SANTA ROSA Y LA REALIDAD
- Jueves, 14 de enero de 2016
Denuncian a Salgado por dejar su cargo
La Municipalidad permaneció cerrada ayer y seguirá así hasta nuevo aviso.
Los trabajadores mantienen la protesta por los sueldos impagos.
El intendente no apareció y los concejales fueron a la Justicia por abandono de sus funciones y de prestación de servicios.
Protestas frente al edificio municipal, que
permaneció cerrado durante todo el día por disposición del intendente.
Futuro incierto en la comuna del Este. |@ Patricio
Caneo / Los Andes
Ángeles L. Acosta
El decreto, por medio del cual el intendente Sergio Salgado (PJ) decidió cerrar la Municipalidad, pegado en la puerta del edificio; tres mujeres encadenadas reclamando sus 4 mil pesos de salario (de los que les deben dos meses), dos neumáticos ardiendo en la calle y trabajadores y funcionarios caminando por el lugar sin saber qué hacer.
Ante este caos, los concejales decidieron denunciar por abandono de cargo y de prestación de servicios básicos al jefe comunal, que nadie sabe dónde está.
El martes, mientras los empleados mantenían su reclamo porque llevan entre dos y cinco meses sin cobrar, Salgado consideró que la mejor alternativa para evitar “desmanes” era cerrar transitoriamente la administración de la comuna hasta que todo se calme.
Tal decisión se transformó ayer en noticia nacional.
Fue la presidenta del Concejo, Norma Trigo (UCR), la que se dirigió con otros tres concejales de la oposición a la Unidad Fiscal Santa Rosa-La Paz y denunció a Salgado por abandonar su cargo y cerrar la Municipalidad arbitrariamente.
“La gente está de paro desde el 1° de octubre.
Pero ahora se ha llegado al límite.
El intendente hace 20 días que ni aparecía y sale con este decreto tomando una decisión unilateral.
Es inédito. La comuna no se puede cerrar. No permiten entrar a nadie. La situación ya es insostenible”, expresó Trigo, desde la puerta del municipio.
Mientras que desde allí mismo Los Andes intentaba comunicarse con Salgado y el intendente sólo respondía que 'no haría declaraciones', los manifestantes desbordaban en lágrimas, enfado y hasta cadenas.
“El decreto es muy grave institucionalmente.
Nos ha coartado la posibilidad de presentarnos a trabajar como la hacemos todas las mañanas.
Estamos en asamblea permanente en reclamo de nuestro salario.
Los delegados de ATE de la zona Este fueron a hacer la denuncia correspondiente.
Lo mínimo que le deben a cada empleado es de 15 mil a 30 mil pesos, sin contar los sueldos”, aseguró Daniel Jofré, delegado de ATE Santa Rosa.
También, desde el gremio pidieron que Salgado renuncie: “Estamos desamparados. Si hay un Concejo que no es capaz de dar solución y tomar decisiones, preferimos que no esté. Lo guiamos entre los vecinos al municipio.
Necesitamos que el juez penal de San Martín empiece a actuar.
Basta de guardar los expedientes en los cajones. Tanús (por el diputado peronista) nos dijo que Salgado no se va porque lo ha votado la gente.
Pero lamentablemente cuando lo eligieron en junio no sabían la gravedad de todo lo que estaba ocurriendo. La solución es que se vaya”.
Comisión investigadora
Barrido, alumbrado y limpieza, los servicios municipales básicos, no se están realizando hace meses.
Así es que al recorrer las calles del pueblo de Santa Rosa puede verse basura por todos, (sic) (también están teniendo problemas con los pozos sépticos, hay vecinos que no tiene agua potable y el malestar lógicamente es generalizado.
“Asumimos hace un mes pero estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance. Los concejales anteriores ya le hicieron juicio político a Salgado.
Por una denuncia del concejal Antonio Ponce (PD) se formó el martes una comisión investigadora.
Estuvimos ocho de los 10 concejales que somos (cinco oficialistas y cinco opositores).
Se votó por unanimidad armar la comisión.
Se hará un dictamen para ver si se suspende o no al señor intendente”, contó el concejal Ezequiel Quiles (UCR).
La también radical Débora Quiroga analizó: “Santa Rosa es un departamento muy pacífico, no se ha generado ningún tipo de conflicto mayor a tirar basura o prender fuego una cubierta.
¿A qué le tiene miedo Salgado? Su lugar de trabajo es éste y lo abandonó. Dice que el edificio municipal permanecerá así hasta que se generen las condiciones para que no haya violencia. Eso lo puede solucionar él dando la cara y diciendo cómo va a solucionar las cosas”.
Los cuatro ediles radicales fueron llamados ayer a la tarde de urgencia a Casa de Gobierno y al cierre de esta edición continuaban reunidos con el gobernador, Alfredo Cornejo, analizando la situación departamental y los pasos que seguirán.
Encadenadas y sin consuelo
A menos de diez metros de donde está la puerta de ingreso a la Municipalidad de Santa Rosa, tres mujeres sentadas se 'adornaban' tristemente con una larga cadena que las entrelazaba entre sí y a un caño a la vez. Eran Gabriela Ponce, María Angélica Martín y Claudia Agüero, tres empleadas administrativas que ganan sueldos de entre 4 y 5 mil pesos mensuales y llevan casi tres meses sin percibirlo.
“Ya nadie nos escucha. El intendente no da la cara.
El retroactivo zona, por ejemplo, lo adeudan desde 2012”, comentó con lágrimas y enojo una de ellas.
Mientras que la otra agregó con desazón: “Si me tengo que quedar toda la noche, me quedo.
Pero necesito que nos paguen”.
fuente
"Los Andes", 14.01.2016
- Jueves, 14 de enero de 2016
Santa Rosa: El Gobierno niega el camino de la intervención
El único poder con alguna capacidad para intervenir es la Justicia.
Ya hay causas judiciales que podrían terminar con una acusación contra el intendente Sergio Salgado.
|@ Archivo Los Andes
Daniel Peralta
En Casa de Gobierno nadie quiere mencionar la palabra
“intervención” y mucho menos vincularla al departamento de Santa Rosa y
su crisis.
Es que no hay puertas legales para que la Provincia meta mano en esa comuna.
El único poder con alguna capacidad para intervenir es la Justicia.
Ya hay causas judiciales que podrían terminar con una acusación contra el intendente Sergio Salgado, una de ellas por emitir cerca de 300 cheques sin fondo.
Hay otra por unos convenios firmados con Iscamen que nunca pasaron por el Concejo Deliberante y los ediles denunciaron a Salgado ante la Fiscalía de Estado.
El órgano de control pidió información que el Ejecutivo municipal no respondió y entonces presentó la denuncia penal.
Pero la intervención judicial tampoco es definitiva porque los municipios son autárquicos.
La Constitución provincial dice, en su artículo 207, que es posible intervenir un departamento sólo en caso de acefalía y hoy Santa Rosa no está acéfala.
El único órgano con atribuciones constitucionales de intervención en el Ejecutivo municipal es el Concejo Deliberante de ese departamento, es decir que la Constitución mendocina indica que son los propios santarrosinos los que deben arreglar sus problemas.
Ayer, el jefe de gabinete del Ministerio de Gobierno, Carlos Segura, decía que cualquier ejecutivo tiene facultades para cerrar un edificio público, la clave son los motivos y el tiempo que permanecerá cerrado.
“Hay un órgano que tiene la facultad de intervenir que es la Fiscalía de Estado como custodio del patrimonio estatal”, y los edificios estatales son parte de ese patrimonio.
Pero la Fiscalía de Estado no puede ordenarle cosa alguna al intendente Salgado. Apenas si puede presentarse a la Justicia y ese camino ya fue iniciado: en el caso de los cheques sin fondos, la denuncia fue del Banco Nación (agente financiero de la comuna) y la Fiscalía se ha hecho parte; además, en medio de la maraña de documentación, surgió un acuerdo con un financista que compró esos cheques y la Fiscalía está pidiendo ampliaciones que seguramente desembocarán en otra denuncia penal.
Además están los convenios con Iscamen por los que el municipio fue denunciado por no entregar información.
La crisis financiera y política de Santa Rosa es un dolor de cabeza para el Gobierno, porque el departamento está caldeado y si explota, será un problema político provincial.
La opción que ha tomado Alfredo Cornejo es que sea el propio intendente Salgado el que se haga cargo del conflicto y reestructure sus gastos.
El ministro de Hacienda, Martín Kerchner, dijo que hubo un pedido concreto a Santa Rosa: que presente un plan de reestructuración por escrito. “Con el único municipio que el Gobierno provincial está exactamente al día es con Santa Rosa e igual no puede hacer frente con sus obligaciones.
Si paga 8 millones de nómina salarial y recibe 4 millones de coparticipación, está claro que por más que lo ayudemos no va a poder salir del problema, a menos que presente un plan para hacerse cargo de su gobierno”, decía Kerchner.
Más aún, el ministro condicionó la ayuda a ese plan de reestructuración, porque “no podemos seguir tratando en forma desigual a los demás municipios de la provincia. Los perjudicamos”.
Es que el Gobierno provincial también está en crisis y le debe a todos los otros municipios. Según se informó desde Hacienda, en los últimos días se le transfirieron fondos por $ 4.874.178,03.
fuente
"Los Andes", 14.01.2016
Es que no hay puertas legales para que la Provincia meta mano en esa comuna.
El único poder con alguna capacidad para intervenir es la Justicia.
Ya hay causas judiciales que podrían terminar con una acusación contra el intendente Sergio Salgado, una de ellas por emitir cerca de 300 cheques sin fondo.
Hay otra por unos convenios firmados con Iscamen que nunca pasaron por el Concejo Deliberante y los ediles denunciaron a Salgado ante la Fiscalía de Estado.
El órgano de control pidió información que el Ejecutivo municipal no respondió y entonces presentó la denuncia penal.
Pero la intervención judicial tampoco es definitiva porque los municipios son autárquicos.
La Constitución provincial dice, en su artículo 207, que es posible intervenir un departamento sólo en caso de acefalía y hoy Santa Rosa no está acéfala.
El único órgano con atribuciones constitucionales de intervención en el Ejecutivo municipal es el Concejo Deliberante de ese departamento, es decir que la Constitución mendocina indica que son los propios santarrosinos los que deben arreglar sus problemas.
Ayer, el jefe de gabinete del Ministerio de Gobierno, Carlos Segura, decía que cualquier ejecutivo tiene facultades para cerrar un edificio público, la clave son los motivos y el tiempo que permanecerá cerrado.
“Hay un órgano que tiene la facultad de intervenir que es la Fiscalía de Estado como custodio del patrimonio estatal”, y los edificios estatales son parte de ese patrimonio.
Pero la Fiscalía de Estado no puede ordenarle cosa alguna al intendente Salgado. Apenas si puede presentarse a la Justicia y ese camino ya fue iniciado: en el caso de los cheques sin fondos, la denuncia fue del Banco Nación (agente financiero de la comuna) y la Fiscalía se ha hecho parte; además, en medio de la maraña de documentación, surgió un acuerdo con un financista que compró esos cheques y la Fiscalía está pidiendo ampliaciones que seguramente desembocarán en otra denuncia penal.
Además están los convenios con Iscamen por los que el municipio fue denunciado por no entregar información.
La crisis financiera y política de Santa Rosa es un dolor de cabeza para el Gobierno, porque el departamento está caldeado y si explota, será un problema político provincial.
La opción que ha tomado Alfredo Cornejo es que sea el propio intendente Salgado el que se haga cargo del conflicto y reestructure sus gastos.
El ministro de Hacienda, Martín Kerchner, dijo que hubo un pedido concreto a Santa Rosa: que presente un plan de reestructuración por escrito. “Con el único municipio que el Gobierno provincial está exactamente al día es con Santa Rosa e igual no puede hacer frente con sus obligaciones.
Si paga 8 millones de nómina salarial y recibe 4 millones de coparticipación, está claro que por más que lo ayudemos no va a poder salir del problema, a menos que presente un plan para hacerse cargo de su gobierno”, decía Kerchner.
Más aún, el ministro condicionó la ayuda a ese plan de reestructuración, porque “no podemos seguir tratando en forma desigual a los demás municipios de la provincia. Los perjudicamos”.
Es que el Gobierno provincial también está en crisis y le debe a todos los otros municipios. Según se informó desde Hacienda, en los últimos días se le transfirieron fondos por $ 4.874.178,03.
fuente
"Los Andes", 14.01.2016
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