¿JUICIO DE RESDENCIA?...
¿ASÍ LO LLAMABAN?
- Domingo, 10 de julio de 2016
Ahora son los jueces los que deben dar explicaciones
En los tribunales federales porteños reina una trama compleja de intereses y presiones.
Se impulsan auditorías, que podrían ser el puntapié de juicios políticos.
Redacción LA
De investigadora a investigada. La Justicia Federal
argentina pasó a estar en el banquillo de los acusados.
Sus oscilantes movimientos en las causas de corrupción, que han sido la constante en las tres últimas décadas, dejaron de pasar desapercibidos.
La salida del poder del kirchnerismo generó una avalancha de procesamientos de ex funcionarios, desde Cristina Kirchner y sus principales ministros hasta los empresarios más vinculados a la famosa “década ganada”.
Magistrados que durante años frenaron las investigaciones, de repente les dieron extraordinarios impulsos, atendiendo así un reclamo social que los puso como nunca antes en la picota.
En los tribunales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro, funcionan 12 juzgados federales.
Por todos ellos pasaron y pasan las más importantes investigaciones sobre la corrupción.
La falta de resultados es la constante.
Una trama compleja de intereses y presiones ha favorecido a la impunidad.
A diferencia de las causas vinculadas a sucesos trágicos -las de lesa humanidad o el accidente ferroviario de Once-, en las que las víctimas son personas de carne y hueso, los expedientes en los que se investigan delitos contra la administración pública tienen víctimas difusas que no reclaman afuera de los juzgados.
Recién ahora, gracias al video de la financiera SGI, alias “La Rosadita”, vinculada al empresario K Lázaro Báez, y al escándalo del ex secretario de Obras Públicas, José López, quien intentó esconder 9 millones de dólares en un convento, la demanda social que exige poner fin a la corrupción pasó a ser un tema central.
Las respuestas institucionales han empezado a aparecer, aunque lenta y espasmódicamente.
El Consejo de la Magistratura aprobó hace diez días una resolución en la que se ordenó realizar una auditoría de todas las causas vinculadas a la corrupción que se radicaron entre 1996 y 2016.
Además, se le pidió a la Cámara Federal de Apelaciones que remita la información que obra en su poder.
La iniciativa surgió del Colegio de Abogados porteño y de un grupo de ONG, como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
El presidente de la asociación de letrados de la Ciudad de Buenos Aires, Guillermo Lipera, no duda en que la información que se recabe servirá para pedir el juicio político de muchos de los magistrados por mal desempeño.
Desde ACIJ hacen un llamado de atención:
quieren que los auditores sean elegidos con criterios de objetividad para que no dependan de los humores del poder político, que tiene prevalencia en el Consejo de la Magistratura.
ACIJ fue la primera ONG que intentó perforar el secretismo y la opacidad de los tribunales federales.
Se conformó en 2002 y recién en 2010 logró que primero la Cámara de Apelaciones y luego la Cámara de Casación Penal les permitieran acceder a los expedientes relacionados a casos de corrupción.
Marcelo Giullitti, miembro de la ONG, explica que igualmente “hoy la mayoría de los jueces son renuentes a abrir la información” y deben seguir litigando para conseguirla. “Nosotros sostenemos que la transparencia y el acceso a la información son la precondición para ejercer el control ciudadano.
Los jueces hoy tienen un enorme poder arbitrario porque saben que socialmente nadie los controla”, agrega.
Como telón de fondo está la pulseada por la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, que le da mayor poder a los fiscales, que los “amos” de Comodoro Py resisten.
El Congreso consintió el pedido de Mauricio Macri de aplazar su puesta en vigor.
El oficialismo aprovecha, de este modo, el repentino despertar de esos jueces federales que miran por el espejo retrovisor las denuncias que se radicaron en contra del kirchnerismo.
fuente
"Los Andes", 10.07.2016
Sus oscilantes movimientos en las causas de corrupción, que han sido la constante en las tres últimas décadas, dejaron de pasar desapercibidos.
La salida del poder del kirchnerismo generó una avalancha de procesamientos de ex funcionarios, desde Cristina Kirchner y sus principales ministros hasta los empresarios más vinculados a la famosa “década ganada”.
Magistrados que durante años frenaron las investigaciones, de repente les dieron extraordinarios impulsos, atendiendo así un reclamo social que los puso como nunca antes en la picota.
En los tribunales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro, funcionan 12 juzgados federales.
Por todos ellos pasaron y pasan las más importantes investigaciones sobre la corrupción.
La falta de resultados es la constante.
Una trama compleja de intereses y presiones ha favorecido a la impunidad.
A diferencia de las causas vinculadas a sucesos trágicos -las de lesa humanidad o el accidente ferroviario de Once-, en las que las víctimas son personas de carne y hueso, los expedientes en los que se investigan delitos contra la administración pública tienen víctimas difusas que no reclaman afuera de los juzgados.
Recién ahora, gracias al video de la financiera SGI, alias “La Rosadita”, vinculada al empresario K Lázaro Báez, y al escándalo del ex secretario de Obras Públicas, José López, quien intentó esconder 9 millones de dólares en un convento, la demanda social que exige poner fin a la corrupción pasó a ser un tema central.
Las respuestas institucionales han empezado a aparecer, aunque lenta y espasmódicamente.
El Consejo de la Magistratura aprobó hace diez días una resolución en la que se ordenó realizar una auditoría de todas las causas vinculadas a la corrupción que se radicaron entre 1996 y 2016.
Además, se le pidió a la Cámara Federal de Apelaciones que remita la información que obra en su poder.
La iniciativa surgió del Colegio de Abogados porteño y de un grupo de ONG, como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
El presidente de la asociación de letrados de la Ciudad de Buenos Aires, Guillermo Lipera, no duda en que la información que se recabe servirá para pedir el juicio político de muchos de los magistrados por mal desempeño.
Desde ACIJ hacen un llamado de atención:
quieren que los auditores sean elegidos con criterios de objetividad para que no dependan de los humores del poder político, que tiene prevalencia en el Consejo de la Magistratura.
ACIJ fue la primera ONG que intentó perforar el secretismo y la opacidad de los tribunales federales.
Se conformó en 2002 y recién en 2010 logró que primero la Cámara de Apelaciones y luego la Cámara de Casación Penal les permitieran acceder a los expedientes relacionados a casos de corrupción.
Marcelo Giullitti, miembro de la ONG, explica que igualmente “hoy la mayoría de los jueces son renuentes a abrir la información” y deben seguir litigando para conseguirla. “Nosotros sostenemos que la transparencia y el acceso a la información son la precondición para ejercer el control ciudadano.
Los jueces hoy tienen un enorme poder arbitrario porque saben que socialmente nadie los controla”, agrega.
Como telón de fondo está la pulseada por la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, que le da mayor poder a los fiscales, que los “amos” de Comodoro Py resisten.
El Congreso consintió el pedido de Mauricio Macri de aplazar su puesta en vigor.
El oficialismo aprovecha, de este modo, el repentino despertar de esos jueces federales que miran por el espejo retrovisor las denuncias que se radicaron en contra del kirchnerismo.
fuente
"Los Andes", 10.07.2016
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