MENDOZA:
SANTA ROSA Y GUAYMALLÉN
- Jueves, 25 de febrero de 2016
Allanaron la comuna de Santa Rosa a raíz de graves denuncias
La Fiscalía de Delitos Complejos buscó ayer documentación relacionada con posibles delitos, como la existencia de centenares de cheques emitidos sin fondos y otros librados al portador.
El fiscal de Delitos Complejos, Santiago Garay,
durante el allanamiento en la sede departamental. |@
Patricio Caneo / Los Andes
Javier Hernández
El fiscal de Delitos Complejos, Santiago Garay,
encabezó un allanamiento a la comuna de Santa Rosa, para obtener la
documentación que le permita avanzar en una serie de denuncias contra el
intendente Sergio Salgado (PJ), que fueron radicadas, en su mayoría,
por el bloque de concejales opositor.
Acompañado por personal de su confianza, Garay recorrió las oficinas y se detuvo especialmente en las áreas de Tesorería y Hacienda, donde requirió, como prueba, una serie de expediente, que no siempre fueron encontrados por el personal municipal.
Durante las horas que duró el allanamiento, Salgado permaneció en su oficina.
Afuera, en la vereda, media docena de policías controló, a pedido del fiscal, los ingresos, especialmente en el portón del fondo.
“No queremos que se saque ni que se meta nada. La idea es llevarnos la documentación que sea útil para avanzar en las distintas causas”, explicó a media mañana, una de las personas que acompañaba a Garay.
La serie de denuncias contra la administración de Salgado, que investiga Delitos Complejos, comenzó a ser radicada en agosto, cuando el bloque opositor acusó al intendente y a parte de su equipo, de haber armado una empresa constructora para quedarse con la licitación de las obras.
Luego de esa denuncia vinieron otras. Entre las más graves figura el pedido para que se investigue la existencia de centenares de cheques sin fondo que entregó el municipio durante los últimos meses, muchos de ellos como pago a proveedores, pero otros de un destino incierto e incluso hay algunos emitidos al portador, lo que de por sí constituye una irregularidad administrativa.
Así, la tarea de Garay tuvo varios frentes y, uno de ellos, fue intentar dar con los expedientes administrativos que justificaran la existencia de esos cheques.
“Emitir cheques del Estado sin fondos ya es un delito y acá hay muchos en esas condiciones”, explicó parte del personal a cargo del allanamiento: “Pero más grave aún sería no dar con los expedientes que justifiquen esos cheques. En síntesis, lo que estamos haciendo es el camino inverso: partimos del cheque y queremos dar con el expediente que justifique su existencia”.
- ¿Han encontrado todos los expedientes solicitados?, preguntó Los Andes.
- No, estamos viendo que falta documentación, que hay expedientes que no aparecen. Antonio Ponce (PD) y Débora Quiroga (UCR) son dos de los concejales que integran la Comisión Investigadora, que desde hace meses lleva adelante la tarea de reunir pruebas para confirmar o descartar la veracidad de una docena de denuncias contra el intendente, muchas de ellas investigadas en la Justicia por Garay.
“Existen más de 500 cheques de la comuna sin fondos, por un total de 32 millones de pesos.
Son cheques del Nación y de otros bancos, una situación muy grave que hay que investigar.
Parte de esos cheques han ido a manos de proveedores, pero entendemos que otros han ido a entidades que se formaron sólo para cobrarlos y hablamos de montos grandes, cercanos a $ 500.000. Si en el país existe la ‘ruta del dinero K’, en Santa Rosa tenemos la ruta de cheques municipales”, dijo Quiroga.
“Pero acá también hay responsabilidad del Tribunal de Cuentas que se tendrá que hacer cargo porque no hizo nada para sancionar la emisión de estos cheques. Hace años que esto ocurre y miraron para otro lado, porque el Tribunal tiene denuncias mías, de cuando yo decía que en la comuna se cambiaban cheques”.
Mientras avanzaba el operativo de Garay, a media cuadra Franco Ojeda testificaba ante los ediles de la Comisión Investigadora. Ojeda fue jefe de Hacienda durante la pasada gestión de Salgado y el encargado de autorizar parte de los cheques cuestionados.
Salgado: “No sé a qué vino”
“Me enteré por la prensa que venían a allanar el municipio; resulta que una medida que debiera ser secreta, la conocían los concejales que desde las 8.30 estaban esperando al fiscal”, comentó el intendente Sergio Salgado a Los Andes: “¿Qué hacían los concejales esperando al fiscal? ¿Cómo la prensa supo antes que aquellos que estamos a cargo de la comuna?”.
Salgado aseguró que “todos los expedientes que requirió Garay, los entregamos hace meses y la semana pasada empezó a citar a mis funcionarios, que asistieron a contestar sus preguntas ¿Por qué ahora aparece con este gran circo?”, preguntó el justicialista.
Finalmente, el intendente señaló que Garay “estuvo toda la mañana para citar a tres personas y se fue sin siquiera hablar conmigo, que soy el responsable de la comuna. No sé a qué vino”.
fuente
"Los Andes", 25.02.2016
Acompañado por personal de su confianza, Garay recorrió las oficinas y se detuvo especialmente en las áreas de Tesorería y Hacienda, donde requirió, como prueba, una serie de expediente, que no siempre fueron encontrados por el personal municipal.
Durante las horas que duró el allanamiento, Salgado permaneció en su oficina.
Afuera, en la vereda, media docena de policías controló, a pedido del fiscal, los ingresos, especialmente en el portón del fondo.
“No queremos que se saque ni que se meta nada. La idea es llevarnos la documentación que sea útil para avanzar en las distintas causas”, explicó a media mañana, una de las personas que acompañaba a Garay.
La serie de denuncias contra la administración de Salgado, que investiga Delitos Complejos, comenzó a ser radicada en agosto, cuando el bloque opositor acusó al intendente y a parte de su equipo, de haber armado una empresa constructora para quedarse con la licitación de las obras.
Luego de esa denuncia vinieron otras. Entre las más graves figura el pedido para que se investigue la existencia de centenares de cheques sin fondo que entregó el municipio durante los últimos meses, muchos de ellos como pago a proveedores, pero otros de un destino incierto e incluso hay algunos emitidos al portador, lo que de por sí constituye una irregularidad administrativa.
Así, la tarea de Garay tuvo varios frentes y, uno de ellos, fue intentar dar con los expedientes administrativos que justificaran la existencia de esos cheques.
“Emitir cheques del Estado sin fondos ya es un delito y acá hay muchos en esas condiciones”, explicó parte del personal a cargo del allanamiento: “Pero más grave aún sería no dar con los expedientes que justifiquen esos cheques. En síntesis, lo que estamos haciendo es el camino inverso: partimos del cheque y queremos dar con el expediente que justifique su existencia”.
- ¿Han encontrado todos los expedientes solicitados?, preguntó Los Andes.
- No, estamos viendo que falta documentación, que hay expedientes que no aparecen. Antonio Ponce (PD) y Débora Quiroga (UCR) son dos de los concejales que integran la Comisión Investigadora, que desde hace meses lleva adelante la tarea de reunir pruebas para confirmar o descartar la veracidad de una docena de denuncias contra el intendente, muchas de ellas investigadas en la Justicia por Garay.
“Existen más de 500 cheques de la comuna sin fondos, por un total de 32 millones de pesos.
Son cheques del Nación y de otros bancos, una situación muy grave que hay que investigar.
Parte de esos cheques han ido a manos de proveedores, pero entendemos que otros han ido a entidades que se formaron sólo para cobrarlos y hablamos de montos grandes, cercanos a $ 500.000. Si en el país existe la ‘ruta del dinero K’, en Santa Rosa tenemos la ruta de cheques municipales”, dijo Quiroga.
“Pero acá también hay responsabilidad del Tribunal de Cuentas que se tendrá que hacer cargo porque no hizo nada para sancionar la emisión de estos cheques. Hace años que esto ocurre y miraron para otro lado, porque el Tribunal tiene denuncias mías, de cuando yo decía que en la comuna se cambiaban cheques”.
Mientras avanzaba el operativo de Garay, a media cuadra Franco Ojeda testificaba ante los ediles de la Comisión Investigadora. Ojeda fue jefe de Hacienda durante la pasada gestión de Salgado y el encargado de autorizar parte de los cheques cuestionados.
Salgado: “No sé a qué vino”
“Me enteré por la prensa que venían a allanar el municipio; resulta que una medida que debiera ser secreta, la conocían los concejales que desde las 8.30 estaban esperando al fiscal”, comentó el intendente Sergio Salgado a Los Andes: “¿Qué hacían los concejales esperando al fiscal? ¿Cómo la prensa supo antes que aquellos que estamos a cargo de la comuna?”.
Salgado aseguró que “todos los expedientes que requirió Garay, los entregamos hace meses y la semana pasada empezó a citar a mis funcionarios, que asistieron a contestar sus preguntas ¿Por qué ahora aparece con este gran circo?”, preguntó el justicialista.
Finalmente, el intendente señaló que Garay “estuvo toda la mañana para citar a tres personas y se fue sin siquiera hablar conmigo, que soy el responsable de la comuna. No sé a qué vino”.
fuente
"Los Andes", 25.02.2016
- Jueves, 25 de febrero de 2016
Suspenden a Lobos y a su mujer por 90 días
Es el resultado de un sumario administrativo que se le inició al encontrarse expedientes del municipio en su domicilio particular. Reacción.
|@ Archivo Los Andes
Leonardo Bayón
El intendente de Guaymallén, Marcelino Iglesias (UCR), suspendió por 90 días a su antecesor, Luis Lobos (PJ) y a su esposa, Claudia Sgró, por robar expedientes municipales en el marco de la causa donde se los investiga por fraude al Estado.
La documentación que tenía el ex jefe comunal de Guaymallén fue secuestrada por la Justicia en un allanamiento que se realizó en su vivienda en noviembre pasado.
“Se inició un sumario administrativo a Luis Lobos y a su esposa. Ambos fueron suspendidos por 90 días mientras avanza la investigación.
Tenía en su poder documentación que nadie puede llevarse de la comuna sin autorización.
Menos ahora que es agente municipal”, explicó el intendente Iglesias.
Actualmente Lobos está trabajando en el área de Servicios Públicos del departamento. Tiene la función de relevar plazas y basurales.
Pero tanto él como su esposa tienen la máxima categoría y le sumaban un adicional por mayor dedicación (que fue retirado por Iglesias).
En el caso de Sgró, como subdirectora de Turismo sumaba una antigüedad de cerca de 20 años.
Consecuencias
Tanto Lobos como Sgró ganaban entre 28 mil y 35 mil pesos y la quita del ítem de horario extra hizo que los haberes se redujeran a entre 14 mil y 17 mil pesos.
“Ahora la investigación está a cargo del fiscal Juan Manuel Bancalari.
Lobos fue notificado hoy y firmó en disconformidad porque dijo que se trataba de una persecución ideológica y que era abuso de autoridad.
Esto es el comienzo porque es una medida preventiva. Lobos puede quedar cesante por la gravedad de este hecho”, explicó (tras conocerse la decisión comunal) Marcela Amarillo, directora de Asuntos Jurídicos del municipio.
fuente
"Los Andes", 25.02.2016
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