La jubilación no es una variable
El haber previsional no puede estar sujeto a las necesidades
de compensar el déficit de la Caja de Jubilaciones provincial ni a los
compromisos políticos asumidos por la Anses.
Por Redacción LAVOZ
Las distintas constituciones provinciales y la Carta Magna de la Argentina subrayan el derecho a un haber previsional digno.
En su balance, el ente cordobés anunció que el déficit del organismo se redujo en 2014 en función de que se aplica un diferimiento de seis meses en el pago de los aumentos que se otorgan a los activos.
En 2013, el déficit había sido de 608 millones de pesos y el año pasado se achicó a 430 millones, es decir casi 30 por ciento menos.
Si bien el informe de la Caja de Jubilaciones califica como “la gran estafa” el aporte que realiza la Provincia para sostener el régimen previsional nacional, nada justifica la detracción que sufren los haberes de los beneficiarios cordobeses en un período de alta inflación.
El documento define como “ilegítima e ilegal la apropiación de recursos” por parte del Tesoro nacional, que, en el caso de Córdoba, supone haber cedido –a través de una menor coparticipación impositiva y otras reducciones tributarias–unos 8.000 millones de pesos a la Anses en 2014.
Pese al millonario aporte de las provincias, el organismo nacional no cumple en todos sus términos con el sostenimiento de los regímenes provinciales, según el acta-acuerdo de 1995, cuando se puso en marcha la jubilación privada derogada en 2008.
Córdoba no recibe desde 2011 ningún tipo de aporte para sostener los beneficios previsionales, pese a las adecuaciones aplicadas en su momento. Esta actitud de la administración nacional llevó a las autoridades cordobesas a plantear el reclamo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que aún no se expidió.
Tampoco los montos de las jubilaciones y la demora en el pago de las sentencias de los innumerables juicios iniciados contra la Anses pueden ser justificados por ese organismo, que destina cifras millonarias a financiar distintos programas sociales. Estos deberían ser solventados por el Tesoro nacional y no por los aportes de los trabajadores y empleadores.
Pese a ser anunciados con bombos y platillos, los aumentos que reciben los jubilados son insignificantes en valores absolutos. Dos de cada tres beneficiarios cobran la mínima de 3.822 pesos, que al mes de agosto eso va a representar el 68,4 por ciento del salario mínimo, vital y móvil, muy lejos del 82 por ciento fijado como retribución por el máximo tribunal del país.
El haber jubilatorio no puede ser una variable sujeta a las necesidades políticas de los gobiernos de turno.
FUENTE
"La Voz", Córdoba, 30.07.2015
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