¡¡¡MIRÁ VOS... NUESTRAS FIRMAS VALEN!!!

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El 20% de las leyes aprobadas fueron impulsadas por petitorios online

El recurso se popularizó entre los ciudadanos como un mecanismo de presión para lograr la sanción de normas de gran impacto social.

por MDZ30 de Abril de 2017

Una quinta parte de las leyes aprobadas por ambas cámaras en lo que va del año fueron impulsadas a través plataformas web de petitorios online, un recurso que se popularizó entre los ciudadanos como un mecanismo de presión para lograr la sanción de normas de gran impacto social, como las recientemente tratadas de cannabis medicinal o la de electrodependientes por motivos de salud. 

 "Es evidente que gracias a la tecnología estamos experimentando un cambio muy grande en la forma en que los argentinos presionan y hacen valer su derecho a peticionar a los legisladores", aseguró a Télam Gastón Wright, director de Change.org, la plataforma más popular entre los argentinos.

Otros sitios de petitorios online son, a nivel nacional, Juntemosfirmas.org y en el plano internacional, avaaz.org.

"Si el Congreso era un lugar en donde el lobby de las empresas y de otros intereses políticos primaban sobre el legítimo reclamo los ciudadanos de a pie, plataformas como Change.org y peticiones como la Ley de Egreso o Electrodependientes están cambiando esa lógica", agregó Wright.

Quienes inician peticiones o acompañan con su firma los reclamos realizados en esa plataforma "son personas comunes, ciudadanos que creen que pueden ser escuchados en el Congreso a través del apoyo de miles y miles de personas" que adhieren a sus iniciativas con un clic efectuado "a través de un télefono celular o la computadora de su casa o del trabajo". 

 "Eso es completamente disruptivo en la política argentina: estamos frente a un cambio radical en donde la relación entre representantes y ciudadanos es cada vez más cercana y obliga a una respuesta rápida", concluyó.

En las tres sesiones que ambas cámaras llevan realizadas en lo que va del año, recibieron media sanción o sanción definitiva un total de 19 leyes, de las que cuatro fueron impulsadas desde esa plataforma.

Los proyectos en cuestión fueron: el que establece la gratuidad del servicio eléctrico para personas electrodependientes por motivos de salud (aprobación por ambas cámaras en las sesiones del 19 y 26 de abril después de 88.000 firmas en change.org/luzparaellos), y el que crea el programa de acompañamiento para el egreso de adolescentes y jóvenes sin cuidados parentales (media sanción de Diputados el 26 de abril después de 23.800 firmas en change.org/leyegreso).

También el que legalizó el uso medicinal, terapéutico y paliativo del dolor de la planta de cannabis (sanción definitiva de Senadores el 30 de marzo después de unas 8.000 firmas en distintos petitorios).

La plataforma Change.org tiene unos 177.880.000 usuarios en el mundo, de los que 4.800.000 son argentinos, por lo que "la Argentina es el país que cuenta con la mayor cantidad de victorias (petitorios con respuesta satisfactoria) en relación a su cantidad de usuarios", destacaron.

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“MDZ”, 30.04.2017

SANTA CRUZ Y... EL ¿MISTERIO?...

SANTA CRUZ Y…

EL ¿MISTERIO? DEL BARRIL SIN FONDO

domingo 30 de Abril de 2017

La gobernadora que resiste desde el bastión K, a punto de derrumbarse

La hermana del ex presidente Néstor Kirchner está al frente de Santa Cruz, que hoy atraviesa una grave crisis social. 

Para salir a flote necesitan de Cambiemos, que negocia algo más que dinero

por Alejandra Adi

Santa Cruz era el bastión. 

El baluarte de los Kirchner. 

El territorio al que supieron sacarle brillo, y la Justicia dirá si algo más, para ofrecer la mayor de las resistencias. 

La fortaleza K. Una suerte de feudo hoy gobernado por Alicia Kirchner. 

La mandataria de 70 años que vio bien de cerca los atributos del gobierno provincial, por primera vez, cuando su hermano menor, Néstor los recibió de manos de otro justicialista, hace casi 26 años. 

La que lo siguió como compañera y parte de sus tres mandatos consecutivos. 

En esa provincia también la vio a su cuñada Cristina Fernández ser diputada provincial y electa diputada nacional. 

Hoy, allí, su hija Romina se desempeña como fiscal en El Calafate. 

Desde ahí, en representación de los santacruceños, su sobrino Máximo llegó a Buenos Aires para ocupar una banca en la Cámara Alta, mientras Virginia García, la concuñada del joven, lo hace en Senadores. 

La misma geografía que los acogió de niños, que les dio aire para la militancia y que ofició de suerte de trampolín político es en la actualidad el territorio de calles que están siendo alcanzadas por los docentes que marchan a pie reclamando que se les pague el sueldo y porque no les alcanzará con el 3% de aumento que les anunciaron. 

Que se manifiestan con pancartas en las que se lee la frase "Salarios, Educación, Salud y Justicia", apostando a la simple mención de sus derechos como grito, acompañados de los padres de los alumnos que hace más de 40 días no asisten a clases porque el ciclo lectivo aún no puede comenzar. 

Provincia cuyo Tribunal Superior de Justicia es testigo del acampe de sus trabajadores que reclaman cobrar en un solo tramo y que rechazan la inconstitucionalidad que declaró la Fiscalía de Estado sobre el aumento del 10% otorgado por la Corte Suprema. 

En donde la Caja de Previsión Social ve desfilar a los jubilados, al menos a los que pueden, que exigen volver a cobrar en tiempo y forma, porque saben que no son responsables de los $600 millones de déficit del sistema que los incluye, a duras penas.

Ahí adonde los empleados del Estado, que son 115 cada mil habitantes (más del doble del promedio nacional, que es de 51), no cobran desde marzo –algunos hablan de febrero– y que han tomado pacíficamente algunas dependencias en reclamo, como el Ministerio de Economía. 

Territorio en donde las rutas están siendo cortadas por sindicalistas. 

También por gremialistas petroleros, referentes de una actividad que en 2016 vio la caída más abrupta en lo que refiere a producción de crudo, que los llevó a tener el peor desempeño de las principales productoras de petróleo del país entre 2012 y 2016. 

Lugar en donde una protesta de más de 600 personas en las afueras de la residencia de la gobernadora, en donde también se encontraba Cristina Fernández con su nieta, Helena Vaca Narvaja, terminó en heridos y con la ex presidenta mostrando videos de los desmanes en repudio a los manifestantes. 

Ese es hoy el panorama, y así no hay fortaleza que se mantenga en pie. 

Santa Cruz era el bastión. Pero está por derrumbarse. 

De tejes y manejes

"La provincia está quebrada en sus finanzas". 

Lo que pareciera ser una lectura de la actualidad que atraviesa la provincia patagónica fue una de las primeras frases oficiales que pronunció Alicia Margarita Kirchner en su discurso de asunción como gobernadora, el jueves 10 de diciembre de 2015.

Entre otras declaraciones, la mandataria quería aclarar que agarraba la papa caliente, como se conoce popularmente a la jugada en la que nadie quiere hacerse cargo de algo que arde. 

Aludía a una herencia. Pero no usó específicamente esa palabra, que no le pertenece, justamente, al vocabulario K, pero sí que es común en su oposición, nada más ni nada menos que los que gobiernan a nivel nacional. 

Con el mote de "pesada", la herencia ha sido el caballito de batalla promovido desde el presidente Mauricio Macri hacia abajo, para justificar un nuevo modelo económico, la necesidad de tarifazos, después de la década ganada o perdida gracias a los Kirchner, según del lado de la grieta desde donde se la mire.

Hoy, ambas administraciones, la santacruceña y la nacional, tiran de la soga y tratan de sacar provecho desde cada extremo para ver cuál de las dos se asoma más al abismo y deberá ceder para no caerse.

Kirchner asegura que la culpa de lo que sucede en Santa Cruz es de la gestión que la antecedió en la provincia y de la presidencia, por oponerse esta última a un acuerdo social y por recortarle fondos, como supo decir estos días la trabajadora social que no ha dejado de estar en el poder, entre un cargo y otro, desde que su hermano la nombrara secretaria de promoción de la intendencia de Río Gallegos, en 1987.

"Quieren mi cabeza para la campaña electoral nacional", dijo ella, reconociendo un momento crítico para Santa Cruz pero hablando de "una intencionalidad" y una "oposición obstructiva y destructiva". 

Del otro lado de la vereda, aunque supo caminar en el mismo sentido que los Kirchner, que lo llevaron al poder en 2007, el ex gobernador Daniel Peralta aseguró que la provincia no está quebrada y que el problema es la falta de gestión. 

"Es importante poner una cuota de serenidad, no es fácil gobernar Santa Cruz, pero más difícil es con la lógica cerrada que la manejan. 

Tuvieron errores que son atribuibles a ellos y no a otros", expresó, ya sin ton ni son en la necesidad de un plan de salvataje, pero caldeando la discusión.

Los que están enfrentados partidariamente a Alicia, que son justamente quienes deben también velar por Santa Cruz, sí que tensionan la cuerda. 

El mismo Macri dijo hace unos días en medio del relanzamiento del Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP): "De lo que estamos seguros, y vemos que está pasando en Santa Cruz y tantos otros lugares, es de que tenemos que alejar la figura del Estado como un aguantadero en la política". 

Hacía alusión al crecimiento de más del 60% de la planta de trabajadores del territorio que vio nacer la era K.

Plan serio de gobierno. Eso fue uno de los primeros pedidos formales que le hicieron a la gobernación santacruceña para darle, a cambio, asistencia financiera. 

"¿Cuál es el plan serio? ¿Echar gente? No lo voy a hacer. 

La provincia, lo que necesita es que las represas estén funcionando y que los rembolsos (a las exportaciones por puertos patagónicos) vuelva a recibirlos la provincia, ya que significan en el año $345 millones", les respondió ella, aludiendo a los 5.000 empleos que dijo generan las represas y que mueven la actividad económica.

Desde Cambiemos también salieron a vociferar cifras. 

Dijeron que desde que comenzó 2017 le enviaron $1.170 millones en concepto de adelantos financieros y unos $205 millones como devolución de lo que se le retuvo al distrito en el primer trimestre del año en el marco del Programa de Desendeudamiento. 

Además, desde el Ministerio del Interior informaron que recibió $60 millones como Aportes del Tesoro y, por otro lado, que en 2016 recibió hasta $1.860 millones. 

En total, el año pasado Santa Cruz recibió más de $8.900 millones por la Ley de Coparticipación, y este año esa cifra alcanzará los $11.200 millones.

Pero el negociado no sólo apuntaría desde ambas partes a lo económico, como debiera ser ante la crisis social que padecen los santacruceños, sino que la letra chiquita hace referecia también a lo político. 

Por la Ley de Lemas, que es la herramienta que le permitió a Alicia acceder a la gobernación sumando los votos de Peralta para derrotar a Eduardo Costa, y que a su hermano le valió para la reelección indefinida.

"Está probado que no es el mejor sistema para la democracia. Y ella ya dijo que la va a derogar", afirmaron en el Ministerio del Interior, luego de que los funcionarios del gabinete de Kirchner arribaran a Buenos Aires para participar en una "mesa de diálogo político" pluripartidaria, en la que debatirían el "plan de readecuación fiscal" para salir de la crisis. 

Atado a éste está la posibilidad de que accedan al crédito del Banco Nación solicitado, que en un principio se planteó por $900 millones.

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UNO", 30.04.2017

MENDOZA: LA TUPAC JUSTICIA DE GARANTÍA...

MENDOZA: LA TUPAC

JUSTICIA DE GARTANTÍA Y EL RIDÍCULO

domingo 30 de Abril de 2017

La Corte provincial intervendrá en la causa de Rojas y la Tupac

El máximo tribunal de justicia local deberá resolver quién es el juez de garantías que debe hacerse cargo.

Definido esto, la dirigente social que está detenida tiene la posibilidad de que revisen si debe continuar presa

Finalmente, la Suprema Corte de Justicia de la provincia tendrá que meterse en la causa judicial que investiga el accionar de la Tupac Amaru en Mendoza y que tiene detenida a su líder local, Nelly Rojas, y su marido (ambos tras las rejas) y a dos de sus hijas con prisión domiciliaria. 

El máximo tribunal resolverá la semana que viene quién es el juez de garantías que debe intervenir y quedarse con la causa, luego de que un conflicto de competencia desatado a partir de la filtración de los 24 allanamientos que se proponía hacer la fiscal Gabriela Chaves motivó que se pidiera que el Sexto Juzgado de Garantías fuera apartado del caso. 

La Corte no se meterá con el debate judicial y público que hay sobre si la referente social está bien o mal acusada, si existe asociación ilícita o si hay una persecución política en contra de Nelly, ejecutada a través de la Justicia. 

Aún los supremos no tienen competencia para eso. 

Lo que la Corte debe hacer es nada más decir qué juez se hace cargo, lo que es importantísimo porque cuando eso se defina se podrá realizar la audiencia de prisión preventiva y control jurisdiccional.

En esa audiencia, la fiscalía buscará sostener las acusaciones, la defensa derrumbarlas y está por verse si Nelly sigue presa o se va a su casa. 

Todo el conflicto de competencia se desató hace tres semanas, el mismo día en que Nelly Rojas se presentó sorpresivamente en la fiscalía. 

Lo hizo justo cuando la fiscalía preparaba una gran redada para allanar y detenerla a ella y su familia.

La aparición de Nelly convenció a la fiscal Chaves de que alguien del Sexto Juzgado de Garantías filtró información para que no cayera presa.

De hecho, denunció a la Fiscalía de Capital la presunta filtración y recusó a los funcionarios del juzgado.

La discusión sobre cuál es el juzgado competente es entre el Primero y el Segundo de Garantías, pero no hay que descartar que vuelva al Sexto.

La razón de semejante embrollo con la competencia reposa en una regla sagrada que es la del juez natural y por esa razón el conflicto.

El juez natural es el que tiene competencia. 

Su intervención se determina por el delito más antiguo, por el más grave o por jurisdicción geográfica según el caso. 

Esto garantiza que el juez (árbitro del proceso) no sea puesto ni digitado por nadie y que el acusado pueda esperar un proceso justo. 

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"UNO", 30.04.2017

EL ALMIRANTE IRIZAR FIN DE UNA LARGA PAUSA

El ALMIRANTE IRIZAR

FIN DE UNA LARGA PAUSA

Rompehielos argentino ya es uno de los 10 de los más grandes del mundo

El titular de Astilleros Tandanor, Jorge Arosa, sostuvo hoy que la reconstrucción del "Almirante Irizar" hizo del buque "uno de los diez rompehielos más grandes del planeta"

por MDZ

El titular de Astilleros Tandanor, Jorge Arosa, sostuvo hoy que la reconstrucción del "Almirante Irizar" hizo del buque "uno de los diez rompehielos más grandes del mundo".

Para la reconstrucción del buque, agregó Arosa a Télam, "tuvimos que incorporar tecnologías, capacitar a nuestra gente" y así "lo transformamos en un buque multipropósito".

Arosa describió que el boque (sic) es ahora "un navío multipropósito y científico de última generación sin perder sus características como buque de logística y rescate antártico, con una mayor capacidad para el sector de investigación y laboratorios, seis veces más grandes que en su configuración original".

Anunció además que el astillero cuenta con capacidad para "la construcción de dos OPV (buques de patrullas offshore de 90 metros de eslora) para asegurar que los recursos vivos del mar no sean explotados dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina por buques extranjeros no autorizados ".

En ese sentido agregó: "Ya tenemos desarrollada la tecnología para iniciar esas tareas" y confió que "no están visitando empresarios franceses, españoles, ucranianos, y países vecinos con miras a iniciar trabajos próximamente"

Arosa añadió que "originalmente el rompehielos contaba con un solo laboratorio y hoy cuenta con ocho, equipados con tecnología de última generación", además de "un puente de mando totalmente integrado a todos los sistemas" y "con una mayor y mejor habitabilidad para la tripulación" que lo convirtió "en el rompehielos más grande del hemisferio sur y uno de los diez más grandes del mundo".

El titular de Tandanor comentó que su reparación "involucro un montón de pruebas de aceptación de este Astillero y de la calificadora internacional Der Norke Veritas (DNV), una empresa líder mundial en evaluación y certificación para reducir riesgo y mejorar el rendimiento y el desarrollo sostenible".

Indicó que la demora en la reparación, tras el incendio de 2007, "se inició con la firma del contrato dos años y medio después de que se incendió, la ingeniería en detalles fue rechazada por la DNV siete meses después y luego se envió a España la propuesta de la ingeniería de detalles que fue aprobada a raíz del trabajo bien hecho y a los apoyos del gobierno nacional, que aportó recursos, avanzamos en todo lo que estaba atrasado".

Agregó que la reciente prueba de navegación fue "sumamente exitosa y superó las expectativas que teníamos" y acotó: "cuando el rompehielos salió de los astilleros Wärtsilä en Helsinky, de Finlandia, en 1978, tuvo un montón de problemas que ahora no los hubo, lo cual nos permite imaginar que lo que nos falta, será mucho más rápido y más fácil de lograr".

Consultado sobre cuánto tiempo de vida útil tiene hoy el buque, respondió: "normalmente cuando se hace una reparación y una modernización, se piensa siempre en 25 años. 

Pero siempre va a depender del mantenimiento que uno le haga a lo largo de su vida útil, porque este tipo de barcos tiene ya una capacidad intrínseca, por la capacidad de rompehielos que precisa, que pude durar hasta los 40 años de vida sin problemas", finalizó.

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“MDZ”, 29.04.2017

EN NÚMEROS: AYER VS. HOY

EN NÚMEROS: AYER VS. HOY

• Sábado, 29 de abril de 2017

El déficit de las empresas públicas se redujo a la mitad

Un informe oficial concluye que mientras en 2015 las transferencias a las compañías estatales representaron el 1,5% del PBI, en 2016 bajaron a 0,73% y para este año estiman caída a 0,5%.

En 2015, por cada peso que ingresó por ventas, las empresas públicas gastaron 2: el otro peso lo puso el Estado. | Archivo / Los Andes

Horacio Aizpeolea

De acuerdo a un informe elaborado por la Jefatura de Gabinete nacional que conduce Marcos Peña, el déficit operativo de las empresas del Estado disminuyó el año pasado un 46% en relación a 2015, mientras que crecieron 60% las inversiones en estas unidades productivas.

El mismo informe indica que mientras en 2014 las transferencias del Tesoro para gastos corrientes de estas empresas alcanzó un pico 1,5% del PBI, el año pasado bajaron a 0,73%.

El informe proyecta que este año las empresas estatales le costarán al Tesoro Nacional cerca del 0,5% del PBI. 

Según se indica, de 121.301 millones de pesos girados a un grupo de empresas públicas en 2015, se pasó a unos 91.396 millones de pesos en 2016. 


Un 25% menos.

“Empresas públicas para el crecimiento”, se titula el informe al que accedió este diario. 

Fue elaborado por el Consejo de Supervisión Estratégica de las Empresas Públicas, área creada el año pasado dentro de la estructura que dirige Marcos Peña.

Este Consejo, dice el escrito, pretende avanzar en cuatro frentes: la reducción de las transferencias del Tesoro hacia las empresas estatales, centralizar la estrategia del manejo de esas empresas, aumentar las inversiones y mejorar los servicios, a la vez de prevenir la corrupción.

“El Gobierno nacional encontró empresas públicas mal administradas, sin coordinación ni estrategia comercial, con déficits enormes”, cita el informe de la Jefatura de Gabinete.

El trabajo gira en torno a un grupo de empresas del Estado, entre las que se destacan el Correo Argentino y Aerolíneas Argentinas, la primera con 16.689 empleados y la segunda con 12.196.

El Banco Nación y otras entidades financieras reúnen18.575 empleados. 

El informe indica que mientras en 2015 esas 26 empresas más otras que no se citan sumaban 107.750 empleados, el año pasado ese número se redujo a 106.314.

Un cuadro indica que la cordobesa Fadea, con 1.558 empleados en 2015 y 1.229 en 2016, fue la que más ajustó: un 20% de su planta.

El informe explica que el Estado Nacional participa de tres tipos de empresas: por un lado, están aquellas donde tiene el control y una participación total o mayoritaria (YPF, Enarsa, Banco Nación, entre otras); después existe un grupo de 21 sociedades donde el Estado nacional tiene una participación minoritaria (Aeropuertos Argentina 2000, Papel Prensa y Central Puerto).

Un tercer grupo es el de las participaciones accionarias del Fondo de Garantía de Sustentabilidad en otras 42 empresas privadas argentinas, como Molinos, Telecom y Edenor.

El informe, aclara, se enfoca en el primer grupo de compañías públicas.

Según la Jefatura de Gabinete, en 2003 “las empresas públicas no le costaron prácticamente nada al Tesoro y hasta 2007 las transferencias fueron insignificantes.

La tendencia cambió en 2008, con la estatización de Aerolíneas Argentinas y el primer gran salto en las transferencias a Enarsa, la petrolera estatal encargada de repartir los subsidios a la energía. 

Ese año, el Estado transfirió a las empresas públicas alrededor de de 2.000 millones de dólares, equivalentes al 0,4% del PBI”.

El pico de transferencias, siempre de acuerdo al trabajo citado, se alcanzó en 2014, cuando se giró para gastos corrientes (es decir, para cubrir déficits) unos 69 mil millones de pesos, el equivalente al 1,5% del PBI. 

En 2015, también bajo el gobierno de Cristina Kirchner, se redujo la transferencia a 57 mil millones de pesos (1% del PBI).

El informe señala que empresas como Tandanor y Aerolíneas Argentinas, desde 2011 y 2012, respectivamente, “no presentaban balances auditados”.

También se destaca que YPF y Lotería Nacional, por el contrario, “aportan ganancias al Tesoro”.

“En 2015, por cada peso que ingresaron por ventas, las empresas públicas erogaron dos pesos en gastos operativos: el otro peso lo tuvo que poner el Tesoro.

Esta práctica generó un déficit operativo de 85.602 millones de pesos”, dice el trabajo del Consejo integrado por los ministros de Energía, Transporte, Producción, Hacienda, Modernización, Comunicaciones y Defensa, además de los vicejefes de Gabinete, los influyentes Gustavo Lopetegui y Mario Quintana.

“El año pasado, los gastos bajaron un 18% y se redujo el déficit operativo en un 46%”, puntualiza el informe.

“Este año, la tendencia se va a mantener: las empresas siguen mejorando sus ingresos y optimizando sus costos. 

La previsión incluida en el presupuesto de 2017 es que las transferencias para gastos corrientes de empresas públicas será del 0,5% del PBI, la mitad de lo que costaron en 2015 y un tercio de lo que costaron en 2014”, se agrega.

El trabajo indica que en 2015 “sólo dos empresas habían tenido superávit operativo” y que en 2016, “ya fueron siete”. 

También se puntualiza que Aerolíneas Argentinas “seguirá siendo deficitaria hasta 2019, pero ya en 2016 recibió un 38% menos de transferencias del Tesoro respecto a 2015”.

Para la oposición política y sindicatos como ATE y UPCN (que reúnen a los empleados estatales), el gobierno conducido por Mauricio Macri provocó un ajuste en el Estado que se tradujo en cerca de 10 mil despidos en 2016, pero a la vez hizo crecer la plantilla estatal (en áreas ministeriales, no así en empresas públicas) en un 2,5%, unos 17.793 puestos.

El informe del Consejo de Supervisión, en réplica de quienes afirman que se está impulsando “un ajuste para privatizar áreas que están en manos del Estado”, afirma que “el Gobierno cree que las empresas públicas pueden tener un rol en el crecimiento de la Argentina, ayudar a la expansión de los servicios públicos y participar en obras de infraestructura”.

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"LOS ANDES",29.04,2917

SALTA Y SUS JUBILADOS

SALTA Y SUS JUBILADOS

REPARACIÓN HISTÒRICA

Más de 19 mil jubilados salteños cobrarán la reparación histórica desde mayo

28 DE ABRIL 2017 - 19:18 

En todo el país serán un millón de personas del sector pasivo que recibirán un haber con ajustes.

El director Ejecutivo de la Anses, Emilio Basavilbaso, informó que, a partir del mes de mayo, 19.222 jubilados de la provincia de Salta cobrarán sus haberes con el reajuste correspondiente al Programa de Reparación Histórica.

En ese sentido, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, informó hoy que ‘desde mayo serán 1.012.181 jubilados quienes cobrarán sus haberes reajustados por la Reparación Histórica‘ en todo el país y, asimismo, que se abonarán en mayo las primeras 10.000 homologaciones de los 33.726 los acuerdos ya homologados por la Justicia de jubilados y pensionados que aceptaron la propuesta.

Al respecto, Basavilbaso expresó: ‘Estamos superando los objetivos que nos habíamos trazado en la implementación de la Reparación Histórica. 

Recordemos que son 2 millones de jubilados que estaban cobrando por debajo de lo que debían, una situación muy grave. 

Esta deuda que tenía el Estado con los jubilados era mayor a la deuda que existía con los holdouts, así que era una deuda enorme. 

Y ya a partir de mayo estaremos llegando al millón de jubilados con haber reajustado, es decir, que estarán cobrando la jubilación que les correspondía en función a los aportes que habían realizado‘.

Gracias a la Reparación Histórica, el haber promedio de los jubilados que aceptan la propuesta de la Anses pasa de $9697 a $12.753, lo que representa un aumento promedio del 31% 

Por este motivo, al momento ya 430.525 personas dejaron de percibir la jubilación mínima.

Del millón de jubilados, ya 573.115 jubilados se adhirieron al Programa, es decir, que aceptaron la propuesta a través de la página web de la Anses y también lo hicieron sus abogados. 

De ellos, 189.604 acuerdos ya fueron firmados con huella digital, tanto por los jubilados como por sus abogados y se enviaron a la justicia los primeros 89.697 casos sorteados.

En todo el país, de las 1.012.181 personas que percibirán la Reparación Histórica desde mayo, la mayoría de los jubilados son de Buenos Aires (421.392), seguidos por los de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (155.114), Santa Fe (81.986), Córdoba (78.406) y Mendoza (42.761).

Datos Reparación Histórica

A partir de mayo, se les abonará en forma anticipada el reajuste de haberes por Reparación Histórica a: 
Los jubilados mayores de 80 años que hayan recibido y no hayan rechazado la propuesta, hubieran o no iniciado juicio previo.

Todos aquellos que cobraban la jubilación mínima y se vieron alcanzados por la Reparación Histórica. 

De esta manera, no quedará ningún jubilado o pensionado al que le corresponda un reajuste de haberes cobrando la jubilación mínima ($6394).

 
También se les efectuará el pago anticipado a aquellas personas que hayan prestado conformidad al acuerdo, pero no pudieron registrar su huella digital por estar imposibilitados de movilizarse o padezcan una enfermedad grave.

Por otro lado, aquellas personas cuyo incremento del haber por la Reparación Histórica es inferior al 30% del haber mínimo y no reciban el reajuste anticipado en mayo lo recibirán en los meses posteriores. 
 

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"El Tribuno", Salta, 28.04.2017

SANTA CRUZ: LA SEÑORA ALICIA...

SANTA CRUZ: LA SEÑORA ALICIA… 

Y SU DILEMA

El dilema de Alicia K: la ayuda de Macri pone en jaque el futuro del kirchnerismo en su pago chico

27 ABR 2017 - BORDER REDACCIÓN REMOTA

Uno de los reclamos del gobierno nacional es que en Santa Cruz se elimine la ley de Lemas, que fue la que permitió a Alicia Kirchner ganar la elección en 2015. 

Y es apenas un punto de lo que será una reforma electoral. 

La gobernadora aceptó, pero deberá lograr consenso legislativo. 

En Nación esperan que la provincia presente un plan con cuatro ejes: financiero, fiscal, de infraestructura e institucional. 

Las acusaciones cruzadas entre el kirchnerismo y Cambiemos por la crisis en Santa Cruz no parecen aflojar. 

Por lo bajo, sin embargo, existe una mesa de diálogo en la cual el gobierno nacional y las autoridades del principal bastión K intentaron acercar posiciones para garantizar el auxilio fiscal que necesita la provincia patagónica. 

El dilema para la gobernadora Alicia Kirchner es que uno de los requisitos que el macrismo puso sobre la mesa puede ser lo que ponga en riesgo la continuidad del kirchnerismo en el poder local más allá de 2019.

Se trata de la ley de Lemas, un artilugio electoral por el cual dos o más espacios políticos presentan su propia propuesta al electorado pero luego sus votos se suman. 

Son una especie de primarias pero en la elección general. 

Así fue como Alicia pudo llegar a ser gobernadora en 2015, a pesar de no haber sido la candidata más votada.

Por eso, el gobierno de Mauricio Macri incluyó entre las exigencias financieras y fiscales que le está pidiendo a Santa Cruz la eliminación de la ley de lemas. 

Así, buscan evitar que se repita en 2019 el escenario de 2015. 

Nadie puede predecir las condiciones con las que se afrontará esa elección, pero en el Gobierno quieren garantizarse un camino con la menor cantidad de obstáculos posibles. 

Santa Cruz no es una provincia más, es el emblema kirchnerista y hoy refugio de su poder.

Otros tiempos. Ahora Frigerio y Alicia K no participan de las reuniones.

Este jueves, el secretario de las Provincias, Alejandro Caldarelli, dependiente del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, recibió en Buenos Aires al ministro de Economía santacruceño, Juan Donnini. En el Poder Ejecutivo esperaban que ahí los patagónicos mostrasen el primer borrador de un plan a mediano plazo para empezar a facilitar ayudas fiscales para la provincia. 

“Ellos están complicados, pero desde el Ministerio se va a colaborar en la gestión para que puedan acceder al crédito del Banco Nación por $ 850 millones”, explicó una fuente gubernamental.

Según reconstruyó #BORDER entre voces consultadas que participaron en la reunión consultadas, Alicia Kirchner habría aceptado la condición de dar de baja el sistema electoral que la llevó a la gobernación. 

O al menos, asegurado estar dispuesta a intentarlo.

Porque para ello, buscarán un acuerdo político, que se convocará en la provincia la semana próxima, entre todos los partidos políticos locales y los gobiernos nacional y provincial, para debatir el tema y lograr un consenso. 

Es que para dar de baja la ley de Lemas debe actuar la Legislatura provincial, donde el Frente para la Victoria tiene mayoría. 

Alicia K deberá alinear a su tropa legislativa en un tema político sensible. 

Por eso el Gobierno exigirá que el compromiso de la gobernadora quede plasmado por escrito en ese acuerdo. 

CFK parapetada, en las protestas contra la Gobernación.

Las exigencias nacionales no terminarían allí. 

También se pedirá el fin de la reelección indefinida en la provincia y la instauración de un sistema de coparticipación provincial, para instaurar el reparto automático de fondos hacia los municipios, una queja que intendentes hicieron llegar a oídos de Frigerio, por ciertas desigualdades detectadas.

Esta gestión, claro está, no es gratuita. 

Por eso, el equipo dek ministro del Interior quiere que el plan a negociar contemple cuatro ejes:

• Financiero: quieren un cronograma de pagos que permita acomodar las cuentas de la provincia en el mediano plazo. “Que se apacigüen los problemas financieros”, definen.
• Fiscal: ajuste es una mala palabra en el mundo político, pero es una realidad en la que tarde o temprano todos caen cuando los números no cierran. El déficit provincial creció exponencialmente en los últimos años, por lo que en Nación piden un programa de reducción de gastos bajo el mote de “equilibrio fiscal”. La superpoblación de cargos políticos en la estructura provincial está en la mira.
• Infraestructura: este eje a lo que apunta es a lograr mayores niveles de “transparencia en la obra pública” santacruceña, que fue el epicentro del emporio que construyó Lázaro Báez durante el kirchnerismo. No está claro, sin embargo, cómo se va a estructurar esta premisa, pero en Gobierno estaban esperando a ver qué tenían para proponer desde Santa Cruz. ¿Vetarán proveedores?
• Institucional: aquí es donde entre otras cosas entra en discusión la eliminación de la ley de Lemas y el planteo sobre las reelecciones indefinidas y el financiamiento de los municipios.

La ministra Rocío García de Kirchner y Marcelo Bersanelli, futuro juez.

En el plano institucional, las últimas decisiones oficiales generan suspicacias. Por ejemplo, el rol del concuñado de Máximo Kirchner, Marcelo Bersanelli. 

Es el esposo de Candela García, una de las hermanas de Rocío García, la mujer de Máximo. De profesión abogado, defiende a Cristina Kirchner en diversas causas, y trabaja en el Ministerio de Salud provincial, que justamente es comandado por Rocío. 

Pero esta semana volvió a ser noticia porque en Diputados recibió el visto bueno para ser juez, por lo que quedó a un paso de ser designado a cargo de un juzgado en lo Civil y Comercial de Río Gallegos, el que tramita la sucesión de Néstor. Típico del manual institucional kirchnerista.

Peralta, el ex gobernador, acusado de dejar pesada herencia y artífice del triunfo de Alicia.

Con el sistema electoral actual, la fórmula que encabezaba Alicia Kirchner sacó el 34% de los votos, pero compartía el mismo lema (Frente para la Victoria Santacruceña) con el ex gobernador Daniel Peralta y juntos llegaron al 51%. Peralta, precisamente, se consolidó así como el hombre que hizo posible que el kirchnerismo mantenga el poder en Santa Cruz y, a su vez, es a quien le apuntan los K por la supuesta herencia recibida. 

Por el otro lado, estaba el radical Eduardo Costa, que consiguió el 42% (12 mil votos más que Alicia), que también conformó un lema con otro candidato y llegaron al 46%. 

La pregunta que siempre queda flotando en estos casos es cuántos votantes de Peralta lo hubiesen elegido si tomaban conciencia de que estaban aportando a la posibilidad de que Alicia se coronase.

Entre paros, protestas, y reclamos por sueldos adeudados, la situación en Santa Cruz está lejos de calmarse. 

Luego de años de malas administraciones la normalización de las cuentas va a llevar tiempo.

 Mientras tanto, la política mete la cola y aprovecha para sacar su tajada.

fuente

"#BORDERPERIODISMO", 27.04.2017