VENEZUELA Y…
EL RESTO DEL MUNDO
Informe Otálvora: Cuarenta
y dos gobiernos sancionan a régimen chavista
30
de marzo de 2018 - Por EDGAR C. OTÁLVORA
La lista de gobiernos que han sancionado al régimen
de Nicolás Maduro en Venezuela la componen EEUU, Canadá, 28 miembros de la Unión
Europea y otros once países europeos, no miembros de la UE
Cuarenta y dos gobiernos han establecido expresas
sanciones contra altos jerarcas del régimen chavista.
La lista la componen
EEUU, Canadá, los 28 miembros de la Unión Europea a saber, Alemania, Austria,
Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España,
Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia,
Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido,
República Checa, Rumanía y Suecia.
Otros once países europeos, no miembros de
la Unión Europea, han asumido las medidas decididas por la UE contra el
gobierno y funcionarios chavistas: Albania, Bosnia, Georgia, Islandia,
Liechtenstein, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Noruega, Suiza y Ucrania.
El 27MAR18 la Gaceta Oficial de
Panamá incluyó una resolución del Ministerio de Economía y Finanzas ordenando a
la “Comisión contra el blanqueo de capitales” la publicación del listado de
“personas (naturales o jurídicas) provenientes de la República Bolivariana de Venezuela consideradas de alto riesgo en materia
de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la
Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”.
La resolución alega que Panamá,
de esta manera, cumple con compromisos adquiridos en el marco del Grupo de
Lima.
En un anexo de la resolución se incluye el listado de 55 funcionarios y
13 empresas asociadas al régimen chavista a quienes se les cierra el acceso al
sistema financiero panameño.
Panamá, de esta manera, se convirtió en el primer
gobierno latinoamericano en imponer sanciones expresas contra jerarcas
chavistas.
Nicolás
Maduro figura en las listas de sancionados por Canadá y Panamá.
El 29MAR18 el canciller de Guyana
Carl Greenidge entregó al Secretario de la Corte Internacional de Justicia,
Philippe Couvreur, una solicitud para que esa instancia judicial intervenga en
el conflicto entre Guyana y Venezuela por la posesión de Territorio Esequibo.
Desde
1987, bajo la protección de la Secretaría General de la ONU, los dos gobiernos
han mantenido un fallido esquema de negociación bilateral basado en la
designación de “buenos oficiantes”.
La llegada de David Granger a la
presidencia de Guyana el 16MAY15, la reactivación de concesiones petroleras
otorgadas una década atrás a empresas de EEUU, China, Canadá y Holanda entre
otros, el descubrimiento de importantes reservas petroleras en zonas marinas
bajo disputa y la notoria crisis y debilidad política de Venezuela,
incentivaron a que Guyana activara su campaña diplomática para llevar el caso
limítrofe a un mecanismo judicial internacional que finiquite el diferendo.
El
30ENE18, el Secretario General de la ONU Antonio Guterres remitió a los
gobiernos de Guyana y Venezuela una comunicación cuyo texto ha sido mantenido
en secreto, dando fin al trabajo del buen oficiante Dag Nylander quien desde el
28FEB17 había estado encargado de procurar un acuerdo entre Caracas y
Georgetown sobre el mecanismo para proseguir las negociaciones por el Esequibo.
Un comunicado oficial poco explícito emitido por la ONU el 31ENE18, informó que
Guterres “llegó a la conclusión de que no se ha alcanzado un progreso
significativo para saldar la controversia por lo que se escogió a la CIJ como
el medio a ser utilizado para la resolución".
Amparado en esa decisión,
ahora el gobierno de Guyana procedió a llevar el caso al tribunal internacional
de La Haya pidiéndole que ratifique un Laudo Arbitral emitido en 1899 mediante
el cual Gran Bretaña despojó a Venezuela del territorio Esequibo y de su
proyección marítima.
Ya desde 2017, el gobierno de Guyana
trabaja para crear un equipo jurídico que adelante las acciones contra
Venezuela ante la CIJ. Al frente de la operación fue designado el reputado Sir
Shridath Ramphal, excanciller guyanés quien ejerció como Secretario de la
Commonwealth por más de quince años.
La cancillería guyanesa contrató al
afamado jurista Paul S. Reichler del bufete estadounidense Foley Hoag LLP que
ya actuó antes en el conflicto de límites marítimos de Guyana con Suriname y
ahora encabeza el equipo de apoyo jurídico contra Venezuela.
El 21ENE18, la
cancillería guyanesa anunció que había reservado un presupuesto de US$ 15
millones para gastos legales del proceso contra Venezuela.
El gobierno guyanés
cuenta con una donación de US$ 18 millones recibidos de la empresa ExxonMobil
beneficiaria de las concesiones petroleras entregadas por Guyana en áreas
marinas disputadas por Venezuela.
El
abogado Reichler ha intervenido en sonados casos internacionales como la
demanda del gobierno sandinista contra EEUU en los años ochenta.
Entre otros
casos de disputas binacionales recientes, Reichler representó a Uruguay en el
pleito contra el gobierno kirchnerista por la construcción de una planta
papelera a orillas del rio Uruguay.
Igualmente formó parte del equipo de
juristas de Nicaragua contra Colombia en el proceso por límites marítimos ante
la Corte Internacional de Justicia. Reichler, como parte de Foley Hoag LLP ha
representado al gobierno chavista en diversos procesos judiciales en EEUU,
algunos de ellos relacionados con demandas por pago de expropiaciones.
La
cancillería guyanesa igualmente cuenta con el asesoramiento del abogado
iraní-canadiense Payam Ahkavan quien actualmente forma parte del equipo de
Bolivia en su demanda contra Chile.
Ahkavan acompañó al canciller guyanés el
29MAR18 a la entrega del recurso contra Venezuela en la CIJ.
Según diversas fuentes, la
cancillería chavista no cuenta con un equipo de trabajo dedicado al tema Guyana
y a los preparativos ante una inminente demanda por parte del gobierno guyanés.
A principios del 2017, la cancillería venezolana en manos de Delsy Rodríguez,
habría consultado al abogado español Antonio Remiro Bretons pero no contrató
expertos extranjeros.
En medios judiciales internacionales corre la versión
según la cual los asesores jurídicos de Rodriguez habrían sido abogados
penalistas venezolanos, sus antiguos compañeros en el Instituto de Derecho
Penal de la Universidad Central de Venezuela, sin obra conocida en temas de
derecho internacional y litigios limítrofes.
Antonio Remiro Bretons es el autor
principal de la actual demanda interpuesta por el gobierno de Evo Morales
contra Chile en la CIJ sobre el tema de los límites entre los dos países.
Igualmente ha representado a los gobiernos de Cristina Kirchner y Daniel Ortega
en procesos ante la CIJ incluyendo la disputa limítrofe de Nicaragua contra
Colombia.
Emilio
Figueredo, experto venezolano en el tema del diferendo con Guyana, tuitió el
29MAR18: “Lo del Esequibo se venía venir desde el momento en que Delcy insistió
en mantener los buenos oficios en vez de haber solicitado otro de los
mecanismos previstos en el art 33 de la Carta de la ONU, lo que hubiera podido
evitar, por un tiempo, la Corte y prepararnos para ella”.
Pero, a juicio de la
comunidad de expertos venezolanos en temas limítrofes, las purgas políticas que
el chavismo realizó en la cancillería barrieron con los expertos en derecho
internacional con que contaba la diplomacia venezolana.
El
30MAR18, la cancillería chavista informó que dos días antes invitó a Guyana
para “reiniciar los contactos diplomáticos que permitan alcanzar una solución
práctica y satisfactoria de la controversia territorial”, descartando la
decisión del Secretario General de la ONU sobre el arreglo por la vía judicial.
Salvo alegar las tesis oficiales históricas venezolanas sobre no reconocer la
jurisdicción de la CIJ en el tema limítrofe y optar por la negociación
bilateral, el gobierno chavista se muestra poco interesado en hacerse cargo de
una realidad: el caso de la propiedad del Territorio Esequibo ya llegó a una
instancia judicial internacional y ameritará que Venezuela se haga presente
como parte en la disputa.
La crisis política venezolana ha creado las
condiciones propicias para que Guyana intente resolver a su favor la vieja
disputa territorial.
Tal como lo adelantara el Informe Otálvora del
24MAR18, el nuevo presidente de Perú, Martín Vizcarra, ratificó la no
invitación a Nicolás Maduro y a su gobierno, para la Cumbre de las Américas que
deberá tener lugar en Lima el 13-14ABR18.
En tanto, desde La Habana se coordina
la realización de una anticumbre de los pueblos y la participación de una
masiva representación castrochavista en los foros oficiales de actores
sociales, sociedad civil, jóvenes e indígenas organizados como parte de la
Cumbre de las Américas.
Fuente
“DIARIOS LAS AMÉRICAS”, Miami, 30.03.2018
