EL ESTADO DEL ESTADO - ANSES
Foto: "Infobae", 24.04.2016
ANSES
En la Agencia Nacional de la Seguridad Social (ANSES), el organismo dedicado a la administración de los recursos del sistema previsional y los diversos programas de seguridad y protección social, la situación en diciembre de 2015 era de una amplia cobertura de servicios, que llegaban todos los meses a más de diez millones de personas, combinada con una alta desprolijidad en materia administrativa y financiera, infraestructura deficiente y frecuente aprovechamiento político de la atención al público.
En materia financiera, existía una gran deuda con proveedores.
El monto total de esta deuda resultaba difícil de estimar dado que no había un registro formal de los compromisos asumidos.
Numerosos contratos de importancia estratégica para el organismo estaban vencidos, incluyendo la seguridad de la red y el mantenimiento de la sala cofre (un recinto donde se almacenan las bases de datos del sistema previsional).
Además, había 70 expedientes por contrataciones de contraprestación inconclusa y 14 rescisiones contractuales pendientes de resolver.
Pese a estos incumplimientos, no existía registro de penalidades aplicadas a proveedores por incumplimientos.
La situación financiera de la ANSES, por otra parte, se deterioró durante los últimos años.
Hasta 2012, los recursos propios de ANSES (es decir, excluyendo transferencias del Tesoro ni del Fondo de Garantía de Susten-tabilidad) cubrían los gastos de cada ejercicio.
Desde 2010, los recursos propios aumentaron un 302%, pero los gastos aumentaron un 367%, lo que para 2015 había generado un déficit de casi 60.000 millones de pesos.
Si bien el aumento en los gastos responde en gran medida a la creación de nuevos programas o la extensión de otros (Asignación Universal por Hijo, Conectar Igualdad, PROCREAR, Asignaciones Familiares, Pensiones No Contributivas y las moratorias previsionales), se generó un déficit muy importante.
En suma, si bien se incrementó considerablemente la cobertura previsional, esto se hizo con aumentos muy por encima de los gastos, lo que volvió poco sustentable en el mediano plazo al sistema previsional argentino.
“ANSES adeudaba 1.348 millones de pesos a otros organismos”.
La ANSES mantenía además deudas con otros organismos.
Entre las mayores deudas están la que tenía con el Correo, por más de 150 millones de pesos, y con las telecomunicaciones, por más de 70 millones de pesos.
Las deudas totales alcanzaban los 1.348 millones de pesos.
Ese monto representa casi un tercio del gasto operativo total del organismo (excluyendo sueldos y prestaciones), de modo que el funcionamiento operativo de la ANSES estaba fuertemente desfinanciado en el momento del cambio de gobierno.
Una de las mayores irregularidades administrativas de la gestión anterior de la Agencia era su asignación de recursos para pauta publicitaria.
Por un lado, la contratación de publicidad se hacía por fuera del circuito presupuestario normal.
Las órdenes de publicidad se enviaban sin reserva presupuestaria previa.
De esta manera, se llegó a una deuda en concepto de publicidad de aproximadamente 800 millones de pesos.
Se hizo un análisis del gasto en publicidad durante 2015 (de más de 900 millones de pesos) y se encontró que la asignación de publicidad no estuvo alineada con el desempeño de los medios en materia de audiencia, en televisión y gráfica, ni con el volumen de visitas de los sitios de Internet donde se hacía.
Además, se comprobó la existencia de sobreprecios en pauta publicitaria tanto en clubes de fútbol como en cartelería en la vía pública.
También se constataron irregularidades en las certificaciones de prestación de pauta.
Por ejemplo, la publicidad en vía pública tenía certificaciones basadas en fotos trucadas o de lugares que no eran el reportado.
Además había adulteraciones en las certificaciones de prestación de publicidad en los estadios de fútbol.
La situación administrativa del patrimonio también era irregular.
Había 168 inmuebles sin contrato de locación ni comodato, o con contratos vencidos o en proceso judicial y sin uso.
En 2014 se incorporó la base documental de ANSES al Registro Nacional de Bienes del Estado.
Esto permitió detectar muchos inmuebles con conflicto de titularidad.
También se pudo gracias a ese relevamiento encontrar numerosos inmuebles con uso de hecho sin apertura de expedientes respaldatorio, comodatos y locaciones vencidos.
En lo que hace a los suministros internos y los servicios, también había un gran descontrol en la administración.
Por ejemplo, en el parque automotor, donde había criterios de asignación arbitrarios y un grado bajísimo de monitoreo y mantenimiento.
De un parque automotor de 582 vehículos en el organismo, 207 no se encontraban en condiciones de prestar servicios o directamente eran utilizados por personas ajenas al organismo, aunque ANSES cubría sus gastos.
Además, había un uso excesivo de estos recursos por parte de las autoridades salientes.
Por ejemplo, la dirección de la agencia contaba con ocho vehículos, algunos incluso para uso familiar.
La falta de control se extendía a la seguridad privada contratada.
El análisis llevado a cabo tras el cambio de gestión arrojó que había contrataciones excesivas de personal de seguridad.
Por ejemplo, en la localidad de Goya, Corrientes, había personal de seguridad privada en exceso por casi un 30%.
El contrato que se mantenía con la Universidad Tecnológica Nacional para digitalizar expedientes tenía, en diciembre de 2015, un avance del 50%, pero se estaba pagando de más, ya que no era la universidad la que hacía el trabajo sino que lo tercerizaba.
Cuando se le solicitó una apertura de costos para determinar el costo real del servicio contratado, la UTN no pudo presentar información al respecto.
En materia de infraestructura, la situación era grave. Los edificios estaban en mal estado y contaban con pocos recursos para cubrir sus necesidades.
El 40% de los inmuebles tenía problemas de mantenimiento o estructurales graves.
Cerca de treinta obras públicas estaban inconclusas por no efectuar redeterminaciones de precios.
Esta omisión generó un aumento significativo en la deuda con los contratistas.
Existía, además, una gran desinversión en materia informática.
La sala cofre, donde se alberga el procesador central y las bases de datos de ANSES, sufría deficiencias serias en la infraestructura de soporte.
En particular, la infraestructura eléctrica no tenía mantenimiento apropiado.
Las licitaciones para su renovación estaban vencidas y sin avances administrativos.
Tampoco existía un sitio de continuidad o sitio de contingencia, ni backups de contingencia.
Los equipos estaban en muchos casos desactualizados.
La ANSES no hacía compra de computadoras personales desde 2013, y las licitaciones para equipos de seguridad informática registraban atrasos de más de tres años, dejando al organismo en una preocupante situación de vulnerabilidad ante ataques externos.
“Una persona tardaba siete meses en jubilarse desde que solicitaba el turno hasta que cobraba por primera vez”.
En lo que hace a la atención al público, la principal vía de contacto entre los beneficiarios y la ANSES son las Unidades de Atención Integral (UDAI), en cuya conducción existía hasta diciembre de 2015 un marcado sesgo partidario.
En las UDAI se priorizaban los intereses políticos por sobre la atención a los jubilados, según múltiples reportes y documentos.
Se crearon nuevas dependencias de atención al público que no respondían a criterios demográficos sino políticos.
Un caso de este sesgo es el de la regional de Mercedes, ubicada a sólo 57 kilómetros de la de Chivilcoy.
En algunos pueblos había tan pocos turnos de atención que existía un mercado negro de turnos en las UDAI, es decir que los jubilados pagaban para ser atendidos en las oficinas públicas.
En pueblos chicos llegaba a haber filas de dos cuadras de gente esperando a ser atendida.
La velocidad de la atención y la resolución de las consultas era sumamente lenta, burocrática e ineficiente.
Una persona tardaba siete meses en jubilarse desde que solicitaba el turno hasta que cobraba por primera vez.
El horizonte del turno era de 40 días, el de resolución del trámite 129 días y el de la puesta en pago de 45 días.
“Había un stock de 253.000 jubilaciones pendientes”.
En diciembre de 2015 había un stock de 253.000 jubilaciones pendientes, casi el doble de lo normal.
Esta diferencia se explicaba, entre otras razones, por el alto grado de ausentismo de los funcionarios del área durante la campaña electoral.
La atención telefónica también era muy deficiente.
En 2015 se recibieron 11 millones de llamadas telefónicas por mes.
Sólo se atendieron algo menos de cuatro millones por mes, el 28%.
Existía, por otra parte, un abordaje en territorio también muy irregular.
La dirección responsable tenía 350 operadores denominados “integradores” que se manejaban de forma independiente en el conurbano bonaerense, donde tomaban trámites sin ningún tipo de protocolo administrativo.
Su propósito era hacer política partidaria, sin roles claros ni un funcionamiento enmarcado en las prácticas de la institución a la que nominalmente pertenecían.
En la misma línea, había cinco camionetas sin mantenimiento ni conectividad que se dedicaban a recorrer el conurbano bonaerense haciendo política partidaria.
En la década anterior al cambio de gobierno, las deficiencias del sistema previsional y la falta de actualización en el monto de las jubilaciones provocaron cientos de miles de reclamos administrativos, que terminaron en los tribunales.
En diciembre de 2015 había 440.000 juicios en curso y 60.000 juicios con sentencia firme a favor de los jubilados y en contra de la ANSES, que tardaba un promedio de ocho años en pagarlos.
Además, había otros dos millones y medio de jubilados en condiciones de judicializar su situación.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en fallos emblemáticos como “Sánchez”, “Badaro” y “Eliff”, se expidió en relación con estos temas, dando mayormente la razón a los jubilados contra el Estado y sentando una jurisprudencia que multiplicó la cantidad de juicios.
Varios de estos fallos definieron los montos que el Estado tenía que restituir a los jubilados afectados por la falta de actualización de los haberes, pero el Estado sistemáticamente incumplió estas obligaciones.
“Había 440.000 juicios en curso y
60.000 juicios con sentencia firme a favor de los jubilados”.
El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), por su parte, es el fondo más grande del país, es administrado por la ANSES y sus activos son recursos de los jubilados.
Sin embargo, parte de sus fondos fueron usados para hacer inversiones que nada tenían que ver con mejorar la vida de los jubilados.
Se financió, por ejemplo, la construcción de una central nuclear, a tasas muy inferiores a las del mercado, así como varios otros proyectos con las mismas facilidades.
El FGS fue durante años un instrumento financiero al cual el gobierno anterior recurría para promover emprendimientos de distintos ministerios que circunstancialmente ganaban protagonismo político, aún cuando no se relacionaban con el propósito que le había dado origen.
No existía un sistema integral de administración de la cartera para aprobar las inversiones, y los mecanismos de seguimiento y control eran poco robustos.
También había problemas operativos y de diseño en el programa de la tarjeta Argenta.
Había una inconsistencia entre la Base de Cargas Virtuales y la Base de Préstamos que permitiera que existieran comercios fantasma y operaciones fraudulentas de distinta índole.
Por su parte, en las UDAI había muy baja capacitación acerca de este programa, lo cual generaba baja documentación respaldatoria, expedientes con errores y cargas incompletas en los sistemas.
Había cientos de miles de plásticos en las UDAI y un número imposible de determinar en Archivo, sin datos sobre activación ni medidas de seguridad.
“Hubo solamente 150.000 créditos otorgados en la línea de créditos individuales al 10 de diciembre de 2015”.
Uno de los programas especiales de política pública que se instrumentaron desde la ANSES, aunque no tenían que ver con el sistema previsional y la seguridad social, fue el plan de créditos subsidiados PROCREAR.
Se encontró que había una gran diferencia entre lo que se denominaba “viviendas terminadas” y los números reales.
La administración anterior hablaba de “200.000 soluciones”.
Sin embargo, hubo solamente 150.000 créditos otorgados en la línea de créditos individuales al 10 de diciembre de 2015.
Las obras terminadas, que debieron haber sido aproximadamente 140.000, eran en los hechos muchas menos, ya que había un 30% sin terminar.
En la línea de desarrollos urbanísticos, que equivalían a 25.000 viviendas, el avance de obra era de un 50%, con sólo 300 unidades entregadas al momento del cambio de administración.
El financiamiento del programa era insostenible ya que se empleaban recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad a tasas reales negativas.
ANSES podía llegar a perder, según la inflación que hubiera en los años siguientes, hasta el 50% en términos reales del dinero que prestaba en un crédito.
El programa tampoco era igualitario ni respondía a razones de necesidad, ya que si bien la adjudicación por sorteo lo hacía transparente, resultó en que muchas familias beneficiarias fueran de ingresos altos, lo que impidió que su implementación fuera progresiva.
En el programa Conectar Igualdad, que hasta diciembre de 2015 había entregado casi cinco millones y medio de netbooks y también es instrumentado desde la ANSES, se detectó una potencial cartelización de los proveedores y los consiguientes costos mayores para el Estado.
La renegociación con los principales proveedores tras el cambio de administración permitió una reducción de precios de más del 20%, lo cual sugiere que en las licitaciones anteriores se habían pagado precios excesivamente altos.
La ANSES está a cargo de las dos patas centrales del programa Conectar Igualdad: la compra y distribución del equipamiento tecnológico, por un lado, y el servicio técnico.
Los sistemas de gestión para estos procesos funcionaban bien.
Eran eficaces la distribución y la trazabilidad de las netbooks.
Los defectos estaban en el área del servicio técnico, sobre todo en lo relativo a los plazos de resolución de los problemas.
Tampoco existía información sobre el estado de la infraestructura instalada en las escuelas.
Por último, la articulación entre la gestión de entrega del equipamiento, a cargo de la ANSES, y su uso pedagógico (Ministerio de Educación) era muy pobre, lo cual limitaba el impacto y la valoración de la política.
fuente
"EL ESTADO DEL ESTADO"
(colaboración H. Ponce)
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