I - 2015 QUE SE HIZO
Inundaciones: la Provincia subejecutó los fondos para prevenirlas
El Gobierno de Daniel Scioli, candidato presidencial del FpV, utilizó el último año el 40% de la partida para mitigar las crecidas, el porcentaje más bajo desde 2010. En el área de saneamiento, la ejecución fue del 60%, pero los recursos absolutos son menores que en 2009.Con pronósticos de nuevas lluvias y viento sudestada, más de diez municipios de la Provincia de Buenos Aires (la mayoría en el norte bonaerense) se encuentran inundados con cientos de evacuados en sus territorios. A pesar de que ayer no llovió, los partidos en situación crítica son Luján y San Antonio de Areco, que ya se habían inundado en 2014.
El Servicio Meteorológico Nacional publicó un informe que señala que las precipitaciones de los primeros diez días de agosto superaron los niveles usuales de cantidad de agua en las zonas norte y centro de la Provincia. Sin embargo, los datos muestran que existe una gran subejecución en los programas destinados a controlar inundaciones y de saneamiento hidráulico.
En 2014, el gobierno bonaerense ejecutó el 40% del presupuesto del programa “Control de Inundaciones”, que fue creado en 2010. Para diciembre de ese año, la ejecución de los fondos asignados por la Legislatura provincial con el objetivo de prevenir las crecidas había sido del 95% y fue disminuyendo hasta llegar al número actual.
El dato surge de las planillas de ejecución presupuestaria de la Contaduría General de la Provincia, donde se puede ver que en 2013 y 2014 aumentó el gasto del programa “Saneamiento Hidráulico” mientras que cayó el de “Control de Inundaciones”. Es decir que, a pesar de que la Contaduría no lo detalla en sus estadísticas, pudo existir una reasignación de fondos de un programa a otro, que son los más importantes del Ministerio de Infraestructura para atender la problemática.
“Aun así -observó a Chequeado Ariel Melamud, economista del área de Estudios de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP)-, la ejecución en saneamiento fue de 43% en 2013 y de 63% en 2014, por lo tanto tampoco se utilizaron la totalidad de esos fondos”.
Ni la emergencia hídrica que decretó Scioli a fines de 2013 sirvió para resolver el problema, dado que el programa “Control de Inundaciones” tuvo un gasto menor en 2014 que en el año anterior y el de “Saneamiento Hidráulico” fue mayor en el año último pero sigue siendo menor a lo gastado en 2009.
Este sitio consultó al Ministerio de Infraestructura bonaerense y al ministro que dirige esa cartera, Alejandro Arlía, para conocer las razones de la subejecución presupuestaria y las obras realizadas en la cuenca del Río Luján, pero no obtuvo respuesta.
Por otro lado, también cayó la inversión en el área de desagües y drenaje: pasó del 0,34% del gasto total en 2011 -inicio del segundo mandato de Scioli como gobernador- a 0,12% en 2014, último año con información oficial de ejecución. Según los números del presupuesto 2015 de la Provincia, el porcentaje aumenta a 0,21% pero aún resta ver cuánto de eso se ejecutará.
A la falta de ejecución de estos fondos por parte de la gestión Scioli hay que sumar la discrecionalidad con la que Nación distribuye el Fideicomiso de Infraestructura Hídrica, a cargo del Ministerio de Economía nacional, para mitigar las inundaciones en zonas urbanas y rurales.
Este fondo, que existe desde 2001, se nutre de una tasa a la nafta y al gas natural. Desde 2006, la Casa Rosada decidió priorizar la inversión en áreas urbanas y disminuir los recursos nacionales destinados a las áreas rurales, que en su mayoría le corresponden a la Provincia.
De hecho, existen denuncias de legisladores opositores porque se reasignaron parte de estos recursos para otros usos, como stands de Tecnópolis. Entre enero y junio de 2015, este fondo recaudó $2,9 mil millones, de acuerdo con los datos publicados por el Ministerio de Economía de la Nación.
FUENTE
"CHEQUEADO.COM", 12.08.2015
II - QUE SE DIJO
Inundaciones: ¿qué se hizo y qué queda por hacer?
La presidenta Cristina Fernández anunció obras para los
municipios bonaerenses afectados e insinuó avances en relación a los
gobiernos anteriores. ¿Cuál es la situación?
Durante un discurso en Olivos, Cristina Fernández anunció la construcción de obras hídricas para municipios afectados por las inundaciones y citó a un vecino de Azul que había recordado que “la última inundación fuerte había sido 30 años atrás y nunca se había hecho nada durante décadas. Así que bueno -remarcó la Presidenta-, acá estamos poniendo el hombro, como siempre tenemos que hacerlo”.
¿Es cierto lo que insinuó Cristina Fernández: este gobierno realizó avances con respecto a gestiones anteriores?
De acuerdo con los especialistas consultados, los tramos terminados en la Cuenca del Río Salado se lograron gracias a las gestiones de la Provincia de Buenos Aires desde 1983, por lo menos, más que de la Nación. En el período 2004-2012, el gobierno bonaerense licitó y ejecutó dos de las cuatro etapas previstas en el Plan Maestro Integral, pero la ejecución de las obras de la tercera y cuarta etapa de dicho plan -a cargo del Ministerio de Planificación Nacional- no registra avances significativos desde fines de 2008.
Las inundaciones registradas en agosto y septiembre provocaron que la Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario de la Provincia de Buenos Aires (CEDABA) declarara en estado de emergencia a 15 distritos, entre los que se encuentran los beneficiarios de las obras mencionadas por CFK, como Carlos Casares, Pehuajó, Tapalqué, Bolívar y Azul, entre otros. Todos ellos están ubicados en la Cuenca del Río Salado, que abarca más de la mitad del territorio bonaerense y es el principal exponente en la problemática del área rural:
¿Cuál es el problema? La cuenca presenta dos características desfavorables: se trata de un área geográfica con falta de relieve (es decir, está conformada por una zona alta peri-serrana de aportes de grandes volúmenes de agua a una planicie deprimida, con formaciones de dunas que obstaculizan su desembocadura al mar). A esto se suma que el sistema de drenaje está pobremente desarrollado y por lo tanto el porcentaje de lluvias que escurre por los ríos es pequeño, menor al 10%, según un informe del Centro de Estudios Sociales y Ambientales (CESAM).
El aspecto geográfico y las cíclicas variaciones climáticas, entre otros factores, provocan sequías e inundaciones prolongadas en forma periódica. Esto no sólo afecta a los cascos urbanos sino también al sector agropecuario de la región, donde de acuerdo con el Ministerio de Infraestructura bonaerense se concentra entre el 25 y el 30% de la producción nacional de granos y carne.
Si bien se trata de un problema fisiográfico estructural de la cuenca, “la situación se ha agravado desde comienzos de la década del 70, donde se inició un período más húmedo y un aumento en la frecuencia de los eventos de inundación y anegamiento”, se puede leer en un documento de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación publicado en 2003. Así, los años con mayores registros de inundaciones fueron 1980, 1985, 1986, 1987, 1993 y 2000, aunque “los episodios más graves, en cuanto a su impacto sobre la sociedad, ocurrieron en el periodo 1985-1987”, destaca el CESAM en el informe mencionado.
¿Qué se propuso hacer? Para tratar de paliar esta problemática, el Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires encargó a mediados de la década del 90 a la consultora inglesa Sir William Halcrow & Partners la elaboración de un plan de recursos hídricos. El trabajo fue realizado entre 1997 y 1999 y costó U$S 3,3 millones, financiados por el Banco Mundial. Los principales objetivos de lo que resultó ser el Plan Maestro Integral de la Cuenca del Río Salado (PMI-CRS) eran “proteger el valor ambiental de la cuenca”, “mejorar las condiciones económicas” y “mitigar los impactos negativos de inundaciones y sequías”.
Al mismo tiempo, la Legislatura provincial sancionó el Código de Aguas, por lo que “se creó la Autoridad del Agua y los Comités de Cuenca integrados por un representante municipal, dándole la posibilidad a los gobiernos locales de ‘gerenciar’ las acciones del Plan Maestro”, explicó a Chequeado.com Fernanda Gaspari, directora de la Maestría de Manejo de Cuencas Hidrográficas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
Las medidas estructurales del PMI consistían en la construcción de canales, obras de almacenamiento y regulación en lagunas embalses, destinadas a mejorar la red de drenaje. Y la Provincia de Buenos Aires recién las inició en el 2004, comenzando por las obras aguas arriba, tal como lo preveía el plan.
Alejandro Jauregüiberry, ingeniero agrónomo y miembro de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), recordó que “el PMI planteaba que la tasa de retorno de la inversión en la cuenca deprimida era baja, por eso había que dirigir los recursos al oeste donde los campos eran más rentables”. Esto provocó la protesta de los productores de la zona, que exigieron a Felipe Solá la construcción de obras aguas abajo. Mediante un decreto de 2003, el entonces gobernador creó un Consejo Honorario, compuesto por las cuatro entidades agropecuarias y la UIA, que informaría sobre el desarrollo del PMI y se acordó que las obras se iniciarían desde la desembocadura en la Bahía de Samborombón hasta llegar al naciente del Río Salado en Junín.
¿Qué se hizo y qué no? En el período 2004-2012, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires licitó y ejecutó dos de las cuatro etapas previstas en el PMI. Así se desprende del listado de beneficiarios del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica (FFIH), que asigna la Unidad de Coordinación de Fideicomisos de Infraestructura (UCOFIN) del Ministerio de Economía de la Nación y fue creado por un decreto de 2001:
-Primera etapa: desagüe del Salado Superior y del Sistema Vallimanca-Saladillo y Las Flores (Junín). Y construcción del Puente “La Postrera”.
-Segundo etapa: readecuación del Salado Inferior, en el tramo desde el Canal 15 hasta la Laguna “Las Barrancas” (Chascomús) y desde allí hasta el Arroyo “Los Poronguitos” (General Belgrano).
La Provincia de Buenos Aires también recibió financiamiento internacional del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), de acuerdo con un acuerdo que se suscribió en junio de 2003. Sobre un total prometido de u$s 180 millones, el BICE facilitó u$s 30 millones, para la canalización del segundo tramo ya terminado.
Ambas etapas representan alrededor del 40% del total del PMI, calculado en 600 kilómetros que atraviesan la Provincia de este a noroeste.
Sin embargo, la ejecución de las obras de la tercera y cuarta etapa del PMI no registra avances significativos desde fines de 2008. Dos años antes, justamente, la Nación decidió priorizar la inversión en las áreas urbanas y disminuir los recursos nacionales destinados a las áreas rurales, que en su mayoría le corresponden a la Provincia.
Los tramos pendientes, cuyo proceso licitatorio se abrió en 2010 y se encuentra a cargo del Ministerio de Planificación Federal de la Nación, corresponden a una zona bonaerense que padeció las últimas inundaciones de principios de septiembre: la canalización desde el Arroyo “Los Poronguitos” hasta la Laguna “Las Flores Grande” (Roque Pérez).
La Provincia de Buenos Aires se encuentra llevando a cabo entre el 2008 y noviembre de 2011, a través de la Dirección Provincial de Saneamiento y Obra Hidráulica, otras obras financiadas con el FFHI, aunque de menor envergadura que los tramos que establece el PMI.
Jauregüiberry, representante de CARBAP ante el PMI, subrayó al respecto: “Las obras terminadas lograron que se produjeran menos desastres y que las inundaciones sean de menor duración, a diferencia de lo que ocurrió a mediados de la década del 80 cuando se anegaban 8 millones de hectáreas”.
Según el ingeniero agrónomo, los tramos terminados se lograron gracias a las gestiones de la Provincia de Buenos Aires más que de la Nación. El gobernador radical Alejandro Armendáriz fue el primero que debió afrontar el período de inundaciones más severo de los últimos 30 años, entre 1985 y 1987. Su respuesta fue el Plan Maestro de Ordenamiento Hídrico (uno previo al PMI), la rectificación de la desembocadura del Río Salado, y la programación de su futura canalización en 100 km. Se obtuvo un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que sumado al apoyo estatal totalizó u$s 125 millones que se utilizaron para realizar estas obras.
El especialista señaló, en este sentido, que las últimas obras terminadas en 2008 posibilitaron que la inundación actual no haya sido como la del 2005, “pero desde hace cuatro años que no se registran avances”, lo que coincide con la escasez de recursos provenientes del FFIH.
Sin embargo, la ingeniera forestal Gaspari no consideró al PMI como una solución definitiva, sino como una “mitigación de excesos”. Concluyó que “lo importante es generar las obras de infraestructura que permitan atenuar el impacto de las inundaciones que sabemos que no van a dejar de repetirse por las características de la cuenca.”
FUENTE
"CHEQUEADO.COM", 26.09.2012
Durante un discurso en Olivos, Cristina Fernández anunció la construcción de obras hídricas para municipios afectados por las inundaciones y citó a un vecino de Azul que había recordado que “la última inundación fuerte había sido 30 años atrás y nunca se había hecho nada durante décadas. Así que bueno -remarcó la Presidenta-, acá estamos poniendo el hombro, como siempre tenemos que hacerlo”.
¿Es cierto lo que insinuó Cristina Fernández: este gobierno realizó avances con respecto a gestiones anteriores?
De acuerdo con los especialistas consultados, los tramos terminados en la Cuenca del Río Salado se lograron gracias a las gestiones de la Provincia de Buenos Aires desde 1983, por lo menos, más que de la Nación. En el período 2004-2012, el gobierno bonaerense licitó y ejecutó dos de las cuatro etapas previstas en el Plan Maestro Integral, pero la ejecución de las obras de la tercera y cuarta etapa de dicho plan -a cargo del Ministerio de Planificación Nacional- no registra avances significativos desde fines de 2008.
Las inundaciones registradas en agosto y septiembre provocaron que la Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario de la Provincia de Buenos Aires (CEDABA) declarara en estado de emergencia a 15 distritos, entre los que se encuentran los beneficiarios de las obras mencionadas por CFK, como Carlos Casares, Pehuajó, Tapalqué, Bolívar y Azul, entre otros. Todos ellos están ubicados en la Cuenca del Río Salado, que abarca más de la mitad del territorio bonaerense y es el principal exponente en la problemática del área rural:
¿Cuál es el problema? La cuenca presenta dos características desfavorables: se trata de un área geográfica con falta de relieve (es decir, está conformada por una zona alta peri-serrana de aportes de grandes volúmenes de agua a una planicie deprimida, con formaciones de dunas que obstaculizan su desembocadura al mar). A esto se suma que el sistema de drenaje está pobremente desarrollado y por lo tanto el porcentaje de lluvias que escurre por los ríos es pequeño, menor al 10%, según un informe del Centro de Estudios Sociales y Ambientales (CESAM).
El aspecto geográfico y las cíclicas variaciones climáticas, entre otros factores, provocan sequías e inundaciones prolongadas en forma periódica. Esto no sólo afecta a los cascos urbanos sino también al sector agropecuario de la región, donde de acuerdo con el Ministerio de Infraestructura bonaerense se concentra entre el 25 y el 30% de la producción nacional de granos y carne.
Si bien se trata de un problema fisiográfico estructural de la cuenca, “la situación se ha agravado desde comienzos de la década del 70, donde se inició un período más húmedo y un aumento en la frecuencia de los eventos de inundación y anegamiento”, se puede leer en un documento de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación publicado en 2003. Así, los años con mayores registros de inundaciones fueron 1980, 1985, 1986, 1987, 1993 y 2000, aunque “los episodios más graves, en cuanto a su impacto sobre la sociedad, ocurrieron en el periodo 1985-1987”, destaca el CESAM en el informe mencionado.
¿Qué se propuso hacer? Para tratar de paliar esta problemática, el Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires encargó a mediados de la década del 90 a la consultora inglesa Sir William Halcrow & Partners la elaboración de un plan de recursos hídricos. El trabajo fue realizado entre 1997 y 1999 y costó U$S 3,3 millones, financiados por el Banco Mundial. Los principales objetivos de lo que resultó ser el Plan Maestro Integral de la Cuenca del Río Salado (PMI-CRS) eran “proteger el valor ambiental de la cuenca”, “mejorar las condiciones económicas” y “mitigar los impactos negativos de inundaciones y sequías”.
Al mismo tiempo, la Legislatura provincial sancionó el Código de Aguas, por lo que “se creó la Autoridad del Agua y los Comités de Cuenca integrados por un representante municipal, dándole la posibilidad a los gobiernos locales de ‘gerenciar’ las acciones del Plan Maestro”, explicó a Chequeado.com Fernanda Gaspari, directora de la Maestría de Manejo de Cuencas Hidrográficas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
Las medidas estructurales del PMI consistían en la construcción de canales, obras de almacenamiento y regulación en lagunas embalses, destinadas a mejorar la red de drenaje. Y la Provincia de Buenos Aires recién las inició en el 2004, comenzando por las obras aguas arriba, tal como lo preveía el plan.
Alejandro Jauregüiberry, ingeniero agrónomo y miembro de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), recordó que “el PMI planteaba que la tasa de retorno de la inversión en la cuenca deprimida era baja, por eso había que dirigir los recursos al oeste donde los campos eran más rentables”. Esto provocó la protesta de los productores de la zona, que exigieron a Felipe Solá la construcción de obras aguas abajo. Mediante un decreto de 2003, el entonces gobernador creó un Consejo Honorario, compuesto por las cuatro entidades agropecuarias y la UIA, que informaría sobre el desarrollo del PMI y se acordó que las obras se iniciarían desde la desembocadura en la Bahía de Samborombón hasta llegar al naciente del Río Salado en Junín.
¿Qué se hizo y qué no? En el período 2004-2012, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires licitó y ejecutó dos de las cuatro etapas previstas en el PMI. Así se desprende del listado de beneficiarios del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica (FFIH), que asigna la Unidad de Coordinación de Fideicomisos de Infraestructura (UCOFIN) del Ministerio de Economía de la Nación y fue creado por un decreto de 2001:
-Primera etapa: desagüe del Salado Superior y del Sistema Vallimanca-Saladillo y Las Flores (Junín). Y construcción del Puente “La Postrera”.
-Segundo etapa: readecuación del Salado Inferior, en el tramo desde el Canal 15 hasta la Laguna “Las Barrancas” (Chascomús) y desde allí hasta el Arroyo “Los Poronguitos” (General Belgrano).
La Provincia de Buenos Aires también recibió financiamiento internacional del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), de acuerdo con un acuerdo que se suscribió en junio de 2003. Sobre un total prometido de u$s 180 millones, el BICE facilitó u$s 30 millones, para la canalización del segundo tramo ya terminado.
Ambas etapas representan alrededor del 40% del total del PMI, calculado en 600 kilómetros que atraviesan la Provincia de este a noroeste.
Sin embargo, la ejecución de las obras de la tercera y cuarta etapa del PMI no registra avances significativos desde fines de 2008. Dos años antes, justamente, la Nación decidió priorizar la inversión en las áreas urbanas y disminuir los recursos nacionales destinados a las áreas rurales, que en su mayoría le corresponden a la Provincia.
Los tramos pendientes, cuyo proceso licitatorio se abrió en 2010 y se encuentra a cargo del Ministerio de Planificación Federal de la Nación, corresponden a una zona bonaerense que padeció las últimas inundaciones de principios de septiembre: la canalización desde el Arroyo “Los Poronguitos” hasta la Laguna “Las Flores Grande” (Roque Pérez).
La Provincia de Buenos Aires se encuentra llevando a cabo entre el 2008 y noviembre de 2011, a través de la Dirección Provincial de Saneamiento y Obra Hidráulica, otras obras financiadas con el FFHI, aunque de menor envergadura que los tramos que establece el PMI.
Jauregüiberry, representante de CARBAP ante el PMI, subrayó al respecto: “Las obras terminadas lograron que se produjeran menos desastres y que las inundaciones sean de menor duración, a diferencia de lo que ocurrió a mediados de la década del 80 cuando se anegaban 8 millones de hectáreas”.
Según el ingeniero agrónomo, los tramos terminados se lograron gracias a las gestiones de la Provincia de Buenos Aires más que de la Nación. El gobernador radical Alejandro Armendáriz fue el primero que debió afrontar el período de inundaciones más severo de los últimos 30 años, entre 1985 y 1987. Su respuesta fue el Plan Maestro de Ordenamiento Hídrico (uno previo al PMI), la rectificación de la desembocadura del Río Salado, y la programación de su futura canalización en 100 km. Se obtuvo un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que sumado al apoyo estatal totalizó u$s 125 millones que se utilizaron para realizar estas obras.
El especialista señaló, en este sentido, que las últimas obras terminadas en 2008 posibilitaron que la inundación actual no haya sido como la del 2005, “pero desde hace cuatro años que no se registran avances”, lo que coincide con la escasez de recursos provenientes del FFIH.
Sin embargo, la ingeniera forestal Gaspari no consideró al PMI como una solución definitiva, sino como una “mitigación de excesos”. Concluyó que “lo importante es generar las obras de infraestructura que permitan atenuar el impacto de las inundaciones que sabemos que no van a dejar de repetirse por las características de la cuenca.”
FUENTE
"CHEQUEADO.COM", 26.09.2012
Qué pasará en Octubre?
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