TARIFAS DE GAS Y
EL ANIMO DE LOS ARGENTINOS
De las subas miedosas de Cristina Kirchner al mega-ajuste de Macri: cómo evolucionó la tolerancia social al tarifazo
14-07-2016 El hecho de que la población reciba como un alivio la noticia de que tendrá "apenas" un 400% de aumento habla a las claras de un cambio en el humor social.
Durante una década, el kirchnerismo había tenido que "congelar" varios intentos de ajuste tarifario por temor a una reacción popular
Como siempre, el vaso puede verse medio vacío o medio lleno.
Luego de la marcha atrás del Gobierno con el tarifazo de gas, la mayoría de los análisis políticos dio como conclusión que el ajuste había encontrado un límite.
Y que ese límite complicaba el plan económico oficial.
Sin embargo, también puede hacerse la interpretación inversa: el hecho de que hoy muchos argentinos manifiesten algo de alivio por tener que pagar "apenas" un 400% de aumento es un síntoma de cómo ha cambiado el humor social.
Después de todo, hace un año, en plena campaña electoral, el gran debate era si iba a haber margen para un ajuste tipo shock o si habría que recurrir al gradualismo.
Puesto en números, por "shock" se entendía triplicar las atrasadas tarifas vigentes, mientras que la solución paulatina implicaba ir aplicando leves aumentos, siempre inferiores a los tres dígitos, en cada boleta.
La sola idea de si el debate iba a pasar por sostener -o no- incrementos de hasta el 2.000% era, en ese entonces, considerada descabellada.
Ni los más fervientes partidarios del ajuste podían permitirse pensar en aplicar semejantes subas de un saque, ni siquiera en sus fantasías más alocadas.
Ricardo López Murphy, uno de los más connotados defensores del equilibrio fiscal y del sinceramiento tarifario, advertía: "Va a ser muy difícil persuadir a los argentinos de que los costos de los servicios tienen que ser pagados por los usuarios".
"Después de todos estos años, volver a cobrar lo que las cosas valen va a ser traumático", anticipaba.
Un año después, las cosas cambiaron.
Una reciente encuesta de Polldata Consultoras en la provincia de Buenos Aires -acaso la región donde el tema puede despertar mayor sensibilidad- reveló dos cuestiones fundamentales:
-Un contundente 73% de la población admite que es necesario aumentar las tarifas, a un nivel que se puedan pagar
-El reclamo no pasa por el hecho del incremento en sí, sino por la forma y el gradualismo con que debería efectuarse.
Como prueba de que en temas de bolsillo no pesa la ideología, la encuesta no arrojó diferencias significativas entre la opinión de los votantes de Cambiemos y los del Frente para la Victoria.
De manera que una de las primeras conclusiones del momento actual es que, más allá del ruido político y de la judicialización del tema, se produjo un "clic mental".
Concretamente, los argentinos asumieron que hubo un colapso energético y que resulta imposible el sostenimiento de las tarifas "de regalo" que rigieron hasta 2015.
Cristina quiso y no pudo
Tal vez sea algo difícil de advertir en este momento, pero ese es un cambio cultural de importancia mayor.
En definitiva, la corrección de las distorsiones fue algo que el propio kirchnerismo (que las había propiciado) intentó hacer muchas veces y debió suspender por temor a la reacción social.
Los problemas derivados de los desajustes tarifarios venían siendo advertidos desde hacía ya mucho tiempo.
El primero en hacer hincapié fue el entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna, allá por 2003.
Por cierto, sus advertencias le valieron una de sus primeras peleas con Néstor Kirchner.
La interpretación política que se hacía en aquel entonces era que las cicatrices del colapso económico del 2001 estaban tan frescas que ni siquiera un incremento del 10%, como se proponía en aquel momento, iba a ser tolerado.
Algunos años después, empezó a hacerse evidente que la acumulación de desequilibrios era nociva tanto desde el punto de vista fiscal y energético como también desde el sentido de "justicia tarifaria".
El primer intento serio de hacer una corrección vino de la mano del ex ministro de Planificación, Julio De Vido, en 2008, cuando dispuso un aumento del 200% para el gas y la electricidad.
Por aquel entonces, los salarios ya gozaban de una fuerte recuperación tras años de bonanza y de crecimiento a "tasas chinas".
Al mismo tiempo, ya se había acumulado una inflación cercana al 100%, que empezaba a licuar el costo real de los servicios públicos.
En aquel momento, De Vido explicó que la medida sólo afectaría a una minoría de altos ingresos, que el recorte sería gradual y progresivo y que al Estado le implicaría un ahorro de unos u$s200 millones.
Pero el malestar social y las acciones legales de los consumidores obligaron al Gobierno a dar marcha atrás.
Fue la primera vez que Cristina Kirchner tomó nota de lo potencialmente explosivo que podía ser el malhumor de la clase media, que no quería saber nada referido al más mínimo ajuste.
Tres años después, a fines de 2011 -con el enorme respaldo generado por el recién logrado triunfo electoral- los funcionarios anunciaron un recorte de subsidios en los servicios públicos que iba a alcanzar a quienes no pudieran justificar una necesidad real de contar con ayuda estatal.
Pero, una vez más, Cristina temió por las consecuencias políticas.
Lo que en un comienzo iba a ser una aplicación "casi universal" terminó siendo un plan sumamente acotado, delimitado a los habitantes de los countries y algunas zonas premium.
¿La explicación? el accidente ferroviario de Once había cambiado súbitamente el clima social.
Así las cosas, el ambicioso plan quedó reducido a un registro voluntario para que se anoten aquellos que sentían que su situación personal había mejorado.
Y para que renuncien a la ayuda estatal y paguen la tarifa completa, en caso de no ser merecedores del subsidio.
La iniciativa fue acompañada por una campaña publicitaria en la que celebridades de diversos ámbitos explicaban que -por su propia cuenta- habían desistido de seguir percibiendo un beneficio que ya no tenía justificación.
De aquella época era la publicación, en las facturas de luz y gas, del clásico "con subsidio del Estado Nacional", que permitía comparar lo que uno pagaba en Buenos Aires con lo que le correspondería abonar sin beneficio.
O lo que le habría tocado desembolsar si viviera en Córdoba, Chile o Montevideo.
Esa fue, junto con la frustrada "batalla cultural por la pesificación", una de las peores derrotas del kirchnerismo.
Ni el más fanático seguidor de 6-7-8 se anotó en el famoso registro, que apenas pudo acumular unos pocos cientos de "millonarios" que se sabían en la mira del Gobierno y de la AFIP.
"Problema mío"
Es probable que Cristina y sus asesores hayan sentido que habían tomado la decisión correcta al ver por televisión los graves disturbios acaecidos en Brasil en 2013.
A un año del Mundial de fútbol, y cuando todos pensaban que el país vecino era un ejemplo de desarrollo con armonía social, un inocente aumento de 20 centavos en el boleto de colectivo en San Pablo provocó un verdadero estallido social.
Eran momentos de protestas y de cacerolazos en la Argentina.
Entonces, con el recordatorio brasileño en mente, el kirchnerismo intentó gestionar la ya evidente crisis energética pero sin tocar las tarifas.
El encargado de esa misión casi imposible fue el ascendente Axel Kicillof quien, con sus clásicos documentos de Excel a cuestas, mostró una matriz insumo-producto.
A partir de la misma, quedaban preestablecidos los costos energéticos y el margen de rentabilidad que podían tener las empresas.
Cuando los ejecutivos de las compañías -técnicamente quebradas- le hicieron la obvia pregunta de cómo se financiaría un plan de inversión en el sistema sin tocar las tarifas, Kicillof les respondió con una frase que quedó como marca de su gestión: "Por la plata no se preocupen, es problema mío".
En aquel momento, hubo un mini-ajuste tarifario que implicó una suba promedio de $20 en las facturas del servicio eléctrico.
Un "atrevimiento" que dio lugar a que TN -en sus zócalos de noticias- resucitara la expresión "tarifazo".
Lo cierto es que muy rápidamente quedó demostrado que ese retoque no alcanzaría para nada.
Y que los problemas energéticos estaban lejos de ser "un problema suyo".
Ya en diciembre de 2013, el sistema eléctrico tuvo su implosión, con los apagones más graves que se hayan recordado en varias décadas.
El "relato" intentó atribuir esos inconvenientes al cambio climático, a los altos niveles de crecimiento de la economía y a la mejora en la calidad de vida de los argentinos, que habían incorporado masivamente el uso del aire acondicionado.
Hasta quiso transformar esa crisis en una virtud del "modelo".
Después de años -decía CFK- "los argentinos tienen mucho que enchufar" (minuto 17:22 del video)
Claro que la realidad daba cuenta de otra cosa: la inversión prácticamente estaba paralizada, al punto que hubo que recurrir a generadores de urgencia.
Las boletas de los servicios públicos lo mostraban de manera contundente: lo que pagaba un hogar de clase media en Buenos Aires equivalía a un 15% de lo abonado por el mismo servicio en Montevideo.
Uruguay, que soportaba la misma ola de calor y cuya economía crecía más rápido que la de la Argentina, no sólo no sufrió apagones sino que le vendió un sobrante de energía eléctrica.
Lo peor de aquella crisis era que ni siquiera quedaba el consuelo de que se hacía en nombre de los más pobres.
Según una estimación de Jorge Gaggero, economista del Plan Fénix, sólo un 6,4% del monto que el Estado destinaba a subsidiar el sistema eléctrico llegaba al quintil más pobre del país. En contraste, el segmento más rico recibía un impactante 42,6%.
La evidente inequidad ni siquiera era negada dentro del sector más duro del kirchnerismo.
El entonces flamante jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, había debutado en su cargo con una información que todos conocían desde hacía casi una década: un chaqueño pagaba mucho más que un porteño por la luz y el gas.
Cambio de percepción
Con semejantes antecedentes, era obvio suponer que corregir las distorsiones no iba a ser algo indoloro.
Tanto, que el propio equipo económico de Macri decidió abordar el tema con cierta resignación.
A pesar de que el monto destinado a los subsidios de servicios públicos representa un 20% del presupuesto estatal (casi 5% del PBI), se contentó con hacer un recorte de 1,5%.
Ese fue el motivo por el cual el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, tras el tope del 400% al ajuste del gas, dijo que esa "marcha atrás" no alteraba sus planes fiscales.
Más atrás de la polémica sobre los errores de diseño cometidos por el ministro Juan José Aranguren en el nuevo esquema tarifario, algo ha quedado en evidencia.
Concretamente, la población ya se mentalizó a que no es "normal" destinar menos del 1% del ingreso familiar al pago de los servicios públicos.
Tal vez no sea posible volver de inmediato al monto de los años '90, cuando una familia de clase media destinaba el 7,3% del presupuesto hogareño a las boletas de gas, agua y electricidad, según una investigación de la consultora Abeceb.
Pero, por lo pronto, algo empezó a cambiar en un país demasiado acostumbrado a autopercibirse como "uno de los más ricos del mundo".
¿Cuál fue el motivo de que la población hoy día muestre una mayor tolerancia al ajuste tarifario, en comparación con la rigidez que se percibía durante la década kirchnerista?
Seguramente no es mérito de la habilidad persuasiva de los nuevos funcionarios sino, más bien, de los apagones tan elocuentes y de la inflación.
A fin de cuentas, pocos argumentos pueden ser más persuasivos que esta comparación:
-Una factura de gas bimestral de $50 (la típica de un hogar porteño previa al ajuste) equivalía en 2008 a la compra de 27 litros de leche.
-Hoy, en cambio, apenas alcanza para 3 litros.
Aun con el aumento de 400%, no se llegará a comprar en estos días ni la mitad de aquella cantidad de leche de hace ocho años.
fuente
"iProfesional", 14.07.2016
Luego de la marcha atrás del Gobierno con el tarifazo de gas, la mayoría de los análisis políticos dio como conclusión que el ajuste había encontrado un límite.
Y que ese límite complicaba el plan económico oficial.
Sin embargo, también puede hacerse la interpretación inversa: el hecho de que hoy muchos argentinos manifiesten algo de alivio por tener que pagar "apenas" un 400% de aumento es un síntoma de cómo ha cambiado el humor social.
Después de todo, hace un año, en plena campaña electoral, el gran debate era si iba a haber margen para un ajuste tipo shock o si habría que recurrir al gradualismo.
Puesto en números, por "shock" se entendía triplicar las atrasadas tarifas vigentes, mientras que la solución paulatina implicaba ir aplicando leves aumentos, siempre inferiores a los tres dígitos, en cada boleta.
La sola idea de si el debate iba a pasar por sostener -o no- incrementos de hasta el 2.000% era, en ese entonces, considerada descabellada.
Ni los más fervientes partidarios del ajuste podían permitirse pensar en aplicar semejantes subas de un saque, ni siquiera en sus fantasías más alocadas.
Ricardo López Murphy, uno de los más connotados defensores del equilibrio fiscal y del sinceramiento tarifario, advertía: "Va a ser muy difícil persuadir a los argentinos de que los costos de los servicios tienen que ser pagados por los usuarios".
"Después de todos estos años, volver a cobrar lo que las cosas valen va a ser traumático", anticipaba.
Un año después, las cosas cambiaron.
Una reciente encuesta de Polldata Consultoras en la provincia de Buenos Aires -acaso la región donde el tema puede despertar mayor sensibilidad- reveló dos cuestiones fundamentales:
-Un contundente 73% de la población admite que es necesario aumentar las tarifas, a un nivel que se puedan pagar
-El reclamo no pasa por el hecho del incremento en sí, sino por la forma y el gradualismo con que debería efectuarse.
Como prueba de que en temas de bolsillo no pesa la ideología, la encuesta no arrojó diferencias significativas entre la opinión de los votantes de Cambiemos y los del Frente para la Victoria.
De manera que una de las primeras conclusiones del momento actual es que, más allá del ruido político y de la judicialización del tema, se produjo un "clic mental".
Concretamente, los argentinos asumieron que hubo un colapso energético y que resulta imposible el sostenimiento de las tarifas "de regalo" que rigieron hasta 2015.
Cristina quiso y no pudo
Tal vez sea algo difícil de advertir en este momento, pero ese es un cambio cultural de importancia mayor.
En definitiva, la corrección de las distorsiones fue algo que el propio kirchnerismo (que las había propiciado) intentó hacer muchas veces y debió suspender por temor a la reacción social.
Los problemas derivados de los desajustes tarifarios venían siendo advertidos desde hacía ya mucho tiempo.
El primero en hacer hincapié fue el entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna, allá por 2003.
Por cierto, sus advertencias le valieron una de sus primeras peleas con Néstor Kirchner.
La interpretación política que se hacía en aquel entonces era que las cicatrices del colapso económico del 2001 estaban tan frescas que ni siquiera un incremento del 10%, como se proponía en aquel momento, iba a ser tolerado.
Algunos años después, empezó a hacerse evidente que la acumulación de desequilibrios era nociva tanto desde el punto de vista fiscal y energético como también desde el sentido de "justicia tarifaria".
El primer intento serio de hacer una corrección vino de la mano del ex ministro de Planificación, Julio De Vido, en 2008, cuando dispuso un aumento del 200% para el gas y la electricidad.
Por aquel entonces, los salarios ya gozaban de una fuerte recuperación tras años de bonanza y de crecimiento a "tasas chinas".
Al mismo tiempo, ya se había acumulado una inflación cercana al 100%, que empezaba a licuar el costo real de los servicios públicos.
En aquel momento, De Vido explicó que la medida sólo afectaría a una minoría de altos ingresos, que el recorte sería gradual y progresivo y que al Estado le implicaría un ahorro de unos u$s200 millones.
Pero el malestar social y las acciones legales de los consumidores obligaron al Gobierno a dar marcha atrás.
Fue la primera vez que Cristina Kirchner tomó nota de lo potencialmente explosivo que podía ser el malhumor de la clase media, que no quería saber nada referido al más mínimo ajuste.
Tres años después, a fines de 2011 -con el enorme respaldo generado por el recién logrado triunfo electoral- los funcionarios anunciaron un recorte de subsidios en los servicios públicos que iba a alcanzar a quienes no pudieran justificar una necesidad real de contar con ayuda estatal.
Pero, una vez más, Cristina temió por las consecuencias políticas.
Lo que en un comienzo iba a ser una aplicación "casi universal" terminó siendo un plan sumamente acotado, delimitado a los habitantes de los countries y algunas zonas premium.
¿La explicación? el accidente ferroviario de Once había cambiado súbitamente el clima social.
Así las cosas, el ambicioso plan quedó reducido a un registro voluntario para que se anoten aquellos que sentían que su situación personal había mejorado.
Y para que renuncien a la ayuda estatal y paguen la tarifa completa, en caso de no ser merecedores del subsidio.
La iniciativa fue acompañada por una campaña publicitaria en la que celebridades de diversos ámbitos explicaban que -por su propia cuenta- habían desistido de seguir percibiendo un beneficio que ya no tenía justificación.
De aquella época era la publicación, en las facturas de luz y gas, del clásico "con subsidio del Estado Nacional", que permitía comparar lo que uno pagaba en Buenos Aires con lo que le correspondería abonar sin beneficio.
O lo que le habría tocado desembolsar si viviera en Córdoba, Chile o Montevideo.
Esa fue, junto con la frustrada "batalla cultural por la pesificación", una de las peores derrotas del kirchnerismo.
Ni el más fanático seguidor de 6-7-8 se anotó en el famoso registro, que apenas pudo acumular unos pocos cientos de "millonarios" que se sabían en la mira del Gobierno y de la AFIP.
"Problema mío"
Es probable que Cristina y sus asesores hayan sentido que habían tomado la decisión correcta al ver por televisión los graves disturbios acaecidos en Brasil en 2013.
A un año del Mundial de fútbol, y cuando todos pensaban que el país vecino era un ejemplo de desarrollo con armonía social, un inocente aumento de 20 centavos en el boleto de colectivo en San Pablo provocó un verdadero estallido social.
Eran momentos de protestas y de cacerolazos en la Argentina.
Entonces, con el recordatorio brasileño en mente, el kirchnerismo intentó gestionar la ya evidente crisis energética pero sin tocar las tarifas.
El encargado de esa misión casi imposible fue el ascendente Axel Kicillof quien, con sus clásicos documentos de Excel a cuestas, mostró una matriz insumo-producto.
A partir de la misma, quedaban preestablecidos los costos energéticos y el margen de rentabilidad que podían tener las empresas.
Cuando los ejecutivos de las compañías -técnicamente quebradas- le hicieron la obvia pregunta de cómo se financiaría un plan de inversión en el sistema sin tocar las tarifas, Kicillof les respondió con una frase que quedó como marca de su gestión: "Por la plata no se preocupen, es problema mío".
En aquel momento, hubo un mini-ajuste tarifario que implicó una suba promedio de $20 en las facturas del servicio eléctrico.
Un "atrevimiento" que dio lugar a que TN -en sus zócalos de noticias- resucitara la expresión "tarifazo".
Lo cierto es que muy rápidamente quedó demostrado que ese retoque no alcanzaría para nada.
Y que los problemas energéticos estaban lejos de ser "un problema suyo".
Ya en diciembre de 2013, el sistema eléctrico tuvo su implosión, con los apagones más graves que se hayan recordado en varias décadas.
El "relato" intentó atribuir esos inconvenientes al cambio climático, a los altos niveles de crecimiento de la economía y a la mejora en la calidad de vida de los argentinos, que habían incorporado masivamente el uso del aire acondicionado.
Hasta quiso transformar esa crisis en una virtud del "modelo".
Después de años -decía CFK- "los argentinos tienen mucho que enchufar" (minuto 17:22 del video)
Claro que la realidad daba cuenta de otra cosa: la inversión prácticamente estaba paralizada, al punto que hubo que recurrir a generadores de urgencia.
Las boletas de los servicios públicos lo mostraban de manera contundente: lo que pagaba un hogar de clase media en Buenos Aires equivalía a un 15% de lo abonado por el mismo servicio en Montevideo.
Uruguay, que soportaba la misma ola de calor y cuya economía crecía más rápido que la de la Argentina, no sólo no sufrió apagones sino que le vendió un sobrante de energía eléctrica.
Lo peor de aquella crisis era que ni siquiera quedaba el consuelo de que se hacía en nombre de los más pobres.
Según una estimación de Jorge Gaggero, economista del Plan Fénix, sólo un 6,4% del monto que el Estado destinaba a subsidiar el sistema eléctrico llegaba al quintil más pobre del país. En contraste, el segmento más rico recibía un impactante 42,6%.
La evidente inequidad ni siquiera era negada dentro del sector más duro del kirchnerismo.
El entonces flamante jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, había debutado en su cargo con una información que todos conocían desde hacía casi una década: un chaqueño pagaba mucho más que un porteño por la luz y el gas.
Cambio de percepción
Con semejantes antecedentes, era obvio suponer que corregir las distorsiones no iba a ser algo indoloro.
Tanto, que el propio equipo económico de Macri decidió abordar el tema con cierta resignación.
A pesar de que el monto destinado a los subsidios de servicios públicos representa un 20% del presupuesto estatal (casi 5% del PBI), se contentó con hacer un recorte de 1,5%.
Ese fue el motivo por el cual el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, tras el tope del 400% al ajuste del gas, dijo que esa "marcha atrás" no alteraba sus planes fiscales.
Más atrás de la polémica sobre los errores de diseño cometidos por el ministro Juan José Aranguren en el nuevo esquema tarifario, algo ha quedado en evidencia.
Concretamente, la población ya se mentalizó a que no es "normal" destinar menos del 1% del ingreso familiar al pago de los servicios públicos.
Tal vez no sea posible volver de inmediato al monto de los años '90, cuando una familia de clase media destinaba el 7,3% del presupuesto hogareño a las boletas de gas, agua y electricidad, según una investigación de la consultora Abeceb.
Pero, por lo pronto, algo empezó a cambiar en un país demasiado acostumbrado a autopercibirse como "uno de los más ricos del mundo".
¿Cuál fue el motivo de que la población hoy día muestre una mayor tolerancia al ajuste tarifario, en comparación con la rigidez que se percibía durante la década kirchnerista?
Seguramente no es mérito de la habilidad persuasiva de los nuevos funcionarios sino, más bien, de los apagones tan elocuentes y de la inflación.
A fin de cuentas, pocos argumentos pueden ser más persuasivos que esta comparación:
-Una factura de gas bimestral de $50 (la típica de un hogar porteño previa al ajuste) equivalía en 2008 a la compra de 27 litros de leche.
-Hoy, en cambio, apenas alcanza para 3 litros.
Aun con el aumento de 400%, no se llegará a comprar en estos días ni la mitad de aquella cantidad de leche de hace ocho años.
fuente
"iProfesional", 14.07.2016
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