CORRUPCIÓN JAQUEADA
Actualidad
Domingo 03 de Julio de 2016
El Gobierno presentará proyecto para sancionar con fuertes penas a las empresas corruptas
03-07-2016 Se castigarán ese tipo de delitos con multas, suspensión de las actividades hasta un máximo de 10 años, prohibición de participar en licitaciones públicas y hasta la quita de la personería jurídica.
Actualmente, el Código Penal solo pena a personas jurídicas
El Gobierno presentará el proyecto de ley este mes en el Congreso cuando lejos de acallarse el escándalo por los presuntos sobreprecios y pago de coimas en la obra pública durante la era kirchnerista se acrecienta día a día con nuevas revelaciones judiciales.
El ministro de Justicia, Germán Garavano, confirmó a la nacion que esta iniciativa, que presentará junto a la jefa de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, procura comprometer a las empresas en la lucha contra la corrupción.
El proyecto del Gobierno establece un régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos contra la administración pública.
Hasta ahora, el Código Penal de nuestro país sólo prevé sanciones penales por este tipo de ilícitos para personas físicas; para personas jurídicas no se contemplan siquiera sanciones administrativas.
Al no haber sanciones para la persona jurídica, ésta no tiene motivo para instrumentar procedimientos internos preventivos contra la corrupción, más allá de las disposiciones contra el fraude interno.
El proyecto incluye a las sociedades, asociaciones civiles, simples asociaciones, fundaciones, mutuales, cooperativas, ya sean nacionales o extranjeras, constituidas de hecho o de derecho, con o sin participación estatal.
"Lo vamos a impulsar y pretendemos que el Congreso lo discuta durante el segundo semestre de este año -indicó Garavano, quien esta semana recibirá un anteproyecto que elaboró Alonso -.
Esta iniciativa forma parte del paquete anticorrupción, junto a la ley del arrepentido y la extinción de dominio.
Estamos convencidos de que los marcos de transparencia no sólo deben instaurarse en la esfera pública, sino también en la privada."
La investigación judicial que avanza por la obra pública, no sólo provocó un profundo impacto en el ambiente político.
También el sector empresarial acusó el recibo. Hace unos días, el presidente de la Cámara de la Construcción, Juan Chediack, admitió la existencia de corrupción durante los 12 años y medio de gestión kirchnerista.
Luego, el ex titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Héctor Méndez, sorprendió con una polémica confesión al revelar que, cuando asumió su cargo, "a la obra pública la llamaban Movicom: va con el 15 adelante".
Ambos se desdijeron luego, en declaración testimonial ante la Justicia. "No nos consta", se atajaron.
Pero lo cierto es que sus polémicos dichos abonaron una presunción por demás generalizada, que es la participación de empresas en actos de corrupción.
fuente
"iProfesional", 03.07.2016
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