“EL
TRIBUNO”, SALTA, 30.08.2015
NINGUNA
ELECCIÓN ES TRANSPARENTE CON URNAS QUEMADAS Y REPRESIÓN
Las elecciones del domingo pasado en Tucumán concluyeron
en un escándalo por los graves incidentes ocurridos durante la jornada,
entre los que se destaca la quema de 43 urnas y las heridas sufridas
por 6 gendarmes; por la noche, como corolario, la policía disolvió con
una violencia inadmisible a los manifestantes que denunciaban fraude en
la Plaza de la Independencia.
La ciudadanía no cree en la transparencia
de esos comicios, se manifiesta en las calles, y sus dudas se
acrecientan cuando el propio gobernador José Alperovich minimiza el
escándalo. Como agravante, el candidato oficialista a gobernador, el ex
ministro de Salud de la Nación Juan Manzur, intentó demostrar la
transparencia de esa elección explicando que "hubo 43 urnas quemadas,
pero eran urnas peronistas; fue un problema de internas".
Esta
definición del probable ganador de la elección contiene un error de
concepto que atenta contra el principio republicano: el voto es un
derecho ciudadano y las urnas deben ser cuidadas por el Estado, que no
representa los intereses del partido oficialista sino que está obligado a
velar para que se cumpla la voluntad soberana del pueblo.
No es el
sistema electoral el que falla, sino la ausencia de una cultura
democrática, que respete el orden jurídico. En nuestro país, y no solo
en Tucumán, se confunden con facilidad los intereses particulares del
gobernante, las atribuciones del partido o frente oficialista y los
deberes del Estado.
Las denuncias sobre distribución de bolsones, de
compra de votos (o voto en cadena) y de manipulación de las urnas por
medio de punteros representan irregularidades gravísimas, aunque se
intente mostrarlas como un hecho natural o folclórico.
Es la utilización
del poder contra el derecho de la gente, aprovechando las necesidades
de los sectores vulnerables.
Con voto en papel o con voto electrónico,
si el ciudadano está condicionado de cualquier manera para emitir su
voto y si no existen garantías de transparencia y fiscalización en cada
paso de los comicios, la legitimidad del acto electoral queda empañada,
así como la autoridad del gobernante emergente de ese acto.
Garantizar
la seguridad de los votantes y la transparencia de los comicios es una
obligación del gobernador, quien no dio explicaciones sobre las
irregularidades que él mismo admite. Más allá de que la diferencia entre
Manzur (54,42%) y el candidato de la Alianza del Bicentenario, José
Cano (40,76%) se mantenga, se amplíe, se reduzca o, directamente, se
invierta, la credibilidad del escrutinio ya está dañada.
Es tan fuerte
el escándalo que el fiscal general de la Cámara Federal de Apelaciones
de Tucumán, Gustavo Gómez, consideró que cualquier partido político
estaría en condiciones de pedir la anulación de los comicios en Tucumán y
el apartamiento del presidente de la Corte y de la Junta Electoral,
Antonio Gandur.
La Junta está funcionando con solo dos de sus tres
miembros, el procurador Edmundo Jiménez fue apartado por su afinidad
manifiesta con Manzur y Gandur prejuzgó al declarar que "no hubo
fraude".
Más allá del resultado final de la elección tucumana y de las
consecuencias que pudiera tener este escándalo en los comicios
nacionales, es imperioso recuperar la calidad de las instituciones de la
democracia. Una elección viciada por el clientelismo, la ausencia de
fiscales, el amiguismo y el abuso del poder del Estado no es
democrática. Tampoco es transparente si es confusa.
Allí funcionó el
sistema de "enganches" y la gente debió optar entre 25 mil candidatos
para los diversos cargos. Se eligieron también 49 diputados. Hoy la
Cámara funciona con 42 legisladores oficialistas sin posibilidad alguna
de disenso, y 7 opositores. El modelo de todo el país se replica en
Tucumán: el escándalo revela la ausencia de división de poderes, la
concentración casi absoluta del poder en el gobernador, que utiliza su
hegemonía sobre el Estado para eliminar la pluralidad y el disenso y
dispone del presupuesto oficial para eternizarse en el poder.
La
cuestión de fondo no consiste en saber quién gana sino si existe una
genuina vocación republicana en la dirigencia, del país, no solo de
Tucumán. No es razonable cambiar el sistema en pleno proceso electoral, y
cualquier modificación sería un engaño sin la firme decisión de
garantizar que las elecciones expresen, exclusivamente, la opción
racional y libre de cada ciudadano.
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