vialidad Nacional, Ministerio de Transporte, Telam, entre otros- ya que de no haber cambios en el escenario actual en pocos días más estaremos en una situación de no retorno”.
En el informe se llamó “a la conciencia de las partes intervinientes -Justicia, AFIP y gobierno nacional y sus organismos deudores Vialidad Nacional, Ministerio de Transporte, Telam, entre otros- ya que de no haber cambios en el escenario actual en pocos días más estaremos en una situación de no retorno”.
Sin
embargo, no hubo
respuestas de ninguno de los entes y organismos
mencionados.
Por lo cual, aseguran en el Grupo Ceibo que están en condiciones de hacer frente al pago de salarios y de deudas no más allá de enero, salvo que el Estado cancele parte de las deudas que supuestamente mantiene con el ex Grupo Indalo y que superarían los $2.000 millones.
Por lo cual, aseguran en el Grupo Ceibo que están en condiciones de hacer frente al pago de salarios y de deudas no más allá de enero, salvo que el Estado cancele parte de las deudas que supuestamente mantiene con el ex Grupo Indalo y que superarían los $2.000 millones.
Fuente
“iProfesional”, 26.12.2017
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