Buscan que ex funcionarios condenados por corrupción no cobren pensión
22-07-2016 Un diputado quiere que quienes fueron presidentes, vice y jueces de la Corte y hayan cometido esos delitos de dejen de percibir la asignación vitalicia
También lo está el ex presidente y actual senador Carlos Menem por supuesta participación en la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero, por supuesto encubrimiento a los responsables del atentado a la AMIA y por supuesto enriquecimiento ilícito.
Incluso el radical Fernando De la Rúa fue indagado por el caso de las presuntas coimas en el Senado para aprobar la ley de flexibilización laboral, conocida como la Ley Banelco, que pedía el Fondo Monetario Internacional.
Con los tres ex mandatarios sospechados por casos de corrupción, un diputado nacional propuso quitarles la asignación mensual vitalicia (Ley 24.018) a los expresidentes, ex vicepresidentes y ex jueces de la Corte Suprema que incurran en delitos de corrupción.
Sin embargo, vale aclarar que el exvice de Cristina Kirchner no fue condenado porque hasta el momento no se comprobó la comisión de dichos delitos.
Marcucci opinó que “es una verdadera afrenta al ciudadano que fondos públicos estén destinados a sujetos que hayan cometido delitos en el ejercicio de la función pública, como es el caso de Amado Boudou que podría recibir una pensión de $140.000 mensuales cuando se encuentra procesado por la causa Ciccone”.
Asimismo enfatizó “sería inexplicable que se otorgue este tipo de reconocimientos a quienes incumplieron con su deber”.
Los beneficios de la Ley 24.018 tienen carácter no contributivo y graciable, fundado en el reconocimiento al mérito y al honor en el desempeño de tan altas magistraturas.
Pero según el diputado, “los hechos de corrupción contravienen y desnaturalizan las condiciones para su otorgamiento que se fundan en el mérito y el honor. Por otra parte no son derechos previsionales, ya que no están sustentados en aportes equivalentes realizados, son beneficios que se otorgan con rentas generales”.
A través de un proyecto de ley, Marcucci propuso que se anule o suspenda la percepción del beneficio, cuando se cometan delitos de corrupción, según exista sentencia firme o procesamiento, en forma independiente a que se encuentre recibiendo el mismo o no.
fuente
"iProfesional", 22.07.2016
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